La orden de detención y extradición de la jueza argentina María Servini contra cerca de veinte torturadores españoles sienta por fin las bases de una justicia universal que no reconoce fronteras en los crímenes de lesa Humanidad y cuyo objetivo es impedir a los genocidas evadir impunemente la responsabilidad de sus actos. El intento de […]
La orden de detención y extradición de la jueza argentina María Servini contra cerca de veinte torturadores españoles sienta por fin las bases de una justicia universal que no reconoce fronteras en los crímenes de lesa Humanidad y cuyo objetivo es impedir a los genocidas evadir impunemente la responsabilidad de sus actos.
El intento de encarcelar de por vida a estos criminales -entre los que hay que resaltar la presencia del psicópata Rodolfo Martín Villa junto a varios altos cargos de la Guardia Civil y la policía-, no cae en saco roto y se enmarca dentro de una recíproca colaboración hispano-argentina en materia de persecución del crimen y el terrorismo de Estado que el juez español Baltasar Garzón inició hace más de diez años.
La orden de detención contra veinte ciudadanos españoles acusados de crímenes contra la Humanidad ha conmocionado a toda la población española, en especial a aquellos supervivientes de la dictadura (o de la misma «transición democrática», tanto monta, monta tanto) que siguen hoy gozando de la misma impunidad que tenían bajo el régimen franquista.
Por supuesto que todos sabemos por donde se van a pasar la orden de la jueza argentina los miembros del poder judicial en España. En este sentido, no caben ilusas expectativas de que si el PSOE llegara en un futuro inmediato a gobernar este país, el nuevo ejecutivo del gobierno accedería a entregar a la justicia argentina a esta veintena de criminales de lesa humanidad que campean a sus anchas por España.
Por supuesto que ninguno de ellos va a perder la protección que les brinda España. Gozan de una impunidad previamente pactada. Uno tras otro, todos los gobiernos que este país ha tenido desde 1977 han respetado este pacto de silencio en lo que a torturas y asesinatos del régimen franquista se refiere. Los que presidió Felipe González incluso no dudaron en montar nuevas redes de terrorismo de Estado (los conocidos como GAL) con las que institucionalizaron torturas, secuestros y asesinatos políticos.
Por supuesto que jamás veremos a ninguno de estos acusados sentados en el banquillo de la jueza argentina María Servini. El expolicía Antonio González Pacheco, conocido bajo el alias «Billy el Niño», autor de las atrocidades más inimaginables en materia de torturas, fue requerido hace dos años por la misma jueza argentina y en la actualidad sigue «libre y suelto» por las calles de España. Todo gracias a la munificencia y la complicidad de los impúdicos jueces de la Audiencia Nacional de España.
Lo que esta sentencia, venida del otro lado del charco, sí que demuestra al mundo entero es la abyecta complicidad que en materia de tortura y asesinato político han mantenido y mantienen las instituciones judiciales españolas. La justicia de nuestro país ha sido -y continúa siendolo- cómplice de todos estos criminales y abominables actos. Todas las instituciones judiciales, desde el juzgado de instrucción al Consejo General del Poder Judicial, pasando por juzgados penales, fiscalías, audiencias provinciales, Tribunal Supremo y hasta el mismísimo Defensor del Pueblo, se han conjurado para no tocar nunca ni uno sólo de los crímenes, ni una sola de las torturas heredadas de la dictadura. Gracias a los jueces, vocales y altos magistrados que dirigen estas corruptas instituciones judiciales, tanto los criminales de la dictadura como los de la heredada «democracia» siguen gozando en España de una impunidad absoluta.
La orden de detención de la jueza argentina, sin embargo, sí que abre una preocupante brecha en el bunker judicial español. Por esa brecha veremos a partir de ahora supurar la inmunda pus en que está anegada la depravada justicia española. Del mismo modo, la orden venida de la corte latinoamericana sienta las bases para que un nuevo concepto de justicia se imponga en España.
Cuando el frágil régimen dictatorial en el que vivimos ahora -bajo el deleznable absolutismo del PP- se venga abajo, habrá que imponer un sistema efectivo de justicia que responda al principio de «quien la hace la paga». Bajo este nuevo concepto y sin necesidad de extraditarlos a la Argentina, se iniciará una severa y ejemplarizante actuación contra estos veinte torturadores y asesinos que reclama la jueza María Servini, los mismos que hasta ahora han gozado de absoluta impunidad bajo la cómplice protección que les brinda la justicia española.
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