«Si me desalojan no sé qué voy a hacer, ahora mismo no tenemos nada», dice Trini, una de las miles de personas que se ha visto obligada a okupar una vivienda junto a su familia, empujada por la falta de recursos. Los 500 euros que cobra por cuidar ancianos es la única fuente de ingresos […]
«Si me desalojan no sé qué voy a hacer, ahora mismo no tenemos nada», dice Trini, una de las miles de personas que se ha visto obligada a okupar una vivienda junto a su familia, empujada por la falta de recursos. Los 500 euros que cobra por cuidar ancianos es la única fuente de ingresos de su familia, una de las ocho que desde hace tres meses okupan un edificio cerca de la plaza de Tirso de Molina. Como la mayoría de las familias que han tenido que okupar, la de Trini quiere pagar por su vivienda, pero un precio justo, que pueda asumir. «Yo tengo un hijo y quiero que aprenda que hay que trabajar por las cosas y esforzarse», explica.
Desde 2007 hasta ahora se han ejecutado en España más de 350.000 desahucios por impago de hipotecas y se espera que esta cifra llegue al medio millón en 2015, según datos de la Asociación de Afectados por Embargos y subastas. Muchos de estos desahucios ya han dejado en la calle a familias enteras con niños e, incluso, han sido causa explícita de varios suicidios, como el de M.P., que se ahorcó en plena calle en noviembre de 2011 en Hospitalet de Llobregat, Cataluña, después de ser desahuciado junto a su mujer y dos hijos.
La situación de la vivienda en España es especialmente paradójica. Mientras cientos de miles de familias han perdido su hogares, en 2001 se contaban más de 3 millones de casas vacías y el número actual, aunque aún no se ha confirmado, se espera que llegue hasta los seis millones Y como telón de fondo, las entidades financieras se han convertido en las mayores inmobiliarias del país. Sólo Bankia es propietaria de más de 5 millones de euros en propiedades.
El relator especial para la vivienda digna de la oficina de derechos humanos de la ONU, Miloon Kothari, ya recomendó al Gobierno español en 2008 su intervención para bajar los precios de la vivienda, que el pasado año aún seguía sobrevalorada en más de un 40 por ciento y que llevó a que las hipotecas en España superaran los 50 años; y que ampliara el parque de vivienda de alquiler social, que en España se situaba en 2009 en el 1 por ciento del parque total de vivienda, cinco veces menos que Italia y 35 menos que Holanda.
Ya en 2005 comenzaron a emerger movimientos sociales que exigían al gobierno la toma de medidas, como la Plataforma de Vivienda Digna o V de Vivienda. Estos colectivos organizaron sentadas y manifestaciones multitudinarias. Ya en 2009, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) comenzó su actividad pidiendo al Gobierno la legislación de la dación en pago, pero, ante la pasividad del gobierno, emprendió acciones directas para evitar los desahucios con concentraciones ciudadanas en las viviendas de los afectados. «Denunciamos la burbuja inmobiliaria cuando el Gobierno negaba que existiera», dice Ada Colau, una de las fundadoras de PAH. «Sabíamos que había un problema porque la gente estaba sobre endeudada para por pagar la hipoteca de su casa y que con la crisis económica muchas familias no podrían pagar sus hipotecas. Esperábamos un alto número de desahucios, pero lo que no sabíamos es que la ley dejaba a los españoles con una deud de por vida».
La PAH se anticipó al estallido del movimiento 15-M, pero cobró fuerza a partir de las movilizaciones de mayo. A día de hoy ha paralizado cerca de 150 desahucios y ha negociado cientos de daciones en pago y alquileres sociales entre las entidades bancarias y las familias afectadas. El último desahucio paralizado fue el de Patricia y sus dos hijos, que sobreviven con los 399 euros de ayuda por desempleo que da el estado. Al no poder seguir pagando su hipoteca, Bankia se quedó con su piso por el 50 por ciento de su valor y aún le exige a Patricia 200.000 euros por los intereses de demora, las costas judiciales y el resto del coste de una vivienda que ya no tiene. «Mañana es el desahucio de Patricia, mañana podría ser el de tu vecino o el tuyo. Vamos apoyarla», gritaban los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en una manifestación celebrada en el madrileño barrio de San Blas 14 de febrero, víspera del desahucio, en la que participaron un centenar de personas. Al día siguiente, la presión popular hizo que se paralizara el desahucio, aunque dentro de 45 días se volverá a intentar y la plataforma volverá a movilizar a la ciudadanía para detenerlo.
Sin embargo, esto no era suficiente ante el ingente número de personas que se quedaban sin hogar cada día. A partir del verano pasado, la PAH apostó por la ocupación de viviendas vacías de bancos para alojar a las familias desahuciadas bajo el grito «Un desalojo, una okupación». No fueron los únicos.
El 15 de octubre se produjo un nuevo punto de inflexión. La manifestación, seguida por cerca de un millón de personas en Madrid, acabó en la capital española con la okupación del Hotel Madrid, un hotel ubicado cerca de la plaza del Sol y que llevaba vacío varios años. El Hotel Madrid, que llegó a albergar a 17 familias desahuciadas, se planteó, además de como vivienda, como punto de asistencia y asesoramiento a personas que habían perdido su hogar. Fue desalojado en diciembre, pero supuso el punto de partida para la puesta en marcha de la Oficina de Vivienda, en la que participan actualmente activistas del derecho a la vivienda y del movimiento okupa madrileño.
En las cientos de asambleas que se formaron en España a partir de las acampadas -más de cien sólo en Madrid- surgieron también grupos de vivienda para prestar apoyo a la gente que se enfrentaba a la pérdida de su hogar en cada barrio. De repente, el movimiento okupa, existente en España desde hacía décadas, unió fuerzas con el movimiento por la vivienda y el 15-M, en muchos casos prestando ayuda y asesoramiento a personas que anteriormente no habían tenido ninguna relación con la okupación de viviendas, al igual que lo hicieron antes para dinamizar la estructura asamblearia del 15-M.
«Los movimientos pro vivienda que surgieron en 2005 sólo hacían manifestaciones de protesta, pero eran flojos en cuanto a acción. Antes, los movimientos de okupación y de vivienda fueron en paralelo y ahora, con el 15-M, han convergido, lo que ha hecho que aumente enormemente su fuerza», explica Miguel Ángel Martínez, investigador en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de Squatting Europe Kollective.
A la primera experiencia del Hotel Madrid, salpicada de problemas de convivencia, siguieron nuevas okupaciones. Desde el pasado 15 de octubre se han okupado una docena de edificios vacíos en Madrid, mayormente de entidades bancarias. Por su parte, en Cataluña ya se cuentan al menos ocho edificios okupados con el mismo fin. Dos de ellos, en Terrasa, por iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, como muestran las pancartas que cuelgan de sus balcones en las que se exige el alquiler social.
Bankia, la antigua Caja Madrid ahora privatizada, es propietaria de otro de los edificios okupados, ubicado cerca de la plaza de Embajadores. En este edificio, 18 de los pisos están alquilados en régimen de renta antigua -notablemente menor que el alquiler normal- por personas mayores que sufren el acoso de la entidad financiera para que abandonen el edificio. Ésta fue una de las razones para que, a principios de enero, alrededor de 20 personas okuparan siete de sus pisos. «A los pocos días de entrar, Bankia reaccionó y puso seguridad en la entrada del edificio», explica K., un chico de 25 años recientemente titulado en Cine y sin empleo, inquilino de unos de los pisos okupados. Aunque el personal de seguridad contratado por Bankia no está autorizado legalmente a identificar o retener a nadie, sí ejercen presión y control, preguntando a qué piso va y para qué a toda persona que entra en el edificio y bloqueando la entrada si la respuesta no es de su agrado. Los vecinos ya se han quejado por el ataque que esta medida hace a su intimidad y libertad. Además del personal de seguridad privado en la puerta, la entidad ha tapiado el medio centenar de pisos que aún están vacíos en el edificio para evitar que sean también okupados. «La mayor parte de la gente que vive aquí apoya las okupaciones, hacemos un frente común», continúa K. El apoyo a la okupación de este edificio también es patente en el barrio. A mediados de enero, medio centenar de personas hicieron una cadena humana alrededor del edificio para mostrar su solidaridad. Mientras, desde el grupo de vivienda de Lavapiés están intentando negociar un alquiler social con Bankia para estos pisos. Como en el caso de Trini, K. También se ha visto obligado económicamente a okupar, aunque también afirma que hay una intención de reivindicación. «Si la ley no es justa, la justicia tiene que pasar por encima de la ley», afirma, parafraseando a Jean-Luc Godard.
Además de los edificios para viviendas, miembros del movimiento 15-M también han entrado a medio centenar de edificios vacíos para darles un uso social. A los centros sociales okupados ya existentes, desde el pasado año se han sumado al menos once nuevos centros en Madrid, de los cuales siete siguen hoy en funcionamiento. Son edificios de todo tipo, generalmente propiedad de la Administración, como colegios, hospitales, mercados, teatros, cines, supermercados. Son edificios que han estado cerrados durante años o ni siquiera se han terminado de construir al estallar la crisis económica, quedando su estructura muerta como una siniestra señal para los habitantes del barrio. Ahora, además de albergar las asambleas de los colectivos del 15-M, ofrecen a los ciudadanos actividades culturales, formativas y lúdicas gratuitas.
Sin embargo, según afirma Miguel Ángel Martínez, «hay muchas más okupaciones de viviendas invisibles que políticas». Desde la Consejería de Vivienda de Madrid afirman que alrededor de 460 casas de alquiler social están siendo okupadas actualmente en al capital. Una cantidad pequeña, pero mucho mayor que en los años precedentes. «Siguen siendo minoritarias, pero indudablemente han aumentado en los últimos años», explican desde la Consejería. Esta cifra es sólo una pequeña parte del número de okupaciones, generalmente realizadas en viviendas de propiedad privada. Los números reales en cuanto a okupación de viviendas son imposibles de conocer, pero diversas fuentes los cifran en varios miles sólo en la capital española. Por lo pronto, en 2010 las condenas por usurpación -tipología de delito que incluye la okupación de vienes inmuebles y el uso ilegítimo de terrenos o caudales- registraron un aumento del 29 por ciento respecto a 2009 y del cerca del 50 por ciento respecto a 2007. Estas cifras sólo son orientativas, ya que, como explica Miguel Ángel Martínez, en muchos casos no se acusa de usurpación a los okupas, si no de otros delitos o faltas como daños o atentado a la autoridad.
La Oficina de Okupación de Madrid, que se puso en marcha hace un par de años a imagen de las existentes en Barcelona y Bilbao, da asesoramiento desde hace varios meses a alrededor de 15 personas cada semana interesadas en okupar una vivienda. «El perfil ha variado mucho desde el 15-M. Antes pedían asesoramiento jóvenes y algunas personas mayores con dificultades económicas. Ahora acuden a nosotros muchas familias», explicó S., uno de los miembros de la oficina, en unas jornadas sobre Vivienda y Okupación celebradas en febrero en un centro social okupado. «Nosotros no cuestionamos si quieren okupar por necesidad o por reivindicación». Desde la Oficina de Okupación explicaron que actualmente se están coordinando los grupos de vivienda surgidos con el 15-M par poner en contacto a personas con problemas de vivienda y que, de esta manera, okupen juntas. También se han creado redes de apoyo en las que los propios vecinos de los barrios dan información sobre que edificios o pisos están vacíos.
La nueva ola de okupación surgida a raíz de la crisis económica y abrazada por el movimiento 15-, explica «es posiblemente la mayor» que se conoce en España, con la única posible excepción de la que se vio en los 90, explica Miguel Ángel Martínez, que ve su causa en el desmantelamiento del parque de vivienda social realizado durante los últimos años.
Fuente: http://www.counterpunch.org/
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