En el último año, el número de viviendas turísticas ha aumentado un 119’6%. El precio de estos alquileres puede ser cuatro veces superior al tradicional
El turismo se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de muchas de nuestras ciudades y pueblos, pero cada vez son más las consecuencias negativas que el actual modelo turístico ocasiona. Por suerte, también son cada vez más los vecinos y vecinas que comienzan a ser conscientes del problema.
Estamos ante una clara «burbuja», un proceso que busca maximizar los beneficios en el menor tiempo posible obviando los estragos de un modelo intensivo y depredador que está destrozando el equilibrio de usos de las ciudades sin que se estén impulsando medidas preventivas, correctoras y compensatorias por la mayoría de los gobiernos.
Este fenómeno está transformando nuestros municipios, sobre todo los cascos históricos. La gentrificación es una de las consecuencias, se están revalorizando barrios de clase obrera que se ven desplazados por población de mayor nivel adquisitivo. El vecindario de toda la vida se ve expulsado a la periferia y se sustituye por turistas que pasan por la zona un par de días y luego desaparecen. La comunidad existente y el sentimiento de pertenencia al barrio se desvanece.
La explotación de los recursos históricos-patrimoniales para la atracción de turistas también ha generado procesos de terciarización que han acelerado el vaciamiento de los centros urbanos. En definitiva se trata de hacer negocio con todo: con nuestros monumentos, con nuestras viviendas e, incluso, con el espacio público. Nuestras calles y plazas se llenan de veladores, de carteles anunciando autobuses turísticos, de quioscos para la venta de postales y entradas, de largas colas de turistas…
El espacio público se transforma, todo esto contribuye a la creación de una ciudad-escaparate, una ciudad tematizada y mercantilizada para el turismo. El único objetivo es ese, hacer negocio.
El derecho a techo: la burbuja del alquiler
Uno de los efectos más perversos de la turistización es la afección al derecho a la vivienda. Las ofertas de alquiler en los centros históricos son cada vez más escasas y caras. La proliferación de plataformas de la mal llamada «economía colaborativa» han sacado del mercado tradicional de arrendamiento centenares de inmuebles que ahora se ofrecen únicamente a turistas. El fenómeno ha engordado sin una regulación que le ponga coto, elevando los precios y desplazando a los residentes habituales hacia las afueras.
Los inquilinos habituales ya no puedan permitirse seguir viviendo en los cascos históricos. La golosa rentabilidad del alquiler turístico, que puede ser cuatro veces superior al tradicional, ha cambiado por completo la situación.
En la legislación estatal en materia de arrendamientos urbanos se han ido introduciendo políticas liberales desde los primeros gobiernos del PSOE. Del modelo de protección que establecía condiciones muy favorables para las personas inquilinas, tales como limitaciones a la subida de los alquileres y prórroga indefinida a voluntad del arrendatario, se ha ido avanzando a un proceso de liberalización (aunque lo llamen flexibilización) eliminando cada vez más la protección de los inquilinos: reduciendo los plazos de duración del contrato, agilizando el proceso de desahucio, con el fin de la renta antigua…
No sólo en las grandes ciudades
Aunque se pueda pensar que el problema de las viviendas con fines turísticos o la turistización afecta únicamente a los grandes núcleos urbanos, pues son las principales capitales de provincia del país las que sufren la llegada masiva de turistas, este fenómeno también ha llegado a medianos y pequeños municipios. Si bien es cierto que las tres grandes capitales son las que mayor oferta de pisos turísticos tienen (Barcelona, Madrid y Valencia, por ese orden) según datos de Airdna, una empresa especializada de datos que recoge y analiza la oferta de Airbnb; si tenemos en cuenta la presión turística (pisos turísticos por número de habitantes), el municipio de Pollença (Baleares) sería el de mayor presión turística, con un apartamento por cada ocho residentes, seguido de Tarifa (Cádiz) con una propiedad por cada 11 habitantes.
Andalucía lidera el ranking de comunidades autónomas, con el mayor número de municipios que superan los 1.500 pisos turísticos, seguida de Valencia, Cataluña, Baleares y Canarias. En el último año, el número de viviendas turísticas en nuestros país ha aumentado un 119’6%. La rentabilidad económica de esta actividad parece que no toca techo (como ocurrió con la burbuja inmobiliaria hasta que estalló), aunque en muchas ciudades ya están tomando medidas para restringir este tipo de alquileres… siempre con la oposición del lobby de la «economía colaborativa».
El lobby de la economía colaborativa
Hablamos de un nuevo modelo de explotación basado en la especulación digital. Tras el eufemismo de «economía colaborativa» se esconden multinacionales que están provocando un proceso de reconversión descontrolada de viviendas en negocios turísticos.
Estas nuevas formas de consumo, nacidas de las plataformas digitales como instrumentos de mediación, van mucho más deprisa que la Administración y mucho más allá del turismo y el alquiler de viviendas. La falta de ordenación está dando alas a esta nueva forma de explotación, en la que un ejército de falsos autónomos ven en estas fórmulas de reparto de comida, paquetería, alquiler de habitaciones de su casa o cualquier otro servicio una forma de conseguir algún tipo de ingreso.
De algunos estudios se desprende que el 6% de la población española ofrece productos o servicios bajo este modelo de la «economía colaborativa», se trata de la cifra más alta de la UE y es un punto superior a la media. Unos datos que no deben sorprender, ya que la crudeza de la crisis-estafa que ha azotado a nuestro país durante los últimos años ha fomentado sobremanera la tendencia hacia este modelo de negocio.
Frente a esto, nos encontramos con que la gran mayoría de Administraciones no se atreve ni a toserle al sector. Un ejemplo lo encontramos en el consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía que se ha congratulado públicamente por la decisión de Airbnb de colaborar en la inscripción de viviendas con fines turísticos tras los requerimientos realizados por el volumen de anuncios sin número de registro. Es decir, el gobierno andaluz ha felicitado a una empresa privada por mostrar colaboración ¡para cumplir la Ley!
Defendamos el derecho a unas ciudades habitables: actuar desde lo local
Sobra decir, y más en estas páginas, que estamos ante un problema cuya causa estructural es el propio sistema económico en su búsqueda constante de un mayor beneficio, depredando y destruyendo en su camino lo que haga falta. Esto no es nuevo: el Capital extiende todos sus mecanismos para seguir explotando a las trabajadoras y trabajadores, a costa de lo que sea.
Se corren varios peligros a la hora de buscar soluciones, tenemos que estar precavidos de las posibles salidas que pueden que suavicen el problema… pero que no beneficiarán a la mayoría social.
La respuesta a la llegada masiva de turistas, por ejemplo, no puede ser una suerte de elitización, de turismo de lujo. La salida a la especulación en nuestras ciudades a costa del turismo no puede estar en los hoteles de cinco estrellas ni en la estigmatización del conocido como «turismo de chancla y mochila».
Tampoco se soluciona el boom de los pisos turísticos aflorando únicamente la economía sumergida (los pisos ilegales) con el fácil discurso de «que paguen impuestos». Es una cuestión que, por supuesto, hay que hacer con un mayor control de la actividad; pero que, llegada la situación en la que están muchas de nuestras ciudades, o se limita el número de viviendas destinadas al alquiler turístico o el problema continuará.
Y ojo con caer en la simplicidad de solucionar el problema a través únicamente de la fiscalidad, creando nuevas figuras impositivas. Que, también, habrá que hacerlo… pero no puede ser la única respuesta que articulemos.
Sin intentar sentar cátedra en este breve artículo y a modo de conclusión esquemática, la respuesta a la turistización para garantizar unas ciudades y pueblos habitables necesita de importantes cambios normativos a nivel estatal; pero dentro del actual marco se puede (y se debe) actuar desde lo local.
Por un lado, aumentando y mejorando el control de la actividad, facilitando información a los vecinos y vecinas, dotando de transparencia a los diferentes registros, facilitando la labor de denuncia y dotando de capacidad a la inspección.
También es importante reconocer el fenómeno en la normativa municipal; hay que tener en cuenta los PGOUs como forma de regular desde lo local este boom: igual que se reconocen los usos del suelo tradicionales (residencial, industrial, equipamientos, zonas verdes…), hay que incorporar el «uso turístico».