La Iniciativa Legislativa Popular, que llegará este jueves a la Asamblea de Madrid, necesita 50.000 firmas en tres meses para poder iniciar su trámite parlamentario.
La Coordinadora de Vivienda de Madrid, integrada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las asambleas de Stop Desahucios, ha presentado este lunes su Iniciativa Legislativa Popular «por el derecho de todas a una vivienda digna», que entregará este jueves en la Asamblea de Madrid.
La propuesta, en la que también participan la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), pretende dar paso a una Ley Urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid que sitúe el acceso a la vivienda en primera línea política y lo garantice para todas las personas residentes en la comunidad autónoma, priorizando a aquellas cuya situación es más vulnerable. «Ya no podemos acudir al argumento de que no hay dinero o no hay viviendas; esta ley supone una reordenación de las políticas públicas», indica Alejandro Gámez, de la ALA.
La iniciativa surge fruto de «la inacción política de los poderes públicos», según denuncia Alejandra Jacinto, de la Coordinadora de Vivienda. Según esta asociación, cada año se ejecutan 10.000 desahucios en la Comunidad de Madrid, además de 25.000 cortes de agua. Y más de 150.000 hogares no pueden afrontar la factura energética para mantener la temperatura de su hogar. El diagnóstico del colectivo es «alarmante». El acceso a la vivienda en Madrid, advierte, se ve dificultado por «los continuos lanzamientos por impago de préstamos hipotecarios, a menudo vinculados a clausulas abusivas, la extinción de contratos de alquiler en vivienda social o la venta de viviendas públicas a fondos de inversión».
En este contexto, parar los desahucios sin alternativa habitacional y llevar a cabo medidas contra la pobreza energética son dos de los principales puntos de la ILP. «Queremos una ley que dote de eficacia, desarrollo y protección el artículo 47 de la Constitución», explican sus impulsores, que proponen un régimen de acceso general que reconozca el derecho de uso a una vivienda pública de alquiler, con una renta proporcional a los ingresos y que incluya los gastos de suministro.
En aquellos casos en los que existe un elevado riesgo de desamparo, para personas sin hogar o que se enfrentan un desalojo inminente, la ILP propone un régimen de emergencia habitacional. En este proceso, «la asignación de vivienda es temporal y gratuita, pero su solicitud lleva aparejada automáticamente la solicitud del régimen general», explican.
Perseguir conductas abusivas
La ILP incluye también un régimen sancionador que persiga los «usos ilícitos de la propiedad privada» cuando el infractor sea un «Gran Tenedor» -entidades financieras y empresarios inmobiliarios-. Así, se aplicarían sanciones económicas de hasta 600.000 euros por las viviendas vacías durante más de seis meses, la omisión de oferta vinculante de alquiler en casos de desalojo, el incumplimiento de los deberes de conservación de la vivienda, el incumplimiento de los deberes de pago y conservación de fincas derivados de la Ley de Propiedad Horizontal y el incumplimiento del deber de inscripción registral de la titularidad.
Para garantizar que las medidas se cumplen y existe una protección de los consumidores, la ILP propone la creación de la Agencia de Protección al Consumidor, con el objetivo de perseguir conductas abusivas en los contratos.
Para la tramitación como ley de la ILP, deben sumarse un mínimo de 50.000 firmas en tres meses desde que la Asamblea de Madrid dé luz verde a la propuesta.