Los cambios en la Ley de Extranjería y los anuncios del Gobierno sobre contratación en origen confirman un giro a la derecha en la política de flujos migratorios. La reforma laboral deberá esperar. En esos términos se expresaban en marzo de 2007 los sindicatos CC OO y UGT. «Antes hay que cambiar el modelo productivo», […]
Los cambios en la Ley de Extranjería y los anuncios del Gobierno sobre contratación en origen confirman un giro a la derecha en la política de flujos migratorios.
La reforma laboral deberá esperar. En esos términos se expresaban en marzo de 2007 los sindicatos CC OO y UGT. «Antes hay que cambiar el modelo productivo», exigían. El Periódico presentaba el 25 de marzo un titular explícito: «El Gobierno quiere negociar una nueva reforma laboral este año». Uno de los aspectos que el artículo planteaba como estratégicos era la reducción de la temporalidad, algo que sigue en el ideario de los estrategas del mercado de trabajo en España. El 13 de enero, El País planteaba un reportaje titulado «¿Más flexibilidad laboral en tiempos de crisis?» en el que se podía leer la siguiente afirmación de un profesor de IESE Business School: «La única manera de acabar con la temporalidad es crear un empleo indefinido más barato, porque los empresarios tienen pánico a los trabajadores de más de 10 o 15 años de antigüedad».
El Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería se ha presentado con discreción, aparentemente sin relación con la teoría que hoy discute una nueva regulación del mercado. Aparentemente. En la práctica, según Gerardo Márquez, de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, esta reforma «lleva a los trabajadores a situaciones de mucha más precariedad», con ella el Gobierno busca que los inmigrantes paguen una crisis que no generaron. Para Diego de las Barreras, abogado de la Oficina de Derechos Sociales (ODS) del Centro Social Seco, el anteproyecto se entiende en un contexto laboral en el que se fomentan todos los pasos a favor de la mayor flexibilización del empleo.
Contratos en origen
En septiembre de 2008 el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, fue corregido públicamente por la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega. El ministro había asegurado que se iba a cerrar el grifo de la contratación en origen. La interpretación de las palabras de Corbacho apuntaban en una dirección: en tiempos de crisis, los autóctonos han de tener prioridad para optar a un trabajo.
A pesar de la enmienda de De la Vega, los datos corroboran la previsión del ministro: en diciembre el Estado anunció que se pasaría de 15.731 ofertas de contratos en origen a sólo 901, lo que supone una reducción del 94%. Para José María Trillo, de la ODS de Patio Maravillas, es el modo que el Gobierno tiene de regular los flujos ya que, con este marco normativo, la contratación en origen «es la única posibilidad que los trabajadores migrantes tienen de venir en situación legal».
Márquez denuncia que la contratación en origen es una forma de esclavitud «que se basa en la selección de tipo feudal de personas». A su juicio el recorte de este modelo de contrato no influye en lo que sucede actualmente, sino que el anuncio del Gobierno obedece a la estrategia de deteriorar la imagen del inmigrante: «Van en busca de la confrontación de pobres contra pobres». Márquez pone el ejemplo de la próxima campaña de la fresa en Huelva: «Se ha lanzado como un logro que la gente que venga de Marruecos vaya a cobrar unos 3.500 euros por casi cuatro meses de trabajo. Eso supone que cobrarían unos mil euros mensuales en por un trabajo a destajo de 14 horas diarias». Es decir, se lanza la idea de que se está ayudando a los trabajadores extranjeros cuando, en realidad, se les impone la explotación.
Restricciones concretas
La Reforma de la Ley de Extranjería viene determinada por el Tribunal Constitucional, que reconoció derechos fundamentales como el de asociación, negados por la ley de 2000. Se ha dicho que el anteproyecto es sólo una corrección técnica de la ley 4/2000 y el Real Decreto 2393 de 2004 que desarrolla la Ley. Para Trillo, sin embargo, este borrador pone el marco para que las áreas de trabajo en las que se aplica la normativa, el INEM o la Seguridad Social, apliquen las restricciones: «De momento se está viendo a quién se puede negar los permisos con unos requisitos como, por ejemplo, pedir a los empleadores una capacidad económica desorbitada. Es un dato aproximativo, pero para poder traer una empleada de hogar se tienen que acreditar en torno a los 40.000 euros al año». Según Trillo, «hay instrucciones de que no salga ninguna autorización. El Gobierno ha cerrado el grifo para que exista la inmigración legal hacia España».
El mayor problema lo tienen las personas que están en situación temporal, es decir, aquéllas que no han alcanzado la residencia de larga duración y están pendientes de la segunda renovación: «Esto ocurre en el caso de la gente que se está quedando en el paro, que puede llevar más de tres años y no ha estado seis meses con el primer empleador. Antes se les renovaba el permiso. Ahora les están pidiendo que certifiquen por qué dejaron de trabajar con ese empleador. Realmente es lo que ya decía la ley pero había cierta flexibilidad en cuanto que había una demanda de mano de obra para el mercado». Trillo considera que desde hace ocho meses «se está siendo tajante» y que se deniegan sin contemplaciones los permisos.
Aplicación práctica
La reforma endurece aquellos puntos que facilitaban el cumplimiento de las disposiciones legales: se castiga el empadronamiento y el alquiler de pisos a inmigrantes en situación irregular, requisitos necesarios para justificar el arraigo. Para Márquez ésta es una de las cuestiones «más fascistas» de este anteproyecto porque «convierte en delatores a los solidarios y se persigue a la gente que, sin seguir un criterio discriminatorio, alquila pisos a inmigrantes». El acceso a la vivienda se convierte en un modo de descartar a la población extranjera una vez que prescribe su permiso de trabajo. Si no pueden demostrar un arraigo de más de tres años, se les deniega, de forma que sólo les quedan dos opciones: o el regreso a su país de origen o el paso la clandestinidad. Por otra parte, la carga de las hipotecas es demasiado dura para muchos que, como señala Márquez, se ven obligados a ceder los bancos la propiedad de sus pisos. La pérdida de los derechos de empadronamiento es una de las consecuencias de este giro en política de flujos migratorios con los que el PSOE se ha acoplado al paso marcado por la UE. Trillo explica que se han incrementado los efectivos policiales para detener a trabajadores inmigrantes en situación irregular: «Antes había una brigada que llevaba los expedientes de expulsión; ahora ya se han descentralizado a todas las comisarías. Con la excusa de la situación económica se ha sistematizado el sistema de expulsiones para llevar a cabo este cambio salvaje en la política en migración».
La vulnerabilidad de las personas sin papeles se evidencia en el incremento de las redadas. Así, según denuncian las asociaciones, la policía ha realiza redadas en los intercambiadores de transporte y en las puertas de los colegios, para comprobar los papeles e iniciar los trámites de expulsión.