La crisis española no es sólo económica. Existe un trasfondo político si cabe más preocupante pues, cada vez más, la sociedad española se pregunta sin respuesta el porqué de muchas situaciones. Por ejemplo, por qué el poder político se muestra incapaz de proteger a la ciudadanía frente al drama social de los desahucios. Por qué […]
La crisis española no es sólo económica. Existe un trasfondo político si cabe más preocupante pues, cada vez más, la sociedad española se pregunta sin respuesta el porqué de muchas situaciones.
Por ejemplo, por qué el poder político se muestra incapaz de proteger a la ciudadanía frente al drama social de los desahucios. Por qué el poder político favorece un (doble) rescate multimillonario al sector bancario y las familias españolas azotadas por la crisis no encuentran atisbo de auxilio alguno por parte de aquél. Por qué se privatiza la educación y la sanidad a la vez que son precarizados los servicios públicos de manera convencida o por qué se pone fin a la justicia gratuita.
En definitiva, por qué se segrega a la ciudadanía entre ciudadanía de primera clase y ciudadanía de segunda clase, y por qué se reduce el Estado, se desprotege a la sociedad civil y se actúa conforme dictan especuladores y mercado. La respuesta al problema reposa en la necesidad de más política y mejores políticos.
El Estado debe ser interpretado no como un instrumento a reducir en tiempos de crisis sino todo lo contrario. Es decir, debe erigirse como un verdadero motor dinamizador de la economía y de las prestaciones sociales y no como el elemento a menoscabar, como ha pretendido siempre la ortodoxia neoliberal, y tal y como se ha llevado a cabo en los modelos de Welfare State de carácter anglosajón. Modelos donde el Estado queda reducido al mínimo en detrimento de la economía y de convertir el sentido de ciudadanía en el de mero cliente de servicios.
Un ejercicio de mayor política de Estado requiere de mejores políticos. Políticos con un verdadero sentido de lo público, que no encuentren en ello el caldo óptimo de cultivo desde hacer negocios y corruptelas. Políticos que, como depositarios de la soberanía del pueblo, representen a la sociedad española y se vean repercutidos por las decisiones que adoptan. Por ejemplo, no puede ser que una semana se esté discutiendo en el Congreso la postergación de la jubilación a los 67 años con una base de cotización de 35 años, y a la siguiente, se blinden pensiones vitalicias para aquellos diputados que permanezcan en el cargo dos legislaturas.
La crisis política en España, de todos modos, es mucho más. Es la necesidad de revisar un extemporáneo e inmovilista orden constitucional que fue diseñado, mayormente, por las familias provenientes del franquismo -continuistas y reformistas- y que dieron a España una constitución democrática de mínimos a tenor de entender que su sociedad se encontraba inmadura para miras más altas.
En definitiva, es la necesidad de una segunda transición democrática donde la vieja guardia política quede rejuvenecida y donde sociedad española sea la verdadera protagonista, marcando los designios de instituciones – ley electoral, monarquía, organización territorial del Estado- que, cuando menos, hoy por hoy, requieren ser profundamente revisadas y que se encuentran, sin duda, en el trasfondo de la actual crisis de España.
Jerónimo Ríos Sierra es investigador en ciencias políticas y sociología de la Universidad Complutense de Madrid
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.