Una nueva investigación del centro británico InfluenceMap rastrea la huella de carbono de 122 empresas productoras de combustibles fósiles y cementeras. Entre ellas se encuentra la petrolera española Repsol.
Pocas empresas para una gran cantidad de emisiones. Así se podría resumir una nueva investigación que afirma que tan solo 57 corporaciones y entidades estatales a nivel global son las responsables de haber emitido el 80% de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) en los siete años posteriores a la firma del Acuerdo de París, desde 2016 hasta 2022.
El estudio, liderado por el centro de investigación británico InfluenceMap, rastrea la huella de carbono de 122 empresas productoras de combustibles fósiles y cementeras, tanto públicas como privadas, vinculadas al 72% de todas las emisiones de CO2 de combustibles fósiles y cemento desde el inicio de la revolución industrial. Y concluye que, por un lado, los productores nacionales representan el 38% de las emisiones de CO₂ desde 2016, mientras que las entidades estatales suponen el 37%, y las empresas propiedad de inversores, es decir, las privadas, están vinculadas al 25%.
Entre las primeras de este último grupo encontramos, como suele ser, a Chevron, ExxonMobil, BP, Shell y ConocoPhillips, todas ellas responsables del 11,1% de las emisiones históricas de dióxido de carbono procedentes de combustibles fósiles y cemento o, lo que es lo mismo, 196 toneladas de CO₂. Entre las estatales, están Saudi Aramco, Gazprom, la National Iranian Oil Company, Coal India y Pemex, que son responsables del 10,9% de las emisiones históricas de este gas de efecto invernadero.
«La investigación de Carbon Majors nos muestra exactamente quiénes son los responsables del calor letal, el clima extremo y la contaminación atmosférica que amenazan vidas y causan estragos en nuestros océanos y bosques», asegura Tzeporah Berman, directora de Programas Internacionales de la organización ambiental Stand.earth y presidenta del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF).
«Estas empresas han obtenido miles de millones de dólares de beneficios mientras negaban el problema y retrasaban y obstruían la política climática. Gastan millones en campañas publicitarias sobre su participación en una solución sostenible, mientras siguen invirtiendo en la extracción de combustibles fósiles».
Repsol aparece en la lista
Las emisiones de los últimos años se vinculan a más empresas. Más allá de las 57 más contaminantes, un total de 117 productoras son responsables del 88% de las emisiones mundiales de CO₂ procedentes de combustibles fósiles y cemento desde 2016 hasta 2022.
Entre ellas se encuentran BP, Shell, RWE y Total Energies, así como la petrolera española Repsol, que ocupa el puesto número 50 en el listado del total de empresas analizadas. Carbon Majors, la base de datos usada para el análisis, le atribuye unas emisiones acumuladas de 4.584 millones de toneladas de CO₂ equivalente desde 1964, es decir, un 0,23% del total de las emisiones mundiales.
«Repsol apoya la acción por el clima en sus comunicaciones de primera línea. Sin embargo, la petrolera parece ser predominantemente negativa en su compromiso con la política climática, incluida la oposición a la legislación sobre emisiones de GEI y la defensa del papel a largo plazo del gas fósil en el mix energético», apunta también Carbon Majors.
Como recordatorio, en 2022, Repsol estuvo en cabeza con casi 12,5 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidas en España a la vez que lograba los mayores beneficios de su historia: 4.251 millones de euros netos. Ahora, la compañía que dirige Josu Jon Imaz se ha visto envuelta en una demanda liderada por Iberdrola por greenwashing.
La única compañía española que aparece en la lista de este análisis no es la única acusada de la lavado verde. O de conocer el impacto climático de sus acciones y ocultarlo durante décadas. Pero, además, la investigación de InfluenceMap también afirma que la mayoría de las empresas de combustibles fósiles hicieron caso omiso al Acuerdo de París: produjeron más combustibles fósiles en los siete años posteriores a la adopción del tratado que en los siete años anteriores. En concreto, el 65% de las empresas estatales y el 55% de las empresas propiedad de inversores muestran una mayor producción ahora que anteriormente, sobre todo en el continente asiático.