Con preocupación advertimos cómo con cierta frecuencia llegan a nosotros noticias que dan cuenta de casos en los cuales ciudadanos que han tomado parte en actos de reivindicación o en movilizaciones se ven encausados en procedimientos judiciales. Problemas de carácter social o laboral son abordados, con excesiva frecuencia, como una mera cuestión de desórdenes públicos. […]
Con preocupación advertimos cómo con cierta frecuencia llegan a nosotros noticias que dan cuenta de casos en los cuales ciudadanos que han tomado parte en actos de reivindicación o en movilizaciones se ven encausados en procedimientos judiciales. Problemas de carácter social o laboral son abordados, con excesiva frecuencia, como una mera cuestión de desórdenes públicos. Hace unos meses, unas trabajadoras de residencias de ancianos que reclamaban contrataciones estables se veían ante una petición fiscal de cuatro años de prisión por el único delito de haberse encadenado, provocando un retraso de una hora en la salida de un tren. Ahora se trata de dos conocidos sindicalistas del sector naval, sobre quienes pesa otra petición de más de seis años por unos destrozos en el mobiliario urbano provocados en el curso de una manifestación. Entre medias, otros casos que han alcanzado menor notoriedad en los medios de comunicación apuntan en similares direcciones, componiendo un poco tranquilizador panorama tendente a criminalizar a quienes protagonizan las protestas.
En las personas de Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala concurren, por otra parte, circunstancias singulares derivadas de su dilatada ejecutoria como sindicalistas y la relevancia pública que ambos han alcanzado en los últimos treinta años. La condición de dirigentes de una central sindical y de líderes de las luchas protagonizadas por los trabajadores de astilleros refuerza la sensación de que se han visto convertidos en cabezas de turco, a quienes se pretende hacer pagar la incomodidad de acciones decididas y ejecutadas de forma colectiva. En especial cuando se constata que son las únicas personas identificadas y acusadas por los hechos en cuestión. Un hecho sorprendente, si tenemos en cuenta que en centenares -o quizá miles- de ocasiones precedentes en las que asistimos a sucesos similares no fue identificado nadie, mientras que en esta ocasión se reconoce a los dos líderes sindicales que encarnan la opción más radical y tan sólo a ellos. Y es precisamente entonces cuando la petición fiscal se desorbita hasta alcanzar una dureza que, sin entrar en consideraciones jurídicas, atenta contra el sentido común por su desproporción, contemplando la cárcel por haber causado presuntamente desperfectos materiales que no supusieron daños personales ni riesgo para la integridad física de nadie. Llega, además, esta situación cuando la plantilla del astillero se ha visto reducida a apenas un centenar de trabajadores, con la consiguiente merma de su tamaño y capacidad de movilización. Y tras haber sido forzados en ese proceso ambos sindicalistas, en contra de su voluntad, a una prejubilación que trata de apartarlos de sus funciones como representantes de los trabajadores de Naval Gijón. Una secuencia que parece encerrar una intencionalidad que quizá debamos tomar en cuenta para entender lo que ahora está ocurriendo.
La perspectiva de que una movilización laboral pueda conducir a la cárcel a dos sindicalistas de la ejecutoria de Cándido G. Carnero y Juan Manuel M. Morala nos lleva a pensar que estamos no sólo ante una injusticia, sino también ante un error político. En primer lugar, porque resulta imposible sustraerse a las implicaciones que las figuras de los acusados encierran, dada su condición de personas públicas de acusada relevancia social. Basta con realizar un repaso a la hemeroteca de las últimas semanas para constatar que han concitado los apoyos más diversos, recogiendo una cascada incesante de muestras de solidaridad provenientes de puntos muy alejados del espectro político y social, incluidos algunos que se encontrarían en las antípodas de lo que estos sindicalistas representan desde el punto de vista ideológico. En sí mismo, este dato resulta revelador del respeto que se han sabido ganar dos ejecutorias indisociablemente vinculadas, primero a la lucha por las libertades democráticas y los derechos sindicales, y más tarde a la defensa del empleo y las condiciones laborales. Sin olvidar su participación en múltiples reivindicaciones de otro signo ligadas a causas solidarias.
En más de una ocasión, nuestra Facultad de Geografía e Historia ha acogido a ambos en actividades académicas y extraacadémicas. Todavía en el curso pasado han acudido a nuestras aulas para hacer oír su voz en los términos que siempre los han distinguido: un discurso basado en lo colectivo e inspirado en causas y valores solidarios. Argumentaciones que, sin duda, parecerán anacrónicas antiguallas a los avispados especuladores que esperan extraer sustanciosas plusvalías de los terrenos que actualmente albergan las instalaciones del astillero. Que éste siga abierto se debe, en gran medida, a las contundentes movilizaciones protagonizadas durante tantos años por los trabajadores. Cándido y Morala tienen en esa lucha tenaz, más de una vez desesperada, una elevada responsabilidad, y merecerían por ello nuestro reconocimiento en lugar de una petición de cárcel. Que suceda más bien al contrario es, en nuestro criterio, un motivo de alarma social e introduce, además, la preocupación por la existencia de mecanismos judiciales e instrumentos legales que lo posibilitan. Nos advierte, como ciudadanos, respecto al riesgo que encierran leyes de corte represivo que nos son presentadas con la coartada de su intención antiterrorista. Una tendencia que en los últimos tiempos puede constatarse en muchos otros lugares del mundo y que en nuestro país ha venido solapada bajo la necesidad de poner coto a la denominada «kale borroka», pero que, una vez adoptada, resulta evidente que puede ser aplicada a muchas otras situaciones que nada tienen que ver, ni directa ni indirectamente, con las actividades terroristas. Si dos personas de la notoriedad social de los sindicalistas ahora encausados pueden ver cómo sobrevuela sobre ellas la amenaza del ingreso en prisión, habría que preguntarse qué ocurrirá cuando se trate de otros acusados menos conocidos y, por tanto, más indefensos.
Cualesquiera que sean los desacuerdos respecto a los planteamientos y estrategias representadas por estos dos dirigentes de una central minoritaria, mal harían otras organizaciones sindicales y políticas con capacidad para influir en el curso de los acontecimientos en desentenderse o limitarse a declaraciones testimoniales, abandonando a su suerte a los compañeros ahora afectados. Aunque tan sólo sea porque una sentencia condenatoria contra dos líderes sindicales por movilizaciones laborales sentaría un más que preocupante precedente que, tarde o temprano, encontraría continuación en otros. Por la misma razón, quienes han puesto en marcha la maquinaria judicial deberían buscar el modo de enmendar su error.
Profesores de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo: Rubén Vega García, Francisco Erice Sebares, Octavio Monserrat Zapater, José María Moro Barreñada, Jorge Uría González, Víctor Rodríguez Infiesta, Asunción García-Prendes Salvadores y Carmen García García.