Lo primero es definir una cuestión de principios: ¿es aceptable que una empresa privada patente variedades de vida: una planta, un animal? En este momento, la política colombiana, expresada a través de las normas de la Comunidad Andina, se opone a ello.
Desde hace algunas semanas, este periódico ha prestado particular atención a uno de los puntos clave de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. Se trata del capítulo de propiedad intelectual, en el cual Washington se muestra cada vez más exigente -pide más a Colombia de lo que pidió a México, por ejemplo- y menos flexible. Con razón señaló el ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, al finalizar la ronda de negociaciones en Atlanta, que la presión de Estados Unidos para que aceptemos la ampliación de lo patentable y la extensión de los derechos intelectuales en el tiempo confirma que esta área es «de interés estratégico» para la contraparte.
Si en siglos anteriores la capacidad de producir y distribuir bienes marcó las diferencias entre países, el recurso crítico para ampliar la brecha es ahora el conocimiento. En la medida en que el conocimiento sea privativo de una sociedad durante mucho tiempo, su poder sobre las demás se incrementará y extenderá. De allí la importancia que Estados Unidos concede a las patentes biotecnológicas. Pero como la biodiversidad -la variada riqueza del mundo natural- es sobre todo patrimonio de los países en vías de desarrollo, el interés estratégico de los poseedores de esos bienes consiste en defenderlos de monopolios y explotaciones indebidas.
Lo primero es definir una cuestión de principios: ¿es aceptable que una empresa privada patente variedades de vida: una planta, un animal? En este momento, la política colombiana, expresada a través de las normas de la Comunidad Andina, se opone a ello. Tal posición es la de muchos países que tienen mucho que perder y poco que ganar cuando permitan que su diversidad natural se convierta en pasto de bufetes jurídicos y laboratorios multinacionales. Vale la pena anotar que a nivel multilateral (OMC-ADPIC) se acepta las patentes sobre microorganismos, que son una forma de vida. La Comunidad Andina lo hace desde el año 2000, pero su posición es la de no incrementar en forma alguna el ámbito de patentamiento hacia organismos superiores como plantas y animales. En igual sentido, Colombia, Ecuador y Perú ya se han pronunciado en forma enfática en las mesas de negociación del TLC.
Los partidarios del «copyright» biológico señalan que no se trata de patentar descubrimientos sino inventos; es decir, productos que incorporan una innovación. La fórmula parece lógica. Pero detrás de ellas se han escondido innumerables abusos, falsedades y engaños. Muchas firmas han entrado a saco en la sabiduría de comunidades tradicionales y se apresuran a obtener patentes sobre conocidos productos de las selvas americanas o las llanuras asiáticas que no figuran en la experiencia inmediata de las metrópolis europeas o norteamericanas. Por eso los países en desarrollo insisten en la obligación de probar el origen lícito del recurso biogenético que se pretende patentar. Cabe recordar lo ocurrido, entre otros, con los llamados fríjoles amarillos mexicanos (enola beans), patentados como si hubieran sido creación de laboratorio estadounidense y no obra de la aplicación popular milenaria; con la ayahuasca amazónica (yagé) o materia de una costosa disputa de derechos tras ser patentada por una multinacional; con el keff, gramínea secular etíope de la cual se registró como copropietaria a una firma holandesa; con cierta variedad tradicional de trigo indio del que hoy exhibe patente europea una conocida transnacional. Y aunque algunas de estas situaciones han sido corregidas por su obvia carencia de requisitos de patentabilidad, esto ha implicado costosos y largos procesos jurídicos. El descaro de algunas peticiones -ser dueño del ADN humano, por ejemplo- u onerosas actividades legales han evitado que conocimientos generales colectivos queden en el portafolio de «inventos» de una empresa.
******
No hay duda de que la explotación de patentes estimula la investigación y a menudo constituye justa recompensa a largos y costosos trabajos científicos. Pero tendrán que ingeniarse métodos de mercadeo más eficaces o fórmulas de venta más atractivas. Porque la catarata de biopiratería que se colaría por el grifo de las patentes biológicas constituye una amenaza ética contra la solidaridad humana. Por eso, en las negociaciones del TLC Colombia ha declarado la protección de la biodiversidad como interés estratégico; y por ello el Gobierno ha contratado los servicios de reconocidos expertos internacionales en la materia que respaldan a los negociadores del medio ambiente y propiedad intelectual. Se trata de reafirmar los límites actuales a la patentabilidad de las formas de vida y reforzar la posición negociadora en el TLC vía una activa gestión en los foros multilaterales pertinentes.
Dado que el patentamiento es estrictamente territorial, Estados Unidos tiene la completa autonomía de decidir qué patenta o no en su jurisdicción. De igual manera, los países andinos tenemos la facultad de exigir que en nuestros territorios se requiera el respeto al régimen de acceso a los recursos genéticos, asunto que Colombia desea quede resuelto en la mesa de negociación del TLC. Cabe anotar que el problema no son las patentes biotecnológicas en sí, sino el respeto al régimen de acceso a los recursos genéticos de la Comunidad Andina. Las patentes de planta y animales que reconoce E.U. en su territorio tienen una enfática oposición de los países andinos.
No estamos hablando de cosas menores, sino de impedir que se hipoteque el derecho de los futuros colombianos a conservar y disfrutar de la naturaleza. Y, más concretamente, de establecer cómo las patentes de plantas y animales pueden afectar la actividad agroindustrial y de investigación científica en países en desarrollo y otros desarrollados.
Editorial de El Tiempo de Colombia