Ocho municipios que viven de los balnearios, el turismo, el agua mineral y una agricultura basada en pozos temen que las prospecciones para extraer hidrocarburos en Soria y Guadalajara que ha avalado el Supremo contaminen sus acuíferos y acaben con su modo de vida. «Ahora tenemos pleno empleo, pero si falla el agua nos quedamos […]
Ocho municipios que viven de los balnearios, el turismo, el agua mineral y una agricultura basada en pozos temen que las prospecciones para extraer hidrocarburos en Soria y Guadalajara que ha avalado el Supremo contaminen sus acuíferos y acaben con su modo de vida.
«Ahora tenemos pleno empleo, pero si falla el agua nos quedamos sin vida. Tendremos un 100% de paro», explica Joaquín Barriga, alcalde de Jaraba. «Si hubiera alguna desgracia que afectara a los acuíferos, sería para coger a maleta y dejar el pueblo», coincide José Carlos Tirado, alcalde de Ariza.
Sus municipios son dos de los ocho de la zona suroeste de la provincia de Zaragoza que ven su modo de vida amenazado por el proyecto Cronos, un permiso para investigar y extraer hidrocarburos mediante técnicas de fracking o factura hidráulica del subsuelo de una superficie de 96.961 hectáreas en las vecinas provincias de Soria y Guadalajara, y que acaba de ser ratificado por el Supremo.
Bajo esa zona se encuentran las masas de agua subterránea que, desde hace dos siglos, mantienen la actividad económica de la zona, en la que la explotación de balnearios, el embotellamiento de agua mineral y el turismo conviven con una agricultura y una ganadería que riega y se abastece principalmente con pozos. Y temen que esas prospecciones puedan dañarlas.
Sin embargo, la amenaza no se circunscribe a esa subcomarca zaragozana de unos miles de habitantes. Los pinchazos se producirán en la zona bajo la que se extiende el unidad hidrogeológica del Alto Jalón, una masa de agua subterránea de 2.295 kilómetros cuadrados de extensión y 350 metros de profundidad que se extiende por Aragón y las dos castillas y que incluye reservas naturales como la Laguna de Gallocanta, punto de parada dos veces al año unas 200.000 grullas en sus migraciones entre Europa y África, y fenómenos geológicos como el rosario de manantiales de los Ojos de Monreal.
Alimenta los cauces de los ríos Jalón -con su casi bimilenario y pionero en la península sistema de regadío-, Mesa y Piedra, que durante siglos ha excavado las galerías y generado las cascadas del parque natural del Monasterio de Piedra. E incluye afloramientos en las cuencas del Ebro, drenajes hacia el Duero en Almazán y bolsas conectadas con el Tajo y el Júcar en Cella, Molina de Aragón y Lidón, según los estudios del Ministerio de Medio Ambiente.
El aval del Supremo y los datos sísmicos repicados
El proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en 2013, levantó las alarmas en las tres provincias y provocó recursos de Ecologistas en Acción, de los dos municipios zaragozanos y de una plataforma antifracking con base en Almazán. Todos ellos han sido desestimados. El último, el de los ayuntamientos, al considerar el Supremo «suficientes» y «rigurosos» los requisitos de prevención ambiental que exige el Gobierno en una zona con varios enclaves de la Red Natura: volver a procesar la información sísmica existente sobre la zona y realizar sondeos exploratorios en pozos poco profundos, para tramitar una declaración de impacto ambiental en caso de abrir los pozos.
El fracking o fractura hidráulica es una técnica de extracción de hidrocarburos basada en la inyección de potentes chorros de agua, arena y compuestos químicos en las bolsas del subsuelo para extraer el combustible por presión. El Gobierno de Aragón ha proscrito esta práctica en su territorio por la vía de los hechos, aunque carece de competencias para un proyecto ubicado en otras comunidades, por mucho que pueda afectar a masas de agua que alcanzan su subsuelo.
Estas, al afectar a las dos castillas, corresponden al ejecutivo central, en manos del PP, único partido que apoya su uso en España, mientras el resto de las formaciones lo rechazan.
«Es lamentable que defender al pueblo cueste dinero»
Ariza ha tirado la toalla en la vía judicial, confirma su alcalde, y no irá al Constitucional, cuyo amparo sí estudia solicitar la plataforma. Jaraba lo decidirá en un pleno a final de mes. «No sé cómo abordar este tema. Se nos va de las manos», confiesa el primer edil de Jaraba: «Ir al Constitucional cuesta dinero, y nosotros tenemos poco y preferimos invertirlo en la escuela del pueblo. Lo consideramos prioritario. Mientras haya pueblo, claro».
Otro pueblo vecino, Alhama de Aragón, ya declinó hace tres años meterse en pleitos. «Entendemos que quien debería sacar las castañas del fuego es el Gobierno de Aragón, la Diputación o la comarca, Deberían defender el territorio», sostiene su alcalde, José María Castejón, para quien «los ayuntamientos pequeños no tenemos capacidad para afrontar pleitos de este tipo. Y tampoco podemos hacer la guerra cada uno por su lado». Barriga plantea la posibilidad de solicitar justicia gratuita para ir al Constitucional. «Es lamentable que para pleitear por algo que afecta al pueblo haya que pagar», dice.
Alhama, con 1.200 habitantes, ha logrado diversificar su economía gracias a la factoría de componentes de iluminación Zalux, que emplea a 300 personas de toda la comarca. Los dos balnearios, uno de ellos con un lago termal único en Europa, de casi dos hectáreas de extensión y con caudal de origen subterráneo, emplean a 120 más entre nueve y once meses al año.
Una forma de vida que depende del agua
Sin embargo, la dependencia del agua es total en el resto de la zona, con municipios como Ibdes, Ariza o Monreal de Ariza y enclaves turísticos como el Monasterio de Piedra, un parque natural de grutas y cascadas excavadas por el río del mismo nombre que supone uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.
También el Mesa y el Jalón, cauce del que se abastece Calatayud -la segunda población de la provincia, con más de 20.000 habitantes-, se verían afectados por una eventual contaminación de los acuíferos, coinciden los alcaldes, que recuerdan cómo la excavación de los túneles de la línea del AVE Madrid-Zaragoza ya mermaron el agua que llega a Jaraba.
«Las fronteras geológicas no coinciden con las administrativas», anota Tirado, que llama la atención sobre los negativos efectos que podría tener para la agricultura de la zona un nuevo pinchazo de ese tipo en un acuífero, ya fuera en Guadalajara o en Soria.
Más de 2.500 hectáreas protegidas
Las masas de agua subterránea de carácter mineral y termal sí cuentan, en las zonas en las que afloran, con perímetros de protección recogidos en el Plan Hidrológico del Ebro (PHE) y en los que están limitadas las actividades productivas.
Incluyen, en los páramos del Alto Jalón, un total de 2.500 hectáreas que engloban los balnearios de Termas Pallarés, Alhama, Cantarero, San Roque, la Virgen o los Baños de Serón; acuíferos con embotelladoras como los de Fontjaraba, Fontecabras, El Cañar y Lunares y, también, otras masas de agua como las de San Vicente, Virgen de las Nieves, El Prado, La Peña y San Luis.
Sin embargo, las medidas de protección no afectan a los daños que puedan sufrir como consecuencia de actuaciones en las grandes masas de agua a las que están conectados esos afloramientos. Es otra de las lagunas en la gestión del agua en España: el territorio de las confederaciones se establece según las vertientes superficiales de los ríos, sin tener en cuenta los acuíferos.
188.000 euros de capital para una inversión de 30 millones
El decreto que dio luz verde al proyecto Cronos, que contempla una inversión de 15 millones de euros durante seis años, preveía que los trabajos de prospección comenzaran en seis meses, que comienzan a correr desde la sentencia del Supremo, y que el primer pozo de fracking pudiera ser abierto a partir del tercero.
La empresa adjudicataria de los permisos es Frontera Energy Corporation, una sociedad con sede en Zaragoza que tiene un capital social de 188.025 euros y que el mismo día que recibía la autorización para las prospecciones de Cronos obtenía otra denominada Aquiles para una superficie mayor y con un presupuesto de otros 15,2 millones.
Sus administradores son Oisin Fanning, CEO de San Leon Energy, una sociedad con sede en Dublín cuyas acciones se han depreciado un 99% en los últimos cinco años, y María Puig, ejecutiva de la desaparecida caja de ahorros CAI.
Fuente original: http://www.publico.es/espana/fracking-amenaza-mar-subterraneo-del.html