Hace un año el coloso nicaragüense Grupo Pellas asumió el control del Ingenio Chabil Utzaj, en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, Guatemala. Socios minoritarios, vendedores y arrendadores de tierras le «limpiaron la mesa», desalojando y dejando en desamparo a cientos de familias q’eqchi’s que durante generaciones venían habitando y trabajando en sus fértiles tierras. […]
Hace un año el coloso nicaragüense Grupo Pellas asumió el control del Ingenio Chabil Utzaj, en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, Guatemala. Socios minoritarios, vendedores y arrendadores de tierras le «limpiaron la mesa», desalojando y dejando en desamparo a cientos de familias q’eqchi’s que durante generaciones venían habitando y trabajando en sus fértiles tierras. Sus vidas están ahora en peligro y su lucha está siendo criminalizada.
Un contexto de conflicto agrario
Miles de personas con mantas y banderas flameando bajo el sol se movilizan por las carreteras que conducen a la capital guatemalteca. Hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos recorren más de 200 kilómetros a pie. Nueve días de marcha durante los cuales se comparten temores, esperanzas y sueños, pero también proyectos, firmes propósitos de cambio y demandas a gobernantes acostumbrados a desoír el clamor de los pueblos originarios.
«No aceptamos migajas del gobierno. Exigimos una solución inmediata a la histórica conflictividad agraria que existe en Guatemala. Una conflictividad que solo se puede resolver aprobando una Ley de Desarrollo Rural Integral, permitiendo el acceso a la tierra, deteniendo los desalojos y respetando nuestra decisión de rechazar la explotación minera, las hidroeléctricas y los demás megaproyectos. Queremos que se condone la deuda agraria que suma más de 300 millones de quetzales (38.5 millones de dólares), que se desmilitaricen nuestras comunidades y que se deje de criminalizar la lucha de los pueblos indígenas y campesinos», dijo Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC), durante la Marcha indígena, campesina y popular por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral, realizada en marzo de 2012.
Marcha campesina. Fotografía del CUC.
Esta movilización obligó a tres poderes del Estado, incluyendo al recién instalado presidente y ex general Otto Pérez Molina y a su gobierno, a firmar compromisos para dar solución a las diversas y profundas problemáticas agrarias que el país arrastra desde hace muchas décadas, y que se han profundizado con la masiva implementación de los monocultivos a gran escala.
Entre los puntos acordados destaca el cumplimiento con las Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las 14 comunidades desalojadas violentemente hace un año en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, así como abordar con prioridad inmediata la conflictividad agraria en esta zona. En este sentido, el gobierno se comprometió a utilizar recursos de la Secretaría de Asuntos Agrarios, para que no menos de 300 familias afectadas al año tengan acceso a la tierra.
También se comprometió a garantizar que las empresas de seguridad privadas contratadas por el Ingenio Chabil Utzaj, flamante nueva adquisición del coloso nicaragüense Grupo Pellas, ni cualquier otro grupo de fuerza irregular intervengan en esta área, respetando el derecho que tiene la población de no ser víctima de presiones y amenazas por parte de dichas fuerzas.
«Las demandas son claras. De no atenderlas se agudizaría más el conflicto, lo cual evidenciaría las intenciones de mantener un sistema excluyente que ha llevado a este país a situaciones de profundas contradicciones», señala un comunicado de las organizaciones convocantes de la marcha, las cuales están pendientes de las fechas topes plasmadas en los Acuerdos.
«Limpiar la mesa» en el Polochic
Cuando el año 2005 la familia Widmann, una de las más poderosas del país y cuyo mayor exponente es Carlos Widmann Lagarde, cuñado del ex presidente guatemalteco Oscar Berger Perdomo, decidió trasladar el Ingenio Guadalupe de la costa sur de Guatemala al Valle del Polochic, dando vida al Ingenio Chabil Utzaj (Buena Caña en idioma q’eqchi’), muchas de las comunidades de etnía q’eqchi’ que vivían en la zona no sospecharon que, muy pronto, se enfrentarían al inicio de una nueva temporada de violencia y represión.
El proyecto, que incluía la adquisición de unas 3.600 hectáreas y el arrendamiento de 1.800 más para sembrar caña de azúcar, los Widmann obtuvieron un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de 32 millones de dólares, de los cuales fueron desembolsados 28.5 millones.
La situación se precipitó cuando decenas de fincas, en cuyas tierras trabajaban y vivían cientos de familias q’eqchi’s bajo el régimen de colonato [1], entraron a formar parte de dicho proyecto de monocultivo. «Para estas personas no existe derecho alguno relacionado con el tiempo de posesión y los patronos pueden echarlos en cualquier momento. Si las familias permanecen, se les acusa de usurpación, se les desaloja y se les persigue, sin pagarles prestaciones laborales o reconocer su histórico derecho sobre la tierra que han ocupado por generaciones», explica en una nota Marielos Monzón, columnista de Prensa Libre.
Comunidad 8 de Agosto.Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA)
Este proceso de despojo se había iniciado a finales del siglo XIX con la Reforma Liberal, al abrirse el gobierno guatemalteco a la inversión extranjera. En el valle del Polochic se concentraron los emigrantes alemanes, a los cuales se les otorgaron tierras ya ocupadas por las poblaciones q’eqchi’s. «De esa manera, los antiguos habitantes se convirtieron en trabajadores de los colonos alemanes y los que están siendo desalojados en estos días son sus descendientes. Así que el proceso de despojo viene de muy lejos, pero se profundiza más con la introducción de los monocultivos de palma africana y de caña de azúcar», dijo Carlos Barrientos, secretario ejecutivo del CUC.
Carlos Barrientos, secretario ejecutivo del CUC. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Según el dirigente campesino, el interés de los Widmann y del Ingenio Chabil Utzaj S.A. por comprar tierra en el Valle del Polochic generó un mecanismo perverso de incentivo a la venta o arrendamiento de fincas, muchas de ellas de pertenencia muy dudosa como, por ejemplo, las grandes extensiones de tierras que pertenecieron al terrateniente Flavio Monzón, uno de los principales responsables de la masacre de Panzós del 29 de mayo de 1978, y que heredó a sus hijos.
El resultado fue el desalojo masivo de los mozos colonos que durante generaciones enteras venían habitando y trabajando parte de dichas fincas. «Los supuestos propietarios comenzaron a sacar a las comunidades, pese a que con muchas de ellas ya tenían negociaciones avanzadas para la adquisición de la tierra. Prefirieron vender o arrendar a las grandes compañías y para hacerlo tuvieron que ‘limpiar la mesa’, desalojando a todas estas familias que reclaman derechos históricos sobre las tierras», aseveró Barrientos.
Monocultivos y hambre
Laura Hurtado, sociologa, investigadora y profunda conocedora de los impactos que genera la expansión de los monocultivos para la producción de agrocombustibles en Guatemala, asegura que existe una relación directa entre este fenómeno y la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria de la población.
En el estudio «Las plantaciones para agrocombustibles y la pérdida de tierras para la producción de alimentos en Guatemala«, Hurtado explica que «la pérdida de tierras destinadas anteriormente a la producción de alimentos a causa de la expansión sin precedentes de las plantaciones destinadas a la producción de agrocombustibles, principalmente de palma africana y caña de azúcar, está cambiando de manera acelerada la fisonomía del agro guatemalteco y conlleva una merma considerable en la producción nacional de granos básicos y alimentos, misma que ha venido siendo debilitada de manera sistemática por las políticas neoliberales de los últimos años».
En efecto, en la última década, Guatemala pasó de ser un país autosuficiente en términos alimentarios, a un país dependiente de la importación de alimentos. Según datos de FAOSTAT, entre 1990 y 2005 la producción nacional de trigo se redujo en 80.4 por ciento, la de frijol en 25.9, la de arroz en 22.7 y la de maíz en 22.2 por ciento.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) detalla que hasta 2003, 49 fincas se dedicaban a la producción de palma africana con una superficie total de 31,185 hectáreas (has). La Encuesta Agropecuaria 2007 estableció que para ese año el número de fincas destinadas a este producto habría aumentado a 1,049 y la superficie cultivada se habría extendido a 65,340 has. En 2011 se estima que el área sembrada de palma africana se acercó a las 100,000 has, con una producción de 140 mil toneladas métricas anuales de aceite.
En cuanto a la caña de azúcar, el estudio de Hurtado revela que en 2003 la producción nacional abarcaba una extensión total de 188,775 has. Solo el departamento de Escuintla, en la costa sur del país, concentraba el 87 por ciento de la producción total. Para 2007, la Encuesta Agropecuaria estimó que la producción de caña de azúcar habría crecido en un 1.55 por ciento, aumentando a nivel nacional la superficie destinada a este cultivo a 260,896 has, datos que se mantuvieron estables durante los siguientes años.
Cañaveral en Telemán. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Hurtado explica también que la producción y el procesamiento, tanto de palma africana como de caña de azúcar, se encuentran altamente concentrados en muy pocas empresas y corporaciones [2], lo cual genera procesos de concentración y reconcentración de la propiedad agraria, agudizando de esa manera la problemática del acceso a la tierra para las y los campesinos.
«Son procesos que expulsan a las comunidades, suprimen importantes áreas anteriormente destinadas a la producción de granos básicos y alimentos en general, eliminan la cobertura boscosa y generan movimiento de tierras, drenaje y desecado de pantanos, lagunas y otras fuentes de agua. Es decir, hay una mayor fragmentación o bien la eliminación total de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad», apunta la investigadora guatemalteca.
Para Barrientos, ese modelo de monocultivo gozaría del apoyo y complicidad del Estado y de los grandes medios de comunicación. «Hay una efectiva criminalización de la lucha y protesta social a través de la persecución judicial, la descalificación de las demandas campesinas y las campañas de desprestigio contra los líderes y dirigentes campesinos, por parte de los medios de comunicación que están al servicio de las empresas y las transnacionales. De esa manera pretenden crear una opinión pública que condene las luchas por el acceso a la tierra y quienes las encabezan, legitimando el saqueo de los recursos naturales que impone el modelo neoliberal en todo el continente «, apuntó el secretario ejecutivo del CUC.
Una situación que Hurtado considera contraria al espíritu de los Acuerdos de Paz (1996), donde el Estado se comprometió a promover la democratización de la tenencia de la tierra y el acceso de los campesinos a ella. «Lo que ocurrió en el Valle del Polochic con la venta de las tierras a las empresas agroindustriales -como el Ingenio Chabil Utzaj S.A. (Widmann-Grupo Pellas) o Palmas de Desarrollo S.A. PADESA y Grasas y Aceite S.A. (Grupo Maegli)- ha sido un alineamiento de las políticas institucionales del Estado y los recursos de las instituciones financieras internacionales a los intereses de dichas empresas, en detrimento de la seguridad alimentaria y nutricional de la población campesina», afirmó Hurtado a ALBA SUD/Rel-UITA.
Cañaveral en Telemán. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
La investigadora subrayó también que, si bien la siembra de caña y palma africana es hoy en día destinada a la producción de azúcar, melaza, bebidas alcohólicas, aceites y grasas comestibles e industriales, lo que verdaderamente ha estimulado el proceso de acaparamiento de tierras es el creciente y prometedor mercado internacional del biodiésel y del etanol.
«Puede ser que ahora el precio internacional sea bajo y que a las empresas les convenga más otro tipo de producción, sin embargo es evidente que estas grandes inversiones apuntan al mercado de los agrocombustibles», aseguró.
Desalojos y muerte
En la carretera hacia Cobán, el desvío de San Julián nos abre paso hacia el Valle del Polochic. Bajando de las montañas a través de un camino tortuoso llegamos a costear el río Polochic, uno de los principales ríos de Guatemala que atraviesa varios municipios del sur de Alta Verapaz y desemboca en el lago de Izabal.
A medida que avanzamos hacia el fondo del valle nos adentramos por caminos de tierra que se abren entre inmensas extensiones de caña de azúcar y palma africana. De vez en cuando, entre las palmas se miran pequeñas siembras de maíz. «Son los terratenientes que dan permiso a los campesinos para que siembren su milpa. A cambio les exigen limpiar las palmeras sin pagarles nada y de esa manera explotan la mano de obra local y ahorran costos», explica S.C., que en el Valle del Polochic ha nacido, se ha criado entre represión y desalojos y que ahora es activista del CUC.
Maíz en medio de la plantación. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Como muchas de las personas que tuvieron el valor de intercambiar sus historias con este corresponsal, S.C. prefirió mantener el anonimato «porque los sicarios andan por todos lados», asegura.
Después de haber logrado el préstamo del BCIE y haber iniciado una fase de experimentación de la siembra de azúcar, el proyecto del Ingenio Chabil Utzaj fracasó. En 2010, el Banco Industrial (BI), fiduciario del fideicomiso de garantía, puso en subasta 37 fincas y todas las maquinarias,sobre un precio base de 30.2 millones de dólares. Además, el Ingenio acumuló una fuerte deuda con la municipalidad de Panzós en concepto de Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), que nunca pagó.
Rótulo en el Ingenio Guadalupe, Panzós, Alta Verapaz. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Pese a que la subasta fuera cancelada temporalmente por un recurso interpuesto por el propio Chabil Utzaj S.A., la noticia dio nueva esperanza a las cientos de familias que habían venido sufriendo represión y desalojos durante los últimos años.
«Varias organizaciones acudimos al BCIE y al gobierno para presentar una propuesta, en la que el Estado asumiría la deuda y desarrollaría un programa ambicioso para atender la demanda de acceso a la tierra de las familias campesinas. Sin embargo no fuimos tomados en cuenta y las comunidades volvieron a recuperar las tierras y a sembrar alimentos», explicó Hurtado.
Ante la presión de las familias q’eqchi’s para volver a vivir en las tierras sobre las cuales reclaman derechos históricos, en marzo de 2011 se abrió una mesa de negociación y los Widmann hicieron una propuesta de trasladar las comunidades a otros lugares. Aparentemente, a los terratenientes y a las autoridades gubernamentales y judiciales no les importó que las familias presentaran una contrapropuesta, antes bien iniciaron un desalojo violento de 14 comunidades.
La represión inició el 15 de marzo y fue llevada a cabo por más de mil efectivos, entre militares y policías, y con la participación de miembros de la seguridad privada del Chabil Utzaj. Fue brutal y prolongada, culminando días después con la expulsión de unas 800 familias, la destrucción y quema de viviendas y cultivos y un saldo de un campesino asesinado, Antonio Beb Ac, de la comunidad Miralvalle, y varios heridos y detenidos.
Una vez «limpia la mesa», el BCIE anunció la reestructuración del préstamo a los propietarios del Chabil Utzaj por más de 20 millones de dólares, supuestamente «para dinamizar un área vulnerable que tiene índices de pobreza de 84.1 por ciento y 41.2 por ciento de pobreza extrema», se lee en una nota de la revista económica digital CentralAméricaData. Paralelamente, los Widmann hicieron pública la incorporación de la compañía Guatemala Sugar State Corp. -un vehículo de inversión del Grupo Pellas en la zona- como nuevo inversionista del proyecto.
En junio de 2011, directivos de la empresa oficializaron la adquisición por parte del Grupo Pellas del 88 por ciento del paquete accionario de Chabil Utzaj S.A., así como una inversión multimillonaria durante el bienio 2011-2012, que incluye el desembolso de entre 30 y 40 millones de dólares para un proyecto de generación eléctrica de 12 MW.
«Existe una relación muy estrecha entre los desalojos del año pasado, la reactivación del proyecto del Chabil Utzaj y la inversión multimillonaria del Grupo Pellas. El proyecto estaba en quiebra y estaban subastando las fincas para pagar las deudas. Con estos brutales desalojos los Widmann logran salir a flote y el Grupo Pellas recibe un producto ‘limpio’ y sin fincas ocupadas, elemento necesario para implementar su plan de expansión de monocultivos y negocios en Centroamérica», dijo el secretario ejecutivo del CUC.
Ingenio Chabil Utzaj. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Pese a los repetidos intentos por contactar al Grupo Pellas en Nicaragua, la realización de varias llamadas y el envio de correos electrónicos al área de comunicación solicitando su versión de los hechos, la empresa hizo caso omiso a nuestra solicitud.
Medidas cautelares
Después de los desalojos y quedando sin casa ni alimentos, miles de personas desamparadas comenzaron a deambular por la zona, en búsqueda de apoyo. En muchas ocasiones fueron objeto de represalias, hostigamiento, persecución, amenazas y hasta asesinato [3]. «Fueron desalojos violentos, desproporcionales e irracionales, en clara contravención de los estándares internacionales en materia de desalojos y que significaron una evidente violación a los derechos humanos de las familias q’eqchi’s. Ante esta situación y la participación directa de los cuerpos de seguridad privada del Chabil Utzaj en la represión, varias organizaciones [4]decidimos solicitar medidas cautelares ante la CIDH, constituyéndonos como peticionarios y solicitando que se detuvieran los desalojos y se atendiera a la población que se había quedado sin nada», dijo Martha García, abogada y coordinadora de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM).
Martha García. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
El 20 de junio 2011, la CIDH resolvió favorablemente y solicitó al recién instalado gobierno guatemalteco adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 14 comunidades, así como medidas humanitarias -incluyendo alimentación y albergue- concertándolas con los beneficiarios y sus representantes. Finalmente, la CIDH solicitó al gobierno informar sobre las acciones adoptadas por el Estado a fin de investigar el cumplimiento de las medidas mismas.
Pese a la urgencia de la situación, García asegura que lo dispuesto por la CIDH solo se ha cumplido en una mínima parte por la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH).
«El Estado quiso realizar un censo para identificar a las familias beneficiarias y finalmente desconoció los datos que habíamos reportado a la CIDH, en cuanto a la cantidad de familias y a la necesidad de viviendas. En octubre tuvimos que volver ante la CIDH para plantear la necesidad de empezar de inmediato con la distribución de alimento por una periodo mínimo de cinco meses», explicó García.
La respuesta del Estado no llenó las expectativas. El COPREDEH entregó cantidades mínimas de alimento, incompletas y de mala calidad y sólo durante tres meses. Actualmente, las organizaciones peticionarias no han logrado volver a reunirse con los funcionarios del Estado y las entregas de alimentos fueron suspendidas. Tampoco se pudo avanzar en materia de vivienda y seguridad de las comunidades.
«En el informe que envió a la CIDH, el COPREDEH asegura haber cumplido con las medidas cautelares, lo cual es totalmente falso. En nuestro informe pedimos a la CIDH que mantenga las medidas y que se pronuncie sobre el tema del acceso a la tierra. Para nosotros es evidente que si bien la responsabilidad de lo que está ocueriendo es del Chabil Utzaj, el Estado está contribuyendo a que pueda actuar en total impunidad y en flagrante violación de los derechos humanos», concluyó la abogada.
«Que se vayan del Polochic»
Después de haber dejado atrás las instalaciones del Chabil Utzaj y los cañaverales que se pierden mucho más allá de la imperceptible línea del horizonte, llegamos a la comunidad 8 de Agosto, donde se han reunido varios miembros de las comunidades desalojadas el año pasado. La gente se acerca con temor. Pregunta a mi guía y traductor el objetivo de la visita. Hablan entre ellos, mientras decenas de niños y niñas miran curiosos.
Comunidad 8 de Agosto. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Finalmente deciden hablar. Nos refugiamos entre la pared de un edificio y el vehículo parqueado para que nadie nos mire, sobre todo los guardias de seguridad del Chabil Utzaj, muchos de ellos ex militares y policías que han participado en los hechos sangrientos de los años 80. Poco a poco la gente toma confianza, se acerca, comienza a hablar y el río de palabras sale de forma impetuosa, imparable.
«Mi familia y yo sufrimos tres desalojos entre 2008 y 2011. Llegaron cientos de policías, militares y miembros de la seguridad privada del Chabil Utzaj y nos desalojaron a pura fuerza. Quemaron todo y destruyeron nuestros cultivos, dejándonos sin nada. Tampoco han cesado las amenazas y la persecución. Nos acusan de invasores y en mi caso tengo una orden de captura por usurpación agravada de tierra y siquiera puedo salir a buscar trabajo. Sin embargo no somos nosotros los que hemos llegado a invadir la tierra donde nacimos y nos criamos. Es ahí que queremos vivir, cultivar nuestros alimentos y por eso tenemos que seguir luchando, sino ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos?», dijo J.M.C.C. de la comunidad de Bella Flor.
O.B., una joven muchacha q’eqchi’ de la comunidad de Río Frío, el recuerdo del último desalojo lo tiene impreso en lo más profundo de su mente y sus ojos se humedecen. «La mañana del desalojo salí temprano y fui a la huerta a recoger frijoles para dar de comer a mis hijos. De repente vinieron a avisarme que estaban desalojando la comunidad de Agua Caliente y comprendimos que pronto nos iba a pasar lo mismo. Los militares y los guardias del Ingenio nos dieron pocos minutos para sacar algunas de nuestras pertenencias y quemaron todo. Se burlaban de nosotros y nos decían que nada teníamos que hacer ahí porque eramos invasores», recordó entre sollozos.
A O.B. le duele mucho recordar esos momentos, pero el dolor se transforma en desesperación cuando piensa en sus 5 hijos que se encuentran en un estado de desnutrición grave. «Ha pasado un año y el Estado no ha cumplido con lo que prometió. No somos nosotros los invasores, sino estos millonarios que vienen de otros países a sacarnos de donde nuestras familias viven desde hace siglos. ¡Que nos dejen en paz! Porque no estamos pidiendo limosna, si no que se respete nuestro derecho a la tierra para cultivar nuestros propios alimentos, porque no nos alimentamos con de azúcar, ni mucho menos con palma africana», concluyó.
Las familias de la comunidad 8 de Agosto volvieron a recuperar las tierras después del desalojo y con el apoyo de diferentes organizaciones, entre ellas el CUC y la Fundación Guillermo Toriello, están impulsando un proyecto de viviendas que cambiaría su vida. Según varios documentos en manos del CUC, estas tierras serían del Estado y ya se presentó demanda para que se las adjudique a la comunidad.
Proyecto de viviendas de la Fundación Guillermo Torriello en la Comunidad 8 de Agosto. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
«Es absurdo pensar que fuimos desalojados sólo por el hecho de que nuestra comunidad fue incluida en una lista, que fue preparada por los mismos Widmann y que ni siquiera fue consultada con la orden de desalojo del juez. Entraron cientos de policías, militares, guardias privados del Chabil Utzaj y cuadrillas contratadas para arrasar con nuestros cultivos. Ya no aguatamos tanta violencia y estamos volviendo a vivir los momentos oscuros de los años 70 y 80», dijo A.P. de la 8 de Agosto.
J.T. y G.T., ambos de la misma comunidad, aseguran haber sido repetidamente hostigados y amenazados por miembros de la seguridad privada del Chabil Utzaj. «Lanzan piedras a las casas, nos disparan y hasta trataron de secuestrar a nuestros dos hijos. Pedimos que a nivel internacional se presione a los Widmann, a los Pellas y al gobierno para que nos dejen vivir en paz, porque sólo han traído más pobreza, dolor y hambre», dijo la pareja q’eqchi.
«Donde fue…»
Nos adentramos en los cañaverales y recorrimos no sé cuantos kilómetros para llegar a lo que queda de la comunidad Paraná. Durante el largo recorrido, S.C. señaló el punto donde hace un año surgían las comunidades que fueron brutalmente desalojadas: Midalvalle, El Recuerdo, La Tinajita, Paraná. Ahora, la caña de azúcar oculta cualquier recuerdo de aquellos asentamientos. Hoy en día nadie podría percatarse de que ahí, en estos terrenos, cientos de familias vivían su vida libremente.
Camino a la Comunidad de Paraná.Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
«Cuando se prepara para un desalojo, el Ingenio anuncia por las radios locales que va a necesitar de personal para integrar cuadrillas de trabajo. Reúnen hasta 300 ó 400 personas y las llevan a las comunidades para destruir los cultivos con el machete. Después, siempre con la protección de la policía y mientras los cuerpos armados desalojan a la gente y queman las casas, empleados del Ingenio pasan con las máquinas para revolver el terreno y sembrar caña de azúcar. Aprovechan de la miseria de la gente para encomendarles el trabajo sucio. En poco tiempo ya no hay rastros de la vida que animaba a estas comunidades», explicó S.C.
En Paraná nadie nos está esperando. A la orilla de un camino de tierra están las champas semi-destruidas donde las familias se reubicaron después del desalojo. Los guardias privados del Chabil Utzaj atacaron nuevamente hace unos meses y dispersaron a la gente.
Mientras esperamos en el vehículo se acerca un hombre. Nos mira de reojo, hace preguntas a nuestro conductor, vuelve a mirarnos. Es el jefe de los guardias de seguridad de la zona. La gente se asusta y avisa por celular que nos vamos a reunir en otro lugar. Nos movilizamos hacia la zona de las champas y ahí, rodeados de caña, comienzan a llegar algunos de los miembros de la Paraná.
«Destruyeron y quemaron todo, incluso 48 manzanas de maíz y frijoles y 80 sacos de mazorcas que teníamos almacenados. Nos trasladamos a vivir a la orilla de la carretera, pero a la semana llegaron los militares y los guardias a dispararnos e hirieron a dos compañeros. Dicen que es mentira que hubo muertos y heridos, pero aquí están las balas con las que nos persiguen y asesinan», dijo F.C., enseñándome varias balas de armas de grueso calibre, supuestamente abandonadas en el lugar después de los ataques, y varios orificios de bala que destruyeron el techo de lamina de las champas.
Balas en la Comunidad de Paraná. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Restos de los impactos de bala en la Comunidad de Paraná. Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA).
Tanto para F.C. como para su suegro R.T., las familias de la comunidad de Paraná van a seguir defendiendo su derecho de vivir en paz en las tierras que fueron de sus antepasados, donde sus abuelos derramaron su sangre durante el conflicto de los años 70 y 80.
«Más allá, al fondo, está todavía una fosa común donde enterraron la gente de Paraná que fue masacrada por los militares después de haber sido desalojada en los 80. Hoy en día estamos viviendo el mismo horror, solo por el hecho de estar recuperando la tierra donde nacimos y que nos fueron sustraídas. Ahora no tenemos donde vivir, con qué alimentarnos y somos constantemente amenazados. El asesor legal del Chabil Utzaj está haciendo de todo para dividir a la gente, diciendo que somos invasores y que nadie debe ayudarnos. El gobierno no nos está ayudando y ya no nos están entregando comida. Nuestros mártires han muerto luchando por la tierra y es lo que vamos a seguir haciendo, pero necesitamos de una solución ya y de que de una vez paren la represión y los asesinatos», dijo R.T.
Orilla de la carretera en la comunidad de Paraná.Fotografía de Giorgio Trucchi (ALBA SUD / Rel-UITA)
También en la comunidad Inup/Agua Caliente, la violencia fue brutal. Según cuentan M.M. y M.E.P. las 78 familias que integraban la comunidad fueron desalojadas sin piedad a punta de disparos, golpes y gas lacrimógeno, con un saldo de varios heridos. «Necesitamos de tierra para sembrar nuestra comida, tal como lo hicieron nuestros abuelos aquí en el valle del Polochic. Ahora llega el Ingenio y pretende arrebatarnos todo. Llega con guardias de seguridad que son muy violentos y nos persiguen en todo momento. La gente hasta tiene miedo de salir a la calle por temor de ser asesinada. ¿Por qué nadie investiga lo que ha ocurrido? ¿Por qué de tanta impunidad», se preguntó M.M.
Ante tanta desprotección se espera que la presión internacional y la contundente marcha campesina, indígena y popular del mes pasado logren algún resultado concreto.
«Estas empresas hostigan, persiguen y reprimen a nuestra gente. Es necesario que el gobierno cumpla con los Acuerdos de Paz en cuanto a la tenencia de la tierra y al financiamiento para los campesinos. No es posible que sólo beneficie a los millonarios, porque la madre tierra debe servir para los pueblos y no para una sola persona que siembra monocultivos. Lamentablemente, lo que vemos ahora es más pobreza extrema y desnutrición, porque la palma y la caña no nos alimentan. Lo que el pueblo necesita es de nuestra sagrada tortilla, de nuestro sagrado frijol. Como pueblos indígenas tenemos que rescatar nuestra tierra y nuestros recursos naturales», concluyó G.A.C de la comunidad Papal Ha.
Notas:
[1] El colonato es un sistema donde a los trabajadores, llamados «mozos colonos», se les concede el usufructo de una parcela que se va heredando de padres a hijos.
[2] Según Laura Hurtado el cultivo de la palma africana descansa fundamentalmente en seis grandes productores, mientras que la cañicultura se concentra en quince ingenios azucareros, algunos de los cuales extienden su radio de operaciones a otros sectores productivos y geográficamente a Centroamérica y Sudamérica.
[3] El 21 de mayo 2011, guardias de seguridad de la empresa Chabil Utzaj asesinaron a Oscar Reyes, miembro de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) y de la comunidad Canlun. En el ataque se reportaron cinco campesinos heridos de gravedad, identificados como Santiago Soc, Mario Maquin, Miguel Choc, Marcelino Ical Chub y Arnoldo Caal Rax. El día 4 de junio 2011 fue asesinada a balazos María Margarita Chub Ché, lideresa de la comunidad de Paraná, municipio de Panzós, por hombres fuertemente armados que llegaron en una moto y le atacaron en el patio de la casa en donde se encontraba.
[4] Unión Latinoamericana de Mujeres por el Derecho a Defender Nuestros Derechos (ULAM), Fundación Guillermo Toriello (FGT), Comité de Unidad Campesina (CUC), Equipo Comunitario para Acción Psicosocial (ECAP) y Derechos en Acción (DA).