El indulto otorgado por la presidenta saliente de Panamá, Mireya Moscoso, a cuatro asesinos confesos cubanoestadunidenses a una semana de dejar su cargo, exhibe una vez más la política de presiones y la doble moral de Estados Unidos en materia de terrorismo. Todo indica que las «razones humanitarias» expuestas por la mandataria panameña para liberar […]
El indulto otorgado por la presidenta saliente de Panamá, Mireya Moscoso, a cuatro asesinos confesos cubanoestadunidenses a una semana de dejar su cargo, exhibe una vez más la política de presiones y la doble moral de Estados Unidos en materia de terrorismo.
Todo indica que las «razones humanitarias» expuestas por la mandataria panameña para liberar a Luis Posada Carriles, Pedro Crispín Remón, Gaspar Jiménez y Guillermo Novo Sampoll, todos con largo prontuario de terroristas internacionales, obedecieron a un pedido que le formulara en noviembre anterior, durante una visita a Panamá, el secretario de Estado estadunidense, Colin Powell.
Tras ser indultados, los cuatro mercenarios de origen cubano detenidos, enjuiciados y condenados en Panamá por planificar un atentado contra el presidente Fidel Castro en el contexto de la Cumbre Iberoamericana, en noviembre de 2000, partieron en un vuelo privado hacia Miami y fueron recibidos como «héroes» por la mafia terrorista agrupada en la Fundación Nacional Cubano-Americana y su escisión, el llamado Consejo Cubano por la Libertad.
Aunque el vocero del Departamento de Estado, Adam Ereli, negó que Washington haya participado en un cabildeo para obtener el perdón de sus viejos guerreros sucios de los años del terrorismo de Estado en América Latina y el Caribe, el gobierno de George W. Bush los considera «luchadores por la libertad» (freedom fighters).
Por razones de imagen política de la administración Bush, se prevé que la estancia de los cuatro mercenarios en la llamada «República de Miami» será breve. Pero es indudable que el verdadero quid de la cuestión está relacionado con la urgente necesidad del inquilino de la Casa Blanca de recuperar el voto de los cubanoestadunidenses del estado de Florida, que había perdido luego de un reciente decreto que impuso drásticas medidas contra la isla y causó el enojo de los exiliados cubanos. Ahora, la mafia anticastrista de Miami tendrá razones para «agradecerle» el gesto.
En el trasfondo del grave incidente di-plomático cubano-panameño no dejan de asomarse las manos de Roger Noriega y Otto Reich, furibundos anticastristas, con largo historial en la política de acciones clandestinas de Washington, función que desempeñaron antes para los gobiernos republicanos de Ronald Reagan y George Bush padre.
Il Condottiero y la gobernante piadosa
El «humanitarismo» de la presidenta Moscoso contrasta con el frondoso perfil criminal de Luis Faustino Clemente Posada Ca-rriles, más conocido como El Calambuco de Cienfuegos, El Bambi y El Condottiero (mercenario), un químico azucarero que colaboró con la dictadura de Fulgencio Ba-tista y salió al exilio en 1961.
Aunque no participó, fue miembro de la Brigada 2506 que desembarcó en Bahía de Cochinos, y aparece como agente militar y de inteligencia de un team de infiltración de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en el anexo de la investigación sobre el asesinato del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy.
Con entrenamiento en Fort Benning en técnica militar, táctica de espionaje, sabotaje, manejo de explosivos, demolición y armas de fuego, se enroló luego como tripulante en el buque madre de la CIA, Ve-nus. Destinado a Venezuela en 1967, organizó los servicios de inteligencia de la temida DISIP, y entre 1971 y 1973 fue jefe de operaciones de la Dirección General de Se-guridad, que incluía la contrainteligencia.
En la época en que el ex presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez se desempeñó como ministro del Interior, Posada era el famoso comisario Basilio de la DISIP.
Poco después montó en Caracas la Agencia de Investigaciones Industriales, compañía privada que serviría de pantalla para operaciones encubiertas de la CIA, incluidos varios intentos de asesinato contra Fidel Castro.
En 1976 participó en el atentado con bomba contra una nave de la línea aérea Cubana de Aviación que explotó en pleno vuelo poco después de haber despegado de Barbados, donde perecieron 73 personas, y en la planificación del asesinato del ex canciller de Chile Orlando Letelier, en la ciudad de Washington.
Detenido en Venezuela, en marzo de 1985 logró fugarse de la cárcel de máxima seguridad de San Juan de los Morros. La fuga fue organizada por la Fundación Na-cional Cubano-Americana, de Jorge Mas Canosa, en el contexto de la operación Irán-contras del teniente coronel Oliver North, quien le brindó un santuario seguro en la base militar de Ilopango, en El Salvador.
En compañía de Félix Rodríguez, otro terrorista de origen cubano -el mercenario número 2718 de Playa Girón, quien participó en el interrogatorio violento a Ernesto Che Guevara en La Higuera, Bolivia, y luego se desempeñó como «trabajador civil» del Pentágono en Vietnam del Sur-, y bajo la nueva identidad de Ramón Medina, Posada estuvo encargado de organizar el suministro aéreo a los contras nicaragüenses en la guerra secreta del presidente Reagan contra los sandinistas y apoyar las actividades de contrainsurgencia en distintos países de Centroamérica.
Posada Carriles, en la nómina del Departamento de Estado
Luis Posada Carriles cobró en la nómina del Departamento de Estado estadunidense. Después, con el seudónimo de Ignacio Castro, se desempeñó como guardaespaldas del ex presidente salvadoreño José Napo-león Duarte; otro alias que usaba para trasladarse entre El Salvador y Guatemala era Juan José Rivas.
En febrero de 1992, Posada fue interrogado por dos agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, en el contexto de las investigaciones del consejero independiente Lawrence Walsh sobre el escándalo Irán-contras. Su testimonio de 31 páginas fue clasificado secreto y archivado; no se si-guieron cargos criminales contra él.
Un año después el diario The Miami He-rald le atribuyó un plan para volar un carguero cubano en Honduras y la creación de una base en ese país para la realización de ataques piratas contra Cuba. Según el He-rald, en 1994 conspiró para asesinar a Fidel Castro en el contexto de la IV Cumbre Iberoamericana en Cartagena, Colombia, du-rante un trayecto en coche del mandatario cubano con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.
En 1996, con pasaporte salvadoreño a nombre de Francisco Rodríguez Mena, planificó una serie de atentados terroristas en el interior de Cuba contra el hotel Sol Palmeras, de la cadena Meliá en Varadero; el cabaret Tropicana, La Bodeguita del Medio y los hoteles Meliá Cohíba, Capri, El Nacional, Tritón, Copacabana y Chateau Miramar, de La Habana, mediante la contratación de una red de mercenarios de Centroamérica.
El atentado en el hotel Copacabana ocasionó la muerte del empresario italiano Fabio di Celmo. Posada declaró al diario The New York Times que Di Celmo «estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado». Una frase similar a la que utilizó cuando la visita de Juan Pablo II a la isla: «Si el Papa tenía que morir para que Fidel muriera, es que estaba en el lugar equivocado».
En noviembre de 2000, con ese mismo pasaporte, el hombre que declaró que «la CIA nos enseñó todo, a utilizar explosivos, a matar, colocar bombas, sabotajes», y quien se jactaba «como pueden ver a mí no me molestan ni la CIA ni la FBI, me mantengo neutral con ellos y duermo como un niño», fue capturado en Panamá, cuando preparaba un atentado contra el presidente Fidel Castro en la universidad local, y pasó casi cuatro años preso.
De intervenciones a intervenciones
Pero Washington no olvida a sus soldados de la guerra sucia. La madrugada del 25 de agosto la presidenta Mireya Moscoso indultó a Posada Carriles y a sus compinches. Envuelta en un halo de «dignidad nacional», la mandataria dijo que adoptó la decisión tras el anuncio del gobierno cubano (22 de agosto) de que rompería relaciones diplomáticas con Panamá, de manera automática, si indultaba a los terroristas.
Acusó a Cuba de «intervenir en los asuntos internos» de su país. No obstante, el asunto estaba bajo la jurisdicción de Cuba, Venezuela y Panamá, no sólo por la jerarquía transnacional del delito sino porque tanto Cuba como Venezuela habían solicitado la extradición de los terroristas.
Pocos días antes, la embajadora estadunidense Linda Watts, ex asistente política del Comando Sur del Pentágono, había dictado una conferencia de abierto corte intervencionista, en la cual acusó de «corrupto» al gobierno de la presidenta panameña, Mireya Moscoso; señaló «la podredumbre, los males y vicios» de los poderes Legislativo y Judicial, y denunció que la riqueza del país canalero estaba «en manos de 80 personas».
Entonces, Moscoso no se indignó; tampoco ordenó a su canciller que expulsara a la señora Watts, como hizo con el embajador de Cuba, Carlos Zamora, a quien se le dio un plazo perentorio para que abandonara el país canalero. Simplemente la llamó a su despacho, y al término de la reunión concluyó que las relaciones bilaterales eran «excelentes». Y le terminó heredando una verdadera «papa caliente» al presidente electo, Martín Torrijos, quien asumirá funciones el primero de septiembre.
Mientras tanto, Posada, Remón, Jiménez y Novo, predecesores de Timothy Mc-Veigh y Osama Bin Laden, están ahora libres en el país que, dice Bush, libra una guerra a muerte contra el «terrorismo».