Los vecinos de Pinto (Madrid) andan movilizándose. Han creado una plataforma urbana, recogen firmas y preparan una primera manifestación para el mes de septiembre. Las razones de tanta actividad hay buscarlas en la decisión de la Junta de Gobierno local (PSOE-IU) de conceder una licencia para la construcción, y posterior explotación, de una estación de […]
Los vecinos de Pinto (Madrid) andan movilizándose. Han creado una plataforma urbana, recogen firmas y preparan una primera manifestación para el mes de septiembre.
Las razones de tanta actividad hay buscarlas en la decisión de la Junta de Gobierno local (PSOE-IU) de conceder una licencia para la construcción, y posterior explotación, de una estación de servicio con cafetería, tienda y lavado de coches y mascotas.
Se quejan los vecinos de que «contrariamente a la tendencia de alejar las gasolineras de los centros urbanos» el Ayuntamiento de Pinto permite hacerlo a escasos 20 metros de un centro escolar y junto a viviendas habitadas. No entienden que en una zona donde hay 7 gasolineras, se vaya a construir otra más en tan inadecuada situación. Algunos alegan que «ni a los vecinos ni a la dirección del colegio se les comunicó dicha construcción, creyendo que en ese lugar se ubicarían zonas verdes». Otros sienten pánico «al ver cómo a 20 metros de donde juega mi hija [en referencia al centro escolar] descansa una bomba de relojería».
Por su parte, el Ayuntamiento de Pinto echa balones fuera, a través de una nota de prensa que aparece en la página web del municipio. Primero deslizando la responsabilidad hacia terceros, alegando que «es una instalación segura, como avala la Comunidad de Madrid», y añadiendo que el gobierno autónomo «ha realizado el preceptivo estudio de impacto medioambiental en el que se constata que el equipamiento no supone perjuicio alguno para el entorno ni para los residentes». Por si las moscas, recurre a la normativa («la estación de servicio cumple todos los requisitos legales») y a la estadística («en los últimos cincuenta años, no hay constancia de que estos equipamientos hayan ocasionado incidentes de ningún tipo en todo el Estado español»). Y para finalizar arremete contra los propios vecinos por no presentar «ninguna alegación respecto a la ubicación de la estación de servicio», cuando se presentó el Plan Parcial del barrio de La Tenería (lugar donde se está construirá la dichosa estación de servicio). El alcalde en funciones, el socialista Fernando González, utiliza en su descargo que «todo el proceso ha seguido los requisitos legales pertinentes». Como si fuera un mérito el hecho de que una administración pública cumpla con la normativa vigente.
Salvando las distancias, este caso guarda algunas similitudes con la tragedia del Prestige.
Lo que muchos gallegos, y muchos vecinos de Pinto, no parecen darse cuenta es que el problema no radica en la legalidad de una actividad que ha provocado, o podría provocar, una tragedia.
Parece claro que las autoridades ya se guardan las espaldas con «sus leyes». Pero el problema es la propia ley y las propias autoridades, que permiten y consienten que determinadas empresas transporten, almacenen y/o distribuyan mercancías peligrosas, cuyo coste en caso de catástrofe va a la cuenta del medio ambiente o de la población cercana. Al gobierno municipal de Pinto, por seguir con el ejemplo, le importa muy poco que se construya una estación de servicio o un Mac Donald, siempre que se ajuste a la legalidad vigente.
El problema es el actual modelo energético y económico: impuesto por la fuerza, peligroso e irracional. Para que la maquinaria del modelo neoliberal funcione son necesarios miles de petroleros surcando los mares y cientos de millones de estaciones de servicio por todo el planeta. Con todo el riesgo que ello supone.
El actual derroche energético es insostenible, y la factura no se paga con dinero. Los honorarios que el capitalismo estipula se satisfacen con vidas humanas o con la degradación del medio ambiente.
En gran medida, los ciudadanos han pasado de delegar en los políticos la potestad del gobierno, a hacer dejación de su responsabilidad como seres humanos consecuentes. Y así nos va.
Si queremos vernos libres de los nocivos efectos de un sistema económico perverso y criminal, más vale que vayamos pensando en cómo acabar primero -y de una vez por todas- con las causas y los causantes de tantos males.