Reconocida experta en temas de género y derechos, la jurista costarricense Alda Facio acumula una amplia experiencia de investigación en este terreno. Directora actualmente del Programa «Mujer, Justicia y Género», del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD), es una voz autorizada en la materia y, sobre todo, una mujer […]
Reconocida experta en temas de género y derechos, la jurista costarricense Alda Facio acumula una amplia experiencia de investigación en este terreno. Directora actualmente del Programa «Mujer, Justicia y Género», del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD), es una voz autorizada en la materia y, sobre todo, una mujer de agudo análisis a la hora de ubicar el tema de la violencia contra las mujeres como un asunto vital de derechos humanos, y no solo como una cuestión de leyes.
¿Por qué se afirma que el problema de la violencia contra las mujeres es un asunto de derechos humanos?
Cuando la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Viena, en 1993, definió la violencia contra la mujer como una cuestión de derechos humanos, estaba estableciendo que los Estados tienen la obligación de prevenir, erradicar y castigar esos actos de violencia contra las mujeres y que si no lo hacen son responsables ante la comunidad internacional y ante todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Esas obligaciones emanan del deber de los Estados de tomar medidas para respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.
El concepto de la debida diligencia sirve de criterio para determinar si un Estado ha cumplido o no su obligación de combatir la violencia contra las mujeres. Como vemos, un Estado puede ser responsable de la violencia ejercida por un esposo contra su esposa, por ejemplo, si el Estado no actúa con la debida diligencia para impedir ese acto.
¿Y qué sucede en la práctica?
En general, lo que se ha hecho para combatir la violencia contra las mujeres no toma en cuenta las normas existentes de derechos humanos para garantizar que se haga frente en todos los niveles, desde el doméstico al trasnacional e internacional, a la causa principal de esta forma de violación a los derechos humanos que se puede sintetizar en la creencia, muy arraigada en todo el mundo, de que las mujeres estamos en él para los hombres y que, por lo tanto, no somos iguales en cuanto a nuestra humanidad y dignidad.
Hasta ahora, la aplicación del estándar de la debida diligencia se ha utilizado más para responder a la violencia contra las mujeres una vez que esta ya se ha producido, y en este contexto se ha concentrado principalmente en la promulgación de leyes sobre algunos aspectos de esta. En mucho menor grado también se han hecho esfuerzos en reformas legislativas que, aunque no tienen que ver directamente con la violencia contra las mujeres, sí tienen efectos positivos para ellas, que les han permitido dejar a un agresor, como podrían ser las reformas a los códigos civiles en materia de familia en cuanto al divorcio a cuestiones patrimoniales. También, en mucho menor grado, se han hecho esfuerzos por mejorar el acceso a la justicia para las víctimas de esta forma de violencia y se han hecho mejoras o transformaciones en la provisión de servicios para las víctimas.
Pero donde se ha hecho relativamente poco es en lo que se refiere a la obligación más general de prevención de la violencia contra las mujeres, en particular la obligación de transformar las estructuras y los valores patriarcales que perpetúan y consolidan esta violencia sexista.
¿Puede resolverse este problema sólo con reformas penales, castigando más?
Trabajar la violencia como un problema que puede ser resuelto por la vía penal, únicamente, es un grave error. Porque la vía penal, además de ser ineficiente y androcéntrica, está centrada en el castigo de los perpetradores, no en la restitución, rehabilitación o el resarcimiento de las víctimas. Y, más importante aún, no en el cambio de las estructuras sociales y mentales que mantienen y hasta promueven esta violencia.
¿Como el patriarcado?
Pienso que si no transformamos esa cultura no podremos eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Porque es gracias a que existe esa cultura patriarcal que padres corrientes y comunes abusan sexualmente de sus hijas. Es gracias a esta cultura que tantos hombres, corrientes y comunes, inician su vida sexual con una mujer que no está ahí por su deseo, sino porque necesita dinero. Es gracias a esta cultura que tantos violadores de niñas son absueltos, porque el o la juez consideró que ella lo quería. La mayoría de los abusadores sexuales de niñas, de los violadores sexuales de esposas o novias o de los que pagan por tener sexo, no son enfermos sexuales. Son hombres corrientes y comunes que están ejerciendo su masculinidad de conformidad con un conjunto de ideas y estructuras sexistas que conforman una cultura patriarcal.
Esta cultura no sólo naturaliza la enorme y variada gama de violencia que sufren las mujeres de todo el mundo a cada segundo, sino que promueve una ideología que mistifica la violencia, invisibilizando los beneficios que le produce a los hombres aunque los deshumanice, culpando a las mujeres de los actos cometidos y minimizando los efectos sufridos. Quiero hacer énfasis en que ese conjunto de ideas y estructuras conforman una cultura patriarcal que hoy día está globalizada y que ha permeado todas las culturas existentes.
Estoy convencida de que tenemos que entender la violencia contra las mujeres como un producto cultural. Un producto multifacético y muy diverso de una cultura globalizada, pero que tiene muchas caras. Si entendemos esto, no permitiremos que cuando de los derechos humanos de las mujeres se trata, el derecho a la identidad cultural se imponga por sobre el derecho humano a la vida misma. Pero además, no permitiremos que sean los valores misóginos y necrófilos los que definan qué prácticas son necesarias para mantener una identidad cultural y cuáles sí pueden transformarse.
Si entendemos esto nos preguntaremos por qué en casi todas las culturas los hombres han adoptado comportamientos occidentales, como fumar cigarrillos o utilizar la Internet, por ejemplo, sin que esto se perciba como un peligro para su identidad cultural mientras que a las mujeres se les exige sumisión a escogidas costumbres ancestrales o, de lo contrario, se estima que toda la comunidad perderá su identidad cultural. Si entendemos esto no permitiremos que el derecho a la cultura o a la religión se utilice para denegar derechos humanos a las mujeres.
¿Qué estrategia seguir entonces para barrer con una realidad tan universal como extendida?
Para erradicar la violencia contra las mujeres no bastan las estrategias encaminadas a acabar con la impunidad. Tampoco son suficientes las encaminadas a instaurar un sistema de rendición de cuentas, aunque esto ya sería un avance.
Son necesarias estrategias multidimensionales que abarquen desde la revaloración de lo femenino, hasta la creación de nuevas formas de estar en el cuerpo, en la familia y en la comunidad. Debemos re-encontrar nuevas maneras de relacionarnos con la naturaleza, con los humanos y con los animales, pero también con lo divino, lo lúdico y lo erótico y sexual.
Tenemos que crear nuevas formas de espiritualidad, de arte y de ocio. Pero también tenemos que trabajar por nuevas formas de convivencia, de representación política y de relaciones internacionales. Y el Estado tiene la obligación de facilitar, con la debida diligencia, todas estas transformaciones.
Por ejemplo, el Estado puede y debe regular la publicidad para que no reproduzca imágenes estereotipadas o misóginas; puede fomentar la creación de cine, novela, historia, biografía, etc. que no invisibilice a las mujeres y que reconozca el papel que hemos desempeñado en la historia. El Estado puede intervenir en las conductas sexuales de los hombres que son nocivas para la humanidad; puede y debe establecer un diálogo con todos los líderes religiosos y de comunidades étnicas minoritarias para responsabilizarlos también de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es más, el Estado debe implementar literalmente miles de acciones más para lograr una verdadera igualdad entre los sexos, que tendrá como efecto la erradicación de lo que hemos conocido como la violencia de género contra las mujeres.
Algunas de esas estrategias tienen que ser personales, otras a nivel de movimientos de mujeres, otras en nuestras comunidades, etc. Pero es obvio que también el Estado, sus funcionarias y funcionarios, están obligados a implementar estrategias con la debida diligencia para transformar la cultura patriarcal, que es la causa principal de la violencia contra las mujeres.