Tras la llegada de las delegaciones de campesinos e indígenas en la madrugada del día miércoles 12 de marzo y la instalación del campamento en Plaza Catedral, el documento central es entregado ese mismo día a representantes del Órgano Ejecutivo y posteriormente en la Asamblea Nacional de Diputados, así como en otras entidades relacionadas con […]
Tras la llegada de las delegaciones de campesinos e indígenas en la madrugada del día miércoles 12 de marzo y la instalación del campamento en Plaza Catedral, el documento central es entregado ese mismo día a representantes del Órgano Ejecutivo y posteriormente en la Asamblea Nacional de Diputados, así como en otras entidades relacionadas con la temática (ASEP, ANAM, Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos, ecologistas, cívicas y medios de comunicación).
Las peticiones fundamentales de este documento se centran en puntos específicos:
- declaración y respeto del derecho humano al agua,
- el cese de todos los proyectos que ocasionan conflictos socioambientales (concesiones de agua, proyectos de procesamiento de hidrocarburos, mineros, hidroeléctricos y turísticos que afectan negativamente la vida de poblaciones y ecosistemas),
- el fin del hostigamiento y violación de derechos fundamentales en comunidades como Charco La Pava,
- la reparación de daños ocasionados, pago de indemnizaciones,
- la apertura de mesas temáticas participativas sobre política energética, ambiental y turística con base en sistemas de información socioambiental y una evaluación ambiental estratégica sobre el impacto acumulado de todos los proyectos en la capacidad de carga del país,
- ratificación del Convenio 169 de la OIT y creación de ley marco indígena en apego a sus principios y los de de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas,
- hacer efectivo el derecho a la información, consulta y decisión de las comunidades.
El jueves 13 de marzo el Ejecutivo entrega una carta en la que ofrece participación a las delegaciones en el Diálogo por la Concertación Nacional (DCN) y propone notificar en «aproximadamente dos semanas» sobre futuros contactos entre las partes.
La respuesta de las comunidades y organizaciones, fechada el martes 18 de marzo al Presidente Martín Torrijos, expresa la decisión de permanecer en el campamento en respuesta a la indefinición de aquella carta, plantea la necesidad de definir día y hora para un espacio amplio de participación e intercambio directo con el jefe del Ejecutivo para plantearle la problemática, además de señalar la ausencia de garantías para la participación de las comunidades indígenas y campesinas en un DCN que no ha incorporado el tema ambiental como eje fundamental de sus conversaciones.
Atendidos finalmente el sábado 29 de marzo por el Presidente, éste acordó responder el miércoles 2 de abril respecto a dos puntos iniciales:
- el problema de la presencia constante de la Policía Nacional (PN) en la comunidad de Charco La Pava (Bocas del Toro) alterando la convivencia pacífica de la comunidad,
- el lugar, fecha y hora de apertura de una mesa de debate participativo para discutir integralmente y desde diversas perspectivas, el tema de los conflictos sociambentales.
Por parte de los miembros del campamento, se acordó esperar en el sitio la respuesta y la designación de la comisión en representación del gobierno que habrá de participar en el debate.
El día miércoles 2 de abril de 2008, a las 11 de la mañana se realizó una reunión de acercamiento formal para responder a tales solicitudes, estando presentes como voceros de las comunidades:
- Wenni Bágamo (Movimiento 10 de Abril, Río Tabasará)
- Larissa Duarte (Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre)
- José Rodríguez (Frente Santeño contra la Minería)
- Efraín González (Comité de Defensa y Protección de la Naturaleza en Gualaca)
También estuvieron presentes como testigos otros representantes de comunidades y organizaciones participantes en la movilización; y como acompañantes: Susana Serracín (abogada ambientalista), Ariel Rodríguez (biólogo, Alianza para la Conservación y el Desarrollo / ACD) y Ramón H. Benjamín M. (Colectivo Derechos Humanos de la Universidad de Panamá).
Por parte del gobierno estuvieron presentes: Felipe Cano (Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, representado al Presidente), José Pío Castillero (Ministerio de la Presidencia), Diana Molo (Ministerio de Desarrollo Social), Ligia Castro, Harley Mitchell, Bolívar Zambrano y Natalia Young (Autoridad Nacional del Ambiente), Severino Mejía (Ministerio de Gobierno y Justicia, con el asesor Daniel Castilla), Ricardo Vargas (Defensoría del Pueblo, junto a otros dos funcionarios), entre otros.
Los acuerdos alcanzados en relación con los 2 puntos iniciales son los siguientes:
- Se realizará una visita a comunidades afectadas como Charco La Pava, en la provincia de Bocas del Toro, por Severino Mejía (viceministro de Gobierno y Justicia) desde las 4:00 p.m. del jueves 3 hasta el viernes 4 de abril de 2008, acompañado por miembros de la movilizacioón, donde se compromete a entrevistar a personas que manifiestan haber sufrido violaciones a sus derechos por parte de miembros de la PN, quienes de ser identificados por los afectados serán retirados del área y puestos a órdenes de la Dirección de Responsabilidad Profesional y la Oficina de Asuntos Internos.
A cabada la investigación se compromete a preparar un informe a ser entregado al Presidente de la República y al Ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante. Señala finalmente que la institución no permitirá abusos ni excesos de fuerza por los miembros de la PN.
Cabe señalar que esta visita se suma a la programada para el día 2 de mayo por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Diputados, además de otras giras prometidas por el Presidente de la República; y que al no ordenarse el desalojo de la PN del área a raíz de las serias y constantes violaciones a los derechos humanos producidas, los miembros de la movilización han nuevamente decidido permanecer en la Plaza Catedral, mientras se realiza la investigación y se reciben respuestas concretas del informe a ser preparado.
- Se abre una mesa específica de debate participativo sobre conflictos socioambientales, de manera integral y desde sus perspectivas social, ambiental, cultural y legal.
De la conversación en la reunión del 2 de abril, se puede concluir que:
- existe una posibilidad real de -por lo menos- debatir este tema con las autoridades actuales del país,
- subsisten graves insuficiencias científicas y normativas, que limitan la posible acción de autoridades de cara a la existencia de conflictos socioambientales, las cuales son aún más profundas y preocupantes en materia ambiental e indígena,
- en base al principio de buena fe entre las partes y el principio precautorio en materia ambiental, cabe la declaración inmediata de moratoria o cese de actividades en todos los proyectos señalados por afectar la totalidad de los ecosistemas y especialmente la vida de comunidades históricamente vulnerables, hasta tanto se compruebe científicamente su sustentabilidad, necesidad y conveniencia para el país, y se ejecuten alternativas en materia energética, ambiental, turística y de desarrollo humano en cumplimiento de políticas coherentes e integrales en el marco de una profundización del ejercicio democrático,
- se han demostrado carencias institucionales que pueden dificultar seriamente la supervisión de funcionarios y dependencias por parte de las autoridades gubernamentales, con resultados de afectar la vida y la dignidad de las personas, consideradas individual o colectivamente.
- el peligro que sufren los ecosistemas, comunidades e individuos por la lentitud de procesos administrativos o judiciales, y la dificultad de acceder a recursos judiciales rápidos y efectivos, es real y creciente,
- es necesario una definición concreta de conceptos como orden público, legalidad, seguridad jurídica e interés nacional, social o público, que consideren en primer plano, los derechos y la dignidad de todo ser humano, así como la integridad del ambiente que haced posible la vida.
Solamente la unidad en la diferencia, el respeto y compromiso entre las partes, la conciencia de la totalidad del problema y la diversificación de métodos de incidencia pública en la medida de lo posible y lo necesario, permitirán construir y mantener la fuerza colectiva necesaria para el triunfo definitivo de la opción por la vida frente al modelo de desarrollo depredador que amenaza comunidades, países y al mundo entero.
Ramón H. Benjamín M.,
miembro del Colectivo Derechos Humanos – Universidad de Panamá