Esta semana comenzará a estar operativa la tercera mega papelera en Uruguay y la segunda de la empresa de capitales fineses UPM. Será la inversión más grande en la historia del país que requirió de 3.470 millones de dólares.
La semilla de la forestación
Ante todo hay que recordar que la inserción del país en el mercado forestal tiene su impulso con las políticas públicas neoliberales y particularmente la Ley forestal de 1987. Estamos hablando de una de las pocas políticas de Estado que se sostiene a lo largo del tiempo y por 35 años. Una política que subsume al Uruguay en el lugar de país subdesarrollo que exporta productos de escaso valor agregado.
Podemos incluso hablar de la Santa Trinidad neoliberal que gobiernos de todos los partidos (Colorados, Nacionalistas y Frenteamplistas) han respetado y sostenido a rajatabla. La primera es la ya nombrada Ley Forestal de 1987, la segunda es la Ley de zonas francas del mismo año y por último la Ley de Protección de Inversiones de 1998.
Las plantas
Asumiendo que la nueva planta iba a empezar a producir en marzo -como se preveía-, la agencia de promoción de la inserción externa del país Uruguay XXI estimó que este año las exportaciones de celulosa crecerían 50% y totalizarían US$ 2.606 millones, posicionando a ese rubro como el principal, por encima de la carne vacuna (US$ 2.352 millones) y la soja (US$ 1.172 millones).
El Ministerio de Ambiente firmó la autorización para el comienzo de la operación y el de Economía le dio el aval para que empiece a funcionar como zona franca exonerada de impuestos nacionales. La economía uruguaya se encontraba en recesión técnica en el segundo semestre del 2022 y el inicio de UPM 2 dará un empuje. Algo similar había sucedido en el segundo mandato del frenteamplista Tabaré Vazquez (2015-2020).
La obra de construcción de la planta, ubicada en las cercanías de Pueblo Centenario, en el central departamento de Durazno y de la ciudad de Paso de los Toros (Tacuarembó), se inició en 2021 y terminó en diciembre pasado.
UPM ya posee una planta en el litoraleño departamento de Río Negro, adquirida en 2009 a la compañía Botnia, del mismo origen. Preocupados por su posible impacto ambiental, la construcción de esa fábrica fue férreamente resistida por los pobladores de la vecina provincia de Entre Ríos mediante el corte del puente sobre el Río Uruguay, con el apoyo de los gobiernos kirchneristas, y motivó un conflicto bilateral que llegó a los tribunales del Mercosur y a la Corte Internacional de La Haya, pero no consiguió detener la obra.
Recordemos el episodio de los cortes de puentes binacionales, los desencuentros entre los gobiernos del centroizquierdista Frente Amplio y Cristina Fernández de Kirchner. Incluso la nefasta anécdota que contara el propio Tabaré Vazquez, que ante un posible ataque de los “ambientalistas de Gualeguaychú”, el ex mandatario y ya fallecido Tabaréz Vazquez habría recurrido a la ayuda militar de nada más y nada menos que del presidente de Estados Unidos George Bush. Un gesto de nula unión de la Patria Grande.
En el negocio de la celulosa en Uruguay está, además de UPM, Montes del Plata, una fábrica de capitales sueco-finlandeses (Stora Enso) y chilenos (Arauco) ubicada en el departamento de Colonia activa desde 2014. En conjunto, las tres plantas consumirán 17 millones de toneladas de madera al año y producirán 4,7 millones de toneladas de pasta de celulosa.
Para traer desde Pueblo Centenario al puerto de Montevideo los 2,1 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa que producirá, se está construyendo una línea de tren -el Ferrocarril Central-, otra mega obra que ya tiene más de 90% de avance. Mientras no esté pronta, la mercadería será transportada por carretera, con un flujo que rondará los 300 camiones diarios por la ruta 5 con pasta de celulosa, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico y fueloil.
Reclamos
Ante esta situación y otras que vienen de largo aliento, 28 organizaciones de la sociedad civil uruguayas y finlandesas se manifestaron y sostienen que nueva planta de UPM “limita la soberanía nacional, derechos humanos y afecta negativamente la calidad ambiental.”
Los colectivos denuncian que la empresa tendrá “un nivel de rentabilidad” que “no obtiene en ningún lugar del mundo, logrado a partir de la explotación del territorio, en especial el agua y los suelos, la exoneración de impuestos y la asignación de fondos del Estado a obras que benefician a la empresa”.
En el comunicado también resaltan la situación de “crisis hídrica y floraciones excepcionales de cianobacterias” durante este año. Sostienen que el sistema de efluentes de la nueva planta, “pieza fundamental para evitar empeorar la comprometida situación del Río Negro y en especial de los embalses”, no cumple “con las especificaciones requeridas”.
“El empleo que se genera es mucho menor del publicitado por la empresa, como demuestran investigaciones sobre los datos del Banco de Previsión Social donde se observa que los empleos de la industria forestal se han reducido en un 25% entre 2007 y 2020”, describen.
“También se reproduce la división sexual del trabajo, ya que el empleo que se genera es masculinizado (la mayor parte de los trabajos de la cadena forestal los tienen varones), se reproducen redes de trata y explotación sexual y se limitan los derechos laborales a nivel nacional e internacional, como sucedió luego de la larga huelga de trabajadores de UPM en Finlandia en 2022”, agregan.A su vez, remarcan que para los habitantes de nuestro país queda “la expansión de monocultivos forestales” y sus “impactos negativos”.
“No hay contrapartida económica, social o ambiental para el Uruguay, salvo el crecimiento artificial del PBI por una actividad económica que no se refleja en lo interno y el espejismo de un ‘desarrollo sostenible’ que no es tal y que evidencia una forma de colonización, contaminación y extractivismo”, finalizan.
Desde el año 2014 el grupo Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales ha venido denunciando públicamente su preocupación por los vertidos del Vivero Santana de UPM, incluso la mortandad de peces en el arroyo del mismo nombre en Paysandú. La respuesta siempre fue decir que las denuncias carecían de sustento técnico, acompañada por desmentidos de la empresa en la misma dirección
.El vivero de UPM en Paysandú arrojaba vertidos de 14 agrotóxicos prohibidos al afluente del arroyo Santana, en 2022 luego de recibir una mínima sanción el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca autorizó esos mismos insumos legalizando lo que unos meses antes fue categorizado como tóxico y continúa siendo prohibido en Europa. El tren de UPM no cumple con las normativas del Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo pero su recorrido no fue prohibido por la Intendencia.
El Estado uruguayo ha modificado y manipulado la legislación y normativas vigentes cuyo fin es defender y proteger los derechos de la ciudadanía y el territorio poniéndose al servicio de los intereses de la empresa.
El médico uruguayo José Zapicán Mattiauda, referente del movimiento ambientalista Uruguay soberano en Paysandú, denunció que 40% de los trabajadores del vivero reportaron “alergias en la piel”, 70% “ardor, picazón o dolor en la piel” y 75% “dolor de cabeza o mareos”.“El Ministerio de Salud Pública de Uruguay no está preparado para hacer tamizaje de los productos que van a tirar al río Negro, y en diez días van a llegar al río Uruguay”, advirtió.
Lo que va al arroyo Santana termina en el río Uruguay. Se murieron peces, se mueren las tortugas. Ha habido multas, pero son muy leves, son irrisorias para las empresas que ganan miles de millones de dólares.
La Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca señaló en un comunicado que en los análisis realizados de los vertidos del vivero “se encontró fungicida, insecticida, herbicida, hierro y arsénico”Las venas abiertas de América Latina siguen abiertas desde época de la conquista y parece ser que el cazador muda de camuflaje pero no de mañas.
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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