Distinguidos miembros de la Presidencia, Estimados delegados e invitados, Permítame en primer lugar expresar la profunda satisfacción y gratitud que experimentamos los juristas cubanos, en particular los integrantes del Sistema Judicial, por la presencia entre nosotros de tan numeroso y calificado grupo de profesionales, estudiosos y operadores del Derecho, provenientes de 20 países de Latinoamérica, […]
Distinguidos miembros de la Presidencia,
Estimados delegados e invitados,
Permítame en primer lugar expresar la profunda satisfacción y gratitud que experimentamos los juristas cubanos, en particular los integrantes del Sistema Judicial, por la presencia entre nosotros de tan numeroso y calificado grupo de profesionales, estudiosos y operadores del Derecho, provenientes de 20 países de Latinoamérica, Europa y África.
La calurosa acogida dispensada por los colegas de otras naciones aquí presentes a la convocatoria de este encuentro, el quinto organizado por el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, constituye sin dudas una muestra de consideración y respeto hacia nuestros órganos judiciales y, mediante ellos, hacia nuestro país y su pueblo resuelto, digno e inclaudicable frente a asedios y amenazas de cualquier tipo. Ello refuerza nuestro empeño en corresponderles con el despliegue de la sincera y fraterna hospitalidad que nos caracteriza.
Destaco, con especial énfasis, el alto honor que significa para todos los aquí reunidos, compartir estas jornadas con las prominentes autoridades cubanas que nos acompañan junto a ilustres personalidades de naciones hermanas que prestigian sobremanera esta reunión que igualmente se honra con la presencia de distinguidos representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en el país.
El propósito de este evento es, nuevamente, propiciar la reflexión, el debate y el intercambio técnico-profesional y académico en torno a diversos temas de naturaleza jurídica, vinculados directa e indirectamente con la actividad jurisdiccional, que puedan servir de provecho de cara a los procesos de actualización y evolución de concepciones y prácticas que en relación con el Derecho y la Administración de justicia tienen lugar en la mayoría de nuestros países.
En Cuba nos mantenemos en el empeño de alcanzar niveles superiores de eficiencia y eficacia en la labor judicial y jurídica en general y, en aras de lograrlo, trabajamos en la revisión crítica de disposiciones, procedimientos y prácticas establecidas, para modificarlas en lo pertinente y atemperarlas a las actuales necesidades y circunstancias del país y sus perspectivas. De esa manera el Derecho y la Justicia se insertan como corresponde, en la dinámica de evolución progresiva que se opera en las esferas económica, política y social del país.
De ahí que apreciemos muy positivamente oportunidades como las que ofrece este congreso para escuchar e intercambiar experiencias y punto de vista, que nos ayuden a enriquecer el arsenal de ideas y enfoques que impulsan y sustentan el perfeccionamiento de la actividad judicial para hacerla más accesible, inclusive, garantista, inmediata y efectiva.
Aún así, creo importante significar que, por razones que nos parecen obvias, en Cuba consideramos que el sistema jurídico y judicial del país sólo funciona con la debida efectividad y eficacia si se estructura consecuentemente atemperado a las condiciones contextuales de nuestro entorno, aunque sin perder de vista el necesario e imprescindible referente recogido en convenciones internacionales y las experiencias foráneas afines. En tal sentido evitamos traspolar mecánicamente a nuestro ordenamiento sustantivo o procesal disposiciones o prácticas que no se avengan con la idionsicracia, cultura y valores del pueblo cubano y el nivel de desarrollo de nuestra sociedad.
La experiencia enseña con suficiente elocuencia que allí donde se olvidan de estos condicionamientos y postulados, el sistema jurídico resulta una entelequia inoperante e inefectiva para su población, que es su principal destinataria, y deja por tanto de cumplir su función y cometido. El «esnobismo» y el «vanguardismo» jurídico a ultranza conducen a perder el contacto con la realidad circundante, a contrapelo de las necesidades concretas y palpables de lo circunstancial y específico de cada escenario nacional o regional.
A los colegas que nos visitan por primera vez o carezcan de suficiente información sobre el sistema judicial cubano les adelanto que su posicionamiento está expresamente refrendado por la Constitución y la Ley, y se estructura y funciona sobre la base de los principios de independencia judicial, unidad de jurisdicción, integración colegiada de todos los órganos judiciales, participación popular directa en la administración de justicia y carácter electivo, inamovible, responsable y revocable de los jueces, entre otros aspectos que le confieren a este sistema la incuestionable juridicidad y legitimidad que sólo pretenden negar quienes lo examinan desde una óptica sesgada por prejuicios ideológicos tendenciosos y aviesos, al estilo de patrones hegemónicos dictados ya se sabe donde.
Los adversarios del Socialismo Cubano, liderados como se conoce por el gobierno norteamericano, mantienen una furibunda campaña difamatoria contra nuestro país en todos los ámbitos; los tribunales de justicia, los procesos y las decisiones judiciales que aquí tienen lugar no escapan a su ponzoñosa alaraca. No obstante en esta actividad, como en cualquier otra, la realidad palpable e incuestionable de lo que en Cuba acontece echa por tierra toda falacia o patraña malintencionada. La transparencia en la actuación de nuestros órganos judiciales, su apego a la Ley y al Debido Proceso; el carácter abiertamente popular e inclusivo de sus integrantes, son prueba irrefutable de que, más allá de dificultades y aspectos perfectibles, nuestra administración de Justicia constituye también una conquista de la Revolución, con un desempeño superior al que pudieran mostrar aquellos que se autoevalúan como paradigmas de democracia y adalides del Derecho. Este cónclave les permitirá a los participantes constatar la certeza de lo anteriormente expresado.
Por otra parte el programa científico del congreso incluye varias proyecciones de interés y actualidad acerca de modestas experiencias cubanas relacionadas con la administración de justicia en temas como el sistema de control judicial y social al cumplimiento de las penas sustitutivas de la privación de libertad y de los beneficios de excarcelación anticipada; así como la relativa a los procesos vinculados al derecho de familia, con creciente inclusión de enfoques multidisciplinarios y el reforzamiento de la oralidad, entre otras novedades.
De gran interés e impacto en ese sentido resultan también las transformaciones que desde hace algunos años se vienen operando en el sistema penitenciario del país sobre la base de concepciones muy avanzadas en relación con el papel de la educación, la cultura y el deporte en la rehabilitación de las personas que cumplen sanciones de internamiento; lo que también incluye la implementación de condiciones que favorecen los vínculos sistemáticos de estas personas con su familia y la sociedad.
No creo necesario extenderme ahora en detalles al respecto. Los participantes en este encuentro tendrán oportunidad de escuchar las exposiciones que en relación con algunos de estos temas realizarán destacados juristas y especialistas; además de la posibilidad de profundizar en los ricos intercambios que solemos sostener, más allá de los reducidos espacios de tiempo y lugar consagrados al programa científico del evento.
Creo prudente de mi parte anticiparles, que si bien no encontraran al respecto ninguna novedad espectacular, seguramente podrán constatar que, más allá de imperfecciones y defectos, el sistema judicial y la administración de justicia en nuestro país funcionan con aceptable efectividad como garantes de la tutela y la seguridad jurídica de los ciudadanos y la sociedad y tienden a continuar consolidándose y avanzando, lo que determina que no padezcamos aquí la grave crisis de confianza de la población en las instituciones judiciales presente en no pocos lugares del mundo.
En razón de ello en Cuba albergamos la profunda convicción de que, tanto o más que las retóricas conceptuales y apologéticas o exquisiteces normativas, que tanto proliferan en ámbitos oficiales o académicos, son los hechos y realidades que acontecen, cotidiana o eventualmente, en el escenario en que se imparte justicia, los que dicen la última palabra acerca de la objetividad, intensidad y extensión con que se materializa la necesaria interacción entre Constitución, democracia y actividad judicial.
El sentido de lo justo, el discernimiento y la sensatez aparecen generalmente en la mayoría de los seres humanos, con independencia de que tengan o no conocimientos especializados en Derecho; de la misma forma pueden estar ausentes, de manera permanente o momentánea, en algunos dotados de conocimientos técnicos o científicos en el orden jurídico. Por ello un Poder Judicial que se precie de ser democrático no debe subestimar nunca la percepción que pueda tener la ciudadanía en general sobre el nivel de acierto con que se cumple nuestra compleja misión.
Los asuntos que se ventilan en los tribunales de justicia en cualquiera de las disciplinas jurídicas (penal, de familia, civil, etc.) suelen reflejar en lo fundamental conflictos que tienen su génesis en el ámbito de las relaciones sociales y, por tal razón, cualquier intento por encontrarles una solución justa, democrática y razonable, además del necesario sustento legal, debe contener, cuando corresponde, un enfoque que no pierda de vista esa dimensión humana que los caracteriza.
Dicho de otro modo, el carácter verdaderamente democrático de la impartición de justicia también tiene que ver con la capacidad real de los jueces de tomar en cuenta, para sus análisis y decisiones, junto a las normas y disposiciones aplicables al caso que se enjuicia, los factores circunstanciales y contextuales concomitantes con los hechos y las personas involucradas en el asunto sometido al arbitrio judicial. Debemos tener siempre presente que los jueces juzgan, pero a la vez son permanentemente enjuiciados en su desempeño por la sociedad en cuyo nombre, según usual mandato constitucional, se ejerce la función. Es un contrasentido, en nuestra opinión, llamar «democrático» a un Poder Judicial que actúa tras bambalinas y de espaldas a la generalidad de la ciudadanía de su país.
Partiendo de los criterios expresados con anterioridad, uno de los rasgos distintivos fundamentales de la actividad judicial en Cuba consiste en la actitud subjetiva asumida por los jueces, sobre la necesidad de ejercer su función como un verdadero e importante servicio a la sociedad, para cuyo cumplimiento cabal se requiere, ante todo, de un profundo sentido de justicia.
Esa postura de los jueces cubanos es, naturalmente, resultado de la plena conciencia sobre la trascendencia de nuestra misión adquirida al calor del propio proceso revolucionario cubano y su perenne lucha, desde hace más de medio siglo, por materializar el sueño anhelado del Héroe Nacional José Martí y de otros próceres de nuestras gestas emancipadoras de construir una nación «con todos y para el bien de todos», basada en la solidaridad humana, la cohesión social y la dignidad plena del hombre y de la mujer, con el propósito, raigal y explícito, de «conquistar toda la justicia».
He querido destacar deliberadamente el carácter decisivo que implica en nuestro caso, la actitud subjetiva de los jueces en el desempeño de la labor jurisdiccional, porque al tener bajo su atribución la dirección de los procesos judiciales y la potestad de decidir conforme a derecho, el litigio sometido a su juicio; la manera en que se posicionen y conduzcan a sí mismos los juzgadores, durante la realización de los distintos actos procesales, puede determinar, y con frecuencia determina, la materialización concreta, o no, de los principios que informan la Constitución misma y el resto del ordenamiento jurídico del país, incluyendo las normas que regulan los procedimientos judiciales.
Partiendo de la consideración anteriormente expresada, el Sistema de Tribunales de la República de Cuba presta tanta atención a la formación y desarrollo profesional continuo de los jueces en temas científico-técnicos de derecho procesal y sustantivo, como en aquellos vinculados con el afianzamiento de la ética judicial en el desempeño y los relacionados con informaciones de interés territorial, nacional e internacional.
Para nosotros, cada acto y decisión judicial, además de su incuestionable fundamento legal, debe caracterizarse por la transparencia, sensatez y ponderación que entrañe. Ninguna decisión absurda e irracional debe ampararse en una justificación legal. En materia de justicia, creemos firmemente que las insuficiencias serán siempre más atribuibles a los jueces que a las leyes.
Esos perfiles esenciales definen el modelo de juez y de justicia que exige la sociedad cubana de hoy, y materializarlos constituye nuestro mayor empeño, en el entendido de que, aun cuando la mayoría del pueblo cubano muestra confianza en la actuación de sus jueces y tribunales, todavía existen deficiencias de nuestra parte por erradicar.
Nada de lo dicho hasta aquí debe entenderse en contraposición a la plena vigencia del principio de independencia judicial. Más bien debe asumirse como complemento necesario e imprescindible para que su ejercicio no rebase los límites de lo verdaderamente democrático en la administración de justicia, con sus componentes de imparcialidad, transparencia y eficacia. Resulta totalmente irracional que la insoslayable independencia objetiva y subjetiva que debe amparar a los jueces sirva de manto protector al libre albedrío, la anarquía y la irresponsabilidad en el desempeño de esa trascendental función. Cuando así sucede, son inevitables las crisis de confianza de la población en las instituciones judiciales, como ocurre en no pocos lugares.
La libertad de los jueces para tomar decisiones sin interferencias ni influencias ajenas al proceso, necesita de control social como correlato que les prevenga de caer en las antípodas de lo justo, lo ético y lo legal. Quienes se alarman y rasgan sus vestiduras ante esta posibilidad prefieren la arbitrariedad a la justicia, los turbios conciliábulos al actuar transparente, la impune prevalencia de intereses ocultos a la tutela de los derechos legítimos.
El juez que se precia de actuar con verticalidad ética y profesional, sabe por demás que tiene en sí mismo al principal garante de su independencia para juzgar. Si es genuflexo, influenciable o corrupto ninguna barrera normativa o institucional impedirá que ceda ante presiones, sobornos o intentos sutiles de predisponer su criterio, y tendrá que lidiar indefectiblemente con ellos mientras ejerza la profesión.
Precisamente por defender ese fuerte compromiso con la justicia y la ética y porque concebimos que el desempeño legítimo de la función judicial supone siempre la actitud digna y responsable de quienes la ejercen, es que repudiamos profundamente las veleidades y turbios manejos a que se prestan ciertos órganos judiciales en algunos sitios del mundo, donde se pone de manifiesto una evidente prostitución de la profesión por parte de jueces venales que colocan sus togas y sus conciencias al servicio de mezquinos intereses, mancillando el honor y prestigio de la magistratura.
De ahí que siendo consecuentes con esos principios y sintiéndonos parte indisoluble de este pueblo digno, heroico y batallador, es que los jueces y demás juristas cubanos, reiteramos nuestra profunda indignación y protesta por el amañado y parcializado juicio, violatorio de las garantías del debido proceso, de la Constitución y las normas procesales de los Estados Unidos de Norteamérica , mediante el que han resultado injusta y severamente sancionados por un tribunal de aquel país y por razones indudablemente políticas, cinco jóvenes cubanos (a los que nuestro pueblo reconoce como Héroes de la República de Cuba) cuya única «falta» consistió en haber procurado información acerca de los tenebrosos planes de grupos mafiosos y terroristas radicados en la Florida, para que tanto el pueblo de Cuba como el de Estados Unidos pudieran protegerse de sus programadas acciones de destrucción y muerte.
Estimados colegas, amigos y amigas que nos visitan:
Cuba les acoge hoy en pleno apogeo de su empeño por construir una sociedad mejor, integrada por hombres y mujeres cada vez más cultos, dignos y libres. Para lograrlo continuaremos enfrentando grandes obstáculos y desafíos pero sabremos vencerlos con determinación, unidad y convicción infinita de que ese mundo mejor es posible.
Esperamos que su presencia entre nosotros les permita también conocer parte de las bondades y bellezas de este país, así como su rico patrimonio histórico, cultural y social. Sobre todo no dejen pasar la oportunidad de conocer el gran tesoro de esta isla que es su gente, esa que pese a las adversidades no claudicará en su empeño de hacer realidad el sueño de nuestro Héroe Nacional José Martí de conquistar toda la justicia.
¡Sean todos y todas bienvenidos al Congreso!
¡Declaro inaugurado el «V Encuentro Internacional Justicia y Derecho»!
Muchas Gracias