Concluso y en periodo de exhibición el documental «4F: Ni oblit ni perdó», ocho años después de los sucesos, Rodrigo Lanza continúa denunciando que el 4 de febrero de 2006 fue una de las víctimas de un «montaje» policial en toda regla. «Que la verdad salga a flote, que realmente se sepa lo que ocurrió». […]
Concluso y en periodo de exhibición el documental «4F: Ni oblit ni perdó», ocho años después de los sucesos, Rodrigo Lanza continúa denunciando que el 4 de febrero de 2006 fue una de las víctimas de un «montaje» policial en toda regla. «Que la verdad salga a flote, que realmente se sepa lo que ocurrió». Es lo que le mueve a presentar el documental por ateneos y centros sociales de todo el estado (esta semana en el Ateneu Llibertari de El Cabanyal, en Valencia). Según los productores del vídeo de 110 minutos, la Comisión Audiovisual del 15-M de Barcelona y la productora Metromuster, con la colaboración del semanario la Directa, el 4 de febrero de 2006 se desencadenó «uno de los casos de corrupción policial, judicial y gubernamental más grave que ha vivido la ciudad de Barcelona en los últimos años».
Ese día se celebraba una fiesta nocturna en un antiguo teatro okupado propiedad del Ayuntamiento, en la calle Sant Pere Més Baix de Barcelona. La guardia urbana controlaba los accesos al edificio. El documental relata cómo se produce, en un momento dado, una pelea entre jóvenes que accedían a la fiesta y agentes de la policía local. Desde lo alto del edificio empiezan a arrojarse objetos contra los agentes. Una gran maceta impacta en el cráneo de uno ellos (que no portaba casco), y que resultó herido de gravedad. En la calle se producen cargas y varias detenciones (a pesar de que el tiesto se lanza desde lo alto de la finca).
Juan Daniel Pintos, Álex Cisternas y Rodrigo Lanza, los tres de origen suramericano, niegan cualquier implicación en los incidentes, pero tuvieron que pechar con los cargos de atentado contra agentes de la autoridad e intento de homicidio (Rodrigo Lanza afirma que únicamente preguntó a un agente si podría cruzar la calle para tomar el metro; de inmediato, un segundo policía le golpeó en la cabeza y las costillas; Juan Daniel Pintos y Álex Cisternas fueron detenidos cuando escapaban de la carga policial).
El informe de Amnistía Internacional «Sal en la herida» (Noviembre de 2007) recoge la versión de los tres jóvenes: «Junto con otros detenidos, los llevaron a la comisaría de la policía local del distrito de Ciutat Vella. Durante el trayecto, los agentes que los custodiaban en la furgoneta los amenazaron e insultaron, y les dijeron que los matarían si algo le sucedía al agente herido. Al llegar a la comisaría, metieron a los detenidos en celdas separadas, solos. Un agente golpeó en repetidas ocasiones a Álex Cisterna en la cadera mientras le preguntaba: «¿Te duele?». Un agente de la policía local propinó a Rodrigo Lanza tres puñetazos en la cara, que le causaron lesiones en la nariz y le hicieron caer al suelo (…). El mismo agente lo golpeó con su porra en las piernas, los brazos y la espalda, le escupió y le retorció un brazo». Bofetones, golpes y comentarios de este estilo: «como te veamos por la calle te vamos a matar, sudaka». Los tres denunciaron los malos tratos policiales en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona.
En el Hospital del Mar, narra el documental, resultó detenida Patricia Heras, quien llevaba sólo cinco meses en Barcelona y salió ese día con un amigo (Alfredo Pestana) a conocer la ciudad en bicicleta. Después de un accidente, la ambulancia los condujo al centro hospitario. Allí fueron detenidos, únicamente «por la pinta y la estética antisistema», aseguran quienes denuncian lo ocurrido el 4F. Condenada a tres años de cárcel, Patricia era una joven estudiante de literatura que también escribía poesía. En la prisión llegó a impartir clases y se encargaba de la biblioteca. Antes, servía copas en un bar del Raval. Pasó tres meses en prisión hasta que no aguantó más. Se suicidó durante un permiso el 26 de abril de 2011. «Hay gente tan noble y tan buena que no puede vivir esta vida; crecer significa hacerte insensible; mantenerte siendo una niña como ella es digno de admirar», opina Rodrigo Lanza. (En junio de 2013 cerca de 800 personas ocuparon un cine abandonado -el «Cinema Patrícia Heras»- del centro de Barcelona, para proyectar por primera vez «4F: Ni oblit ni perdó»).
Los inculpados cuestionaron desde el primer día la imparcialidad de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, Carmen García Martínez, que se ocupaba tanto de los cargos contra los tres jóvenes como de las denuncias por torturas. Los ritmos y tiempos con que se han investigado ambos casos presenta grandes diferencias, sostiene la defensa de los jóvenes. Además, afirman que la juez informó a sus abogados de que consideraría sospechosas (en relación con el guardia herido) a todas las personas que se hallaban en el lugar de los hechos y no fueran agentes de policía. «A mí no me importa lo que te hayan hecho en la comisaría», cuenta Rodrigo Lanza que le espetó la jueza. O «Aunque vengan mil como tú, yo ya tengo la versión de los agentes». «¿Mató usted al policía?», preguntó a uno de sus compañeros la jueza García Martínez, que finalmente archivó las denuncias por torturas.
En enero de 2008 la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia. Condenó a tres años y tres meses de prisión a Juan Daniel Pintos y Álex Cisternas, a tres años a Patricia Heras, a tres años y tres meses a Alfredo Pestana, y a cuatro años y seis meses de cárcel, además de un millón de euros en indemnizaciones, a Rodrigo Lanza. La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a penas inferiores (un año de prisión) a Heike Bigge, Jordi Martín Gaya, Alejandro Carrillo de Rueda y Sivia Ruedas Osuna. Finalmente el Tribunal Supremo, en una sentencia de junio de 2009, aumentó la pena de prisión a Rodrigo Lanza de cuatro a cinco años. Según el abogado Gonzalo Boyé, dos grandes vectores marcaron el proceso: «el resultado del juicio estaba preconcebido; y, por parte de políticos, policías y jueces, unos prejuicios muy fuertes contra el movimiento Okupa». «El error ha sido confiar tanto en la justicia; no pensaba que fueran tan cínicos», se lamenta Mariana Huidobro, madre de Rodrigo.
Una de las claves de lo acaecido esa noche reside en el objeto que hirió de gravedad al policía. El Ayuntamiento de Barcelona, la guardia urbana y las diferentes instancias judiciales sostuvieron que fue una piedra lanzada desde la calle. Mantuvieron, así, la coherencia argumental, dado que las detenciones se produjeron en la vía pública. Por el contrario, los procesados manifestaron siempre que la maceta se arrojó desde lo alto de la finca, lo que automáticamente los exculparía. En este punto adquiere suma relevancia el testimonio de Joan Clos, alcalde de Barcelona el 4 de febrero de 2006, quien mantuvo dos versiones diferentes sobre lo sucedido.
En unas declaraciones a Catalunya Ràdio, tras visitar al agente hospitalizado, Clos (PSC) reconoció que la tetraplejía y las heridas del agente se debieron al impacto del tiesto. Sin embargo, se desdijo de estas afirmaciones en una entrevista con la periodista Mònica Terribas, un día antes del juicio. Defendió esta vez la versión de la piedra como elemento desencadenante, y justificó su interpretación anterior por el contenido de unos informes policiales. Tras abandonar la alcaldía en 2006, Joan Clos ocupó dos años el cargo de Ministro de Industria, Comercio y Turismo. Actualmente es director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat)
Los peritos médicos de la defensa, por otra parte, destacaron como hipótesis más probable que las lesiones del agente las causara un objeto de gran masa y lanzado desde una altura considerable (la hipótesis de la maceta). Sobre las dificultades para la obtención de pruebas, el documental aporta un argumento utilizado también en su día por la abogacía de los presos: la imposibilidad de que la policía científica pudiera realizar una inspección del lugar de los hechos, ya que -como reconoció un informe de la Direcció General de Seguretat de la Generalitat de Catalunya fechado el 5 de febrero de 2006- «cuando la policía científica llegó al lugar, pudo comprobar que la zona había sido limpiada por los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona».
De todos estos impedimentos se hizo eco, en un informe de diciembre de 2006, la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col.legi d’Advocats de Barcelona. Se constata en el escrito «la denegación por parte del juzgado de instrucción y, en el momento de la admisión de pruebas, por parte del Tribunal, de la práctica totalidad de pruebas relevantes propuestas por la defensa». Por ejemplo, la negativa a tomar declaración como testigo al Joan Clos, a solicitar la aportación del informe policial al que exalcalde hizo referencia, o averiguar quién había dado la orden de limpieza del lugar de los hechos.
El 4F podía haber experimentado un vuelco cuando los agentes de la guardia urbana de Barcelona, Víctor Bayona y Bakari Samyang, fueron condenados en 2011 por la Audiencia Provincial de Barcelona (condena ratificada después por el Tribunal Supremo) a inhabilitación y más de dos años de cárcel, por un delito de torturas graves. Pudo dar un giro, que finalmente no se dio, porque «la sentencia también pone de manifiesto que los agentes simularon delito y falsearon el atestado, lo que cuestiona sobradamente la credibilidad de sus declaraciones como testigos del cargo en el caso 4F», apunta el colectivo «Desmontaje 4F». Los dos policías fueron testigos clave, según la misma fuente, para condenar a los inculpados por los hechos del 4 de febrero de 2006.
«Poxo», miembro de la Comisión Audiovisual del 15-M de Barcelona y uno de los productores del documental, ha explicado en el Ateneu Llibertari de El Cabanyal que estas denuncias «son habituales en Barcelona; hoy lo que aparece en el audiovisual continúa ocurriendo; inmigrantes, prostitutas y gente con pocos recursos, entre otros colectivos que se sabe que no van a denunciar, son las víctimas; es habitual que la guardia urbana se pasee por el Raval deteniendo a gente y torturando». Sobre el audiovisual presentado, sostiene que en Cataluña «está prohibido hablar de la cuestión». Mientras, Rodrigo Lanza se ha marchado a vivir a Zaragoza; Juan Daniel Pintos volvió a Argentina en 2012; y Álex Cisternas a Chile. Entre el silencio mediático, flota la impunidad.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.