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Interior desatiende las reclamaciones del Defensor del Pueblo por las actuaciones policiales en la comisaría de Paterna

Valencia Acoge denuncia las sanciones a madres migrantes cuando realizan trámites en comisarías

Fuentes: Rebelión [Imagen: Valencia Acoge]

Una mujer hondureña sin papeles se dirigió, junto a un amigo español, a la comisaría del municipio de Xirivella (30.200 habitantes, Valencia) para denunciar las agresiones, insultos y amenazas por parte de un individuo. Ocurrió en mayo de 2019. Los agentes policiales no tramitaron la denuncia y procedieron a detenerla e iniciar un procedimiento de expulsión “por estancia irregular” en el estado español.

Se produjo entonces una importante respuesta ciudadana. Además de una concentración ante el Ayuntamiento de Xirivella, Poder Migrante y la Red de Hondureñas Migradas presentaron a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana un escrito contra la expulsión, con las firmas de 173 asociaciones y 800 personas.

Asimismo la Campaña por el Cierre de los CIE promovió la iniciativa #ParemosSuExpulsion, que tuvo un apoyo masivo en las redes sociales; y la ONG Valencia Acoge difundió el caso e interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo. La Delegación del Gobierno archivó finalmente, pasados tres meses, el expediente sancionador.

El pasado 19 de noviembre, Valencia Acoge denunció el trato “humillante” e “intimidatorio” que agentes de la Policía Nacional en la comisaría de Paterna (71.000 habitantes, Valencia) infligieron a dos mujeres migrantes, de origen colombiano, cuando solicitaban el DNI para sus hijos tras reunir la documentación necesaria.

Resumió los hechos, ocurridos con una escasa distancia temporal, del siguiente modo: “Los policías les presionaron para que desistieran, les acusaron de aprovecharse de la legislación española, les recomendaron no recurrir a un abogado, las sometieron a un interrogatorio inapropiado y, finalmente, a una le abrieron un expediente con una propuesta de multa de 501 euros y, a la otra, la ‘expulsión del territorio nacional’”.

Además, en una nota informativa, Valencia Acoge transcribió la grabación en la que uno de los agentes afirmaba: “Llora todo lo que quieras, di que esto es racismo, que es xenofobia, lo que tú quieras, pero te has estado aprovechando de aquí durante equis tiempo y es lo que hay…”. En otro fragmento de los audios, el policía espetaba a la víctima: “En cualquier caso, has estado trabajando, no has estado cotizando, no has estado pagando una Seguridad Social, si te has puesto enferma has ido al médico…al final es lo que hay (…)”. Organizaciones sociales exigieron la adopción de medidas disciplinarias contra los policías implicados.

Por otra parte, del “desprecio” que sintió una pareja de migrantes paraguayos y sus tres hijas ante el trato policial, también en la comisaría de Paterna, se hizo eco Valencia Acoge el 17 de diciembre. Acudían a ejercer el derecho a obtener el DNI para su bebé (Artículo 17 del Código Civil), recuerda la organización humanitaria.

Según el testimonio de las víctimas, los policías les ordenaron salir de la cola, esperar en un rincón y se dirigieron a ambos como a delincuentes que hubieran cometido un delito. Una de las agentes inició un procedimiento sancionador de 501 euros por “estancia irregular” contra la mujer migrante, sin informarle de que tenía derecho a asistencia jurídica gratuita para alegar contra la sanción; además se le facilitó información que no era cierta sobre las posibilidades de acceder al arraigo familiar, detalla la ONG.

En los tres ejemplos, denunciados por Valencia Acoge ante el Defensor del Pueblo, las familias consiguieron la residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo familiar, y se archivaron las sanciones.

¿De qué modo ha actuado el Ministerio del Interior? “Exculpa a los policías nacionales de Paterna que humillaron a las madres que fueron a obtener el DNI de sus bebés y seguirá sancionando por estancia irregular a quienes realicen trámites en comisaría”, valoró Valencia Acoge el pasado 3 de agosto.

Y se basaba, para realizar esta afirmación, en la respuesta de la Dirección General de la Policía al Defensor del Pueblo, con fecha 28 de julio, tras la queja planteada por la ONG. Interior ofrece en un escrito su versión de los tres casos y concluye: “Los funcionarios policiales que incoan expedientes sancionadores por estancia irregular a extranjeros que se personan en dependencias policiales para la práctica de algún trámite, actúan conforme a las obligaciones legalmente impuestas”. Esto significa, según las organizaciones sociales, que cualquier persona migrante y sin permiso de residencia puede ser multada o expulsada del estado español por entrar en una comisaría.

Se da la circunstancia que la Defensoría exigió de nuevo, el pasado 28 de julio, que las personas extranjeras en situación (oficialmente considerada) irregular puedan realizar trámites o denunciar delitos en las comisarías sin temor a la expulsión; y añadía que la multa o expediente de expulsión “tiene un claro efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, supone una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica y vulnera el Estatuto de la Víctima”.

Además de los hechos acaecidos en la comisaría de Paterna, el Defensor del Pueblo ha recibido otras quejas por estas prácticas policiales durante los últimos años, por ejemplo en Navarra, Valencia o Andalucía. Una de las últimas reclamaciones del Defensor se sitúa en Melilla, con motivo de la apertura de expedientes sancionadores a ciudadanos migrantes que tramitaban la escolarización de sus hijos. Ante la respuesta policial, que justifica este proceder en la aplicación de la Ley de Extranjería, el Defensor del Pueblo argumenta que el cumplimiento “riguroso de la norma provoca situaciones ‘injustas o perjudiciales’ para estas personas que llevan años residiendo en la ciudad autónoma”.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, es el Alto Comisionado de las Cortes para la defensa de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas. Recuerda que en 2019 planteó una recomendación al Ministerio del Interior para que las personas migrantes sin papeles pudieran denunciar presuntos delitos, sin que se abriera un procedimiento sancionador que implicara la expulsión. Interior rechazó la recomendación. Actualmente titular del Ministerio del Interior, el magistrado Fernando Grande-Marlaska desempeñaba el cargo en 2019. En 2004 la Defensoría ya dirigió reclamaciones a Interior en este sentido.

El pasado 24 de abril, más de 40 organizaciones sociales dieron cuenta a Naciones Unidas de la “flagrante vulneración del derecho de acceso a la justicia y a un debido proceso de las personas migrantes en situación irregular en el estado español”. En un documento remitido al Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González Morales, las ONG informaron sobre las recomendaciones del Defensor del Pueblo -y su rechazo por parte del Ministerio del Interior- de las actuaciones policiales en las comisarías de Xirivella y Paterna, entre otras.

Estas prácticas de los agentes, denunciaron las ONG, contravienen, además de la Ley española 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, el Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Directiva Europea 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de las víctimas de delito; la Recomendación de Política General número 16 de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa (sobre la protección contra la discriminación de las personas migrantes en situación irregular); y la meta 16.3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En octubre de 2019, las Cortes Valencianas aprobaron, a iniciativa de Unidas Podemos, una Proposición no de ley para que el Gobierno de España promoviera un “marco legal” de manera que cualquier migrante, víctima de un delito, pudiera denunciarlo sin riesgo de expulsión. Asimismo instaba al Ministerio del Interior a emitir una instrucción para que la policía cumpliera con el contenido de las recomendaciones del Defensor del Pueblo; y, por último, a que el Gobierno Valenciano incluyera a las personas migrantes sin papeles en los protocolos de actuación de la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito.

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