Definitivamente, sin exageración ni pasión cegadora, el PCE fue (acaso lo siga siendo) un partido generoso, absolutamente generoso. El actual ministro de Justicia militó en sus filas. Ese mismo ex militante del PCE, actual miembro «reformas lujosas en casa» del gobierno PSOE, ha declarado que el 60% de los ciudadanos españoles no tienen opinión sobre […]
Definitivamente, sin exageración ni pasión cegadora, el PCE fue (acaso lo siga siendo) un partido generoso, absolutamente generoso. El actual ministro de Justicia militó en sus filas.
Ese mismo ex militante del PCE, actual miembro «reformas lujosas en casa» del gobierno PSOE, ha declarado que el 60% de los ciudadanos españoles no tienen opinión sobre la Justicia. ¿Por qué esa ausencia de opinión? Tomen nota y sitúenla en el archivo donde habita el recuerdo: porque nunca han comparecido ni han tenido un problema dentro de la Justicia.
Ignoro qué significa exactamente para el señor Bermejo la expresión «dentro de la Justicia», pero sé que hasta el momento que escribo el señor ministro de Justicia no tiene intención de pedir disculpas o de señalar que ha cometido un error argumentativo impropio de un ciudadano documentado, como sin duda lo es él.
¿Cómo es posible que alguien hable en la esfera pública y sea capaz de generar un argumento (digámoslo así, siento tan generoso como lo fue el PCE) de esa naturaleza? Puesto que no he tenido problemas con el gobierno del señor Uribe ni he sido reclamado o perseguido por él, yo no puedo opinar sobre a orientación política de extrema derecha pro-imperial de su gobierno; puesto que no he tenido problemas graves de alimentación en mi infancia, no puedo opinar sobre los problemas de malnutrición que afectan a millones de niños y niñas en el mundo; como no sigo estudios universitarios actualmente, no puedo opinar sobre la orientación mercantil del plan Bolonia. Etc. ¿Absurdo? Efectivamente, lo es. De hecho, como también es sabido -es regla básica de la teoría de la argumentación, y una derivada netamente democrática- es totalmente consistente que una opinión sobre tal o cual institución emitida por un ciudadano que no ha tenido problemas ni contacto con ella pueda ser mejor, peor o igual que la de un ciudadano que sí que ha estado en esa situación. La experiencia directa a veces ayuda… y a veces, muchas veces, no. En todo caso, puede ayudarnos si, además, pensamos sobre ella.
Es obvio, es meridianamente claro, que del hecho de que un ciudadano o ciudadano no haya comparecido ante la justicia ni ha tenido problemas con ella (en el supuesto de que exista algún sujeto real que tenga estas características) no le impide ni política ni cívica ni epistémicamente tener una opinión acerca del funcionamiento, la estructura y los componentes de esa institución. El señor Botín ha tenido algún contacto con la Justicia española últimamente, rodeado de un conjunto aléfico de asesores legales pagados con su nómina y beneficios galácticos, pero antes, mucho antes, desde la cuna incluso, ya tenía formada su opinión (verdadera por lo demás según las últimas investigaciones): a él, hiciera lo que hiciera, ningún juez le tosía en la cara, ni tan siquiera le ponía de pie.
Un último apunte. Propongo que una línea de demarcación, por decirlo a la manera de Althusser, entre los ciudadanos que merecen ser escuchados y aquellos que no lo merecen tanto (o no lo merecen en absoluto) pase por este criterio: si un responsable político, inconsciente o conscientemente (no hay que desechar esta segunda posibilidad) dificulta, entorpece, corrompe la razón pública, díganlo como prefieran, y no pide excusas por ello, merece ser situado en el segundo grupo, lo cual nos exige a todos actuar en consecuencia: no escucharlo más, como si no existiese públicamente, hasta que rectifique, estudie y aprenda los instrumentos básicos de la racionalidad pública. Una recomendación bibliográfica para ello que no les defraudará: Luis Vega, Si de argumentar se trata. Montesinos, Barcelona, 2004.