El pasado mes de abril el Congreso debatió y aceptó tomar en consideración la propuesta de ley para regularizar a los migrantes sin papeles. El texto fue presentado por un numeroso grupo de organizaciones, que, a través del mecanismo de Iniciativa Legislativa Popular, plantean una regularización bajo la fórmula de modificar una disposición transitoria de […]
El pasado mes de abril el Congreso debatió y aceptó tomar en consideración la propuesta de ley para regularizar a los migrantes sin papeles. El texto fue presentado por un numeroso grupo de organizaciones, que, a través del mecanismo de Iniciativa Legislativa Popular, plantean una regularización bajo la fórmula de modificar una disposición transitoria de la Ley de Extranjería1
El objetivo es obligar al gobierno a poner en marcha una regularización de migrantes partiendo del cálculo de que en el Estado español viven unas 500.000 personas en situación irregular. La iniciativa legislativa ha recabado ampliamente el medio millón de firmas necesarias para su puesta en marcha, alcanzando más de 600.000, y fue aceptada a debate por el Congreso, de manera que a partir de ahora se abrirá el trámite parlamentario.
Un apoyo de estas características, que se materializa tanto en la recogida de firmas como en el apoyo para su tramitación por casi todos los grupos, con la única excepción de la ultraderecha de Vox, tiene que ver con la transversalidad de las organizaciones que lo ponen en marcha, que van desde el propio movimiento migrante y racializado hasta las organizaciones católicas, pasando por las ONG y algunos partidos de izquierda. Sin embargo, esta transversalidad también se nota en sus argumentarios y particularmente en el sesgo instrumental que aparece en el mismo título de la campaña. Efectivamente, la palabra Esenciales responde a la denuncia, más que legítima, de la situación de muchas personas que asumían los trabajos de cuidados sin poder alcanzar un estatus legal, lo que las condenaba a la precariedad en todos los ámbitos. Esta situación se hizo particularmente visible en los momentos de pandemia, cuando esas personas formaban parte de las personas que tuvieron que mantener el trabajo presencial, arriesgándose al contagio. No cabe duda de que esa realidad es una buena forma de llamar la atención sobre la situación de exclusión de las migrantes en situación irregular y, al mismo tiempo, de lo necesarias que son estas personas para nuestras sociedades, pero tampoco es difícil ver que esta línea puede llevar a posiciones que instrumentalizan a las migrantes, justificando su regularización o no en función de que trabajen, y no en función de la propia dignidad de la persona.
Aún así, el conjunto de la propuesta esquiva estas posiciones y se sitúa claramente a favor de la regularización de todas las personas migrantes, ya sean trabajadoras o no, tal y como plantea el texto de la ILP. Además, entre otros argumentos, es importante destacar la insistencia en la normalidad de estos procedimientos, pese a que la actual oleada reaccionaria pueda hacer creer que no lo son. Y, más allá de esto, es clave la visibilidad y liderazgo de las personas migrantes desde la aparición de organizaciones en la web hasta la presentación pública en el Congreso.
A partir de aquí, habrá que ver qué recorrido tiene, y en esto ya sólo los partidos con representación parlamentaria tienen capacidad de actuación. El escenario pasa por un debate en Congreso y Senado en el que se podrían introducir enmiendas y, en el caso de que se apruebe un texto, la elaboración de un real decreto que articularía los aspectos concretos de esta regularización. Dos son los aspectos que podrían tocarse: por una parte, los plazo para regularizarse, por otra, limitaciones que pudieran introducir condiciones que reduzcan el número de personas que puedan acogerse. En todo caso, dependerá de los tiempos políticos. Sobre el papel, parecería que lo más esperable por parte de la mayoría que da soporte al gobierno sería una regularización pequeña en términos cuantitativos, que avance en la política de gestos progresistas sin asustar a la UE ni a su electorado más conservador, pero en coyunturas tan cambiantes y bajo el liderazgo de un presidente de gobierno particularmente adicto a los giros tácticos, cualquier desenlace es posible.
Tampoco se puede obviar que esto se produce no sólo en un momento de giro conservador y xenófobo en Europa, sino, de hecho, tras la aprobación de los textos políticos que articulan un endurecimiento brutal del sistema de asilo. En esta línea, será interesante ver qué debates y qué brechas se pueden abrir, teniendo en cuenta también el reverso de esta macabra posición, y es que la oleada de rechazo ante la migración no se enfrenta a la necesidad objetiva de migrantes. Así, una vertiente interesante será ver qué pesa más en la valoración del gobierno a la hora de posicionarse ante la propuesta de regularización, el miedo al rechazo político que pueda generar o la ventaja de regularizar más trabajadoras y por lo tanto, mejorar aún más los datos económicos. Del mismo modo, será bueno ver también cómo se articula la posición del gobierno para justificar esta regularización, en el caso de que llegue a darse, mientras avanza en una línea ultra-restrictiva en el tema de trabajo sexual – que desempeñan fundamentalmente mujeres migrantes – y frente a la migración circular, que posibilita la llegada puntual de personas para trabajar en periodos limitados y después de volver a sus países de origen.
La tolerancia con una parte de los migrantes se enfrentaría con las posiciones más restrictivas y quizá permitiría abrir debates de fondo que son más que necesarios frente a la marea de prejuicios y mentiras que se esparcen hoy en el debate público sobre la migración. Y es que, aunque se eche de menos que, en toda esta iniciativa, apenas esté presente la reivindicación de la ciudadanía global y el derecho de todas a circular y trabajar libremente, no deja de ser una iniciativa más que destacable que podría abrir un debate largo y muy necesario sobre la población migrante que, tanto si realiza trabajo productivo como si está en otras situaciones, forma parte de nuestras sociedades y debe poder hacerlo en condiciones de dignidad que empiezan por su reconocimiento legal.
Nota:
1Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y si integración social.
Fuente: https://vientosur.info/una-iniciativa-de-regularizacion-en-medio-de-la-marea-xenofoba-europea/