Unos mandaban aquí (por ejemplo, en la Generalitat) y otros allí (por ejemplo, en las Diputaciones), y en algunos casos mandaban, se apoyaban y hacían de las suyas, unidos, muy unidos, en otras instituciones públicas. La gestión del Hospital de Sant Pau, uno de los grandes hospitales de Barcelona, es un buen ejemplo de ello. […]
Unos mandaban aquí (por ejemplo, en la Generalitat) y otros allí (por ejemplo, en las Diputaciones), y en algunos casos mandaban, se apoyaban y hacían de las suyas, unidos, muy unidos, en otras instituciones públicas. La gestión del Hospital de Sant Pau, uno de los grandes hospitales de Barcelona, es un buen ejemplo de ello.
Titular del artículo de Maiol Roger [1]: «El gerente del Sant Pau en 2004 alertó sin éxito a la Generalitat de irregularidades». Lo hizo en una sesión de la comisión de investigación de los escándalos en Sanidad en el Parlament catalán, el pasado lunes 8 de julio. ¿Sirvió? Sirvió: «para constatar que la gestión del hospital de Sant Pau ha sido un desaguisado desde hace años». Más aún: «ue la Generalitat, pese a ser advertida, ha hecho oídos sordos a los problemas por los que pasa el hospital».
El primero de los comparecientes fue Jordi Colomer, el gerente del hospital entre 2004 y 2007. Declaró que «se encontró un hospital en pleno proceso de renovación cuya construcción se había licitado sin concurso y con retribuciones a directivos que no se correspondían a sus funciones». No se quedó callado y sumiso. Explicó lo que estaba sucediendo a las instituciones que regían el hospital: el Arzobispado de Barcelona (Lluís Martínez Sistach); la Generalitat, entonces presidida por José Montilla, y el Ayuntamiento de Barcelona, con Jordi Hereu al mando y con los partidos que apoyaban su mandato.
Pero ni caso, no hicieron ni caso. «Repetí a Sistach, Montilla y Hereu que el de Sant Pau era un proyecto vulnerable si no se cambiaba la gobernabilidad. Y en la ausencia de gobernabilidad, hay elementos que se aprovechan de ello». Colomer, por supuesto, tampoco logró la atención de la entonces consejera de Sanidad, la actualmente diputada Marina Geli, destacada militante del «sector catalanista» del partido.
Colomer fue destituido en 2007 «pese a lograr el saneamiento de las cuentas del Sant Pau». Eran tiempos del tripartito. Colomer intentó poner orden. Evitó, por ejemplo, nuevas adjudicaciones a dedo en el último tramo de la construcción del Sant Pau (ya entonces con fuerte sobrecoste). Intentó que siguiera la ley de contratación; no se tenía costumbre. ¡Un gestor raro, muy raro! Tenía los días contados
El ex gerente no logró evitar, eso sí, la existencia de retribuciones que «no se ajustaban a las funciones de quienes las cobraban». Un ejemplo destacado: Ricard Gutiérrez, ex gerente adjunto, cobró durante siete años por ese cargo pese a que ya no lo ejercía. ¿Y por qué no pudo Colomer acabar con esa retribución ilegal? Por orden directa del entonces director del Servicio Catalán de la Salud, Carles Manté [2]. ¡Manda, quien manda!
El desgobierno del Sant Pau provocó en la construcción del nuevo centro un sobrecoste de 77 millones (un 35% de incremento sobre lo presupuestado, ¡nada menos!). En opinión de Colomer, todo se debió a la excesiva duración de las obras, a los imprevistos, a los fallos en el proyecto y a un exceso de ambición («se quiso hacer un edificio de autor. Esto tiene un coste y quizás no hacía falta»)[3]
El último presidente de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de Sant Pau es Xavier Pomés, ex consejero de Sanidad e Interior con Jordi Pujol, intervino también la sesión. Tuvo que responder acerca de las incompatibilidades por sus cargos en la sanidad pública y sus ocupaciones privadas. «En el momento en que fue nombrado presidente del Sant Pau, Pomés era consejero de Ambulancias Reus, concesionaria del Servicio de Emergencias Médicas, y del gupo MGO, que cuenta con una docena de centros médicos en Cataluña».
Negó, por supuesto, haber incurrido en incompatibilidades. Señaló que tras tomar posesión como presidente del Sant Pau (mayo de 2012) dimitió de Ambulancias Reus en la primera junta de accionistas que se celebró un mes más tarde. Omitió decir, señala Maiol Roger más que oportunamente, que cuando dejó su cargo en ambulancias Reus «hacía ya un año que presidía el patronato del Hospital Clínic» (el cargo lo sigue manteniendo en la actualidad) [4].
Pomés, que se había preparado una intervención distinta según Maiol Roger, puso su empeño en criticar a los trabajadores del centro y acusó al Patronato de Fundaciones (que depende del Departamento de Justicia de un gobierno de CiU que él apoya) «de dejar desprotegidos a los directivos frente a la ofensiva judicial del comité de empresa y provocar, con su inacción, la última crisis en el hospital: la dimisión en bloque de sus directivos». Chulo como siempre, don Pomés añadió: los gestores del Patronato de Fundaciones no tienen ni idea. ¡Y en sede parlamentaria!
Si hay algo que desde hace muchos años huele mal, muy mal, en la gestión pública catalana es, entre otros numerosos candidatos, la sanidad. El apoyo tácito, la ocultación de prendas y estrategias oscuras, entre gestores y políticos institucionales próximos al PSC y a CiU es de libro, de libro de horror y denuncia. Unidos por la mano se les veía por todos los jardines tenebrosos y por todos los chanchullos que nos quepa imaginar.
En síntesis: el desmantelamiento y malversación de lo público no es tarea reciente y la responsabilidad de todo ello no está en el debe abisal e imperdonable de una sola formación política.
Notas:
[1] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/08/catalunya/1373285156_294821.html
[2] Las órdenes recibidas: «Me dijo que le siguiera pagando pese a que siempre manifesté que no se ajustaba a la ley». Gutiérrez, que compareció más tarde en la sesión, justificó su sueldo: «siempre siguió lo que le ordenaba la gerencia del hospital pero evidenció que no hizo funciones ejecutivas en el centro.»
[3] Jordi Varela, su sucesor en el cargo, declaró que el coste por metro cuadrado se ceñía al precio habitual en un hospital.
[4] Respecto a MGO, Pomés admitió que sigue de consejero, «pero quiso desmentir cualquier incompatibilidad asegurando que los centros sanitarios que gestiona la firma se dedican al chequeo para el permiso de conducir.»
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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