Una corte de poder económico y mediático protege a la Corona

El poder de la Monarquía existe, no es una quimera ni una figura folclórica. «No es un grupo de poder como tal, pero sí existe una intersección en la que se entrecruzan muchos de ellos», explica el periodista y economista Andrés Villena, uno de los principales estudiosos de las redes de poder en España.

«El rey Juan Carlos siempre intentó crear una nobleza empresarial que protegiera a la Corona», señala el sociólogo Rubén Juste, que ha dedicado varios años al estudio de la aristocracia económica mediante la sistematización del Íbex-35 y de las relaciones empresariales de sus magnates, buena parte de los cuales forma parte de esa nueva aristocracia del dinero.

Quizá uno de los principales ejemplos de esa nobleza empresarial sea Juan Miguel Villar Mir. Ex alto cargo de Franco, para el que dirigió varias empresas públicas, sería entre diciembre de 1975 y julio de 1976 ministro de Hacienda y vicepresidente económico del primer Gobierno del rey para comenzar una década después, a mediados de los 80, un despegue empresarial que incluyó la compra de la constructora Obrascón por una peseta. Lo mismo que le costaría en el siguiente decenio hacerse con Fertiberia, dentro de una operación gubernamental de reflote de empresas públicas en la que el Gobierno se dejó varios miles de millones de pesetas.

Esa trayectoria ascendente iniciada al socaire de las ansias privatizadoras de los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, a la que se sumaron oportunidades generadas por la decadencia de otras firmas como Huarte y Laín, cuya fusión con Obrascón en OHL debutó en bolsa en 1999, se mantuvo con los sucesores de estos: el emporio de Villar Mir, marqués desde 2011, es uno de los principales socios del consorcio español del AVE Medina-La Meca, en el que mantiene una tirante asociación con Florentino Pérez, su sucesor como «gran duque» de esa aristocracia empresarial de La Zarzuela.

De los Coca y los Fierro al ‘compi yogui’

De esa corte también forman parte, o al menos lo hacían hasta hace poco, ejecutivos como Javier López Madrid, yerno de Villar y cuya relación de compiyogui con los actuales reyes, iniciada al coincidir con el futuro Felipe VI en un safari en África, se enfrió oficialmente a raíz de su aparición en varias investigaciones sobre corrupción como los casos Púnica y Lezo, además de las tarjetas black de CajaMadrid, caso en el que fue condenado.

Las buenas relaciones de Juan Carlos con la Monarquía saudí, de hecho, resultaron clave, incluso después de su abdicación, para desatascar ante el Gobierno de aquel país el embrollo entre los empresarios que estuvo a punto de hacer descarrilar un proyecto presupuestado en más de 7.000 millones de euros.

Esos vínculos de Juan Carlos I con las petromonarquías del Golfo Pérsico comenzaron a forjarse a mediados de los años 70, cuando ya estaba sentado en el trono que el dictador Francisco Franco le había reservado, como sucesor, seis años antes de morir.

Hasta entonces, sus principales apoyos del mundo económico habían sido dos de las familias más poderosas e influyentes de la industria y la banca en el franquismo: los Coca y los Fierro. Los primeros, ligados al Banco Central de Alfonso Escámez, que sería otro de sus puntales en esa época; los segundos, vinculados al Banesto, cuyo posterior presidente, Mario Conde, intentó, sin éxito, entrar en el círculo de confianza del monarca a través de su padre, Juan de Borbón. «El rey nunca acabó de fiarse de Conde», señala una fuente cercana al primero. Tampoco lo hizo con Javier de la Rosa, vinculado por negocios con su administrador privado, Manuel Prado y Colón de Carvajal, ya fallecido.

El pacto no escrito de los editores

La coronación a finales de 1975 amplió el abanico de apoyos entre las elites locales del dinero, a las que Juan Carlos I sumó rápidamente otro flanco estratégico: el mundo de la prensa.

A principios de los años 80, tras la dimisión de Adolfo Suárez y el 23-F, los propietarios de los cinco principales grupos mediáticos de Madrid (los Polanco y los Ortega de Prisa, los Luca de Tena de ABC y los Salas de Grupo 16) y de Barcelona (los Godó por La Vanguardia y los Asensio por el Grupo Zeta) «cerraron un pacto no escrito para proteger al rey y, en consecuencia, al régimen. La protección del monarca era un parapeto para el propio régimen en sí mismo porque daba estabilidad institucional», explica una fuente conocedora de esos acuerdos.

«Se le ha protegido hasta que ocurrió lo de Botsuana», anota la misma fuente. El episodio de la cacería de elefantes y los vínculos con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que coincidían en el tiempo con las investigaciones del caso Noos sobre las correrías empresariales de su yerno Iñaki Urdangarín, casado con su hija Cristina, tenían, de hecho, tan escasas probabilidades de blindaje argumental que terminaron provocando su abdicación y la coronación de su hijo, Felipe VI.

Acababan de pasar a la historia las extravagancias dialécticas de escritores como Francisco Umbral, que se definían como republicanos y como «juancarlistas» al mismo tiempo, en consonancia con el viraje ideológico de abdicación del republicanismo que ya habían consumado en la práctica partidos de la izquierda como el PSOE y el PCE.

Eran los felices años 90 de los grandes fastos y la crisis que les siguió, una época en la que se ganaría un puesto en la historia del periodismo local Victoria Prego, que eludió difundir la parte de una entrevista en la que el expresidente Suárez le confesaba que si no había sometido a referéndum la elección entre Monarquía y República en la transición era porque estaba convencido de que los españoles habrían optado por la segunda de manera mayoritaria.

En esas tres décadas y media, Juan Carlos I cultivó una aristocracia mediática en la que, con las balsámicas intervenciones del jefe de la Casa Real Sabino Fernández Campo, más tendente al off the record que a la negación, destacaban periodistas como Luis María Ansón, José Oneto, Margarita Cervera, Pilar Cernuda o Margarita Sáenz Díez y dibujantes como José Mingote (marqués desde 2011), y en la que luego entrarían otros como José Antonio Zarzalejos. Editores como Jesús Polanco, los Luca de Tena o los Godó formaban parte de la nobleza empresarial.

Títulos para la banca, los medios y la energía

Entre el apoyo de los Coca y los Fierro y la creación de esa corte de potentados que ha heredado con matices su hijo, más partidario de la discreción que de la ostentación, el rey emérito abrió, con el apoyo de estrechos colaboradores (como su administrador privado Manuel Prado y Colón de Carvajal) sus líneas de contacto con las petromonarquías del Golfo Pérsico, especialmente con Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Eran los años dorados de Marbella, los jeques y la jet set, y también los del inicio de un viraje de la economía española hacia una cada vez mayor dependencia del crudo de la que hoy no acaba de desengancharse.

Polanco y Prado nunca recibieron títulos aristocráticos, aunque el segundo, presente en varios episodios de aquella España del pelotazo, condenado por dos de ellos (Gran Tibidabo y Wardbase) y relacionado con Conde y De la Rosa, sí obtuvo la gran cruz de la orden de Isabel la Católica por su «lealtad acrisolada y los méritos contraídos».

Juan Carlos I sí otorgó a otros títulos de condes, marqueses, barones e infanzones. Su listado, en el que destacan tres tipos de perfil, da pistas acerca de quién integra esa aristocracia del dinero.

Un grupo, vinculado a la banca, incluye a José Ángel Sánchez Asiáin, que dirigió el BBVA; Alfonso Escámez, del extinto Banco Central, y Paloma O’Shea, viuda de Emilio Botín y madre de Ana, los dos últimos jefes del Santander.

En otro, en el que se entremezclan el ladrillo y la energía, se sitúan Carlos de Borbón Dos Sicilias, que pasó por los consejos de Cepsa, Abertis y Abengoa; Javier Benjumea, de Abengoa; el propio Villar Mir, y Marcelino Oreja, que pasó por los consejos de Enagás y Repsol tras haber sido comisario europeo de energía y, antes, alto cargo del franquismo, ministro de Exteriores en el segundo Gobierno del Rey y los primeros de UCD y diputado y eurodiputado con el PP.

El tercer bloque es el de los editores de prensa, con Javier Godó, propietario de La Vanguardia, que añadió un título de grande de España a su condado; Guillermo Luca de Tena, de ABC, y José Manuel Lara, fundador de Planeta y ATRESMedia.

David Álvarez, fundador de la empresa de seguridad privada y de servicios Eulen, entró también en esa lista solo un mes antes de que Juan Carlos I abdicara en su hijo.

Garantía de un sistema protector

«Toda forma de Estado conlleva una organización económica y un bloque de poder económico que la sustenta», explica Juste, que apunta a «una continuidad del franquismo a la Monarquía en cuanto que permanecen el rey y los grandes empresarios». Vendría a ser «el anillo del rey», del que también forman parte otros empresarios con línea directa con La Zarzuela, como Florentino Pérez y los Entrecanales (Acciona), más acordes, por otro lado, al modelo de discreción que prefiere Felipe VI.

«La Monarquía actúa como garante de un sistema productivo al que viene dando aval desde los años 70», apunta Juste. Eso incluye apoyos de Estado como los del AVE Medina-La Meca o el de la crisis Repsol-YPF en Argentina. Y, también, la entrada de hombres de confianza en las grandes empresas, entre los que destaca el paso del exjefe de la Casa Real Fernando Almansa por los consejos de Telefónica y de una filial del BBVA tras dejar La Zarzuela.

Rafael Spottorno recorrió el camino contrario al pasar de la presidencia de la Fundación CajaMadrid a la Casa Real, de la que fue el último responsable con Juan Carlos I y uno de los primeros cesados por Felipe VI. Hoy espera que el Supremo se pronuncie sobre la condena de dos años de prisión que le impuso la Audiencia Nacional por gastarse más de 220.000 euros con una ‘tarjeta black’.

Los ‘hombres del rey’

«Hay como una estructura que va por encima de los grandes partidos», señala Villena, que apunta que «a la mayoría de los grupos de poder no los votamos ni los elegimos, sino que tienen una dinámica propia», y refiere la existencia de lo que vendrían a ser los hombres del rey, a los que define como «trabajadores del régimen, difíciles de vincular con un partido pero que en ocasiones llevan a visualizar la idea del ‘régimen del 78».

Muchos de ellos proceden de la cantera de la Abogacía del Estado, como Eduardo Serra, considerado el paradigma de este grupo y cuyo tránsito de secretario de Estado de Defensa con González a ministro del ramo con Aznar en 1996, en plenos polémica y conflicto judicial sobre la desclasificación de los papeles del Cesid y la eventual relación del espionaje español con los GAL, supone un caso inaudito de versatilidad política en un país como España.

Otros dos ministros de Defensa, Julián García Vargas y Pedro Morenés, uno con el PSOE y otro con el PP, este último vinculado al sector del armamento, son habitualmente señalados como hombres del rey, grupo del que también formaría parte el exsecretario de Estado de Seguridad Ricardo Martí Fluxá.

Todos ellos han pasado por consejos de administración de grandes empresas. La mayoría, tras dejar la Administración: Serra pasó por UBS y Deutsche Bank; García Vargas, vinculado a la industria armamentística como presidente de la Asociación Española de las Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio, ha asesorado a Indra y Copisa, y Fluxá preside la inmobiliaria Neinor y ACI, la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria. Morenés, vinculado al sector del armamento antes de pasar por el Consejo de Ministros, es hoy embajador en EEUU.

Dos fundaciones directamente vinculadas a la Casa Real

No todos los hombres del rey acceden a la aristocracia formal, ni mucho menos, aunque sí confluyen en otro tipo de foros, como fundaciones, institutos y plataformas. Entre las primeras destacan por su cercanía a la Casa Real la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD), con la reina Sofía como presidenta de honor, que tuvo entre sus creadores hace ya 32 años a Prado y al exministro de Defensa Manuel Gutiérrez Melllado, y la Fundación Princesa de Asturias.

En el patronato de la primera menudean los exministros, como Ignacio Bayón; abundan los apellidos de la corte empresarial, como Luca de Tena, Abelló, Asensio, Botín, Brufrau, Godó o Ybarra, y aparecen descendientes de otros ilustres, como Fernando Abril-Martorell.

En el de la Fundación Princesa de Asturias, una especie de ‘¿Who is who?’ español, Pilar Platero (Sepi, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) o Luis María Linde (Banco de España) comparten asiento con José Manuel Entrecanales (Acciona), Florentino Pérez (ACS), Francisco González (BBVA), José Oliu (Banc Sabadell), Sol Daurella (Coca-Cola), Borja Prado (Endesa, hijo del administrador privado de Juan Carlos I), Esther Alcocer (FCC), su hermana Alicia (Omega Capital), Isidro Fainé (La Caixa), Ana Patricia Botín (Santander) o José Ignacio Sánchez (Iberdrola).

Otros, como el Real Instituto Elcano, fundado hace 17 años con Serra como presidente, carecen de ese vínculo directo con la Casa Real, aunque también coinciden en él expresidentes del Gobierno como González, Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero con exministros como Marcelino Oreja, ministros en activo y una selecta representación empresarial con vocales de Telefónica, Repsol, Santander, Renfe, OHL, REE, Inditex, Indra, Mutua Madrileña, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, IBM, Enagás, CaixaBank, BBVA, Acerinox, Airbus.

Este último sería el principal foro de ‘segundo nivel’ de la aristocracia del dinero, por detrás de la FAD y la Fundación Princesa de Asturias y con mayor proyección pública que otros como la Plataforma Transforma España que dirige Serra, o el extinto Consejo Empresarial de la Competitividad, disuelto el año pasado, seis después de crearlo, por quince empresas habituales de los anteriores foros en la mayoría de los casos: Telefónica (José María Álvarez-Pallete), Mango (Isak Andic), Banco Santander, Repsol, Acciona, La Caixa, El Corte Inglés (Dimas Gimeno), BBVA, Mapfre (Antonio Huertas), Inditex (Pablo Isla), Grupo Planeta (José Crehueras), ACS, Ferrovial (Rafael del Pino), Mercadona (Juan Roig) e Iberdrola (Ignacio Sánchez Galán), con la presencia del Grupo Barceló (Simón Pedro Barceló), Prensa Ibérica (Javier Moll) y Osborne (Ignacio Osborne) como representantes del Instituto de Empresa Familiar.

Blindaje ante los juzgados y las Cortes

En cualquier caso, el rey dispone de numerosos parapetos institucionales al margen de esa corte empresarial, algunos de ellos en el ámbito judicial y otros en el económico.

Los principales se encuentran en la propia Constitución, cuyo artículo 56 sitúa al jefe del Estado al margen de cualquier tamiz judicial al establecer que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», mientras el 65 veta cualquier fiscalización al señalar que «recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma».

Esa regulación permitió hace unos días a la Mesa del Senado rechazar una pregunta del senador de EH Bildu Jon Iñarritu sobre el episodio en el que, según la información de un periódico italiano, un escolta de Juan Carlos I había lanzado por la borda de un yate a una modelo al acercarse la reina a la embarcación.

Esos temas, resolvió la mesa, no son «competencia del Gobierno, ya que se refiere a diversas cuestiones que afectan a la Casa Real». Las cosas de la corte, vino a decir, no atañen a las Cortes.

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