Llegó a Bilbao en octubre de 2011 para participar en un curso en el que participaban jóvenes del Sahara occidental ocupado. Sólo un mes después, los abogados de Hassanna Aalia (El Aaiún, 1988) le informaron de que un tribunal militar de Marruecos había dictado una orden de busca y captura contra el activista. En enero […]
Llegó a Bilbao en octubre de 2011 para participar en un curso en el que participaban jóvenes del Sahara occidental ocupado. Sólo un mes después, los abogados de Hassanna Aalia (El Aaiún, 1988) le informaron de que un tribunal militar de Marruecos había dictado una orden de busca y captura contra el activista. En enero de 2012 Hassanna Amalia presentó una demanda de asilo y refugio en la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior Español. Y esperó la resolución… Mientras, el Tribunal Militar Permanente de Rabat juzgó el 17 de febrero de 2013 a 24 activistas saharauis -y uno en rebeldía, Hassanna Aalia-, a quienes aplicó penas de cadena perpetua y hasta 30 años de prisión. Observadores como Amnistía Internacional o Human Rights Watch denunciaron que el juicio no cumplió con las garantías debidas, y que tuvo un notable sesgo político. Cinco de los reos afirmaron que durante la detención se les violó con botellas de cristal, a otros se les arrancaron las uñas y también mostraron ante el juez las marcas de las heridas.
Todos los condenados participaron en octubre de 2010 en el campamento de Gdeim Izik emplazado a 12 kilómetros al este de El Aaiún, capital del Sahara ocupado. Conocido como la «acampada de la dignidad», llegaron a pernoctar en la zona cerca de 20.000 personas, en un proceso de resistencia de casi un mes que constituyó el germen de las «Primaveras Árabes». Los concentrados pretendían, así, denunciar la penuria en la que vive la población del Sahara colonizado. Durante el desalojo, que terminó con cuatro muertos y decenas de heridos, las tropas de Marruecos utilizaron proyectiles de caucho, balas reales, cañones de agua caliente a presión, gases lacrimógenos, porras y piedras, según denunciaron los resistentes. A sangre y fuego concluyó la experiencia, resume Hassanna Aalia, aunque «por primera vez los saharauis de los territorios ocupados pudimos vivir libremente en nuestras jaimas».
Los vídeos colgados en la red dan cuenta del asalto perpetrado con helicópteros y vehículos miltares y el sonido de las ambulancias. Desde que se iniciara el asalto a Gdeim Izik, miles de saharauis se manifestaron de manera espontánea por las calles de El Aaiún o en ciudades como El Marsa. Las fuerzas de seguridad marroquíes utilizaron el mismo armamento que durante el desalojo de la acampada. Condenado a cadena perpetua en rebeldía, Hassanna Aalia recuerda la muerte de Najem Al-Garhi, de 14 años, por los disparos del ejército cuando trataba de entrar en el campamento por una puerta accesoria. Y la de Baba Al-Gargar, atropellado en El Aaiún por un coche de la policía. Un informe del colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA) recoge las quejas, sin repuesta, de las familias ante la justicia marroquí y amplía la nómina de represaliados: Brahim Daudi, quien murió en noviembre de 2010 como consecuencia de la intervención militar en Gdeim Izik; Said Dambar, fallecido en diciembre de 2010 después que un policía le disparara en la cabeza; Hassanna Luali, quien perdió la vida en septiembre de 2014 en el hospital militar de la ciudad ocupada de Dajla. O Mohamed Lamin Haidala, quien perdió la vida en febrero de 2015 tras un ataque de cinco colonos marroquíes; en agoto del mismo año Breika Al-Ammari pereció en su celda de la cárcel de Ait Mallul…
En enero de 2015 el Ministerio del Interior español le notificó a Hassanna Aalia la denegación del asilo político, y se le concedieron 15 días para que abandonara el país. Comunicada la resolución, el abogado de CEAR-Euskadi, Javier Canivell, presentó un recurso ante la Audiencia Nacional que fue admitido a trámite, al igual que las medidas cautelares solicitadas por CEAR para evitar la expulsión. El activista continuó viajando por el estado español, dando conferencias sobre la realidad del Sahara ocupado y la situación de sus compañeros del campamento de Gdeim Izik, actualmente presos en la cárcel marroquí de Sale 1. Los reclusos llevaron a término recientemente una huelga de hambre de 37 días, para rechazar la «detención arbitraria», la «condena ilegal», las «falsas acusaciones» y «el trato vejatorio al que estamos sometidos por el director de la cárcel». Reivindicaban asimismo el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. El 8 de abril el gobierno de Marruecos expulsó a ocho abogados de España, Francia y Bélgica que pretendían denunciar la situación de estos presos.
En octubre de 2015 la policía nacional paró en el tren a Hassanna Aalia cuando viajaba desde Galicia al País Vasco, y le pidió la documentación. El joven saharaui presentó los «papeles» que acreditaban el recurso presentado ante la Audiencia Nacional (contra la denegación de asilo y la expulsión) y las medidas cautelares, que los agentes no reconocieron; el activista fue conducido a la comisaría de Burgos. Incluso se le abrió un procedimiento sancionador para la expulsión, que se consiguió paralizar a instancias de CEAR, relata antes de participar en un acto organizado por CEAR-País Valencià, la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencià y el Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat de València. ¿Cuál es la situación actual del activista? Está a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva el recurso sobre la petición de asilo. Tiene claro que en primera instancia el Ministerio del Interior español le denegó la solicitud de asilo por «los intereses cruzados en materia de agricultura, pesca o recursos como los fosfatos, que se sitúan por encima de las personas».
Mientras, continúa en una batalla en la que se enroló en 2005, con 17 años, «cuando empezó la intifada pacífica en los territorios ocupados». Estudió hasta Primero de Bachillerato, cuando le expulsaron del Instituto igual que a miles de jóvenes que no han podido formarse en El Aaiún por ser activistas. Actualmente milita en el Comité Saharaui en Defensa de los Presos y Presas Políticos; y en «Emsahra», equipo de reporteros que informa sobre el terreno de las violaciones de los derechos humanos en el Sahara. En el último mes «Emsahara» ha denunciado la construcción de un muro de cuatro kilómetros de longitud en el barrio periférico del «25 de marzo», en El Aaiún. Se trataría, según estas informaciones, del primer tramo de un muro más extenso -entre 20 y 25 kilómetros de perímetro- para rodear la ciudad. El proyecto -que obstaculizará sobre todo el paso de familias beduinas con sus rebaños- se ha desarrollado sin realizar consulta alguna al pueblo saharaui. Pero no se trata de una realidad nueva. El ejército de Marruecos levantó otro muro en 2010 en el entorno del campo de Gdeim Izik, con el fin de aislar y controlar las protestas. A partir de 1975, tras la ocupación militar de una parte del Sahara Occidental, el reino de Marruecos decidió que debían rodearse las ciudades con muros, de manera que se protegían los intereses de los colonos, pero también se dificultaba la huida de la población saharaui a los campos de refugiados.
A través de su red de corresponsales y fuentes locales, «Emsahara» informa de hechos invisibilizados. Por ejemplo, la detención en abril de 2016 en Bojador del activista saharaui AbdMoula Hafidi, a quien las autoridades de Marruecos señalaron como incitador de las protestas de parados y excluidos de la ciudad. Por su participación en manifestaciones en la Bojador ocupada también han resultado detenidos y llevados a juicio Begna Bah, Mubarak Aaskari y Abdullah Kharashi. Los activistas han denunciado una «continua represión de todas las formas de resistencia pacífica», que responde a una campaña del jefe de la zona de seguridad para demostrar su «capacidad para prevenir revueltas». También critican que el Estado de Marruecos promocione a destacados actores de la represión en el Sahara ocupado. Ponen el ejemplo de Abdel-Rahim, nombrado comisario de policía en Marrakech a pesar de ser uno de los responsables del asesinato en 2005 de Hamdi Lembarki; o el caso de Ahriz Aandi, jefe de la policía de Temara, a quien responsabilizan de la muerte de otro saharaui en una cárcel secreta. «Como estos casos existen otros muchos».
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