A mediados de agosto el Ayuntamiento de Torreblanca (5.600 habitantes, Castellón), gobernado por el PP, anunció un “paso decisivo” en el desarrollo de la iniciativa PAI del Golf, al firmar el convenio urbanístico con la empresa que asume este “histórico” proyecto (más de dos décadas de tramitación); se trataba de la adjudicación de la condición de agente urbanizador a la Agrupación de Interés Urbanístico Azahar Sea Torreblanca, para el desarrollo de cinco sectores de suelo urbanizable.
Los medios informativos de Castellón han dado cuenta del volumen de la iniciativa, cuyas obras está previsto que sean recepcionadas por el Ayuntamiento antes de mayo de 2028; consiste en un complejo turístico-residencial de 4.400 viviendas, zonas de uso comercial y hotelero, en un área de cerca de 2 millones de metros cuadrados (el campo de golf ocuparía más de 600.000); uno de los aspectos más cuestionados del PAI es el consumo hídrico.
Además del “destrozo territorial”, en otro municipio de la provincia de Alicante, Llíber (945 habitantes), la plataforma Salvem La Vall y entidades como Acció Ecologista Agró han cuestionado la disponibilidad de agua en el PAI Medina (construcción de 500 viviendas –chalés unifamiliares con piscina- en una superficie de 406.000 metros cuadrados); denuncian el impacto de este desarrollo urbanístico en zonas de alto valor ecológico, como la Muntanya Llarga.
En un comunicado del 3 de agosto, la Generalitat, con Gobierno del PP, celebró que en el primer semestre de 2024 se produjera la llegada de 5,3 millones de turistas extranjeros al País Valenciano (cifra “récord” INE: un aumento del 20% respecto al mismo periodo de 2023); los mercados más relevantes son Gran Bretaña y Francia.
La tendencia expansionista puede constatarse, asimismo, en el Decreto-Ley del Consell (2 de agosto) de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico; Por ejemplo, el PIB representó el 16% del PIB del País Valenciano en 2023; al peso económico se suma el incremento “exponencial” de las viviendas turísticas (datos del Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana).
El Preámbulo del Decreto-Ley detalla que en julio de 2024 figuraban en el Registro más de 100.000 viviendas turísticas, lo que implica un crecimiento –en el periodo 2015-2023- del 160,4%.
Por otra parte, agrega el texto legal, “el aumento de viviendas de uso turístico ilegales puede ocasionar conflictos de convivencia con los residentes locales” (el 8 de agosto la coalición Compromís denunció que había recibido –en dos meses y medio- 2.800 denuncias de pisos turísticos ilegales en la ciudad de Valencia).
Respecto al modelo turístico del País Valenciano, quizá el ideario neoliberal pueda concretarse en la disposición transicional tercera del Borrador de Anteproyecto de Ley de la Generalitat de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana; establece que –en los suelos no urbanizables existentes en el litoral- “se permiten los establecimientos hoteleros en la franja litoral siempre que las edificaciones destinadas a dicho uso se sitúen fuera de los primeros 200 metros”.
Otro indicador, relevante para el diagnóstico, es el de los cruceristas que llegan al Puerto de Valencia: 305.661 en el primer semestre de 2024 (aumento del 11,5% respecto al mismo periodo de 2023); la cifra sitúa al puerto valenciano como quinto del estado español en número de pasajeros, y sexto en número de escalas (115, aumento del 6,5%), informó Fundació Visit València con datos de Puertos del Estado.
Podrían considerarse los desahucios como el reverso del modelo turístico de sol y playa; más del 70% de los lanzamientos en el estado español –durante el primer trimestre de 2024- fueron por el impago del alquiler (derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos); el País Valenciano fue la segunda autonomía en número de expulsiones (703), tras Cataluña y por delante de Andalucía y Madrid.
El seguimiento -en las redes sociales- de la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas (PAH)-Valencia muestra ejemplos de la resistencia ciudadana; el pasado 31 de julio convocó en el municipio de Torrent (87.300 habitantes, Valencia) a la paralización del desahucio –finalmente ejecutado- de dos personas mayores y enfermas: Miguel, de 71 años, y María Carmen, de 68; la PAH denunció, como promotores del desahucio, a Caixabank y al fondo buitre al que el banco vendió la casa.
Otro desahucio que no pudo paralizarse fue el de Lola y sus dos hijas (de 3 y 6 años), perpetrado el 15 de julio en la calle Salvador Lluch de Valencia; “la policía no nos deja ni acercarnos al patio”, compartieron en la red X; la PAH-Valencia detalló que el desalojo se realizaba a instancias del fondo inversor Promontoria Coliseum.
Cuatro días después, vecinos de un inmueble ubicado en el centro histórico de Valencia (calle Caixers) afrontaba –una vez más- un intento de desahucio; “el proyecto comunitario de Caixers 2 se halla en peligro por la expulsión de los vecinos de la puerta 6, donde quieren hacerse más pisos turísticos”, denunciaron en un comunicado.
El desalojo pudo detenerse –en dos ocasiones- en los juzgados; en la convocatoria en la calle Caixers 2 destacaron el gran despliegue policial frente a la anterior acción de resistencia; y, en el proceso de expulsiones, señalaron la responsabilidad del fondo buitre Good Capital Investment S.L (se trata de un barrio –Ciutat Vella- amenazado “cada vez más por la gentrificación y la turistificación”).
La secuencia de casos tuvo una de sus puntos álgidos el 30 de julio; el Sindicat d’Habitatge convocó a frenar la desposesión (“sin alternativa habitacional”) de 15 familias en Valencia; se trataba, en la primera acción, de un bloque de viviendas en el barrio de Torrefiel, al norte de la ciudad, donde vivían desde hace meses 14 familias.
En la misma barriada, popular y periférica (calle Anna), los activistas llamaron a impedir el desahucio de una pareja –María y Antonio- “en situación vulnerable”, que llevaba más de una década viviendo en Torrefiel.
“En ambos desahucios se espera presencia policial para garantizar el derecho a especular de las empresas propietarias”, valoró el Sindicat d’Habitatge, que reivindica la okupación como instrumento de denuncia; señalaron, en una nota informativa, los intereses de Real Mican SL en el caso del edificio, y del fondo buitre Lone Star (y la inmobiliaria Gramina Homes) respecto a la vivienda de María y Antonio.
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