El Acuerdo sobre Gibraltar alcanzado en el marco de la negociación sobre Brexit entre la Unión Europea y Reino Unido es muy positivo para España y «el más importante desde el Tratado de Utrecht en 1713», así celebraba el ministro de Exteriores Josep Borrel en su cuenta de Twitter. Comparar este acuerdo con el Tratado […]
El Acuerdo sobre Gibraltar alcanzado en el marco de la negociación sobre Brexit entre la Unión Europea y Reino Unido es muy positivo para España y «el más importante desde el Tratado de Utrecht en 1713», así celebraba el ministro de Exteriores Josep Borrel en su cuenta de Twitter. Comparar este acuerdo con el Tratado de Utrecht, cuanto menos me parece entre exceso verbal y tomadura de pelo. No es de extrañar; ya conocemos su una particular visión de la historia sobre el exterminio de nativos americanos: «Lo único que han hecho es matar a cuatro indios».
Los jefes de Estado y de Gobierno europeos aprobaron el acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE que fija las condiciones de la separación y de las futuras relaciones entre ambas partes. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en relación al contencioso de España sobre Gibraltar manifiesta: «He hablado con el presidente y el Rey, y el acuerdo que hemos cerrado es un buen acuerdo para España».
La primera ministra británica, Theresa May, aseguró en el Parlamento británico que «el Gobierno español no ha obtenido lo que quería con Gibraltar», que «quería cambiar el texto del acuerdo y no lo logró». Reino Unido no ha abandonado ni defraudado a Gibraltar y recalcó que el texto legal del Tratado de salida no ha sido cambiado. Para el ministro Borrell, España ha conseguido negro sobre blanco, lo que pretendía conseguir en la negociación del Tratado del Brexit, que cualquier negociación futura sobre Gibraltar debe tratarse aparte y contar con «el acuerdo de España».
Según Pedro Sánchez, «con el Brexit perdemos todos, especialmente Reino Unido, pero en relación con Gibraltar, España gana». A su juicio, las garantías conseguidas por España sobre Gibraltar refuerzan su posición para hablar en el futuro «de todo» con Reino Unido, incluida la cosoberanía del Peñón. España, añadió, que está en disposición de acometer el amplio diálogo pendiente con el Gobierno británico sobre la soberanía de Gibraltar, una cuestión «enquistada desde hace 300 años», desde una «posición de fortaleza que no habíamos tenido nunca».
Desde España y para la oposición no se ven las cosas de la misma forma. Tanto el PP como Ciudadanos descalificaron el acuerdo conseguido sobre Gibraltar y tacharon al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de vendedor de humo. El líder del PP, Pablo Casado, adelantó que «seguirá pidiendo un Gibraltar español» tras el fracaso histórico de Sánchez en la negociación del Brexit. A su entender, de nada sirven las cartas del presidente del Consejo y de la Comisión Europea ni las cartas del embajador en Bruselas del Reino Unido, porque no son jurídicamente vinculantes, de las que se rien tanto Theresa May como Fabián Picardo. Para Albert Rivera el acuerdo es papel mojado, es el timo de la estampita, es vender humo. «Nos han metido un gol en el último minuto, mientras Sánchez se hacía fotos en La Habana», añadió.
El Tratado de Utrecht, fue un acuerdo de paz entre España, Inglaterra y otros países para poner fin a la Guerra de Sucesión Española en el siglo XVIII (1701-1713). La guerra se había desatado al morir sin descendencia Carlos II el Hechizado, último representante de la Casa de Habsburgo (los Austrias) en España. Felipe V, primer rey de la Casa Borbón, hubo de enfrentarse a las pretensiones de Inglaterra, Austria y otros paises sobre la Corona española y sus posesiones en distintos territorios europeos.
El acuerdo inicial fue adoptado por Francia, Inglaterra, Prusia, Portugal, el ducado de Saboya y los Países Bajos. En Utrecht, Europa redefinió sus fronteras y cambió su mapa político. Gran Bretaña fue la mayor beneficiaria: obtuvo Menorca y Gibraltar (de España), Nueva Escocia, Terranova y la bahía de Hudson (de Francia) y otros privilegios, como un monopolio de treinta años sobre el tráfico de esclavos con la América española. Para Felipe V, fue un negocio de paz por territorios; se le reconoció como rey de España y de las Indias. Se estableció un nuevo equilibrio de poder en el Viejo Continente, con Gran Bretaña como nuevo poder emergente, la Francia de Luis XIV contenida en sus ambiciones y España iniciando el fin de su hegemonía.
En esta ocasión, a mediados de noviembre, los dos bloques anunciaron un preacuerdo de divorcio que evitaba una ruptura caótica. Todo parecía que iba sobre ruedas, pero la Abogacía del Estado dio la voz de alarma sobre el artículo 184, que establece que la Unión Europea y Reino Unido «harán sus mejores esfuerzos, de buena fe y con pleno respeto a sus respectivos ordenamientos jurídicos, para tomar las medidas necesarias para negociar de manera rápida los acuerdos que regirán su futura relación», sin hacer ni una sola mención a Gibraltar, como exigía España.
Ante esta situación, el Gobierno exigió, bajo la amenaza del veto, que se dejase claro en el texto que todo lo relativo al Peñón tendrá que negociarse de manera bilateral entre el Reino Unido y España. Finalmente, se cerró un acuerdo a tres bandas con Bruselas y Londres. No se eliminó ni se modificó el artículo 184 del Tratado; tampoco se hizo una referencia explícita a Gibraltar en la Declaración Política, aunque el Gobierno consideró suficiente la «triple garantía» que recibió a través de dos declaraciones políticas aprobadas por los Veintisiete y respaldadas oficialmente por la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Gobierno británico a través de sendas misivas. «Después de que Reino Unido deje la Unión, Gibraltar no estará incluida en el ámbito territorial de los acuerdos que se cierren entre la UE y Reino Unido».
Los textos aprobados son «jurídicamente vinculantes aunque no sean tratados», en opinión de Concepción Escobar, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Lo ideal hubiera sido que los textos aprobados en la cumbre, se hubieran incluido como una «declaración aneja» al Acuerdo de Salida, algo que les hubiera dotado de un mayor empaque jurídico, pero difícilmente habría sido aceptado por Londres. Ante un contencioso ante el Tribunal de Justicia de la UE, el hecho de que exista una declaración respaldada de forma unánime por los Veintisiete, la Comisión y el Consejo tiene bastante importancia a la hora de determinar «el contexto y la interpretación», según Ana Salinas, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Málaga.
El primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, compara a Sánchez con Franco y le advierte que «la soberanía del Peñón seguirá siendo británica», apuntando que los compromisos por escrito exhibidos por Sánchez «son trozos de papel que no tendrán efectos legales y no condicionarán el futuro de los gibraltareños, en la misma línea de lo declarado por la premier británica Theresa May.
Franco reconoció aguas jurisdiccionales a Gibraltar durante la guerra civil, aunque la doctrina diplomática española lo niega y se remite al Tratado de Utrecht, que fija los límites del contencioso hispano-británico. Lo cierto es que el litigio condiciona las relaciones en materia de pesca, medio ambiente y las aguas próximas del Estrecho. Durante la Segunda Guerra Mundial, la situación estratégica de Gibraltar suscitó la gestación de la Operación Fénix, con la que Franco quería recuperar el Peñón. Para conseguirlo, necesitaba el apoyo de la Alemania nazi, que tenía capacidad militar de ataque. El fracaso de la entrevista entre Hitler y Franco en Hendaya, por las exigencias territoriales del dictador español, impidieron que tal operación tuviera lugar.
Winston Churchill, colaboró para que la España franquista saliera de su aislamiento internacional tras la derrota del Eje, con los acuerdos con Estados Unidos y la Santa Sede en 1953. Cuando en 1954 España entró en Naciones Unidas, se produjo la visita de Isabel II a Gibraltar, lo que provocó que el franquismo reclamara su soberanía. En 1969, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María de Castiella, inició el último asedio a Gibraltar. No sólo se cerró la frontera terrestre, sino que se cortaron las comunicaciones telefónicas, y se impidió la navegación directa por la Bahía; situación que abrió una herida en la población del Campo de Gibraltar que aún hoy perdura.
«Para España, Gibraltar es español, gane o pierda el Brexit», dijo el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, recuperando un viejo argumento del nacionalismo español, que ahora recupera Pablo Casado. Desde 1713, momento en que se cedió la soberanía del territorio, varios monarcas y presidentes del Gobierno españoles han pretendido reconquistar de Peñón sin éxito.
Después de varios avances en el restablecimiento de las relaciones entre España y Gibraltar, en el año 2002 se anunció un acuerdo británico-español por el que se proponía una soberanía compartida. La propuesta no gustó ni al Gobierno Autónomo ni a la población de Gibraltar. A la pregunta en referéndum; «¿Aprueba usted el principio que Gran Bretaña y España tengan que compartir la soberanía sobre Gibraltar?», un 98,48% de la ciudadanía votaron ‘no’. Desde entonces, Reino Unido se niega a discutir la soberanía del territorio sin el consentimiento y la aprobación de los gibraltareños, y España no ha dejado de acudir a Naciones Unidas para reclamar su soberanía.
Como conclusión: los Borbones fueron los responsables de la cesión de Gibraltar a Reino Unido. Después de todas las interpretaciones, posiblemente tengamos que esperar otros trescientos años para conocer si Gibraltar es español o británico como lo ha sido hasta ahora desde 1713. Permitir el ejercicio del derecho de autodeterminación, podría ser una alternativa.
@caval100
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