Hace meses que estamos en crisis. Se han destruido cientos de miles de empleos. Crece la pobreza y la inseguridad económica. Los servicios de empleo, los gestores de ayudas públicas y las instituciones que atienden a las personas que no tienen acceso a subsidios públicos (o a aquellas para las que éstos resultan insuficientes para […]
Hace meses que estamos en crisis. Se han destruido cientos de miles de empleos. Crece la pobreza y la inseguridad económica. Los servicios de empleo, los gestores de ayudas públicas y las instituciones que atienden a las personas que no tienen acceso a subsidios públicos (o a aquellas para las que éstos resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas) tienen la sensación de colapso. La misma que se obtiene cuando el interlocutor es un pequeño empresario, aunque en este caso surgen otras cuestiones, especialmente el ahogamiento financiero por falta de crédito. Hay bastante acuerdo en que ni podemos seguir así ni es posible volver al enloquecido mundo de la burbuja inmobiliaria. Los cientos de miles de pisos vacíos son un monumento a la ineficiencia económica y una vergüenza social, pues a pesar de la sobreproducción siguen habiendo muchas personas con necesidad de una vivienda digna. Es por tanto tiempo de reformas, que seguramente deben abordar muchos aspectos de la vida social.
Mi modesta proposición no obedece a una reacción airada a la enésima manifestación del Señor Ordóñez a favor de una reforma laboral, sino a que uno tiene la sospecha de que además de expresar un punto de vista discutible y sesgado, es sobre todo una cortina de humo para desviar la atención sobre su propia incapacidad. Y creo que es esta inutilidad en servir a la función que le da derecho a un cargo socialmente importante y bien retribuido la que justifica la petición.
Cuando estalló la crisis, se interpretó como una crisis financiera, y se detectaron muchos de los mecanismos perversos por los cuales el sistema financiero había estado creando burbujas. Se planteó tanto la necesidad de una nueva regulación de la actividad financiera como una política a corto plazo de salvamento de la banca. Esta última medida se justificó con el argumento de que salvando a la banca se evitaba el colapso financiero del conjunto del sistema económico. En una economía capitalista de mercado el crédito juega un papel esencial en el funcionamiento cotidiano del sistema económico: si se hunde el crédito se bloquea el flujo circular de la economía. En consecuencia, se han articulado diversos mecanismos de apoyo al sector financiero, desde préstamos masivos por parte del Banco Central Europeo al nuevo Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, pasando por avales públicos a las emisiones de deuda de los bancos y compra de activos a los mismos. Y a pesar de toda esta batería de ayudas gran parte de las empresas se quejan de que el crédito sigue sin fluir y con ello se compromete tanto la actividad corriente como las inversiones que pudieran favorecer un cambio de orientación productiva. Uno esperaría que ante tamaño volumen de ayudas y ante tanto clamor la primera preocupación de la autoridad monetaria debería orientarse a analizar y explicar qué ha fallado en esta nueva versión de las políticas de «ayuda a los de arriba para que llegue a los de abajo». Sobre todo para ayudar a adoptar nuevas medidas más eficaces, para desatascar un sistema financiero que sigue generando incertidumbres y malestar económico.
Este es un análisis necesario cuando existe la sospecha generalizada de que, lejos de completar el circuito, los bancos han usado sus fondos para sanear sus cuentas y reeditar actuaciones especulativas que dan mayores beneficios a corto. El fuerte incremento de las cotizaciones bursátiles es, al respecto, contradictoria con la situación económica del país y lleva a pensar si no es un fenómeno generado por la afluencia de nuevos fondos sedientos de negocios especulativos a corto. Puede que la cosa sea más simple y la falta de crédito se deba a un exceso de aversión al riesgo de los directivos bancarios. En todo caso ello indicaría que, al menos en situaciones comprometidas, es malo dejar en manos de banqueros privados decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía. Sobre estas cuestiones el Sr. Gobernador no resulta ni muy hablador ni muy creativo en la propuesta de reformas. Cualquier ciudadano corriente percibe que tanto en el plano de la política como en el tratamiento judicial los banqueros son siempre tratados con guantes de seda. Aunque se les imputen graves delitos fiscales o, cómo ahora, sean responsables de un importante cataclismo económico.
Quizás uno peque de ingenuo, o se perdiera alguna clase de Economía monetaria o de macro. Pero en su ingenuidad uno pensaría que en la situación actual todo el tiempo de trabajo de un regulador del sistema financiero debería dedicarse a analizar, proponer, explicar, dar cuentas sobre las insuficiencias, limitaciones, resistencias del sistema financiero. Al fin y al cabo si el paradigma que rige su ideología económica es el de la flexibilidad de los mercados, el fallo en el sistema crediticio podría interpretarse como una rigidez del sistema financiero y sería bueno que nos explicaran las razones del mismo y las formas de resolverlo. A lo mejor es que al señor Fernández Ordóñez la economía monetaria le resulta tan aburrida e incomprensible como a gran número de economistas y en cambio se encuentra más capacitado para estudiar el mercado laboral. También por esto su cese como Gobernador del Banco de España sería adecuado y hasta él mismo lo agradecería. Hay argumentos económicos de todo tipo para justificar medidas económicas en las que todo el mundo mejora. Sugerimos, si lo argumentado hasta aquí está justificado, que el cese del Gobernador beneficiaría tanto al país como a él mismo. Y por tanto se trata de una mejora neta que no podemos dejar escapar.