La reforma laboral introduce nuevos recortes y agresiones a la clase trabajadora según se desprende de este análisis que confirma que la ruta ya estaba marcada por los poderes económicos ante la la cesión del poder político. Por lo que piden un cambio de partitura «recuperando la soberanía en la calle y en las urnas».Las […]
La reforma laboral introduce nuevos recortes y agresiones a la clase trabajadora según se desprende de este análisis que confirma que la ruta ya estaba marcada por los poderes económicos ante la la cesión del poder político. Por lo que piden un cambio de partitura «recuperando la soberanía en la calle y en las urnas».Las medidas aprobadas en la reforma se dirigen a abaratar y facilitar la extinción de los contratos indefinidos, con el objeto de crear más flexibilidad.
La Soberanía no reside en el Pueblo. Aun siendo de máxima gravedad el ataque que representa la reforma laboral contra la clase trabajadora y contra el Estado de Bienestar, lo más preocupante en el transcurso de esta crisis económica es la traslación del poder político desde la soberanía popular a los mercados, quedando de manifiesto que la ciudadanía participa de una democracia meramente formal -votar cada cuatro años- mientras que la toma de decisiones y el poder material está en las esferas económicas.
Los sectores sociales más conscientes (algunos sindicatos, expertos críticos con el sistema, escasos medios de comunicación, etc.) ya advirtieron, hace más de dos años de las graves consecuencias sociales de aquella operación.
Como se preveía entonces, y tras aquel proceso, la deuda privada de los bancos se ha transformado en endeudamiento y déficit público, dando pie a que los neoliberales, sólo interesados en seguir desplazando un mayor porcentaje de las rentas hacia el capital, hostiguen exigiendo la aplicación de sus tópicas, antisociales e ineficaces recetas: recorte en el gasto social, adelgazamiento del sector público, reforma del mercado de trabajo, después serán las pensiones, etc.; todo ello presentado, mientras mantienen entretenido al personal con el «pan y circo» contemporáneo, o sea, con la Roja, el ascenso de la Real, San Mamés Barria…, como la única alternativa posible, valiéndose de todo el inmenso aparataje mediático.
En este contexto llega la reforma laboral, la sexta en 25 años, sin tener en consideración que el desempleo es producto de la disminución de la actividad productiva.
Dualidad del mercado de trabajo: una excusa para igualar a la baja. Uno de los elementos justificativos de la reforma reside en la necesidad de corregir la dualidad del mercado de trabajo, es decir, recomponer la fractura entre personal fijo y temporal, que los propios neo- liberales han ido construyendo a lo largo de años de reformas laborales. Cabe recordar que en 1975 el índice de temporalidad alcanzaba tan sólo el 4% de los asalariados y ahora se sitúa casi en el 30%, producto de anteriores reformas permisivas.
Ahora se pretende plantear como contrapuestos un colectivo de trabajadores con contrato indefinido, superprotegido por indemnizaciones de despido elevadas, con otro grupo, el de los contratados temporales, carente de protección. Sin embargo, esta dualidad hay que matizarla en lo que hace al conjunto de condiciones laborales y si algo caracteriza a unos y otros, más allá de la duración del vínculo laboral, es la creciente precariedad, pero la reforma no ha entrado en ninguno momento a plantearse la necesidad de creación de empleo de calidad.
Los fijos y los temporales, indistintamente, trabajan en algunos casos para empresas principales y en otros para sub- contratas, con cadenas de externalización cada vez más largas; en el interior de cada empresa, coexiste personal de plantilla y de Empresas de Trabajo Temporal (ETT); indistintamente unos y otros tienen contrato laboral o son víctimas, aunque trabajen en exclusiva para una empresa, de una relación jurídica de trabajo autónomo. Todos, más en el Estado Español pero también en Euskal Herria, ocupan empleos de baja calidad y remuneración (el 60% de los asalariados son mileuristas), con una tendencia generalizada al empeoramiento de las condiciones, especialmente para quienes se incorporan -o reincorporan tras haber sido despedidos- al trabajo. Tendencia que también se ha extendido a los sectores industriales más tradicionales y a los nuevos sectores de los servicios públicos y sociales.
En este último caso asistimos a externalizaciones y privatizaciones generalizadas por las administraciones públicas, con puestos ocupados por mujeres que van a acompañadas de un empeoramiento radical de las condiciones salariales, de jornada y de estabilidad contractual en relación con las vigentes en la función pública. No cabe duda de que la intencionalidad encubierta bajo el término de dualidad y del fomento del empleo no es otra que la de igualar a la baja las condiciones de unos y de otros. Hacia ese objetivo se dirigen las medidas que abaratan y facilitan la extinción de los contratos indefinidos, aunque el Gobierno alude a la necesidad de «flexibilizar el mercado de trabajo» para la generación de empleo, desoyendo los estudios de la propia Comisión Europea («El Empleo en Europa 2009») concluye que en todos los indicadores de flexibilidad externa (contratación, despido y flexibilidad laboral) el Estado Español ocupa los primeros lugares o a la OCDE.
Despido más barato y medidas fracasadas de fomento de la contratación indefinida. En esta línea «flexibilizadora» las indemnizaciones de despido se reducen drásticamente. La generalización del contrato de fomento, implementado para algunos colectivos por el PP, en 1997, las reduce de los 45 días por año y un máximo de 42 meses de los contratos indefinidos ordinarios a 33 y un máximo de 24 meses. Además de antiobrera esta medida es ineficaz y fracasada, como lo constata la experiencia desarrollada desde 1997: el índice de contratación indefinida continúa siendo el 10%, o sea, el mismo que previa la adopción de la medida. Los despidos colectivos y los «objetivos», de 20 días por año y un máximo de 12 meses, se condicionan a que la empresa tenga una «situación económica negativa», con una «mínima razonabilidad». Ello supone que pasan a ser posibles los «despidos de conveniencia bursátil», es decir, en empresas con beneficios, pero que no alcanzan a la media del sector fijada por los mercados financieros.
Esas indemnizaciones de 45, 33 o 20 días, se reducen en todos los contratos de una duración superior a un año en 8 días que son abonados por el Fogasa.
Este Fondo, previsto para pagar los salarios e indemnizaciones en caso de insolvencia o concurso de las empresas, dispone en la actualidad de un superávit de 3.900 millones de euros, que ahora se utilizan para subvencionar despidos, en lugar de mejorar las prestaciones que se abonan a los trabajadores.
¿De verdad quieren acabar con la temporalidad? Como gesto de cara a la galería que equilibre esta agresión hacia la contratación indefinida el Gobierno presenta medidas de endurecimiento de la contratación temporal que no pasan de ser operaciones cosméticas. Así impone una duración máxima de tres años (cuatro, con acuerdo sindical) al contrato de obra e incrementa, gradualmente, la indemnización por fin de contrato de 8 días por año a 12 días por año, para 1 de enero de 2016. Sin embargo nada impide que un mismo puesto sea cubierto, cada tres años, por un trabajador distinto y la cuantía de la indemnización habla por sí sola. Si realmente hubiera voluntad de revertir la contratación temporal masiva (9 de cada 10 contratos que se celebran son de este tipo, en concreto, en 2009, se concertaron 11 millones de contratos de esta naturaleza) bastaría con limitar los supuestos en los que puede emplearse, o penalizar económicamente su utilización con cuantías realmente disuasorias, o reforzar la plantilla de la Inspección de Trabajo y perseguir el uso fraudulento.
También es contradictorio con la propuesta gubernamental por la estabilidad que la gran apuesta por la contratación de los jóvenes, uno de los colectivos más desfavorecidos en el mercado de trabajo, se lleve a cabo mediante el contrato para la formación («contrato basura»), un contrato en esencia temporal, que en su actual regulación permitirá que los empresarios contraten a jóvenes de hasta 25 años por dos años, abonando el SMI y sin coste social.
Bonificaciones, abonando el terreno para asaltar después las pensiones. Otro desplazamiento de rentas hacia los empresarios se produce con las bonificaciones de las cotizaciones sociales. En el año 2010 el importe previsto de las mismas es de 2.850 millones de euros (más que el gasto en pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que no llega a 2.000). De varios estudios encargados por el Parlamento español se desprende que no tienen efecto en la creación neta de empleo sino que se limitan a desplazar unas figuras contractuales por otras y a unos colectivos por otros. La reforma renuncia a imponer coactivamente la contratación de los colectivos peor tratados laboralmente -jóvenes, mujeres, de edad avanzada- y continúa con esta política de transferencia de rentas a los empresarios que ahora se concentra en los menores de 30 años y mayores de 45.
A todas estas reformas hay que sumar las que abren nuevas ventanas al empeoramiento de las condiciones de trabajo ya que podrían resultar inaplicables determinadas condiciones laborales (horario, régimen de turnos, sistema de trabajo) y salariales, conquistadas en convenio colectivo en virtud de la nueva regulación de la modificación sustancial y de las cláusulas de inaplicación salarial, las que otorgan nuevos espacios a las ETT, tanto en la construcción como en el sector público, en detrimento de la calidad y de la garantía de acceso imparcial en el empleo público o a las Agencias de Colocación con ánimo de lucro (anteriormente prohibido) cuya experiencia ha resultado nefasta en sectores como el del trabajo doméstico, donde han funcionado ilegalmente con prácticas discriminatorias.
Es necesario un cambio de melodía y de intérpretes. La crisis ha desvelado que no nos encontramos ante una carencia general de medios materiales sino ante una distribución desigual y privatizada de la riqueza: en Europa se han destinado 3,3 billones de euros de ayuda a la banca, los beneficios de los diez principales bancos superaron los 50.000 millones de euros, el Gobierno español ha transferido a la banca 61.000 millones, los miembros de los consejos de administración del Ibex 35 ganan un 15% más en plena crisis, las empresas cotizadas en Bolsa repartieron 32.300 millones a sus accionistas, el número de ricos se ha incrementado en España en 12% durante 2009.
Lo que tenemos en frente son unos interpretes (PSOE, PP, PNV, UPN, CiU, UPyD…), que, con distintos instrumentos, tonos y variaciones, ejecutan la melodía neoliberal que olvida a los 85 millones de personas pobres en la Europa de los Veintisiete, a los 4,5 millones de parados y la pobreza de 10 millones de personas en el Estado español y a la clase trabajadora. Las innovaciones tecnológicas, las modificaciones en la organización del trabajo, etc., no se han dirigido hacia la mejora de las condiciones de vida y laborales ni hacia la redistribución de la riqueza sino a las desregulaciones, los recortes de derechos laborales, la pobreza y la precariedad son los efectos de la hegemonía del capital sobre el trabajo.
Sin embargo, hay otras partituras y melodías. ¿Por qué no se controlan los paraísos fiscales, ni se aprueban tasas sobre las transferencias bancarias, se aprueban políticas fiscales más progresivas y redistributivas (para empezar aplicando los mimos tipos a la las rentas del capital que a las del trabajo), se prohíbe la especulación sobre las deudas pública? ¿Por qué no promueven la reforma de las empresas: fomentando un trabajo cualificado e innovador que se sustente en la contratación estable y bien remunerada, apostando por la innovación tecnológica, promocionando la investigación y formación, regulando las deslocalizaciones…?
¿Por qué en la Unión Europea existe un importante cuerpo normativo sobre la libre circulación de capitales, mercancías y personas y no se ha avanzado en la construcción de un Derecho del Trabajo Europeo?
Hay que cambiar de partitura, recuperando la soberanía, en la calle y en las urnas.
Mikel de la Fuente, Juan Hernández, Koldo Irurzun e Isabel Otxoa, profesores de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UPV-EHU.