España exporta al Sur Global miles de toneladas de pesticidas prohibidos en la UE, aplicando un “doble rasero” que prioriza el beneficio comercial sobre la salud y la biodiversidad exterior.
La ley señala: “prohibido”. Y luego añade, a
pie de página: “salvo para exportación”. En ese pliegue del lenguaje
jurídico se condensa una concepción de nuestro mundo. España no permite
el uso de determinados pesticidas porque los considera demasiado
peligrosos para sus gentes, sus ríos, y sus suelos agrícolas. Esa
peligrosidad, sin embargo, no impide que sigan formulándose y
fabricándose. ¿Para qué? Para venderlos fuera. El riesgo se desplaza y,
en ese movimiento, se convierte en mercancía destinada a otros
territorios, a otros cuerpos, a otras estadísticas sanitarias.
Solo en 2023, España autorizó la exportación de más de 17.000 toneladas de pesticidas prohibidos en la Unión Europea, según el informe Doble
rasero, doble riesgo de Ecologistas en Acción. No es un caso aislado: a
escala europea, las empresas de la UE notificaron en 2024 el envío de
cerca de 122.000 toneladas, un 50% más que en 2018, según una investigación
de Public Eye. Y eso pese al compromiso que la Comisión Europea
adquirió en 2020 de poner fin a esta práctica, en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad Química.
Algunos países han empezado a actuar por su cuenta. Francia fue la
primera en prohibir estas exportaciones, aunque la ley dejó un hueco:
vetaba el producto formulado pero no la sustancia activa a granel, lo
que permitió a la industria seguir enviando miles de toneladas para ser
mezcladas fuera de Europa (investigación de Unearthed, Greenpeace). Bélgica aprobó un decreto similar, en vigor desde 2025.
En España, nada. Ni debate legislativo, ni iniciativa parlamentaria. Toda la presión ha venido de la sociedad civil. En 2021, el gobierno respaldó en el Consejo de la UE el compromiso de acabar con el doble rasero. Cinco años después, no ha dado un solo paso para cumplirlo. Y si se consultan hoy las estadísticas de la ECHA, esto es lo que aparece: en 2004, España registró 35 notificaciones de exportación de químicos peligrosos. En 2010, 398. En 2020, 975. En 2025, 1.345. Casi cuarenta veces más en dos décadas. Y en enero de 2026, más de mil nuevas notificaciones, 327 sustancias con 105 países de destino. Mientras otros legislan, España planifica envíos.
Detrás de esas cifras hay nombres. El fipronil es uno de ellos, un insecticida que Europa fue retirando desde 2013 hasta prohibirlo por completo en 2017. ¿El motivo? Mata abejas. Así de simple. Y, sin embargo, entre 2022 y 2025, España notificó 22 envíos de formulaciones con fipronil hacia Honduras, Panamá, Nicaragua y El Salvador, según los registros de la ECHA. Las 22 notificaciones contienen además imidacloprid, un neonicotinoide que la propia UE restringió en 2018 por su toxicidad para los polinizadores. Dos sustancias letales para las abejas, combinadas en un mismo envase, con destino a una región donde ya se están muriendo. El producto cruza el Atlántico. Llega a los campos de piña y banano de Centroamérica. ¿Y qué ocurre cuando aterriza? En Costa Rica, el Servicio Nacional de Salud Animal confirmó en 2022 la muerte de más de cinco millones de abejas en Orotina por intoxicación directa con fipronil. No fue algo puntual. Según la Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura, solo en 2021 el país perdió más de 18 millones de abejas en seis episodios diferentes de intoxicación masiva. Al ritmo actual de mortalidad, según datos de la propia Cámara, Costa Rica podría quedarse sin abejas antes de 2035.
Con el clorpirifós pasa algo parecido, solo que aquí el daño no se mide en colmenas, sino en cerebros. La UE lo prohibió en 2020 por sus efectos neurotóxicos, sobre todo en el desarrollo infantil. Se prohibió, sí, pero España siguió notificando exportaciones hacia Túnez entre 2023 y 2024. El clorpirifós llega a los campos de tomate y pimiento tunecinos y lo que ocurre allí ya está documentado: un estudio publicado en el Tunisian Journal of Plant Protection encontró, en alimentos de consumo cotidiano, residuos de clorpirifós que superaban en más de tres veces la dosis de referencia aguda para niños. No es un caso aislado. El Informe del Artículo 10 de la ECHA registra envíos europeos de clorpirifós también hacia Cuba, Bangladés o Kazajistán. Y a Túnez llega, además, desde España, otra sustancia que la UE retiró también en 2021: el mancozeb, un fungicida que daña la fertilidad y altera el sistema hormonal. Es el mismo producto que las avionetas descargan cada semana sobre las plantaciones de banano de Centroamérica. En Matina, Costa Rica, Lidieth Gómez lleva veinte años viviendo bajo esas fumigaciones: “Cada vez que pasan los aviones, me empiezan a arder los ojos y me pica la piel”.
Y luego está el diazinón. Un organofosforado que la IARC (la agencia de cáncer de la OMS) clasificó en 2015 como “probablemente cancerígeno”, con evidencia de vínculo con linfoma no-Hodgkin y cáncer de pulmón. El Agricultural Health Study, el mayor estudio
epidemiológico sobre aplicadores de pesticidas en Estados Unidos,
confirmó un aumento del riesgo de cáncer de pulmón entre quienes más lo
manipularon. ¿Y aun así? España notificó al menos 171 envíos de diazinón
entre 2009 y 2024 hacia 30 países, entre ellos Guatemala, donde la ECHA
registra envíos cada año entre 2020 y 2024. En el altiplano
guatemalteco, la investigadora Liza Grandia (UC Davis) documenta
lo que significan estos datos sobre el terreno: unos 18.000 pequeños
agricultores, la mayoría indígenas mayas, cultivan brócoli, bayas y
guisantes para la exportación. Manipulan los pesticidas sin equipo de
protección, sin formación y, a menudo, sin saber siquiera qué contienen
los envases, porque nadie a lo largo de la cadena se responsabilizó de
que lo supieran. Las estimaciones hablan de entre 10.000 y 30.000
intoxicaciones anuales en el país.
Iris Marion Young se preguntó
qué ocurre cuando la injusticia no la produce un infractor, sino un
sistema en el que todos participan dentro de las normas aceptadas. Su
modelo de conexión social (Responsibility for Justice, 2011) argumentaba
que hay estructuras que se reproducen precisamente porque cada gesto
que las sostiene es, por separado, irreprochable. Firmar una
autorización, tramitar una notificación, cargar un contenedor.
Encadenados, producen un daño que nadie asume como propio. Puede parecer
que España no envenene de manera directa. Pero autoriza, notifica,
exporta. La responsabilidad existe, argumentaba Young. Pero es
compartida, y por eso la acción aislada no basta. Si una compañía deja
de fabricar el producto, otra lo fabricará. Si un país deja de
exportarlo, otro lo exportará. Solo cambiando las reglas del sistema se
dejará de producir el daño. ¿Qué pasa cuando nadie las cambia?
No hace falta recurrir a conspiraciones para entender por qué la maquinaria sigue en marcha. Se sostiene sobre dos pilares. El primero es legal: el Convenio de Rotterdam y su principio de Consentimiento Fundamentado Previo. La idea es que ningún país debería recibir un químico peligroso sin saberlo y sin haber aceptado el riesgo. Pero el consentimiento exige condiciones que el propio sistema no garantiza; exige agencias reguladoras con capacidad técnica para evaluar lo que reciben, y muchos países importadores no las tienen; exige acceso a la información, y buena parte de las sustancias que salen de España ni siquiera figuran en los listados más estrictos del convenio. El consentimiento exige, en fin, algo parecido a la igualdad entre las partes. Y eso es precisamente lo que no existe. Lo que queda es un protocolo que permite afirmar, cuando alguien pregunte, que todo se hizo conforme a la norma. El segundo pilar es económico: para los fabricantes, vender fuera sale más barato que desmantelar líneas de producción o invertir en alternativas. Pero el argumento que la industria lleva años esgrimiendo, que “la prohibición destruiría empleo”, no se sostiene. Cuando Francia vetó estas exportaciones en 2022, las empresas reubicaron a sus trabajadores. Un estudio de Le Basic, encargado por PAN Europe, calculó que una prohibición en toda la UE pondría en riesgo 25 empleos. Veinticinco. Lo que sostiene el modelo no es la necesidad económica; es el beneficio privado de quienes lo operan.
Debajo asoma una jerarquía. Judith Butler hablaba de las vidas lloradas, y de las que no lo son. No porque importen menos, sino porque nunca fueron aprehendidas como vivas. En Vida precaria (2004) y después en Marcos de guerra (2009), Butler argumentó que existen marcos previos a cualquier juicio moral: operaciones de poder que determinan qué cuerpos se perciben como dignos de protección y cuáles no. Una agricultora maya intoxicada en Guatemala no aparece en ningún registro europeo. Una comunidad tunecina expuesta al clorpirifós, tampoco. El daño existe, pero ocurre fuera del marco. Y lo que queda fuera del marco no se nombra, no se llora, no se cuestiona.
Que la UE necesita un reglamento vinculante que prohíba estas exportaciones no admite ya ningún debate. Pero la parálisis de Bruselas no es coartada para la inacción nacional; ya se ha visto voluntad política en otros casos (Francia, Bélgica). Nada impide a España poner fin a la exportación de sustancias que considera demasiado peligrosas para su propia población. Ni tampoco ejercer la presión política necesaria para que la Unión Europea haga lo mismo. Lo más inquietante de esta maquinaria no es que sea ilegal. Es que no lo es. Cada autorización tiene su sello, cada notificación su registro, cada envío su base legal. Nadie infringe la norma. Nadie asume el daño. Y mañana habrá nuevas notificaciones, nuevos contenedores, nuevos campos fumigados al otro lado de una frontera que, para el veneno, no existe. La injusticia no se esconde. Simplemente tiene los papeles en regla.
Naia Ormaza Zulueta es investigadora postdoctoral de la Universidad de Columbia Británica. David R. Boyd es profesor de la Universidad de Columbia Británica.