En Barcelona, las políticas sociales están dando mucho que hablar. En concreto desde la Diputación y el Ayuntamiento existe una práctica en particular que despierta la curiosidad del hombre. Se sabe que los servicios sociales, pueden ser gestionados por entidades del denominado tercer sector. Es decir, que la gestión de un recurso público puede ser […]
En Barcelona, las políticas sociales están dando mucho que hablar. En concreto desde la Diputación y el Ayuntamiento existe una práctica en particular que despierta la curiosidad del hombre. Se sabe que los servicios sociales, pueden ser gestionados por entidades del denominado tercer sector. Es decir, que la gestión de un recurso público puede ser concedida, durante un período de tiempo, a una empresa;a una organización no gubernamental; institución religiosa;etc. El dinero es público; la gestión, privada.
Uno se podría preguntar: ¿A quién y por qué se le ha ocurrido idea semejante? ¿Con qué finalidad la administración pública decide externalizar la gestión? ¿Es correcto conceder dicha gestión a una entidad? ¿Qué implica para una entidad llevar a cabo dicha tarea? ¿Por qué decide una entidad llevarla a cabo?
Estas y muchas preguntas más, pueden surgir y despertar la curiosidad de muchos ciudadanos, al ser conscientes de tan extravagante política social.
Intentaré, en adelante, analizar desde mi experiencia profesional, tamaña anomalía política. Por suerte y por desgracia, he trabajado en diferentes entidades con un denominador común, a saber, gestionaban recursos públicos pertenecientes a los servicios sociales.
La primer experiencia comenzó durante mi período de prácticas de trabajo social. En Cataluña los servicios sociales están divididos en servicios sociales de primer nivel (atención primaria) y servicios sociales de segundo nivel (atención especializada). Realicé dicha experiencia en un servicio de atención especializada,en un CRAE (centro residencial de acción educativa). El ámbito: infancia y adolescencia, que ya comenzaba a depender por aquella época, del Departamento de justicia. Era el año 2006. Curiosamente, la gestión del recurso pertenecía a «Las hijas de la caridad», de San Vicente de Paul. Las siervas del señor en versión contemporánea, en general no contaban con ninguna formación reglada del ámbito social; eran las encargadas de la dirección, organización, políticas del centro y de la ejecución de tareas, contando, claro está, con el soporte de algunos profesionales del sector: trabajadora social y educadores sociales. Dejé constancia de lo vivenciado en mi memoria de prácticas. La ingenua sinceridad con que expresaba lo observado, provocó que descendiera mi puntuación final del trabajo. Pero era evidente que yo no padecía problemas de ceguera. Todo lo contrario. («parecido a Paracuellos», solía repetirme).
Dejaré los detalles de algunos sucesos desagradables de la particular y alarmante pedagogía aplicada para dar paso a mi conclusión: conceder la gestión de los recursos públicos a algunas entidades, es una imprudencia.
La segunda experiencia, ha sido trabajando en un SARNBE (Servicio de Atención Residencial Nocturno de Baja Exigencia) para personas denominadas «sin techo». El ridículo funcionamiento del centro obligaba a los usuarios a disfrutar de siete noches de descanso colectivo (en algunas habitaciones pernoctaban hasta setenta personas) debiendo volver, a posteriori, al hotel cuatro estaciones. La ONG cumplía a rajatabla las directrices municipales. ¿Vendía el alma al mejor postor? Sería una interesante interpretación. Pero mi conclusión es que para poder modificar la situación de la persona que carece de vivienda y que se ve obligada a pernoctar en la vía publica, el período de tiempo ofrecido es insignificante y una falta de respeto hacia nuestra profesión.
La tercer experiencia ha sido un poco más traumática. El departamento de Acción Social y Ciudadanía, a raíz de la nueva ordenanza cívica municipal, había tenido la maravillosa idea de crear un «servicio de gestión de conflictos (SGC) de ámbito social en el espacio urbano». Los profesionales del SGC, que en general provenían del ámbito social, se dedicaban a cumplir las órdenes dictadas desde la dirección departamental. La Empresa que gestionaba el servicio, se enorgullecía de su función mercenaria. Así me lo explicó en una ocasión el coordinador: somos mercenarios y debemos satisfacer las demandas del Ayuntamiento.
Claro está que las demandas del Ayuntamiento en ocasiones rozaban el absurdo. Tareas como intentar quitar de algunos espacios públicos a las personas que hacían un uso intensivo, porque molestaban a los vecinos; proponer ideas sobre la modificación del mobiliario urbano tradicional por otro un poco más incómodo; evitar el consumo excesivo de alcohol (entre otros tóxicos) en la vía pública y recordar que la ordenanza lo sanciona. ¿Era la mejor forma de resolver los conflictos sociales en el medio abierto? Es evidente que no. Una advertencia: las tropas mercenarias que Maquiavelo describía en «El Príncipe», continúan estando en las calles.
Mi conclusión: proponer la gestión de recursos públicos a empresas que se dedican a ello, parece ser bastante efectivo.
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