La criminalización de la manta pone sobre la mesa una pregunta: ¿la ciudad es de todas las personas que viven en sus espacios o solo de algunos y específicos intereses económicos y políticos?
El trabajo ambulante se puede entender en Italia y España hoy en día a través de la combinación de tres conceptos claves, que son derecho a la ciudad, legitimidad y represión. La primera se refiere a la relación entre espacio publico, intereses económicos y poblaciones legítimas. La segunda se refiere a la pregunta: ¿el trabajo ambulante es un trabajo legítimo o es una cuestión de orden público? La tercera tiene estricta relación con lo que está pasando en Italia y España en cuanto a la profundización de la conversión de la presencia de los trabajadores y las trabajadoras ambulantes en un tema de control social, con específicas medidas públicas de policía, discursos y campañas contra esta presencia.
El tema del derecho a la ciudad tiene relación con las transformaciones que han cambiado las poblaciones, las actividades económicas y los objetivos de las política urbanas, que, cada vez más, se han fundado en el apoyo a los procesos de gentrificación, que han definido como prioridad alcanzar (hablar de) la seguridad física y el decoro urbano, marginalizando la atención a la seguridad y la justicia social.
La gentrificación es un proceso que, como define Michael Janoschka, es «el resultado de ensamblajes económicos y políticos específicos y que provoca procesos de acumulación por desposesión mediante el desplazamiento y la expulsión de hogares de menores ingresos». También se manifiesta en la forma de gentrificación comercial, que sustituye consumidores y negocios, a través de la extracción de los recursos de consumidores con mayores ingresos, económicos y/o tiempo.
En consecuencia aparece una pregunta: ¿de quien es la ciudad? ¿La ciudad es de todas las personas que viven en sus espacios o solo de algunos y específicos intereses económicos y políticos? Con David Harvey, sabemos que, «por momentos, el derecho a la ciudad parece un grito lejano que evoca la universalidad de la Declaración de derechos humanos de la ONU», confirmando, como ha explicado Marx, que, «entre derechos iguales, la fuerza decide». Es decir, algunas poblaciones tienen más derecho a la ciudad que otras. En el momento histórico actual, los trabajos y las poblaciones que objetivamente -si no subjetivamente- cuestionan la gentrificación, los estilos de vida y consumo de tipo burgués, tienen un derecho a la ciudad reducido. Ahora es el momento, haciendo un ejemplo simple, del street food en tiendas en franchising todas arregladas, mientras la comida callejera se ha convertido en comida ilegal.
Las poblaciones no legítimas se han convertido en poblaciones peligrosas porque son definidas por los discursos políticos y los medios de comunicación como la fuente continua de problemas para la ciudadanía legítima. El caso del trabajo ambulante es particularmente evidente de la naturaleza de estas poblaciones porque casi la totalidad de los trabajadores ambulantes fuera de las áreas de los mercados está compuesta por extranjeros. Se habla, entonces, fácilmente de invasión, falta de seguridad, ilegalidad: características asociadas de forma mecánica a los extranjeros migrantes. Es, por lo tanto, racismo. Es racismo porque el orden del discurso está fundado en la idea que estas personas son ajenas a los contextos locales, no pertenecen, están fuera de lugar: son un fastidio, una molestia. Es racismo porque se sabe que la estructura económica y ocupacional está racializada y no hay alternativas económicas legales para muchas de estas personas.
Personas ilegítimas, trabajos ilegítimos; personas reducidas; personas ajenas a la sociedad: una construcción fortalecida cada día a través de políticas, como es el caso de los controles en las playas italianas de la mercancía de los ambulantes con secuestros de salvavidas, cubos y palas, o de la campaña permanente contra los trabajadores ambulantes en Madrid y Barcelona.
Lo que se verifica es, por un lado, la criminalización de trabajadores y trabajadoras convertidos en peligros públicos y, por el otro, la trasformación de las cuestiones laborales en cuestiones de orden público, hablando de la venta de ropa o zapato no regulares y de actividades irregulares. Son discursos instrumentales que olvidan cómo funcionan el neoliberalismo y los procesos de exclusión y racialización de parte de la población.
Esta parte de la sociedad tiene capacidad de acción, también a través de lo que Verónica Gago ha llamado neoliberalismo desde abajo, que «es la proliferación de modos de vida que reorganizan las nociones de libertad, cálculo y obediencia, proyectando una nueva racionalidad y afectividad colectiva». En consecuencia, frente a procesos de exclusión estructural, las poblaciones se organizan: los trabajadores ambulantes lo hacen reivindicando su derecho a la ciudad, es decir, a la venta no criminalizada en los espacios urbanos, cuestionando las relaciones de fuerza que han gentrificado las ciudades italianas y españolas en las últimas dos décadas. Ellos proponen, de hecho, otra ciudad, una ciudad de y para todos y todas: escuchar y reconocer sus propuestas significa abrir la posibilidad a la construcción de ciudades más justas desde el punto de vista económico y social.
Fuente: http://www.elsaltodiario.com/venta-ambulante/trabajo-ambulante-y-derecho-a-la-ciudad