Vale la pena insistir en la excelente información de Brais Benítez en La Marea [1] sobre la Iniciativa Legislativa Popular en torno a una renta garantizada para personas en situación de vulnerabilidad. Jordi Baiget i Cantons, secretario del Govem de la Generalitat de Catalunya, escribió el pasado 19 de febrero: «CERTIFlCO: Que en la sessió […]
Vale la pena insistir en la excelente información de Brais Benítez en La Marea [1] sobre la Iniciativa Legislativa Popular en torno a una renta garantizada para personas en situación de vulnerabilidad.
Jordi Baiget i Cantons, secretario del Govem de la Generalitat de Catalunya, escribió el pasado 19 de febrero: «CERTIFlCO: Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya celebrada el dia d’avui s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: ‘S’acorda denegar la conformitat a la tramitació de la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per I’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, número de tramitació 202-00009/10, presentada per la Comissió promotora (Sr. José María Álvarez Suárez, Sr. Josep Bel Gallart, Sr. Luis Blanco Maldonado i 30 persones més), atés que la seva aprovació comportaria un augment de despeses en el pressupost vigent, d’acord amb l’informe que s’adjunta.» l, perqué aixi consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 19 de febrer de 2013″.
El gobierno catalán de oponía con ello a la tramitación de la ILP sobre la renta garantizada, a pesar del dictamen favorable de sus propios servicios jurídicos. Con la razón de siempre para los casos de siempre (no siempre ni para toda circunstancia): no hay dinero y la aprobación de la ILP aumentaría el capítulo de gastos. El tema, además, no es parte, no cuenta en la estrategia diseñada por el gobierno y aliados sobre el «derecho a decidir».
Pero ha habido rectificación o corrección. No del gobierno sino de la Mesa del Parlament, en una situación socioeconómica en la que el paro, en Catalunya, afecta a unas 900 mil personas (y sólo un 30% de las personas desempleadas se calcula que reciben algún tipo de prestación) y, por otra parte, un 20% de la población (casi 1 millón y medio de personas) corre el riesgo de exclusión social.
La Mesa del Parlament acordó, pues, en la mañana del pasado martes 12 de marzo por unanimidad (es decir, con los votos de CiU y ERC y también los del PP) admitir a trámite la ILP «que propone una renta garantizada de ciudadanía para todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad». Impulsada por una comisión promotora amplia y muy diversa que integra a entidades sociales y sindicatos muy heterogéneas (como debe ser), la ILP solicita que se establezca por ley, de acuerdo con el artículo 24.3 del propio Estatut de Catalunya («las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna»), una renta mensual de 664 euros para todos los ciudadanos/as, mayores de 18 años, «que hayan vivido legalmente en Cataluña al menos durante los últimos 12 meses y que hayan pasado un mínimo de cuatro meses en situación de falta de recursos». En el caso de estar percibiendo alguna prestación, «se cubriría la diferencia hasta alcanzar dicha cantidad».
En caso de aprobarse, la prestación sustituiría al PIRMI, cada vez más restrictivo. Los promotores, que caminan con prudencia y con todo el cuidado necesario, mantienen que la medida, de aprobarse, se haría efectiva como pronto en 2015.
En la nota de urgencia para los miembros de la Comisión Promotora y voluntarios/as de la campaña de la ILP, la comisión ha señalado: «La Mesa del Parlament reunida en la mañana de hoy 12 de marzo de 2013 ha decidido aprobar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía (Ilp RGC). La ampliación del informe de oposición del Gobierno de la Generalitat no ha sido obstáculo para su aprobación al cumplir la Ilp RGC con todos los requisitos jurídicos exigibles. A partir de este momento deberá constituirse la comisión de juristas del Parlament que gestionará la jura o promesa de los fedatarios/as de la Ilp así como el trámite de la numeración y sellado de los pliegos de la ILP.»
La Comisión Promotora felicita «a la marcha contra el paro, asambleas de trabajadores/as en paro, organizaciones, colectivos, entidades, mociones de ayuntamientos, etc»., a todas las personas que «ha permitido superar la oposición del Gobierno de la Generalitat y hacer realidad el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía a través de la Ilp». ¡La mejor forma de hablar es hacer y ayudar!
¡Otra batalla que parecía perdida y que ha conseguido superar la primera barrera! Más que nunca es necesaria la ayuda de todos y todas. ¿Contamos contigo, compañera?, ¿contamos contigo, amigo? Ahora comenzarán los trámites previos a la recogida de firmas. Para que la ILP salga adelante y sea debatida en el Parlament, se deberán reunir 50.000 firmas. Nuestra colaboración, la de todas y todos, será decisiva. ¿Calentamos motores? Mejor aún: ¿nos ponemos en pie de lucha, resistencia, unidad y esperanza?
Nota:
[1] BB, «El Parlament de Cataluña estudia la ILP que pide una renta básica de 664 euros». http://www.lamarea.com/2013/03/12/el-parlament-de-cataluna-admite-a-tramite-la-ilp-de-la-renta-garantizada-de-ciudadania/
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia
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