“El heroísmo puede salvar a un pueblo en las circunstancias difíciles; mas aquello que lo hace grande es la acumulación diaria de pequeñas virtudes”
Gustave Le Bon
Un buen criterio para medir la altura moral de cualquier grupo humano consiste en determinar cómo trata a quienes, superando el egoísmo innato al individuo, se sacrifican por el grupo. En suma, un grupo que no trata bien a sus héroes, no solo está condenado a la miseria moral, sino con toda probabilidad a su propia desaparición como grupo.
Con estas palabras quiero abrir el paso a una serie de reflexiones sobre el sistema sanitario autonómico, las personas que lo sirven y la pandemia del COVID-19, que me parecen necesarias para el día después de la crisis.
El sistema sanitario público español es una de las patas del Estado Social del que puede afirmarse que mayoritariamente nos sentimos orgullos@s. Basta observar la evolución de los datos de esperanza de vida en España durante el S XX, que pasa 34,76 años en 1900 [1] a 83,4 años en 2019 [2] para constatar el gran saldo cualitativo de la sanidad durante el pasado siglo.
Nuestros políticos, de todos los colores, han venido presumiendo de que España es el país más saludable del mundo; y así parece confirmarse [3], conforme al índice que confecciona la agencia financiera, Bloomberg publicado en 2019, que clasifica a 169 países, frente a los que sitúa en primer lugar a España, que cuenta con una esperanza de vida mayor que ningún otro.. En el ámbito de la UE España, Italia y Francia son los que presentan los mejores indicadores de esperanza de vida [4].
Sin embargo, el castillo de naipes del orgullo por nuestro sistema sanitario se ha desplomado con la pandemia del COVID-19 que ha evidenciado sus puntos débiles. O mejor dicho, la pandemia ha surtido el efecto de trasladar el orgullo, desde el sistema a las personas que lo sirven.
Nadie pone en duda que España cumple unos estándares altos de calidad, según la OMS ocupa el 7º lugar en calidad de sistema sanitario, pero paradójicamente España e Italia, con muy buenos sistemas sanitarios, son los que más han sufrido el embate de la pandemia, tanto en contagiados con en número de personas fallecidas. Ello merece alguna reflexión.
En efecto, el COVID-19 ha puesto sobre la mesa que España tiene la mayor tasa de mortalidad registrada en el mundo por COVID-19. Por descontado existen otros factores que han contribuido a ese dato, como el envejecimiento de la población o la forma en que se computan las personas fallecidas por la enfermedad; pero lo que resulta indiscutible es que nuestro sistema sanitario, o mejor, nuestros sistemas autonómicos sanitarios, han evidenciado grandes carencias a todos los niveles, sólo suplidas con el heroísmo del personal sanitario, respecto del que las cifras hablan por sí solas: 26 sanitarios muertos y 25.000 contagiados por el coronavirus. El número de sanitarios contagiados representa el 15 por ciento del total. Desde los colegios de médicos se denuncia la falta de protección y la alta exposición al virus.
Todo ello debe provocar una profunda reflexión, incluso entre aquellos que vienen defendiendo el sistema neoliberal; reflexión que vamos a centrar, precisamente, en los dos puntos nucleares de las políticas neoliberales de la UE en las últimas décadas: deterioro del sistema sanitario público y privatización.
Uno de los procesos que ha venido sufriendo el sistema sanitario español es lo que, en afortunada expresión, se ha denominado «la deconstrucción del sistema sanitario público» [5], que vendría informado por dos fenómenos que van de la mano: el deterioro del sistema sanitario público y el aumento del gasto privado en sanidad, esto es, su privatización.
En 2015 España invirtió un 9,3 % de su PIB en sanidad, un porcentaje similar al de otros países de la UE o de nuestro entorno próximo, Reino Unido (9,9%) e Italia (9%), pero inferior al de otros como Suecia (11%), o como Francia (11,1%) y Alemania (11,2%) . La crisis económica de 2012 tuvo como consecuencia la adopción de políticas de austeridad para reducir la deuda pública esta reducción fue de 0,6 puntos del PIB entre los años 2009 y 2015, año en el que, por fin, se invirtió esta tendencia negativa. En cambio, en el mismo período, el gasto privado en salud aumentó del orden de un 28,9% del gasto total en esta partida, incluyendo el importante papel jugado por los copagos, que representaron un 23,9% del coste total del año 2015 [6].
La tendencia al deterioro del sector sanitario público y a su privatización han sido las constantes que han marcado la agenda neoliberal en todo el mundo, también en España. Baste recordar a este propósito, que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un recorte de 7.000 millones de euros en sanidad, con el caluroso aplauso de la Unión Europea y el FMI, con una «ausencia de debate y diálogo previo», en lo que se ha llamado «el mayor recorte de servicios sociales de la democracia»[7]. Hay que decir que, previamente el gobierno de Rodríguez Zapatero de la mano del Partido Popular en 2011 había allanado el terreno con la ominosa reforma del art.135 CE, que prioriza el pago de la deuda financiera a la garantía de los derechos sociales, entre ellos la sanidad [8].
El austericidio neoliberal tuvo un impacto brutal en el sistema sanitario español, con cierre de ambulatorios y centros de salud, hospitales y servicios de Urgencias, 456 medicamentos retirados de la financiación pública, introducción del copago, crecimiento de las listas de espera, expulsión de personas extranjeras en situación irregular, etc.
Una segunda línea de actuación de la agenda neoliberal en el sector público sanitario a sido la precarización del personal sanitario. El mayor problema al que se enfrenta el sector en su conjunto son las altas tasas de temporalidad: 30,3% . La temporalidad, lejos de reducirse tras terminar la crisis económica de 2012, ha continuado aumentando sin freno. Las estadísticas reflejan también el aumento del encadenamiento de contratos de las personas con contrato temporal, perpetuando la precariedad laboral. Desde una perspectiva de género, la precariedad en el sector sanitario tiene nombre de mujer. En este sentido, en un sector feminizado como el sanitario, los porcentajes de temporalidad dejan en evidencia una clara diferencia entre sexos con 4 puntos más de temporalidad en mujeres que en hombres, 31,3% y 27,3% respectivamente [9].
Desde el punto de vista de las retribuciones, la precarización es también evidente, Los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) [10], sitúan los salarios de los médicos españoles entre los más bajos de los países miembros (37 naciones). No sólo eso, en 2011 la media de salarios de los médicos era un 20% a la de 2019. Lo propio ocurre con los sueldos del personal de enfermería y celadores.
Ello ha supuesto una » Fuga de batas blancas» [11], en la que el perfil medio es, una vez más.: mujer, con menos de 35 años y que trabaja en el entorno hospitalario; concretamente ejerciendo como facultativa de Medicina de Familia y Comunitaria .
La deconstrucción de la sanidad pública ha provocado una ejemplar y constante movilización social, las Mareas Blancas. Uno de sus primeros detonantes se produjo, precisamente, en plena crisis económica, el 31 de octubre de 2012, en que el Presidente de la CAM Ignacio González presentó un plan que incluía la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud. En noviembre de 2019, la 86ª Marea Blanca sigue aún en la lucha por la sanidad pública. Un ejemplo de movimiento social sostenido en lucha por el derecho a la salud y la exigencia de una sanidad de tod@s y para tod@s.
El personal sanitario, al que todo el mundo agradece su heroico servicio en la pandemia del COVID-19, lleva años precarizado y en unas condiciones laborales poco dignas. Ahora, les toca sufrir en primer línea el embate de la pandemia. Conviene reiterar que el número de sanitarios contagiados por el covid-19 asciende a fecha de hoy a 25.000 y ya hay 26 fallecidos. No ha habido para ellos honores, medallas, ni nada de lo que la retórica militar impone cuando quien fallece es un soldado en combate. Ni siquiera hay un monumento al sanitario desconocido, a pesar de que habrán salvado más vidas con su sacrificio durante estos meses, que el ejército español en toda su historia. Nos falta, aún, -es evidente- la cultura del cuidado y seguimos anclados en el patrón patriarcal de la valoración de la violencia.
La cuestión es ¿qué harán Gobierno y Parlamento con estos héroes que están dando la vida y la salud por la población cuando termine la pandemia? ¿Cómo puede calificarse una sociedad que mantiene en la precariedad a las personas que trabajan, incluso a riesgo de su vida, para salvar las vidas de los demás?
A parte de estas cuestiones, nuestros representantes públicos tendrán que abordar un plan para paliar los miles de supuestos de patologías relacionadas con el estrés postraumático que ya sufre el personal sanitario. El contacto diario con la muerte, la separación de los familiares, el estrés emotivo que supone acompañar a pacientes en sus últimos momentos de vida, con sus familias separadas y sin poder despedirse de ellos, dejará un huella difícil de borrar en el personal sanitario.
Terminada la crisis del COVID-19 harán falta algo más que caceroladas solidarias, reconocimientos emocionados de las altas autoridades del país o imposición de medallas al mérito civil. Nuestras heroínas, porque la mayoría de sanitarios son mujeres, reclaman un trato digno en sus condiciones laborales, estabilidad en el empleo, remuneración suficiente y la consideración social que merece su función de cuidar la salud de tod@s.
En esa dirección, resulta obvio que un Plan estatal sanitario es urgente. Debe abordarse la inversión en sanidad, en I+D+I, en erradicación de la precariedad del sector, la recentralización de competencias en sanidad o la coordinación entre las CCAA, inexistente hasta que no se declaró el estado de alarma, así como, obviamente, la reversión de todas las privatizaciones, particularmente nocivas y letales en el sector de las residencias de personas ancianas.
Una sociedad que no reconoce el heroísmo, que no premia a quienes dan su vida por los demás, que no sabe desarrollar una política de sanidad pública de tod@s y para tod@s es una sociedad condenada a su propia extinción. Los sanitarios de este país nos habrán salvado de esta pandemia excepcional, pero habrán pagado un precio muy alto por ello. Ha llegado la hora de que el Estado sea justo con ell@s y los trate con la dignidad que siempre han merecido. Lo contrario, la vuelta a la austeridad y a los recortes en el sector, nos condenará a tod@s a la miseria moral.
Notas:
[1] https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DT_2006_11.pdf
[2] http://fundaciongasparcasal.org/publicaciones/Sanidad-espanola-en-cifras-2018.pdf
[4] https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/presentacion_es.pdf
[5] BURRIEL RODRÍGUEZ-DIOSDADO, Pepa. «La deconstrucción del sistema sanitario público»: Derecho y salud, ISSN 1133-7400, Vol. 25, Nº. 2, 2015, págs. 99-123. Universidad de Barcelona.
[6] http://fundaciongasparcasal.org/publicaciones/Sanidad-espanola-en-cifras-2018.pdf
[7] https://15mpedia.org/wiki/Lista_de_recortes
[8] Se justifica dicha reforma diciendo en su Exposición de motivos que » La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española persigue, por tanto, garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país» ( BOE núm. 233 de 27 de Septiembre de 2011
[10] https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
[11] 1676 certificados de idoneidad solicitados sólo en los primeros 7 meses de 2019. Vid. https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/CIP%20a%2031%20de%20julio%202019%282%29.pdf
Carlos Hugo Preciado Domènech. Doctor en derecho. Magistrado Especialista en el Orden Social. TSJ Catalunya.