La corrupción marca la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Nación en el Estado español. Su presidente, Mariano Rajoy, logró no pronunciar ni una sola vez el nombre de Luis Bárcenas y presentó un paquete de medidas contra los escándalos. Frente a demandas de dimisión y de proceso constituyente, el jefe del […]
La corrupción marca la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Nación en el Estado español. Su presidente, Mariano Rajoy, logró no pronunciar ni una sola vez el nombre de Luis Bárcenas y presentó un paquete de medidas contra los escándalos. Frente a demandas de dimisión y de proceso constituyente, el jefe del Ejecutivo vendió un discurso autocomplaciente y defendió los recortes como inevitables.
La degradación de las condiciones de vida, el modelo territorial y la omnipresente corrupción, marcaron ayer el Debate del Estado de la Nación, celebrado en el Congreso español y que sirvió para reflejar la crisis estructural que sufre el Estado. Pese a la grave situación en la que llegaba a la Cámara Baja, con seis millones de parados y escándalos que salpican diariamente al PP, Mariano Rajoy trató de vender una imagen autocomplaciente. Se escudó en la inevitabilidad de un año de recortes, en el habitual recurso a la herencia recibida y en que «se ha evitado el naufragio». Frente a discursos como el de Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) o Cayo Lara (IU), que le instaron a dimitir cuando apenas ha pasado un año y dos meses desde que llegó la Moncloa, Rajoy se refugió en una respuesta a la ofensiva.
«Ni España es la nación más corrupta, ni todos los políticos son corruptos ni nos hundimos por la corrupción», afirmó en su primera intervención. Habitualmente, Rajoy se ha escudado en el silencio ante casos como el de Luis Bárcenas. Ayer logró no mencionar a su extesorero, pero abordó la cuestión sin tener que ser interpelado. Eso sí, lo hizo con un mensaje que se contradice entre lo que se dice y el peso político de sus propuestas.
Retóricamente, el presidente español intentó vender los escándalos como hechos aislados, «malas hierbas», que son perseguidas. «No es verdad que en España haya un estado generalizado de corrupción, eso es una insidia», insistió. Una versión que el propio jefe del Ejecutivo sabe que no concuerda con la certeza generalizada, que se expresa incluso a través del CIS. Por eso, las medidas más concretas que presentó en toda la jornada fueron las destinadas a atajar, precisamente, la corrupción. Entre ellas, la aplicación de la Ley de Transparencia a partidos políticos y otros entes que reciban fondos públicos. Lo que no incluye es la jefatura del Estado, que ostenta Juan Carlos de Borbón y que actualmente se encuentra también bajo sospecha por la trama «Noós». También se aprobarán dos leyes orgánicas, una para controlar la actividad financiera de los partidos y otra para regular el ejercicio público. Además, se regularán los lobbies y se reformará el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La corrupción fue también la gran protagonista del rifirrafe entre Rajoy y Rubalcaba. «¿Puede gobernar pendiente de un ataque de sinceridad de Bárcenas?», le señaló el portavoz del PSOE. «Mi partido no ha sido condenado por financiación ilegal y el suyo sí», fue la respuesta del jefe de Gobierno. El debate entre ambos no dio para mucho más de sí que el habitual «y tú más» en el que suele convertirse cualquier sesión de control. Cayo Lara (IU), Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) y Rosa Díez (UPyD) también recordaron a Rajoy el «affaire» de Bárcenas.
Constitución contra Catalunya
El modelo territorial es la otra cara de la crisis del Estado. De hecho, Rajoy la incluyó, junto a la corrupción, en el bloque de «problemas» con el que cerró su primer discurso. La oferta de pacto que había realizado ante los escándalos se desvaneció ante esta cuestión, ya que el presidente español impuso un límite: la Constitución española. Sin aludir expresamente a la declaración aprobada por el Parlament catalán, advirtió de que la competencia para convocar referéndums corresponde a la administración central e insistió en la «indisolubilidad» del Estado que marca el texto de 1978. Aseguró estar dispuesto a modificar la Carta Magna, aunque sin demasiado énfasis.
«Respete la voluntad de los catalanes», le respondió un moderado Duran i Lleida, que reivindicó que derecho a decidir no es sinónimo de independencia y recordó que el Estado español «no saldrá adelante sin resolver la cuestión catalana». Previamente, Rubalcaba había abogado por una reforma constitucional que avance hacia el federalismo.
Del debate de ayer parece evidente que la idea de cambiar el texto de 1978 aumenta. Incluso, con llamamientos al proceso constituyente por parte de ICV y UPyD (con objetivos distintos). No obstante, Rajoy insiste en que su prioridad son las reformas, que reconoce que le han supuesto un coste. Ayer ya anunció una segunda ronda. Cerró su discurso con un «merecemos ayuda, no que se nos dirija» para luego recurrir al FMI y el BCE para justificar la reforma laboral. E insistió en que se ha evitado el «desastre», asegurando que podría ser peor.
Amaiur, PNV y GB abordarán la resolución del conflicto vasco
El ciclo abierto en Euskal Herria tras el cese definitivo decretado por ETA no ha tenido muchas ocasiones para reflejarse en el Congreso español. El Ejecutivo del PP se ha instalado en el inmovilismo y la grave crisis económica y política que sufre el Estado español ha desplazado al conflicto vasco de los primeros puestos en el orden de las prioridades. Esta dinámica se repitió ayer. De hecho, durante el debate, Mariano Rajoy no hizo una sola mención a la resolución. El mismo día en el que la Comisión Internacional de Verificación mostraba su satisfacción con los pasos adoptados por la organización armada vasca, el Ejecutivo español ni siquiera dedicó una línea a un tema central para la sociedad vasca. Tampoco el resto de portavoces que tomaron la palabra (PSOE, CiU, IU). Hoy, con la intervención de las formaciones vascas, la resolución del conflicto y aspectos como la situación de los presos políticos volverán a ponerse encima de la mesa.
El primero en hacerlo será el PNV, quien abrirá la sesión a las 9 de la mañana. Fuentes jelkides no avanzaron cuáles serán los puntos concretos que tratará en su intervención Aitor Esteban (que se estrena como portavoz tras la marcha de Josu Erkoreka a Lakua). Eso sí, estas mismas fuentes confirmaron que la resolución del conflicto vasco estará presente en el discurso. Previsiblemente, Esteban seguirá en la línea de lo ya apuntado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, que aboga por la relación «discreta» con Rajoy.
Tras el PNV llegará el turno de Amaiur. Según avanzó la coalición abertzale, su diputado Iker Urbina instará al Gobierno español a implicarse en el proceso de resolución del conflicto. Rafa Larreina señaló recientemente que Amaiur censurará que el Ejecutivo del PP «no ha dado ni un solo paso para avanzar en la resolución del conflicto político», al tiempo que mantendrá su «mano tendida» para abordar esta cuestión. «El único que falta por ponerse a trabajar en esa línea es el Gobierno español», insistió Larreina.
Finalmente, Uxue Barkos, diputada de Geroa Bai (también dentro del Grupo Mixto, al igual que Amaiur) se sumará a las demandas para responder al nuevo ciclo político abierto en Euskal Herria. En concreto, Barkos señaló que reclamará el fin de la dispersión como paso que está en manos del Ejecutivo.