«Las prisas, para los ladrones y los malos toreros». Esta frase, bien acuñada por la sabiduría popular, viene a decirnos que las cosas deben realizarse con la debida calma, que los asuntos deben tratarse y acometerse con un mínimo de sosiego, con ese punto de serenidad que nos evite, en lo posible, caer en los […]
«Las prisas, para los ladrones y los malos toreros». Esta frase, bien acuñada por la sabiduría popular, viene a decirnos que las cosas deben realizarse con la debida calma, que los asuntos deben tratarse y acometerse con un mínimo de sosiego, con ese punto de serenidad que nos evite, en lo posible, caer en los errores de la precipitación para no tener que lamentarnos luego de irreversibles estropicios. Y más imprescindible nos parece la adopción de esta pauta de comportamiento, si los temas a tratar se revisten de singular importancia o gravedad.
Sin embargo, desoyendo el sensato consejo de la máxima, el gobierno de Zapatero y su socio de alternancia, el Partido Popular, se han coaligado para aprobar, con una urgencia digna tan sólo de ladrones y toreros mediocres, nada menos que la reforma de nuestra Constitución para incluir en ella un techo al gasto público a fin de apaciguar la inquietud de los Mercados.
Sin entrar aún en valoraciones o consecuencias de dicha reforma, el mero hecho de quererla llevar a cabo en lo que queda de legislatura -lo que les deja un escasísimo margen de tiempo antes de que se disuelvan las Cortes a finales de septiembre-, necesitando para ello eliminar los trámites de ponencia y comisión en las dos cámaras y acelerar insólitamente todos los demás a fin de llegar a su aprobación por votación y lectura única, debería ponernos inmediatamente en guardia no fuera a ser que tras tanta premura se estuviese perpetrando el robo de nuestra soberanía y la faena de aliño y bajonazo a nuestro Estado del Bienestar.
Redunda en esta desconfianza la pretensión del PPSOE de aprobar la reforma sin que sea ratificada por el pueblo español, esto es: sin que la misma sea sometida a referéndum. Cierto es que, de acuerdo al reglamento de las Cámaras, pueden hacerlo, ya que la solicitud de realizar la consulta popular necesitaría el aval de una décima parte de los diputados o de los senadores -esto es: de 35 diputados o 26 senadores-, y no se alcanzan tales cifras ni con el acuerdo de todos los miembros del resto de grupos excluidos los del PPSOE; no obstante, otra cosa muy distinta es la obligación ética de dejar manifestarse al pueblo ante una decisión que, como reconocía Zapatero en el Congreso, es estructural y no coyuntural. Pero es que, además, tal obligación no sólo es un imperativo moral, sino legislativo, que no en vano en el artículo 1º del Título Preliminar de nuestra Constitución se dice que todos los poderes del Estado emanan del pueblo español, en quien reside la soberanía nacional. Por lo tanto, es el pueblo quien debe pronunciarse para aprobar o rechazar la reforma propuesta, y no cabe argüir aquí la manida cantinela de que los diputados y senadores, como integrantes de las Cortes Generales, representan al pueblo, porque ningún programa electoral presentado a la ciudadanía contenía alusión alguna respecto a la pretendida reforma constitucional. Dada esta circunstancia, creo que cualquier persona con un mínimo talante democrático, con un ápice de decencia política, estaría de acuerdo en que una modificación del articulado de nuestra Ley Fundamental requiere un pronunciamiento directo del pueblo que ratifique o deniegue tal solicitud.
¿Por qué, entonces, tanta prisa? ¿Por qué no se lleva a referéndum tal reforma, si, como se atrevió a decir Zapatero, está «muy mayoritariamente asumida por la sociedad española»?
La respuesta es obvia: porque, pese a lo dicho por nuestro Presidente, saben que tienen muy escasas opciones, por no decir ninguna, de sacar adelante su propuesta. Dicho de otro modo: no nos consultan porque en esta cuestión, como en otras muchas, no se sienten representantes del pueblo español, sino que actúan, como vienen haciendo descaradamente de un tiempo a esta parte, en calidad de obedientes mandaderos de los Mercados.
La reforma del artículo 134 de la Constitución, amén de otros preceptos constitucionales involucrados en la financiación autonómica, pretende blindar el techo de déficit presupuestario en todas las administraciones públicas cifrándolo en un 0,4% del PIB. Dejando al margen que, a juicio de los técnicos, dicha reforma no es jurídicamente necesaria, pues podrían tomarse las mismas medidas sin afectar a nuestra Carta Magna, podría aquella parecernos consecuente a tenor del despilfarro y la malversación de fondos públicos que venimos padeciendo de manera habitual en nuestro país. Poner freno a esta práctica debe parecernos, cuanto menos, saludable. Sin embargo, este poner orden en la limitación de la capacidad de endeudamiento de las autonomías y las distintas administraciones públicas, va a resultar contraproducente referido al Estado en su conjunto. Poner límites al gasto público significa, no sólo acabar con el desmadre existente -lo cual es positivo-, sino perjudicar seriamente a la continuidad de servicios públicos como la Sanidad o la Educación, y de prestaciones sociales como el sistema de Pensiones o el subsidio de Desempleo, por más que Zapatero se haya adelantado a afirmar que, en la reforma constitucional, deberá aparecer una cláusula de salvaguarda del pago de este tipo de prestaciones.
Sin embargo, lo que resulta irritante es que, en el fondo de todo esto, subyazca la idea de que la crisis económica que padecemos -cuyos culpables son los banqueros, los especuladores financieros y los gobiernos cómplices- no haya otro modo de resolverla que con recortes sociales; esto es: el pueblo al que dicen «rescatar» pagando nuevamente los platos rotos por los oligarcas para rescatarlos de sus tropelías. Y para colmo, con el servilismo de Zapatero y Rajoy brindando en bandeja la reforma constitucional, la lógica de expansión neoliberal que pretende colársenos hasta el mismísimo articulado de la Carta Magna para imponer en él su ley de la jungla.
No hace falta ser economista para saber que en épocas de recesión el gasto público debe ser aumentado a fin de que siga prestando eficazmente sus servicios sociales, y basta estar mínimamente al tanto del desarrollo de los acontecimientos políticos y económicos para saber que el neoliberalismo es una teoría que busca la optimización de las libertades empresariales dentro de un marco institucional donde dominen la propiedad privada, la desregulación de los mercados y el libre comercio, según la cual, el intervencionismo del Estado en los mercados ya creados debe ser mínimo -menos cuando tiene que ir en su rescate-, pero que, en áreas donde los mercados no existen, como en la Sanidad, la Educación, el sistema de Pensiones, etc., es el propio neoliberalismo quien insta a los Estados a que intervengan para fomentar su creación; dicho en plata: para promover la privatización de lo público.
Desde tal perspectiva, debe entenderse que, con la constitucionalización del techo del gasto público, como pretende esta reforma metida en agosto y por sorpresa para ser aprobada en tiempo record, se persigue dar el golpe de gracia a lo poco público que queda ya en nuestro país, y con él, hacernos padecer la irreparable pérdida de soberanía y el recorte creciente de libertades que, a buen seguro, llevará aparejadas.
Lo intempestivo de la propuesta y la urgencia de su tramitación, hace necesaria una respuesta contundente e inmediata en la calle si queremos detener este atropello y exigir un referéndum que el Parlamento no puede soslayar; un referéndum vinculante donde el pueblo deje oír su voz. El 15-M debe movilizarse de inmediato y con él todas las asociaciones políticas y sindicales que, estando a favor o en contra de la reforma, crean democráticamente que no puede llevarse a efecto sin escuchar a la opinión pública. Hay que echarse a la calle a exigir los derechos que nos otorga nuestra Constitución, porque, una vez más, estamos convencidos de que nuestros parlamentarios NO NOS REPRESENTAN y, por lo tanto, no poseen legitimidad ni autoridad moral para seguir hundiéndonos en este desastre de impredecibles consecuencias.
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