La merma de recursos hídricos exige mejorar sus usos y financiar todo el ciclo, incluida la restauración de los ríos
Desembocadura de Llobregat (Xavier Cervera)
La creciente escasez de recursos hídricos, unida a los nuevos retos sobre la gestión del agua (la necesidad de financiar todos sus costes, incluida la recuperación ecológica de los sistemas acuáticos, o la adaptación al cambio climático), obligan a los economistas a debatir sobre cómo manejar mejor este bien, básico para la economía y para las necesidades de bienestar ciudadano. Éste es el pequeño diccionario que enmarca los debates del IV Foro de la Economía del Agua celebrado en Barcelona.
1. ESCASEZ
Mejor aprovechamiento
«El uso del agua en las cuencas mediterráneas es superior a los recursos disponibles a largo plazo», dice Carlos Mario Gómez, director del departamento de economía de la Universidad de Alcalá de Henares. Existen cuencas hidrográficas con déficits de agua. Para lograr una gestión equilibrada y sostenible «habría que reducir significativamente el uso del agua, traer trasvases y/o disponer de recursos alternativos de desalinización o reutilización», señala. «De lo contrario, se seguirán agotando las fuentes locales, especialmente los acuíferos», destaca. Gómez propone que se combinen los diferentes recursos hídricos y se integren las diferentes suministros de agua para optimizar la gestión. La auténtica prueba de estrés de la economía del agua ocurriría si se diera una sequía comparable a la de 2008
2. CAMBIO CLIMÁTICO
Planificación con vista al futuro
«La amenaza del cambio climático es escasamente considerada en los planes hidrológicos estatales, pese a que va a tener una gran influencia sobre la demanda» sentencia Gabriel Borràs, de la Oficina Catalana de Canvi Climàtic. «Las reducciones de caudales en los ríos en los últimos 60 años son evidentes, y en esta línea apuntan las proyecciones», añade. «Hay que ordenar el modelo productivo para que encaje con el objetivo de la adaptación al cambio climático» (tipología de cultivos y demás), dice Borràs.
3. AGRICULTURA
La demanda agraria, el 85%
La política del agua en España ha sido históricamente una versión sublimada de las política agraria. La lógica de dar prioridad al regadío no ha sido superada hoy en día. El 80,5% de la demanda de agua es de la agricultura, el 15,5% al abastecimiento de los núcleos de población y el 4% a las industrias no conectadas a redes urbanas. Pero «el 90% del agua de riesgo que se utiliza en España sólo contribuye a generar el 10% del valor añadido de la agricultura», dice Gonzalo Delacámara, director académico del Foro de la Economía del Agua. Por el contrario, un 10% del agua genera el 90% del valor añadido de la agricultura. Hay explotaciones (invernaderos…) con un uso eficiente del agua, pero tienen otros desafíos: agravan la huella hídrica y la sobreexplotan los acuíferos con productos que van a la exportación y ocasionan otros impactos ambientales: plásticos, paisaje y contaminación por productos químicos.
Crecida del Ebro en Miravet, en 2015 (Vicenç Llurba)
4. PRECIO
El reto de internalizar los costes
Gabriel Borràs recuerda que «los usuarios han de pagar los costes del agua» y que las tarifas deben internalizarlos. Lo reclaman las directivas europeas. Esto es clave para dejar de subvencionar infraestructuras costosas e ineficientes y evitar malos ejemplos como el canal Segarra-Garrigues, dicen otros expertos. El camino está por hacer: se han recuperado los costes del ciclo del agua urbano en zonas con mayor escasez de agua (Catalunya, Murcia, Baleares, Canarias, Madrid o Comunidad Valenciana,), donde probablemente tienen precios suficientes para recuperar los costes financieros del servicio. «Pero no hay evidencias de avances en la recuperación de costes en agricultura, ganadería, energía e industria no integrada en redes urbanas», dice Carlos Gómez. Tampoco hay un diseño financiero que permita recuperar los costes o la viabilidad financiera de las desalinizadoras del programa Agua. El Gobierno afirma que en estos momentos cumple con las obligaciones de transparencia y de avance hacia una mayor recuperación de costes, lo que cuestiona abiertamente Borràs y diversos sectores en la UE, con lo que España mantiene una controversia.
En Catalunya, la falta de ingresos para financiar las infraestructuras hidráulicas en las cuencas de esta comunidad y el enorme endeudamiento de la Agència de l’Aigua ha provocado un gran paralización de las inversiones pendientes durante unos 8 años.
5. CONSUMO.
Desacoplar el gasto del agua y la economía
«Me atrevería a afirmar que no se consume más agua que hace unos años; otra cosa es que consumimos más de la que debemos y de la que pueda haber en el futuro», señala Carlos Gómez. Los consumos urbanos por habitante han disminuido desde 2010 sin que haya habido un aumento demográfico. No se dispone de estadísticas recientes de la agricultura. La actividad industrial no ha aumentado y no hay motivo para pensar que lo haya hecho el uso del agua. La hipótesis más probable es que en la última década España ha llegado a la cúspide de su consumo de agua y que forma parte del grupo de países desarrollados cuyo crecimiento económico está desacoplado del aumento del consumo de agua. «No es un gran triunfo, porque, en cualquier caso, eso es algo que la mayoría de los países europeos alcanzaron hace bastantes años».
Agua de grifo (PhotoAlto/Antoine Arraou / Getty)
6. RECUPERAR LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
Mucho más que sanear ríos
La directiva marco del agua señala como objetivo clave recuperar el buen estado ecológico de las masas de agua (ríos y acuíferos). Esto supone complementar la política para acumular recursos hídricos mediante los diversos sistemas con planes para reducir la demanda y aumentar la eficiencia y la reutilización en la industria y otros sectores. Hay que poner menos énfasis en la oferta y más en la demanda. Se propone para pasar de las infraestructuras grises (embalses, depuradoras…) a las infraestructuras verdes. Es decir: revertir la «artificialización» de la costa (que sufre graves daños con las inundaciones) o restaurar los sistemas acuáticos inundables de manera natural (para dejar de tener ríos convertidos en canales encajonados) y fijar objetivos sobre investigación en adaptación al cambio climático.
Margen izquierda de Besòs cerca de Santa Coloma de Gramenet (Xavier Gómez)
7. REMEDIR IMPACTOS AMBIENTALES
Quien contamina paga
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha dado la razón a los municipios de la comarca de La Ribera en Valencia que rechazaban los sobrecostos que causa el uso de agua de origen contaminada la actividad agrícola y ganadera. El jueces sentencian que «quien contamina paga» y refuerzan los argumentos de los ayuntamientos ribereños, que han defendido el derecho a no pagar esos extracostes, y pasan la pelota a las administraciones superiores para que les provea recursos hídricos adecuados. En Catalunya, la empresa Iberpotash, que explota las minas de potasa del Bages, no asume íntegramente los costes ambientales derivados de su actividad, que expulsa residuos salinos hacia el Llobregat, según un informe del Estudio Ramon Folch de 2012, que proponía diversas soluciones para mitigar ese impacto. En los últimos 30 años, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha destinado al menos 200 millones a paliar la salinización del Llobregat, abastecedor de la región metropolitana de Barcelona. La empresa Iberpotash asegura que cumple lo que la Generalitat le dice. Aún no se sabe en qué proporción cómo se pagará el nuevo colector encargado de recoger las salmueras, evitar que vayan a río y llevarlas hasta el mar. En cambio, la empresa Ercros se libró de pagar la descontaminación del embalse de Flix en el Ebro, sufragada con dinero público, europeo y español.
Dragados de residuos en el embalse de Flix, en el Ebro (Vicenç Llurba)
8. DESALINIZADORAS
Instalaciones infrautilizadas, Europa vigila
El Gobierno del PSOE promovió desde el 2004 la construcción de 17 grandes desalinizadoras. Sin embargo, su utilización es bajísima: ronda el 17%. La UE ha amenazado a España con sanciones si no se les da el debido rendimiento porque se han pagado con fondos estructurales europeos», recuerda Gonzalo Delacámara.
La infrautilización no es fruto de la mala fe o el desconocimiento -pues España ha adquirido una gran experiencia en esta tecnología y es el quinto país de mundo en potencia instalada en el sector-, sino que se debe a que el agua desalinizada no es competitiva. Los regantes de la cuenca del Segura, por ejemplo, no quieren pagar 1 euro por m3 de agua desalinizada cuando la obtienen de pozo, a veces clandestinamente, a coste casi cero, y también les resulta mucho más barata si es del trasvase Tajo-Segura. Los expertos recomiendan usar el agua desalinizada cuando la disponibilidad de recursos hídricos a largo plazo sea menor que la demanda actual o proyectada, o cuando se da una sobreexplotación de los recursos hídricos. «En estas situaciones, deberíamos usar todos los recursos disponibles; y no buscar solo soluciones particulares. Si las desalinizadoras funcionaran a un mayor nivel, el coste unitario de producir agua descendería», señala Gonzalo Delacámara, que reclama incentivos para lograrlo. «Aun así hay que afrontar los desafíos energéticos, el tratamientos de las salmueras…» y otros asuntos derivados del uso de esta tecnología.
Las desalinizadoras españolas han recibido más de 821 millones de eros en fondos públicos de la UE entre el año 2000 y el 2013. En abril del 2016, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo instó al Gobierno a que utilizase las desaladoras construidas en la costa mediterránea, tras la visita de 11 parlamentarios europeos a cuencas deficitarias en febrero de 2016. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente precisa que la UE no ha abierto ningún expediente contra España por esta cuestión.
9) PAISES EN DESARROLLO
Otro enfoque, no economicista
Atrás ha quedado la vieja visión de la OCDE y sus recomendaciones para los países del tercer mundo. El antiguo enfoque partía de la base de que simplemente fijando un precio para el servicio del agua, se solventarían todas las carencias en el tercer mundo (670 millones de personas sin acceso mejorado al agua o 2.400 millones de personas sin acceso al saneamiento). Pero las cosas son más complicadas; a veces, los acuíferos tienen connotaciones espirituales. Las protestas ciudadanas ante la carestía del agua o las demandas de remunicipalización son respuestas a este mal enfoque. «El objetivo no debe ser cobrar más por el agua sino resolver los problemas y garantizar el bienestar de las personas con los recursos disponibles», explica Carlos Mario Gómez.
10. BUEN GOBIERNO
Participación, receta para prevenir las ‘guerras’ del agua
«Cualquier crisis del agua es una crisis de gobernanza», resume Gonzalo Delacámara, que aboga por un modelo que refleje la colaboración entre los sectores públicos y privado y la sociedad civil, y que no sea excluyente.
«Los nuevos actores sociales no están reconocidos en los órganos de participación; oenegés ambientalistas, de defensa del río Tajo o Ebro o entidades que promueven el uso recreativo o el turismo sostenible», dice Julia Martínez, directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que denuncia las tramas de corrupción ligadas a las obras hidráulicas (Acuamed).
Fuente: http://www.lavanguardia.com/natural/20170406/421474866863/decalogo-economia-del-agua.html