“Volver es nuestra pena de muerte”; la ONG València Acull difundió en las redes sociales las palabras de 21 jóvenes procedentes de Bangladés que se hallan recluidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia.
Los ciudadanos bangladesíes, que huyeron de su país por la participación en el movimiento estudiantil y su militancia en la oposición política, han solicitado protección internacional (asilo) en el Estado Español, informó el 24 de julio la Campaña CIE No.
¿Qué riesgos afrontan si se produce la deportación? La veintena de muchachos –entre 19 y 24 años- afirman ser objeto de “persecución política” en Bangladés.
“Todos llegaron en patera a las Islas Baleares; el primer grupo de 12 personas fue trasladado a Zapadores a finales de junio; el resto, pocos días después. Desde entonces casi no se relacionan con nadie del interior del CIE porque sólo hablan bengalí, comen escasamente y sufren crisis de angustia ya que no acaban de comprender la razón por la que están privados de libertad”, destaca la Campaña.
Cuando los jóvenes llegaron al estado español, tal vez no ingresaron en territorio de oportunidades; porque no se les ofreció la posibilidad de exponer las amenazas que afrontan actualmente en Bangladés; el actual presidente del Gobierno -interino-, desde agosto del 2024, es el empresario Muhammad Yunus; el mandatario ha prohibido la organización opositora Liga Awami, de la exprimera ministra Sheikh Hasina.
Tampoco tuvieron la opción de pedir asilo cuando arribaron a España; pero sí que han manifestado, en el CIE de Zapadores, la decisión de solicitarlo; de hecho, los chicos bangladesíes han comenzado a presentar las instancias con el apoyo de la abogacía de oficio y el servicio jurídico de la Campaña CIE No.
Pese a la represión actual en el país asiático, subrayan las ONG, el Ministerio del Interior español “ha comenzado a rechazar las primeras solicitudes de asilo presentadas y mantiene encerrados (en el CIE) a los opositores”.
Y ello, aunque los muchachos hayan dado detalles del hostigamiento; en uno de los casos, las fuerzas represivas -tras presentarse en el hogar de la madre- amenazaron con matar a su hijo en caso de que no abandonara la Liga Awami; además el joven mostró pruebas de la relación con este partido político; “pero Interior no lo considera suficiente ni siquiera para estudiar sus peticiones de protección internacional”, subraya el comunicado de las ONG.
¿Qué alcance tuvo el aplastamiento de las protestas estudiantiles en Bangladés, en el verano de 2024? El pasado 15 de julio, Naciones Unidas calificó de “brutal” y “sistemática” la represión desplegada por el ejecutivo anterior, presidido por Sheikh Hasina (hasta agosto del 2024).
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU informa que 1.400 personas murieron en mes y medio (entre el 1 de julio y el 15 de agosto), a lo que se agregan miles de heridos y centenares de ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones generalizadas.
Pero algunos patrones represivos se han mantenido con el nuevo gobierno (interino) del Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus; así, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció, en enero de 2025, que continuaban los abusos por parte de las fuerzas de seguridad; a menudo las víctimas de los atropellos policiales son expartidarios de la Liga Awami (de Sheikh Hasina) y también periodistas.
“La policía vuelve a detener arbitrariamente a personas y a presentar denuncias penales masivas contra personas anónimas, lo que permite intimidar y amenazar prácticamente a cualquiera con la detención”, señaló HRW.
El informe Las personas refugiadas en España y Europa-2025, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), apunta que en 2024 se presentaron 853 solicitudes de protección internacional en los CIE del estado español (877, en 2023).
¿Con qué barreras se encuentran las personas que pretenden ejercer el derecho de asilo? CEAR da cuenta de casos en que no se facilitan los formularios ni se da acceso al derecho, a personas que lo solicitaron verbalmente (en ocasiones poco antes de la expulsión).
Asimismo, el informe constata que -en ocasiones- las comunicaciones de inadmisión a trámite de las solicitudes de asilo en los CIE tienen lugar sin la asistencia de intérpretes, lo que hace difícil la comprensión por parte de las personas reclusas y también la posibilidad de reexamen.
Por otra parte la Campaña CIE No; CEAR; València Acull; Movimiento por la Paz; Asociación Rumiñahui; Accem; Elche Acoge y la fundación CEPAIM han realizado el balance anual, de 2024, sobre Discriminació quotidiana per racisme i xenofòbia en València, que dedica un apartado al CIE de Zapadores.
En esta “cárcel racista” (personas encerradas por una infracción administrativa), han denunciado “deficiencias en los servicios prestados -mala alimentación o atención médica limitada-; deshumanización de los internos -les llaman por el número que les asignan o les revuelven sus pertenencias a diario-; obstáculos en el derecho al asilo; internamiento de personas con graves problemas de salud mental; restricciones en el contacto con los familiares y espionaje en las entrevistas”.
También el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Defensoría del Pueblo destacó, tras la visita al CIE de Valencia en 2024, que no existía un protocolo para la conservación y extracción de imágenes en los casos de incidentes graves; además las personas migrantes (reclusas) entrevistadas por el MNP protestaron tanto por la alimentación recibida como por la insuficiencia de agua.
Las condiciones del centro de Zapadores han sido señaladas -de modo permanente- por los colectivos; ya en junio de 2020, presentaron el documento CIE de Zapadores: sin derecho a tener derechos, que denunció la muerte violenta en este centro de reclusión -el 15 de julio de 2019- de un joven de 23 años, Marouane Abouobaida; Marouane, de origen marroquí, había llegado al estado español en patera; las versiones oficiales informaron de un suicidio como causa de la defunción.
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