En varias páginas, como Unidad Cívica por la República, Rebelión, La República y el Colectivo Prometeo (al que pertenece Anguita) apareció un texto de Julio Anguita titulado El Laberinto Vasco en el que presenta el problema que termina siendo central en la política española para exponer al final una serie de cuestiones abiertas al debate […]
En varias páginas, como Unidad Cívica por la República, Rebelión, La República y el Colectivo Prometeo (al que pertenece Anguita) apareció un texto de Julio Anguita titulado El Laberinto Vasco en el que presenta el problema que termina siendo central en la política española para exponer al final una serie de cuestiones abiertas al debate sobre las que reflexionar. El texto es extenso para lo habitual en la red, pero absolutamente sintético en la exposición de la historia del problema, centrada en las distintas ETAs, y de la situación actual. Recomiendo su lectura vivamente a quienes quieran encontrar información y datos que enriquezcan la opinión: la de Anguita no se muestra en el texto más que lo imprescindible en todo relato de hechos (evidentemente la propia elección de hechos, de palabras, trasluce la opinión del autor, especialmente en un tema que tan frecuentemente se decide en las vísceras como el vasco). Como viene siendo habitual en las últimas producciones intelectuales de Anguita (sus memorias, el Manifiesto Programa) no da conclusiones cerradas, sino que propone temas sobre los que debería discurrir el debate (lo cual, por cierto, choca frontalmente con el dogmatismo que le atribuyen los enemigos de Anguita). En este caso plantea diez cuestiones como vertebradoras de las reflexiones para afrontar el asunto vasco. En ese apartado sólo echo una de menos: el papel de las sociedades civiles vasca y española en el impulso del diálogo y la paz. En alguna de las reflexiones planteadas (en concreto, la situación de Iparralde) considero que me faltan conocimientos para poder aportar algo que no sea repetir frases hechas de las que yo no sería autor en absoluto. En todo caso tomo el documento de Anguita para aportar modestamente mis ideas en el deseo de que surjan muchas respuestas al texto de Anguita permitiendo una reflexión colectiva.
El monotema vasco. Las invariantes en la cuestión de Euskadi. Autodeterminación
Desde que uno tiene memoria el debate político en España ha estado monopolizado por el tema vasco. Incluso en las leves excepciones que han puesto en primera fila otros debates, siempre asomaba el tema vasco: así sucedió, por ejemplo, con la Guerra de Irak (una de las más burdas excusas para embarcarnos en ella fue que facilitaría la lucha contra el terrorismo doméstico) y con el Estatuto de Catalunya del 2006, disfrazado por la derecha de campo de pruebas para un futuro estatuto vasco. El protagonismo del conflicto territorial anula la posibilidad de otros debates como la desigualdad social, la vivienda, la exclusión de muchos ciudadanos, la precariedad laboral, el tipo de Unión Europea que se está construyendo… Sólo hay País Vasco: ETA y Autodeterminación. En buena parte responde este protagonismo a que supone uno de tantos conflictos heredados de la Dictadura que no se cerraron en la Transición, con el agravante de que en este caso la población vasca no votó la Constitución de 1978.
Junto con la negativa a siquiera negociar el Plan Ibarretxe, la ausencia de respuesta a la masiva abstención de los vascos son los ejemplos más claros de que el Estado español se niega a aceptar la voluntad de los vascos ni cuando se muestra pacíficamente. Pero en eso no es excepcional el País Vasco: aunque en el caso catalán la Constitución sí fue votada (hace ya treinta años, no lo olvidemos: al parecer una votación supone una hipoteca de duración mayor que las que se contratan con los bancos) y se incluyó a su nacionalismo conservador, el proceso estatutario ha demostrado que no es verdad que se pueda defender democráticamente cualquier proyecto, pues el Estatuto que salió del Parlament fue mil veces cocinado en Madrid para salir adelante. España tiene varias hipotecas que sigue pagando al franquismo, algunas claramente visibles en los artículos 1.3, que acepta la Monarquía, y el 8, que consagra al Ejército la unidad de España y la defensa de la Constitución. Para los irreductibles que se niegan a escuchar la voz de los pueblos, ETA ha sido una coartada perfecta. La frase de Ansón, según la cual ETA es una úlcera que duele pero no mata, siendo el verdadero cáncer el nacionalismo (vasco), refleja bien a las claras la postura del nacionalismo español: ETA ha servido de perfecta excusa para negarse a un debate necesario. Durante años, cada vez que un lehendakari hacía propuestas políticas, se le respondía sin atender a la propuesta concreta: ‘La única prioridad es la lucha contra ETA‘ se decía siempre. Es decir, la sombra de ETA ha negado la posibilidad de todo debate político: quienes han pagado precio político son los que no estaban de acuerdo con el statu quo jurídico-político y defendían democráticamente su cambio.
La frase ‘De todo se puede discutir en ausencia de violencia (etarra, se entiende)’, que tanto se ha repetido en estos treinta años y que fue asumida por Ibarretxe en su día, supone otorgarle un derecho de veto a ETA y por lo tanto es un grave error. Pero en todo caso la frase cobra plena vigencia si por fin se consigue el fin de esa violencia. Por ello resurgen las voces más claramente nacionalistas españolas cuando se presenta la posibilidad de un proceso de paz: la bandera, el himno… son los únicos argumentos a presentar cuando desaparezca la ulcera para impedir que quien decida sobre el País Vasco sea sólo la voz libre de sus ciudadanos.
¿Qué proceso está en vigor? ¿Qué pasos se han dado? ¿Quienes?
En primer lugar, a estas alturas cabría preguntarse si hay proceso en vigor. En el asunto vasco suelo equivocarme por dejar caer mi razón en el optimismo que sólo debería guiar a la voluntad: en estos momentos, por ejemplo, creo que hay indicios de que algo hay. Desde luego algo se está moviendo en la izquierda abertzale: las propuestas de Otegi de autonomía de las cuatro provincias de Hegoalde dentro del Estado español (junto con la lanzada en Iparralde de autonomía de aquellas tres provincias) pretende lanzar un guante que es difícil no recoger por parte del Gobierno. Asimismo, desde que pocos días después del atentado de Barajas hubo algún aberrante comunicado de ETA, no hemos tenido noticias de ningún tipo sobre la organización: ni comunicados, ni bombas, ni robos de armas ni de explosivos… Daría la impresión de que hay movimientos subterráneos que pueden ser de dos tipos no excluyentes: o un proceso de reflexión interna tras el bombazo de Barajas o un relanzamiento del diálogo con el Estado. Sin duda, la quietud refleja algún tipo de movimiento. Por parte del Gobierno hay algunos indicios de posturas abiertas a un relanzamiento del diálogo: la negativa a ilegalizar EHAK-PCTV, la tibieza mostrada por el Gobierno en cuanto a la condena de de Juana (mientras que en pleno proceso la fiscalía pedía 96 años de cárcel por los dos artículos) y el agradable silencio de Rubalcaba permiten pensar que no es cierto que estén cerradas todas las puertas según se aseguraba en los primeros días de enero.
El proceso que estaría en vigor según nuestros deseos, no estaría obedeciendo a la lógica de dos procesos que defendí hace un mes siguiendo a Patxi Zabaleta ni a la razonable propuesta metodológica de Anoeta. En ambos casos se planteaba la separación de dos problemas a resolver por separado que se han venido en llamar la normalización política y la pacificación. Frente a esta utilísima separación tanto ETA como el Gobierno parecieron preferir que el diálogo se centrara en la resolución del asunto político. Aún a riesgo de ejercer de psicólogo barato, las razones podrían ser que ETA se niega a conceder el liderazgo político de la izquierda abertzale a Batasuna y que el Gobierno se guía por las encuestas que decían que a los españoles les molestan menos las cesiones en asuntos de organización política que en asuntos penitenciarios. Así, en nueve meses de tregua ni ETA dejó de abastecerse, ni cesó más que en un principio la kale borroka ni se acercó un sólo preso hacia el País Vasco, ni se modificó, por ejemplo, la Ley de Partidos. En cambio, según se ha filtrado después, sí ha habido avances en cuanto a la constitución de la mesa de partidos y la propuesta autonomista de Batasuna es, necesariamente, fruto de los avances en ese campo.
Por muchos impedimentos que haya de todo tipo, es necesario que el Gobierno obedezca menos a los dictados de las encuestas que a las estrategias razonables de pacificación, dejando en el PSE y el PSN su interlocución política y siendo razonablemente flexible en la política de represión, así como anulando de una vez la Ley de Partidos fomentando una verdadera ley de partidos, tan necesaria para la democracia. Por su parte, ETA debería asumir su condición y limitarse a negociar sobre los asuntos que le competen: su progresivo abandono de las armas y el futuro de sus miembros; Batasuna, por su parte, debe asumir la responsabilidad que le toca e imponer su liderazgo político en la izquierda abertzale. Si bien en el ámbito de la pacificación hay sólo tres agentes (el Gobierno central, el Gobierno autonómico vasco y ETA) en el ámbito de la normalización política deben estar presentes todos los partidos que no se excluyan a sí mismos. Probablemente tengan mucho que aportar partidos como Eusko Alkartasuna, Ezker Batua- Izquierda Unida y Aralar tanto en aportaciones propias como en una posible labor de intermediación: en los nueve meses que fueron de marzo a diciembre su papel no fue más que subsidiario y básicamente aquiescente.
Posiblemente sea más fácil avanzar con un menor número de interlocutores y una centralización mayor de los ámbitos de discusión: eso sucede cuando entre Gobierno y ETA se cocinan todo el asunto. Pero cuando la negociación se lleva por cauces diversos y entre multitud de agentes, los pasos, aunque más difíciles, son mucho más sólidos.
La doble actuación del PSOE: ilegalización y conversaciones
Si algo se le puede reconocer a Rodríguez Zapatero es una gran capacidad estratégica para ganarse a la opinión pública a costa de lo que sea. Consiguió que, siendo un desconocido al menos fuera del PSOE, los delegados de su XXXV Congreso Federal lo eligieran Secretario General frente a José Bono, apoyado por la cúpula del partido y los medios de comunicación afines; consiguió ganar las elecciones de 2004 que ya en las encuestas se presentaban como muy igualadas viniendo de una mayoría absoluta del Partido Popular. Para ello hay que tener una gran capacidad para decir una cosa o su contraria según convenga, pero siempre con una gran convicción.
Así, podemos recordar con cierta gracia cómo en los tiempos de Aznar en los que el palo aparecía como la única forma de pacificar el País Vasco, el PSOE se sumó al discurso del poder y lo impulsó decididamente de puertas para fuera: se inventó el Pacto Antiterrorista, afirmó que su modelo de PSOE era el de Redondo Terreros, apoyó sin fisuras la ilegalización de Batasuna, el cierre de Egunkaria, y la demonización de todo el que defendiera vías alternativas para la paz. La ferocidad con la que es atacado Zapatero por apostar por un proceso de paz no es nueva: es la misma que sufrieron los partidos nacionalistas y Ezker Batua-Izquierda Unida hace muy poquitos años. Puede que Zapatero no lo recuerde porque a él le pilló en la otra trinchera: si ahora Zapatero es un arcángel del diálogo, entonces presumía públicamente (y al parecer sin ser sincero) de no haber hablado nunca con Arzalluz. En aquellos años Zapatero ayudó a sembrar la ira del nacionalismo español que ahora le ataca a él.
En todo caso es positivo el giro dado por Zapatero: es mejor que sea incoherente yendo a mejor que la perfecta coherencia de una piedra reaccionaria. Lo que resulta curioso es la postura de Egiguren, presidente del PSE, que parece haber sido clave en las conversaciones políticas durante el proceso y que habría establecido contactos con Batasuna desde antes de la victoria electoral socialista de 2004. Dado el peso que tomó Egiguren (según se ha sabido el atentado de la T-4 sorprendió a Otegi y a Egiguren juntos, reunidos para desatascar el proceso), no parece que Zapatero se tomara las actuaciones pasadas de su compañero como una deslealtad. Más bien al contrario. Pero mientras, se expulsaba del Gobern a Carod Rovira por haberse reunido con la cúpula de ETA sin la autorización de su presidente.
Probablemente la mejor forma de entender los vaivenes del PSOE salvo que pensemos que responde a la tensión interna entre dos posiciones opuestas: la más decidida por el diálogo y la más proclive a la rigidez. Por poner nombres: parece que Egiguren y el propio Zapatero representarían la primera opción y Rubalcaba y Bono la segunda. Pero nada es seguro. Conviene recordar que cuando era un desconocido candidato a Secretario General del PSOE, El Mundo lo presentaba como un hombre dialogante y capaz de conseguir difíciles acuerdos.
La respuesta de Zapatero a la entrevista de Otegi en La Vanguardia ha sido la de recoger el guante reconociendo el cambio en el discurso del portavoz de Batasuna que ya viene haciendo durante el último mes. Esperemos que, independientemente de las razones que le lleven por ese camino, el PSOE se mantenga durante el tiempo necesario en la vía del diálogo.
El derecho de Autodeterminación y las posibilidades de su encaje en la vigente constitución. Los pactos suscritos por el Reino de España.
Durante la tregua se insistió en que la solución política que saliera de la «mesa de partidos» tendría que estar dentro de la Constitución. Como es obvio a quien escribe en un blog llamado III República no le asusta que un proyecto político, si es razonable, se lleve a cabo aunque no esté previsto por la Constitución. Pero ése era el presupuesto político básico del PSOE: nada que no esté previsto en la Constitución.
Pues bien, la propuesta autonomista de Otegi se acercó a la Constitución de 1978. Y la Constitución también se puede acercar a Otegi. La propuesta de Otegi tenía dos ejes: una autonomía con las cuatro provincias de Hego Euskal Herria (el también llamado País Vasco español) y que el nuevo ente autonómico tuviera capacidad de decidir, es decir, derecho de autodeterminación (ya sea para quedarse, ya para independizarse: lo que sus ciudadanos decidan: eso es el derecho de autodeterminación).
La constitución de una comunidad autónoma formada por las cuatro provincias está expresamente prevista por la Constitución: la Disposición Transitoria Cuarta dice que «en el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.» Además, la Ley de Amejoramiento (el equivalente al Estatuto de Autonomía Navarro) reconoce esta disposición y hace al parlamento navarro competente para iniciar, en su caso, la incorporación de Navarra a la autonomía vasca. Todo legal. Todo previsto.
Más problemático es el derecho de autodeterminación. Aquí sí que habría que hacer una interpretación posible, pero no única, de la Constitución. Dos son los elementos: el artículo 10.2 y la Disposición Adicional Primera. En el primer caso, el artículo 10.2 dice: «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España.» Entre esos tratados internacionales ratificados por España está la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, de 1976, que dice en su artículo 5 «Todo pueblo tiene el derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación. Él determina su status político con toda libertad y sin ninguna injerencia exterior.» Por tanto, este artículo incluye en el derecho español, aunque de forma indirecta, el derecho de autodeterminación (la firma de esa Declaración sí introduce en el ordenamiento español ese derecho). La Disposición Adicional Primera, que afirma que «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales«: afirma la existencia de derechos históricos y su amparo en la Constitución: éstos, según el 10.2, se deben interpretar a la luz de la Declaración de Derechos de los pueblos.
El problema es el famosísimo artículo 2: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles«. Es evidente que hay un choque entre dos reconocimientos constitucionales: el de los derechos históricos y el derecho de autodeterminación y la indisoluble unidad de la Nación española. No es la única zona de contradicción en la Constitución: cuando reconoce la igualdad entre hombre y mujer entra en contradicción con la preferencia del varón en la sucesión monárquica. La forma de solucionar la contradicción es que en Derecho, prima la norma específica frente a la general: por eso la norma específica de la Corona se aplica en ese caso a pesar de chocar con la igualdad que para los casos generales defiende el mismo texto. Esa es una forma de salvar también la contradicción territorial: entender que la indisoluble unidad es válida en general pero habría casos específicos en los que prima la existencia de derechos históricos. Aunque, personalmente, preferiría una reforma constitucional que eliminase un artículo tan nacionalista como la parte expuesta del artículo 2.
Otegi situó el problema en un lugar en el que la normalización política sería relativamente sencilla. Habría que preguntarle si para un camino así es asumible haber llenado las alforjas de muertos. Pero, sin duda, el punto de partida de ayer coloca la posibilidad de resucitar el proceso de paz en primera línea. No me cabe duda de que esa es la razón por la que nadie habla demasiado de la propuesta: saben que es importante. Si alguien tomara la palabra a Batasuna y le obligara a negociar su propia propuesta (pues algunos problemas tiene, como señalaba en su día Javier Ortiz) obligaría a ETA a pronunciarse.
Y ETA podría responder tres cosas: lo mejor que podría hacer es decir que ella no es una interlocutora política y que lo que ETA va a negociar es la pacificación (no nos engañemos: esta posibilidad es descartable); puede asumir la propuesta como propia, en cuyo caso parecería aun más insostenible que nunca el uso de la violencia; y puede desligarse de ella considerándola una propuesta insuficiente: en este caso Batasuna no tendrá más remedio que caminar sola: la normalización sería mucho más sencilla y una ETA sola no tendría mucho futuro. Sin duda esto es el cuento de la lechera, pero entre tantos nubarrones algo tiene que ilusionarle a uno.
Federalismo o Confederación. Simetría o Asimetría. Las Competencias del Estado que radican en la Administración Central del mismo.
Junto dos de las reflexiones propuestas por Anguita pues en ambos se trata de la estructura territorial del Estado. Probablemente hubiera sido muy posible y sin duda muy beneficioso que la izquierda y los nacionalistas, durante la Transición, hubieran exigido la Constitución de un Estado Federal. En él habría un catálogo de competencias básicamente cerrado pero los estados federados tendrían capacidad para desarrollarse sin más límite que el de un Tribunal Constitucional que no pudiera examinar más que si las normas de los estados federados son constitucionales o no. Nos ahorraríamos, por ejemplo, la cocina que se hace en el Congreso de los Diputados cambiando notablemente el Estatuto (como en el caso del estatuto catalán) o, simplemente, negándose a negociarlo como en el caso del Plan Ibarretxe. Pero aquella oportunidad pasó: en la transición se prefirió, en aras del sacro consenso, dejar temas abiertos a discutirlos a fondo y alcanzar soluciones duraderas y el caso territorial es el más evidente.
Si en los años 70 la solución federal hubiera bastado a casi todo el mundo, treinta años después sólo la última propuesta de Otegi hace pensar que en el País Vasco se aceptaría ese tipo de marco. En Irlanda, de hecho, los republicanos sacrificaron un marco definitivo más amplio por la capacidad de los irlandeses de decidir su futuro: es decir, no se centraron tanto en qué marco concreto se adquiría sino la potencialidad futura de lo alcanzado. Si el Plan Ibarretxe acercaba el modelo confederal, pero con una vocación de perdurabilidad, el Plan Otegi acerca el modelo federal (o simplemente autonómico) pero con vocación de ser modificable a partir de la voluntad de sus ciudadanos.
En cuanto al eterno debate sobre la simetría o no de la descentralización, hay que partir de un punto claro: a quien menos le debe importar es a los nacionalistas periféricos. Las protestas por el café para todos siempre han venido de CiU: a los demás partidos nacionalistas no se les ha oído protestar al respecto. ¿En qué debería molestar a los vascos que los murcianos tengan tal o cual competencia o se definan de tal o cual forma? De nuevo volvemos al origen: en la Transición se podría haber apostado por un modelo cerrado de federalismo asimétrico, pero se optó por un modelo autonómico asimétrico, pero abierto. Por lo tanto, y al ver que la descentralización funcionaba, las distintas regiones se han lanzado al aumento de competencias y a las definiciones más amplias (en la actual reforma de estatutos no hay autonomía que no se defina como nacionalidad, realidad nacional y demás eufemismos). Hoy no sería consensuable un marco asimétrico a largo plazo. Y tampoco es fácil pensar que fuera deseable: si bien es cierto que en algunas zonas el sentimiento de identidad diferenciada está mucho más arraigado que en otras, esa identidad colectiva no tiene por qué dificultar un crecimiento de las otras zonas. Y la guerra de las definiciones atañe a cada región, pero no tiene por qué afectar a los vecinos cómo se defina otra comunidad. En definitiva, el modelo deseable es un federalismo amplio en el que cada estado federado marque su techo (independencia incluida) sin más intromisión estatal que aquellos aspectos que afecten de forma sustantiva al resto de los vecinos.
En ese sentido cobra interés la reflexión sobre qué competencias deben quedar en manos del Estado central. Dado que la Unión Europea abarca cada vez más competencias (a pesar de su actual estancamiento), la descentralización de los Estados deja cada vez menos margen de acción a las Administraciones centrales de los mismos. Algunas materias deben estar centralizadas para no incurrir en efectos perversos de una competitividad entre territorios o los efectos transfronterizos de las políticas estatales: la fiscalidad, la legislación laboral y la política medioambiental. De esas tres sólo una está en manos de la Unión Europea y de forma muy parcial (la medioambiental). Pero lo deseable es que se centralizasen las tres competencias en una Unión Europea democrática. Hay que ser conscientes de la dificultad que entraña despojar al País Vasco y a Navarra de la competencia fiscal. Por ello, si realmente se quiere evitar la competencia por impuestos más bajos (es decir, por servicios sociales más reducidos y de peor calidad), el Estado tendría que ser tremendamente generoso en otros ámbitos solicitando a cambio la centralización de esa competencia (y hacer lo mismo con otros impuestos: la nefasta eliminación del Impuesto de Sucesiones por parte de la Comunidad de Madrid está obligando a otras Comunidades a eliminarlo ellas también). En ese aspecto entra en juego la reforma del Senado, en la que deberían tener una fuerte presencia las unidades territoriales para decidir cómo se ordenan los impuestos y como se financian las distintas estructuras territoriales. Otras competencias en las que el Estado central debería tener participación son aquellas cuyo volumen de gasto aconseje que sean afrontadas por estructuras con gran capacidad de gasto: estoy pensando, por ejemplo, en grandes infraestructuras o en investigación científica. En este tipo de campos la competencia no tendría por qué ser exclusiva, pues en nada perjudica al Estado que otra entidad también invierta en ciencia, si tiene capacidad y voluntad para hacerlo.
En definitiva, un principio básico para la descentralización política y administrativa debe ser que cada competencia tiene que estar en manos de la unidad política más pequeña que pueda aplicarla de forma operativa sin perjudicar a los miembros de otras entidades.
La actitud del PP y los medios de comunicación. Estado de la opinión pública.
La realidad sociológica de las dos Españas, se construye sobre una serie de presunciones tanto de lo que cada una de las dos Españas es como de lo que es la otra España. La derecha desde hace tiempo se ha esforzado en vincular izquierda y/o nacionalismo con ETA. No es algo exclusivo de esta legislatura, sino que viene de más allá. En un texto que escribí sobre el 13 de Marzo de 2004 (y que ahora publica la Revista Qi, con el título De la calle al 13-M), exponía como las cúpulas ideológicas de la derecha necesitaban que el 11-M fuera obra de ETA porque así, era un poco obra de toda la izquierda y de los todos los nacionalismos (salvo su nacionalismo español, obviamente). En aquel texto, exponía que en un primer momento se utilizaba el Pacto de Lizarra para desacreditar por alianzas con ETA a todo el nacionalismo vasco y Ezker Batua. Ello contaminaba a su organización federal, Izquierda Unida y sus posibles pactos con el PSOE (ese argumento fue colocado como eje de campaña por Esperanza Aguirre en la reedición de las elecciones autonómicas de Madrid en 2003). Tras las conversaciones de Perpiñán, también era Carod Rovira cómplice de ETA y con él ERC, cuya participación en el Gobierno catalán presidido por Maragall contaminaba definitivamente al PSOE. Se llega a una identificación izquierda-ETA. El 7 de marzo de 2004 el payaso Leo Bassi coordinó un boicot en un mitin de Rodrigo Rato en el Retiro consistente en gritos antibelicistas y de recordatorio de los compañeros del PP de Rodrigo Rato que habían sido escondidos durante la campaña electoral; la respuesta de Rodrigo Rato fue «Estos son los que quieren gobernar con Carod Rovira y con ETA» (¡El payaso Leo Bassi quería gobernar España y hacerlo conjuntamente con Carod Rovira y con ETA!). Al día siguiente del atentado, en la mañana del 12 de marzo, Jiménez Losantos decía «Hay gente, y no digamos gentuza, que con tal de lavar un poco los resultados, con tal de lavar su sucia conciencia, y sobre todo la sucia conciencia de sus votantes, de los que pactaron con ETA que matara en Madrid pero no en Barcelona, son capaces de cualquier cosa (…). Los que están intentando cargarle al Gobierno la culpa del terrorismo (hoy hay un verdadero modelo de abyección en ese sentido, imagínense ustedes en qué periódico [se refiere a El País](…). « Y sigue: «Si hubieran sido los de Al Qaida, en el altar de Alá, hubiera sido exactamente lo mismo, pero es que no, es que sucede que el domingo hay elecciones en España y naturalmente, los cómplices del terror, los de Perpiñán, los del pacto con la ETA para que mate en unas partes de España y en otra no, pues naturalmente tienen que disimular.» Esta nebulosa que convierte a todo el que se opone al PP en ETA sí que cuaja en sus sectores populares: así se ve en el documental 4 días de marzo cuando señor afirma: «Los árabes no han sido: es una farsa que quieren meter (…) la izquierda, para sacárselo a Aznar, Otegi«. Es decir, la tensión política se mueve entre Aznar y Otegi, que es la voz de la izquierda. Otro, que se pone con orgullo una pegatina del PP, se suma al mejunje: «Vosotros etarras, sois unos etarras, el PSOE y todos los que pactáis«.
El esquema maniqueo o PP o ETA era asumido por Fernando Savater en su artículo en El País el 12 de Marzo de 2004 Autopsia (enlace de pago), que hasta hoy no ha sido matizado por el autor. En él se sigue la cadena incriminatoria que manchaba a todo el que se había opuesto al PP: desde Carod Rovira («Pero yo le oí a Carod Rovira que ETA es ‘un movimiento independentista vasco que recurre a la lucha armada'») siguiendo por los nacionalismos con complicidad de la izquierda («Resultado de mi autopsia: el país más descentralizado de Europa es el más amenazado por la fragmentación nacionalista, que en todas partes está considerada una abominación reaccionaria salvo aquí, en donde es de izquierdas y constituye una alternativa de progreso«) hasta culminar, por fin, con quienes habían tomado cierto protagonismo en las protestas contra la guerra («Escuchemos a nuestros intelectuales y artistas para quienes lo verdaderamente intolerable es la política del PP: en cuanto se acabe con ella reinará la armonía«). En definitiva, protestar contra los atentados del 11 de marzo (cometidos por ETA) habiendo criticado al PP era una cierta contradicción, cuando no una notable hipocresía. Cuando se acusaba a ETA de estar detrás de los atentados del 11 de marzo, se estaba acusando a una porción de la población muchísimo más amplia que la que compone o incluso que la que apoya a ETA.
Ese estado de opinión en el que sólo la derecha se opone realmente a que mate ETA es el que hizo que Aznar comentase durante la tregua de 1998-99 que sólo la derecha podía conseguir la paz, y ese estado de opinión es el que hace que, si lo intenta la izquierda y los nacionalistas (como sucedió en Lizarra en 1998 y en la tregua de 2006) son condenados por cómplices y tibios, aunque sean mucho menos condescendientes con ETA que José María Aznar cuando pensó en solucionar el problema. La oposición al proceso de paz es lo único que aglutina a todo el Partido Popular según quienes conocen las entrañas del partido. Sin embargo no hubo una sola voz de la derecha que se opusiera cuando eran ellos quienes hacían concesiones.
Evidentemente esa doble moral es hija del oportunismo electoral. Pero el problema es que, efectivamente, esa actitud les puede dar votos y que, salvo en la pifia del pasado sábado, suelen ser capaces de movilizar a mucha gente. Si la izquierda hubiera intentado movilizar a su gente contra el proceso de paz de 1999 se hubiera estrellado: no sólo porque efectivamente la izquierda quiere que deje de haber bombas más allá de preocuparse por quién lo consiga, sino también porque ha cuajado socialmente la sensación de que todos menos el PP están contaminados en mayor o menor medida por ETA. Ese es probablemente el obstáculo más duro con el que tenemos que lidiar quienes sí apostamos por conseguir la paz sin aceptar el derecho de veto que reclama la derecha. Sólo caben dos mecanismos para desarticular ese prejuicio: pedagogía política y movilización social que muestre que no sólo no estamos avergonzados sino orgullosos de defender la pacificación.
¿Hay salida hacia la Paz? ¿Tiene el Gobierno una idea clara?
Después del atentado de Barajas el Gobierno hizo ver que había cerrado todas las puertas a una posible salida negociada. El énfasis era muy distinto cuando hablaba Rubalcaba y cuando hablaba Zapatero, pero se daba por cerrada esa opción. Parece ahora, con las declaraciones positivamente novedosas de Otegi y con la concesión de prisión atenuada a de Juana, que se vuelve a una política de gestos que abra nuevas vías hacia el diálogo y la pacificación. Es evidente (el propio Otegi lo reconocía implícitamente en la famosa entrevista de La Vanguardia) que ETA dejó el 30 de diciembre muy maltrecha su credibilidad como interlocutor. El problema es que ETA es el interlocutor que hay. Así, la posibilidad de reimpulsar el proceso pasa por pasos extraordinarios y creíbles por parte de ETA: ella misma se ha puesto ante esa exigencia. Sin embargo lo que obtenemos después del primer comunicado a los pocos días del atentado es silencio: nada sabemos de la actividad de ETA. Es deseable que ese silencio responda a las propias conversaciones internas que deben llevar a pasos importantes, empezando por responder a todo lo que ha planteado Otegi desde su inicial crítica a la ambigüedad (no se atrevió, parece, a calificarlo de infumable) del comunicado de ETA tras el atentado.
De todas formas sería muy positivo que esos pasos fueran facilitados por un diálogo subterráneo y por gestos que hagan ver la posibilidad de avanzar realmente si se reanuda el proceso de paz. En realidad ETA no tiene más camino que optar por el proceso, pero si saben leer (que seguro que lo saben hacer) la entrevista a Otegi verán que son los propios dirigentes de su mundo los que lo exigen: si no toman claramente esa opción, la pacificación vendrá por su mera marginación. Por otra parte, la reanudación del proceso haría exigible al Gobierno un cambio en su manejo, que no podría ser el del año pasado, consistente en dejar caer la fruta de puro madura.
Es en ese aspecto en el que viene a cuento la pregunta de si el Gobierno tiene una idea clara o no. Así planteado, mi respuesta es no: no tiene una idea clara sino, al menos, dos. Lo que ocurre es que esas dos pueden resultar contradictorias y de sus tensiones internas pueden resultar los vaivenes a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno. Si en el pasado Zapatero y Bono representaban esas dos ideas claras, hoy parece que la segunda está más representada por Rubalcaba (que como ministro está dinamitando su fama de extraordinario negociador). Es la tensión entre el felipismo y la gente del PSOE que está moderadamente a la izquierda de la antigua cúpula del partido: esta tensión se ha puesto de manifiesto varias veces y en ella la militancia socialista ha optado cada vez que ha tenido posibilidad de hacerlo por la parte izquierdista frente al aparato: eligiendo a Borrell frente a Almunia y a Zapatero frente a Bono. Las tensiones internas del PSOE son cosa suya, pero la acción de Gobierno sí nos atañe a todos, por lo que es de desear que esa tensión interna permita (o no dificulte en exceso) que ganen peso los zapateros frente a los rubalcabas. O visto en otra clave: que el Gobierno necesite apoyarse en IU y ERC más que en CiU y CC.
El papel de las sociedades civiles vasca y española en el impulso del diálogo y la paz
Me permito añadir (para concluir ya mi comentario sobre El Laberinto Vasco) un punto que considero crucial para que un posible relanzamiento del proceso de paz llegue a buen puerto. Es necesario que las sociedades civiles vasca y española hagan ver la pluralidad de apoyos que tiene el proceso. En el País Vasco ha tenido gran importancia la creación de Ahotsak, que agrupa a mujeres de todas las tendencias políticas implicadas en el proceso. Sin embargo, la desaparición de Elkarri como tal ha dejado huérfanos a mucha gente que pecó de un razonable optimismo desmentido el 30 de diciembre.
De todas formas la necesidad de una movilización social a favor del proceso de paz es más necesaria, si cabe, en Madrid que en Euskadi. En Madrid la calle fue tomada (hasta la manifestación del 13 de enero) por la derecha más furibunda con la única intención de dinamitar el proceso. Desmintiendo las encuestas, la derecha nacionalista española consiguió que pareciera que la opinión pública española estaba indignada con todo diálogo y toda opción de paz. Mientras, la gente que apostaba por el diálogo renunció a presentarse en sociedad, siquiera con plataformas de apoyo al diálogo y en el mejor de los casos con movilizaciones de apoyo al proceso. Queda claro que el Gobierno no se moverá contra la opinión de las encuestas y de la calle. En 2006 el proceso era apoyado por las encuestas, pero no por la calle. En 2007 la calle también debe apoyarlo.
Por ello sería muy importante plantearnos la constitución de algún tipo de plataforma plural que genere debates como el propuesto por Anguita, que genere apoyo a un proceso de paz imprescindible y que trate de contrarrestar los embistes con los que ataquen quienes prefieren mantener una úlcera que acaso moleste, pero no preocupa, a quienes se aferran a que nada cambie.