Algunos profesores de derecho constitucional enseñamos a nuestros alumnos que las constituciones se justifican racionalmente, pero se explican históricamente. Queremos decir con ello que para saber porqué una constitución dice lo que dice, debemos estudiarla en su contexto histórico, atendiendo a los intereses en pugna que han pretendido hacerse valer mediante el reconocimiento jurídico, pero […]
Algunos profesores de derecho constitucional enseñamos a nuestros alumnos que las constituciones se justifican racionalmente, pero se explican históricamente. Queremos decir con ello que para saber porqué una constitución dice lo que dice, debemos estudiarla en su contexto histórico, atendiendo a los intereses en pugna que han pretendido hacerse valer mediante el reconocimiento jurídico, pero que ello no enerva la obligación de analizar la compatibilidad de los objetivos de una norma con los principios y valores que dice propugnar como superiores, además de la idoneidad de la misma para hacerlos efectivos. Las justificaciones aducidas por los promotores de la reforma del art. 135 de la Constitución española confunden ambos aspectos, ya que la racionalidad de la propuesta y de su velocísimo procedimiento de tramitación parecen desprenderse de su necesidad histórica: hay que reformar la Constitución porque así lo exigen las circunstancias de los mercados de deuda. De esta suerte, apelando al miedo que produce una situación no deseada y que se presenta como catastrófica (la intervención de la economía española), eluden el PSOE y el PP explicarnos racionalmente porqué deberíamos reformar el art. 135 de la Constitución.
Los acontecimientos de los últimos días hacen ya incuestionable lo que un número muy significativo de ciudadanos llevamos denunciando desde marzo: que la pretendida democracia representativa española no es tal, sino un autoritarismo representativo que, de mediar el acuerdo entre PP y PSOE, carece de mecanismos institucionales de control y de contrapeso político. No nos engañemos: reformar la Constitución mediante un acuerdo entre elites partidistas sin sanción de la voluntad popular directa y sin un procedimiento parlamentario adecuado que promueva el debate y la confrontación sosegada de alternativas, no es un acto de responsabilidad frente a circunstancias adversas, sino el exabrupto de un sistema político enfermo que cambia la racionalidad del debate político por la histeria que se produce en los despachos gubernamentales cada vez que hay una subasta de deuda, el valor de la expresión popular por la palmada en la espalda de Angela Merkel, el pluralismo por la doctrina.
Ni el contenido de la reforma ni lo dicho hasta ahora sobre su necesidad justifican semejante alcaldada. La urgencia aducida es incompatible con la evidencia de que la reforma carece de efectos en el corto plazo, salvo que de lo que se trate sea de hacer méritos ante el Banco Central Europeo para que siga comprando deuda española. Si este es el caso, manosear la Constitución con el objetivo cortoplacista de ganar tiempo sin tener en cuenta sus repercusiones a largo plazo sobre la economía española, supone una irresponsabilidad escandalosa que convierte la norma suprema en materia disponible para la voracidad de los especuladores. Precisamente, eso es lo que ocurrió en América Latina durante las dos «décadas pérdidas» de la economía de la Región, provocadas por las políticas del consenso de Washington.
La reforma proyectada no es una regla técnica de control presupuestario; es la proclamación ideológica de una determinada doctrina económica. De sus tres contenidos, sólo la reducción de la autonomía presupuestaria de las Comunidades Autónomas a la hora de endeudarse – el margen de maniobra para la negociación con CIU- es una norma vinculante con mecanismos ciertos para exigir su eficacia. Los dos restantes – el doble límite al déficit (el que fije la UE y el establecido por ley orgánica) y la «prioridad absoluta» en los créditos destinados a satisfacer el pago del capital y los intereses de la deuda pública (pagar antes la letra del coche que el colegio de los niños)- son normas cuya eficacia es difícil de garantizar, toda vez que el control de constitucionalidad se verificaría en la mayoría de los casos sobre leyes presupuestarias ya ejecutadas.
Hasta el momento, todos los intentos de traducir en una regla técnica la prudencia en la financiación mediante déficit público han fracasado, incluido el repetidamente incumplido Pacto de Convergencia y Crecimiento. Y lo han hecho porque el déficit obedece a las circunstancias, no a la voluntad, y la dependencia que el capitalismo contemporáneo tiene del crédito para reproducirse parece cada vez más una característica estructural y no el fruto de una coyuntura recesiva, de suerte que a los estados no les queda otra que endeudarse si quieren cumplir su función de sostén del sistema productivo. Como esta función del estado no es negociable, no se deja más opción que reducir el gasto social para cumplir el techo de déficit.
El cambio propuesto no es una reforma parcial y limitada de la Constitución, sino aprobar una Constitución distinta. Al introducir desconfianza en el déficit y obligar a cambiar su techo por mayoría absoluta, se deslegitima parcialmente y se hace políticamente más costosa cualquier política económica distinta del ajuste. Una única política económica constitucionalmente admisible, significa una sola interpretación constitucional posible, lo que afecta directamente a la eficacia de los derechos y elimina de un plumazo todos aquellos proyectos políticos basados en políticas expansivas de gasto que antes de la reforma cabían dentro de la regulación constitucional, incluida la realización de un auténtico estado del bienestar en España.
La gestión de la crisis ya no amenaza sólo nuestras casas y nuestros sueldos: amenaza la democracia misma, porque el PP y el PSOE se han enseñoreado del último resquicio de garantía que nos quedaba a los ciudadanos frente a sus desmanes. Los ciudadanos europeos debemos tener memoria de las consecuencias terribles que tienen las soluciones autoritarias que alientan las crisis. Esta injustificable alcaldada es un primer paso. ¿Podemos seguir callando?
*Profesor Titular de Derecho constitucional. Universidad de Extremadura
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