“En el centro de asistencia hay un estandarte que tiene más de cien años, lo sacamos para las ocasiones especiales. Algún día te lo enseñaré. Es un símbolo, así, ves… dos manos, es lo que significa el movimiento obrero, o debería significar. Tú me apoyas a mí, yo te apoyo a ti, seas quien seas, vengas de donde vengas, hombro con hombro, mano con mano”.
Fragmento de la película Pride (Matthew Warchus, 2014).
En los últimos 10 años se han producido acontecimientos importantes. Una crisis económica con efectos devastadores en las condiciones de vida y trabajo, tres huelgas generales, el movimiento del 15-M, el nacimiento y desarrollo de Podemos, etc. Por el contrario, el lenguaje y el discurso oficial e institucional sobre el mundo del trabajo y el sistema de relaciones laborales, no ha variado sustancialmente. En las últimas décadas conceptos como capitalismo, lucha de clases, burguesía, conflicto capital-trabajo, clase trabajadora, caja de resistencia, etc., han ido desapareciendo del debate público. En su lugar se usan otros términos, supuestamente neutros, pero con una gran carga ideológica: economía de mercado, agentes/interlocutores sociales, diálogo social, emprendedores, pacto/concertación social, etc. Los eufemismos, enunciados sin contenido, y los discursos tramposos se han multiplicado. Además, se ha intentado descalificar cualquier iniciativa relacionada con los métodos y tradiciones del movimiento obrero. Se pueden poner innumerables ejemplos. Cristóbal Montoro nos aseguró que las huelgas generales “eran decimonónicas” y que se debían de “erradicar”[1]. Hemos sufrido una ofensiva contra el sindicalismo de clase, que se ha combinado con discursos entre lo ridículo y populista. Recordamos que Cospedal, con pañuelo palestino al cuello, nos aseguró que el PP era el “partido de la clase trabajadora”[2].
En la actualidad, el “diálogo social” vuelve y sigue estando de moda. Las subidas del SMI a 900 euros y 950 euros, constituyen un avance muy positivo, pero insuficiente. Ahora bien, en diciembre se hablaba de subirlo a 1.000 euros, mientras la CEOE decía que aquello era una “barbaridad”[3], y pedían una subida pactada. Tras reuniones secretas y diálogo social, de golpe y porrazo nos enteramos que la subida sería a solo 950 euros. Si el sindicalismo oficial en vez de continuar con sus carencias estratégicas, hubiese apostado por una presión mínimamente movilizadora, quizá se hubiese conseguido más. Por el contrario, el secretario general de CCOO preguntado en la prensa que “¿para cuándo la siguiente alza a 1.000 euros?”, contestaba que “Ahora tocan la reforma laboral y las pensiones”[4]. Tras dejar de hablar de la subida del SMI a 1.000 euros, se publicaba un curioso titular en el El País titulado: “El día que Podemos firmó la paz con los empresarios y se convirtió en un partido de Gobierno”. Además, una vez más, se ha ignorado a todo el sindicalismo a la izquierda de UGT y CC.OO.
Dados los antecedentes, la complejidad y las trampas del asunto, conviene recordar varias cuestiones. En primer lugar sus orígenes en los famosos Pactos de la Moncloa, cuando UGT, CCOO, PSOE y PCE, asumieron en serie los argumentos de la patronal. La concertación admitía premisas como que para combatir la crisis económica y reducir la inflación había que moderar las reivindicaciones sindicales y aceptar moderación salarial. El diálogo social y el modelo de relaciones laborales configurado en la transición fue perfeccionándose en beneficio de la CEOE, bajo la óptica de aumentar las ganancias empresariales a costa de los trabajadores y sus derechos. Los planes estratégicos del capitalismo español pasaron por mesas de diálogo social, con diferentes episodios de consenso y conflictividad. Mientras aumentaban las reuniones en despachos, la acción sindical perdió fuerza y protagonismo. La vida interna en los sindicatos mayoritarios, también. De esta forma la burocratización se ha extendido a niveles asombrosos, a la par que las asambleas y participación democrática brillaban por su ausencia.
Cada vez se fue aceptando más la lógica de que para crear empleo era necesario facilitar flexibilidad laboral. Se asumía poco a poco la filosofía empresarial de que se debían eliminar obstáculos a las empresas, reduciendo e incluso liquidando los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se aceptó que la única fórmula posible para mantener y crear empleo, consistía en ayudar a que las empresas consiguiesen cuantos más beneficios mejor. Esto significaba no solo regulaciones laborales a la carta, sino también fiscales. En las mesas de diálogo social se han aceptado generosas y cuantiosas subvenciones, bonificaciones empresariales y excedencias fiscales a las empresas. Mientras tanto gobiernos de UCD, PSOE y PP han recortado prestaciones por desempleo de una u otra forma: exigiendo más tiempo cotizado para acceder a prestación y recortando las cuantías de las prestaciones. Además, a principios de los 90 el gobierno del PSOE puso fin a la excedencia fiscal en las prestaciones por desempleo.
Los recortes y ataques han sido presentados como reformas. A veces bastaba una palabra o frase para argumentarlos, con campañas de propaganda que insistían en que: “tenemos que aceptar sacrificios para consolidar la democracia”, “vamos a entrar a la CEE”, “debemos cumplir con el Tratado de Maastricht”, “el euro”, “debemos evitar el rescate”, “debemos ser competitivos” etc. Cualquier propuesta que fuese en sentido contrario a los planteamientos de la CEOE era calificada de peligrosa, advirtiendo de que podría tener efectos catastróficos. En nombre del dialogo social se han pactado retrocesos en nuestros derechos laborales y sociales. Y a nivel sectorial y de empresa, en demasiadas ocasiones el diálogo social se ha ceñido en negociar si se despedía a 100 o 150 trabajadores, y si los despidos se pagaban a 20 o 23 días por año trabajado.
¿Cuál es el balance?
La acción sindical y el mundo del trabajo ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. La reconversión industrial de los años 80 y principios de los 90 significó la destrucción de la industria textil, naval, siderurgia y metalúrgica. Se cerraron numerosas fábricas y núcleos industriales. Se destruyeron cientos y cientos de miles de puestos de trabajo. También supuso la desarticulación de los núcleos mejor organizados del movimiento obrero. A su vez, la subcontratación y las ETTs se extendieron. De esta forma se ha fragmentado a la clase trabajadora, dificultando enormemente la agrupación colectiva. La reconversión y las privatizaciones de empresas públicas supusieron que miles de trabajadores veteranos y con experiencia sindical y de lucha abandonaran la vida laboral.
La patronal ha continuado perfeccionando nuevas formas de explotación, no dudando en amenazar una y otra vez con el chantaje empresarial de las deslocalizaciones. En los últimos 25 años, distintas multinacionales han amenazado con llevarse la producción a otro país o continente si no se aceptaban sus exigencias de peores condiciones de trabajo y subvenciones públicas. De esta forma han ido instalando la mentalidad de que más vale tener un empleo precario que ninguno. La calidad del empleo, ha ido quedando fuera del debate, donde solo importan las cifras de paro, que por cierto estructuralmente son muy malas. Así, han pretendido imponer que el parado tenga miedo a no encontrar trabajo y el trabajador tenga miedo a perderlo. Por tanto, es falso que existan dos agentes sociales por igual, que partan empatados y desde cero en la negociación. En un lado está la patronal, que dispone de infinidad de recursos, dinero, poder y mecanismos de chantaje espantosos. En la otra parte están las y los trabajadores, parados y pensionistas, que disponemos de menos recursos, recordando que nuestro valioso poder reside en la unión y el apoyo mutuo.
Mientras se aceptaban reclamaciones patronales, se renunciaba a reivindicaciones laborales históricas. Hoy esa renuncia continua, y no escuchamos planteamientos como la jornada laboral de 35 horas sin reducción salarial. Tras décadas de concertación social, continuamos teniendo unas tasas de paro y de temporalidad sustancialmente superiores a la media de la UE. Realmente, ¿podemos hacer un balance positivo después de décadas de diálogo y pacto social. Rotundamente, no. Ha sido un sistema de colaboración de clases, cuyo máximo beneficiario ha sido la patronal. Hay numerosas razones para ser muy críticos con la política de concertación social, que se ha mostrado ineficaz para conquistar y recuperar derechos, pero muy útil dando cobertura sindical y política a recortes de derechos. Las declaraciones en 2005, del director de relaciones laborales de la CEOE, Fernando Moreno, son clarividentes al respecto: “España es el único país del mundo que mediante acuerdo de la CEOE y los sindicatos consiguió abaratar el predio el despido. Eso dice mucho a favor de los sindicatos[5]”.
Y es que UGT y CCOO han protagonizado algunos acuerdos globales de diálogo social nefastos. La reforma laboral de 1984 contó con el visto bueno de UGT (no de CC.OO); en ella desaparecía la causalidad en los contratos temporales, autorizando hasta 14 formas de contratación temporal. La reforma laboral de 1994 legalizó las ETT, introdujo un nuevo contrato basura (llamado de aprendizaje) y facilitó las causas de despido. Fue una reforma impuesta, que contó con la oposición de UGT y CCOO, y tras una masiva huelga general, no sacaron la conclusión de que era necesario endurecer el conflicto, sino lo contrario. Tras fuertes debates internos en CCOO, ganó el sector que más apostaba por el diálogo social como un fin en sí mismo, con la política del mal menor. Una expresión de este modelo sindical suicida lo encontramos en los acuerdos de 1997 (el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo y en otras normativas pactadas como la Ley 63/1997 y Ley 64/1997) entre la patronal, gobierno y UGT y CCOO. Se pactó un abaratamiento del despido, se creó un nuevo contrato precario y se aumentaron y facilitaron las causas de despido. Fue una agradable sorpresa para la patronal, resumido muy bien en una noticia publicada en aquel entonces: “Los sindicatos entraron por el aro y empiezan a hablar el mismo lenguaje que la patronal. Tras 20 años negándose a ello, ayer admitieron la necesidad de abaratar el coste del despido improcedente para incrementar la contratación estable”[6]. Cristalinas, fueron unas declaraciones de José María Cuevas, de la CEOE para El País: “Si hace ahora tres años, en medio de una crisis generalizada en lo político y de una profunda convulsión social producida por el afloramiento de reiterados escándalos, alguien hubiera profetizado que sería posible el futuro entendimiento entre empresarios y sindicatos en materia tan sensible como es la legislación laboral, sin duda le habrían tachado de loco o visionario. Y había razones para ello. Después de todo, en 1994 las centrales sindicales fueron a la huelga general por una reforma de la ley mucho menos profunda que la que en 1997 han suscrito voluntariamente. (….) Sin duda, ha sido duro para las centrales admitir el concepto filosófico de que reducir las indemnizaciones por despido en el contrato indefinido es algo que contribuye a que haya más contratos de ese tipo, cuando su posición tradicional era la contraria”[7]. Pero incluso se fue más allá, firmando un nefasto acuerdo de pensiones en 2011. UGT y CC.OO, que teóricamente y tradicionalmente defendían la jubilación a los 60 años, pactaron una reforma que suponía la jubilación a los 67 años, con un duro calendario que endurecía los requisitos para acceder a una jubilación, exigiendo más edad y más años cotizados.
¿Qué modelo sindical necesitamos?
El sindicalismo de clase y combativo ha perdido fuerza en los últimos años. El retroceso ideológico y las carencias estratégicas han sido constantes. Se ha reducido la presencia del sindicalismo en luchas sociales y vecinales, estando ausentes en problemáticas como la vivienda, desahucios, etc. Hace años, quien entraba en un local sindical, podía ver carteles de solidaridad contra las agresiones imperialistas a la Nicaragua sandinista, contra la OTAN, el Apartheid, o Pinochet. Hoy lo normal en cualquier local de UGT y CCOO, salvo honrosas excepciones, lo encontramos en carteles y eslóganes ajenos a cualquier potencial reivindicativo, ideológico y de protesta. Priman los eslóganes publicitarios, como los de cualquier empresa, reclamando la afiliación, usando una variada oferta de servicios (cursos de formación, descuentos en agencias de viajes, dentistas, gasolineras, etc) practicando el clientelismo. Hace años, el sindicalismo era un actor protagonista en las noticias, televisión y radio. Cualquiera de los grandes rotativos publicaba noticias sobre huelgas, elecciones sindicales, y entrevistas a cuadros medios sindicales de cualquier sector. Poco, o nada queda de aquello, y en todo caso el tratamiento informativo es completamente distinto. Además, el sindicalismo oficialista ha abandonado cualquier perspectiva de transformación social.
Esto no quiere decir que no haya nada que hacer. Todo lo contrario, para revertir esta situación hay mucho que hacer. En primer lugar recuperando un discurso de clase, insistiendo en la necesidad de concienciación y de que los trabajadores se unan en defensa de intereses colectivos y comunes. La negociación colectiva, sea a nivel de empresa, sectorial, para negociar un convenio, o con el gobierno y la CEOE, debe ser una herramienta para conseguir mejoras en nuestros derechos laborales y condiciones de trabajo. En la negociación colectiva, es muy importante conseguir estar en las mejores condiciones posibles. No es lo mismo negociar en una posición de debilidad que de fortaleza. Y una de las funciones de un sindicato en una negociación es arrancar las máximas concesiones y mejores posibles. Para conseguirlo hace falta crear y potenciar secciones sindicales fuertes e intentar elevar el nivel de conciencia y organización. En definitiva, lo realmente importante es tener capacidad de ejercer presión, y esta se consigue con la unión y organización, mejorando todo lo que se pueda la correlación de fuerzas. También es importante promover la participación desde abajo. Se ha naturalizado que los convenios, pactos y acuerdos se debatan y acuerden sin cauces de participación, debate y decisión entre los trabajadores y trabajadoras. Y es que durante muchos años solo hemos hablado de las reivindicaciones de la CEOE, pero tenemos que empezar a exigir a hablar sobre las nuestras y a conseguirlas en la práctica: jornada laboral de 35 horas sin reducción salarial, derogación de las reformas laborales, prohibición de ERE en empresas con beneficios, mejoras en la normativa de prevención de riesgos laborales, jubilación a los 60 años, prohibición de las ETT, derecho a empleo fijo sin despido libre pagado, fin del monopolio del empresario sobre la organización del trabajo, recuperar para el sector publico las empresas y servicios privatizados, etc.
Hoy, que el diálogo social vuelve a estar de moda, algunos insistimos en la necesidad de un sindicalismo de clase, combativo y radicalmente democrático, que llame las cosas por su nombre, priorizando en el combate contra los abusos empresariales, en defensa de mejores condiciones de trabajo, reclamando empleos dignos, de calidad y socialmente útiles. Recordemos: la lucha es el único camino.
Notas:
[1] “Montoro: las huelgas generales son decimonónicas; habría que erradicarlas”. ABC, 09/082010.
[2] Cue, c: “Del PP al PT, el partido de los trabajadores, según Cospedal”. El País, 08/06/2010.
[3] “La CEOE cree que subir el SMI a 1.000 euros es una barbaridad”. ABC, 18/12/2020
[4] https://www.larazon.es/economia/20200203/ep7v27gpbzgu3gmp65kqwhf5ve.html
[5] La Voz de Galicia, 10/04/2005
[6] Cinco Días, 12/03/1997.
[7] Cuevas, J,M: “Un acuerdo histórico”. El País, 16/04/1997.