El Gobierno de España ha anunciado que incluirá el término «violencia obstétrica» en la ley como forma de violencia de género, un paso que llega después del trabajo de decenas de mujeres para hacerla visible, acompañar a quienes la han sufrido y cambiar los protocolos hospitalarios.
Todas pensaban que solo les había pasado a ellas y no sabían por qué. Era la sensación que tenía el pequeño grupo de mujeres que hace ya veinte años puso en marcha una lista de correo electrónico para hablar de experiencias negativas que habían tenido durante la gestación y el parto de sus hijos e hijas. Desde diferentes puntos de España, cada vez más testimonios fueron dando nombre a una experiencia silenciada y sistemática en todo el mundo: la violencia obstétrica. La lista fue creciendo y alcanzó las 1.000 suscritas en poco tiempo. Hoy es una asociación española pionera llamada El Parto es Nuestro, con grupos locales en más de veinte ciudades españolas concebidos como un espacio de apoyo y escucha entre mujeres, también de asesoramiento.
La asociación forma junto a abogadas, matronas, activistas y a otros grupos y colectivos un mapa de iniciativas a nivel nacional cuyo trabajo en los últimos años empieza también a dar sus frutos legislativos: recientemente el Ministerio de Igualdad ha anunciado que incluirá en la ley la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres; un paso que las organizaciones celebran y que confían en que sirva para poner punto y final a este tipo de prácticas, que tienen consecuencias físicas y emocionales para ellas, e incluso para sus bebés.
Las experiencias más comunes que narran las mujeres, explica Virginia Murialdo, antropóloga y activista de El Parto es Nuestro, son las episiotomías (corte de piel, músculos, nervios y fascias que rodean la vagina) injustificadas y sin consentimiento durante el parto, la administración excesiva de fármacos, la tendencia creciente a las cesáreas o la llamada ‘maniobra Kristeller’, desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud, que consiste en ejercer presión sobre el abdomen para intentar que el bebé baje hacia el canal del parto. Más allá de las prácticas concretas, «también se dan actitudes y comentarios humillantes y abusivos», dice Murialdo, así como «actuaciones que no respetan la intimidad» de las mujeres, desde exámenes vaginales sin consentimiento delante de estudiantes a la imposibilidad de elegir la posición de parto o comentarios machistas que, por ejemplo, amedrentan a quienes deciden no ponerse la anestesia epidural.
Sus historias no son casos aislados. La violencia obstétrica es una realidad que Naciones Unidas calificó en 2019 de «fenómeno generalizado» y que la OMS considera «una violación de los derechos de las mujeres». Sin embargo, a menudo sus experiencias han sido silenciadas, muchas tienen miedo a hablar por temor al estigma y la vergüenza o le restan importancia. «Hay muchas mujeres que han normalizado lo que les ha pasado, por eso el primer paso es romper el silencio y visibilizarlo», dice Murialdo.
Denuncias en Naciones Unidas
Precisamente, hasta la ONU ha llegado la abogada española Francisca Fernández Guillén para defender los casos de cuatro mujeres de distintos puntos de España que sufrieron violencia obstétrica y cuyas denuncias no fueron estimadas por los tribunales españoles. Fernández Guillén lleva 18 años como abogada especializada en violencia obstétrica. Desde sus inicios hasta ahora observa «una evolución buena» en la que ha habido sentencias importantes que han servido para abrir paso al fin de la impunidad de este tipo de violencia. «Estoy obteniendo buenas sentencias en los tribunales. Antes era mucho más difícil que se reconociera, por ejemplo, la necesidad de que haya un consentimiento informado para hacer una episiotomía o inducir un parto», asegura.
Sin embargo, aún hay resistencia a reconocer médica y judicialmente los daños que muchas mujeres sufren por este tipo de prácticas. En 2018, esta abogada llevó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU cuatro denuncias por violencia obstétrica. Uno de ellos era el caso de S., una mujer que dio a luz en el hospital de Cruces (Vizcaya) en 2012. «Se ha portado muy mal», «no se merece a esa niña», «tendría que quitarte a la niña, porque te has portado muy mal». Son algunas de las frases que S. escuchó de la matrona que la atendió, que también le practicó una episiotomía no indicada pese a la oposición de la mujer. Ya desde su ingreso en el hospital, no le dejaron beber, la obligaron a permanecer boca arriba y sin moverse y no permitieron que el padre la acompañara en todo momento. La episiotomía le provocó incontinencia urinaria y repercusiones «severas» en su vida sexual y de pareja.
Finalmente, en 2020 la Comisión reprobó a España por la violencia obstétrica sufrida por una de las mujeres cuyas denuncias había canalizado Francisca Fernández Guillén. En su dictamen, aseguraba que la mujer fue sometida a diversas intervenciones, como la inducción de su parto, «sin aparente justificación» y calificaba los hechos como violencia de género. Para la abogada, que la ley española incluya ahora este concepto será papel mojado si no hay un verdadero compromiso para cumplir con los protocolos de parto respetado y normas que ya desaconsejan muchas de estas prácticas y que exigen que las mujeres sean informadas.
Un parto humanizado y seguro
Desde el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, al que corresponde el proceso de reforma de la Ley del Aborto, aseguran que «está en marcha», pero aún «tiene que hacer todavía un importante recorrido de diálogo, consultas y participación, por lo que es prematuro determinar cuestiones concretas». Lo que destacan fuentes del organismo son varios ejes en lo que respecta a la inclusión de la violencia obstétrica en la norma: prevé ahondar en la sensibilización y formación de los profesionales sanitarios, «modernizar» los protocolos vigentes y proporcionar a las embarazadas «toda la información necesaria de sus derechos», así como «prevenir, detectar y sancionar conductas que los vulneren».
El cambio también está sucediendo dentro de muchos hospitales. Soledad Carreguí es matrona desde hace más de 20 años en el hospital universitario de La Plana, en Castellón. Desde sus inicios hasta ahora muchas cosas han cambiado gracias a las inquietudes de un grupo de profesionales que comenzó a plantearse la «excesiva medicalización» de los partos y a buscar nuevas prácticas que los humanizaran y que estuvieran en línea con la nueva evidencia médica.
«Muchas prácticas clínicas estaban cuestionadas a nivel científico pero por la propia rutina hospitalaria son difíciles de cambiar», explica la matrona. El hospital cuenta ya con un protocolo de parto normal en el que vuelcan lo aprendido: «Favorecemos la movilidad de las mujeres mientras dilatan, respetamos que puedan parir en la postura que les sea más cómoda, permitimos que puedan comer y beber, que puedan estar acompañadas por la persona que deseen, que no se les de una vía periférica para administrarles medicación si no es necesario, evitamos administrar oxitocina o realizar episiotomías e inducciones al parto de forma no justificada, y adecuamos la indicación de las cesáreas a cada caso». En resumen, dice Carreguí, se trata de «no trabajar por capricho o por protocolos cerrados y rígidos hospitalarios sino poniendo en el centro a las mujeres y sus necesidades e individualizando cada caso». Y concluye: «Un parto humanizado es absolutamente compatible con un parto seguro».