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Los ciudadanos rechazan la subestación transformadora de la corporación, que ahora se amplía

Vecinos de Patraix (Valencia), diez años de batalla contra Iberdrola

Fuentes: Rebelión

Iberdrola proyecta la ampliación de dos celdas de la subestación eléctrica del barrio de Patraix, en Valencia, con un presupuesto de 60.000 euros. El pasado 5 de septiembre se abrió el periodo de información pública y alegaciones. Pero no se trata de un mero trámite administrativo, la subestación transformadora puso hace una década en pie […]

Iberdrola proyecta la ampliación de dos celdas de la subestación eléctrica del barrio de Patraix, en Valencia, con un presupuesto de 60.000 euros. El pasado 5 de septiembre se abrió el periodo de información pública y alegaciones. Pero no se trata de un mero trámite administrativo, la subestación transformadora puso hace una década en pie de guerra a los vecinos de este barrio obrero, en una de las batallas ciudadanas más duras registradas en los últimos años en la ciudad. Nada más conocerse la decisión de ampliar la subestación, los vecinos comenzaron a organizarse, presentar alegaciones y el 18 de septiembre ya se convocó una concentración en la puerta de las instalaciones de Iberdrola. Los vecinos exigían el traslado de la subestación y reivindicaban el derecho a la salud.

Piden desde hace una década que se aplique el principio de precaución, por el efecto que las radiaciones electromagnéticas pudiera tener en la leucemia infantil, diferentes tipos de cáncer para adultos, abortos espontáneos, Alzheimer, problemas cardiovasculares, alteraciones hormonales, insomnio, estrés, esterilidad o cataratas, entre otros. Añaden que toda actividad industrial considerada «nociva» y «peligrosa» debe emplazarse, según la normativa, a 2.000 metros del núcleo más cercano de población; afirman que la línea de alta tensión pasa por el subsuelo a escasos metros de colegios y guarderías, junto a edificios de viviendas y por debajo de un carril-bici. Y se remiten, por último, a la explosión de la subestación transformadora en mayo de 2007.

Un vistazo a las alegaciones permite conocer de primera mano los argumentos vecinales. En primer lugar, se acogen a una sentencia de 2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valencia, que establece que el ayuntamiento actuó de manera irregular al conceder la licencia de actividad «inocua» a la subestación, pese a tratarse de una actividad peligrosa y no respetar la distancia de 2.000 metros respecto a zonas habitadas. Se da la circunstancia que informes de técnicos municipales, que obran en poder de los vecinos, advertían del peligro de las instalaciones. La cuestión de las licencias, sin embargo, espera más de cinco años a que el TSJ resuelva los recursos presentados. Mientras, la subestación transformadora opera sin los correspondientes permisos.

Pero más importante aún es la explosión producida el 15 de mayo de 2007, lo que provocó que el ayuntamiento ordenara de inmediato el precinto de la subestación. Por el peligro demostrado para la seguridad de las personas, el consistorio y los gobiernos autonómico y central llegaron a un acuerdo para trasladar la subestación a otra zona poco poblada de la ciudad, el Nuevo Cauce del Turia, en julio de 2008. Pero, a pesar de aprobarse el suelo municipal para el nuevo destino, el acuerdo nunca se materializó. Y la estación no sólo continúa operativa en la barriada de Patraix, ante la indignación de los vecinos, sino que ahora pretende ampliarse.

El documento con las alegaciones vecinales es bien claro en la descripción de lo ocurrido el 15 de mayo de 2007: «Una lluvia de cristales en las calles adyacentes y un pánico colectivo entre los vecinos; aunque afortunadamente no se registraron víctimas mortales, la gravedad de la explosión y sus consecuencias podrían haberlas ocasionado». Sin embargo, el TSJ resolvió en febrero de 2012 anular el cierre de la estación transformadora decretado por el consistorio.

Tan importante como la descripción de hechos y circunstancias es, en este caso, la historia de las movilizaciones. En mayo de 2005, cuando los vecinos tuvieron conocimiento de que se impulsaba el proyecto, empezaron a organizarse. Pronto tuvo lugar la primera manifestación, a la que asistieron unas 600 personas (a las primeras asambleas en la calle acudían cerca de 400). Y dos años de «caceroladas» todos los jueves. Las obras arrancaron en junio y un mes después -en verano y por la noche- empezaron a llegar los camiones con los bloques de hormigón prefabricado (los vecinos recurrieron a la «acción directa» y se ponían delante de los vehículos). Funcionaba el boca a boca, el casa por casa, siempre con el método asambleario y a partir de aportaciones individuales. También recurrieron a informes científicos para advertir de los peligros. Mientras Iberdrola -recuerda Isabel García, activista desde primera hora- «sacaba trípticos con las bondades del centro transformador». Así, de manera espontánea, se constituyó «Subestación Patraix Fuera».

El estallido de 2007 constituyó un hito. «Sabíamos que la estación podía explotar y que había ese riesgo; siempre decíamos que era peligroso, de hecho, se podía haber generado una nube tóxica en caso de combustión, aunque al final no se produjo», recuerda una vecina. Y continuaron en el empeño de sacar del barrio la instalación de Iberdrola. Hubo una «cadena» humana de más de 6.000 personas en el barrio y una manifestación en el centro de Valencia con más de 7.000 personas. La barriada popular se llenaba de carteles contra la subestación, al tiempo que se combinaban los aspectos lúdico y reivindicativo con la participación de familias enteras. El Día de la Paz o el Día del Árbol eran una buena oportunidad para difundir la causa. Se organizaban también rastrillos para recoger fondos, charlas en colegios y asociaciones de vecinos, obras de teatro y conciertos en la calle, de rock o de música clásica, pero siempre con la misma consigna: «¡Subestación fuera!».

La lucha no incurría en el aislamiento, al contrario, se buscaba la vinculación con otros colectivos y barrios. «Fuimos al congreso del PSOE y allí donde iba la alcaldesa, a cualquier acto, la seguíamos», recuerda Isabel García. Otro capítulo de la batalla es el de la represión policial. Al principio los agentes dejaban hacer, de hecho, la primera noche pudieron parar la entrada de los camiones. Pero al día siguiente se diseñó un despliegue con un centenar de policías antidisturbios, que terminó con dos detenciones. Destaca Isabel García que se llevaron detenida «a una señora de mediana edad porque una agente decía que la había agredido; permaneció un día en los calabozos y a los dos meses le llegó una carta en la que se le informaba de una petición increíble: dos años de cárcel».

Uno de los grandes ejemplos lo dieron las mujeres mayores (en torno a los 70 años) que, pancarta en mano, encabezaban las manifestaciones y después se desplazaban a la Plaza del Ayuntamiento para repartir información y boletines. Así lo hicieron durante años. Una de ellas fue Luisa Beltrán, trabajadora doméstica hoy con 80 años. Sus palabras transmiten la sabiduría de la experiencia. ¿De dónde sacaban las fuerzas? «De donde no las teníamos; hemos pasado mucho». Recuerda especialmente cuando explotó la subestación: «Del humo que tragamos y tragamos no tengo los ojos bien; mandaron en seguida un carro para limpiarlo todo y después decir que no se rompieron cristales». Y las consignas de alguna de las pancartas: «Iberdrola mata con el cable, y Rita es la culpable».

Pasados los años, Isabel García, miembro de la Asociación de Vecinos de Favara, recapitula: «Fue una experiencia de participación ciudadana inolvidable; por mucho que nos digan que no va a conseguirse nada, todos juntos podemos, pero es necesario estar muy unidos». Ya entonces, por su experiencia, recelaba de las instituciones, «pero ahora desconfío aún más». Sobre las prácticas de Iberdrola, considera que es una empresa «que va a llenarse el bolsillo y nada más; nos han atacado por todas partes; enviaban trípticos por correo a los vecinos en los que se aseguraba que la subestación supondría una mejora para el barrio y no tendría impacto sobre la salud; incluso pusieron un teléfono a nuestra disposición».

Los vecinos reparten las culpas entre las diferentes administraciones (el ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y el gobierno central). Pero Amadeu Sanchis, portavoz de EUPV-IU en el consistorio, pone el énfasis en la responsabilidad del ejecutivo de Zapatero: «Propusimos en el Congreso el cierre de la subestación, pero se rechazó; fue asimismo Joan Clos, ministro de Industria con el PSOE entre 2006 y 2008, quien declaró la inocuidad en general de las subestaciones eléctricas». Al final, remata Amadeu Sanchis, «todas las administraciones han ido pasándose la pelota, y todas ellas están fuertemente condicionadas por Iberdrola». Recuerda, asimismo, las cargas policiales perpetradas contra los vecinos con una Delegación del Gobierno en manos del PSOE.

Pegado a la subestación, Iberdrola dispone de un solar en el que un grupo de vecinos ha realizado tareas de desbroce, limpieza y mantenimiento. En mayo de 2013 lo adecuaron y convirtieron en el «Espai Dómada», que incluye un pequeño huerto urbano donde se cultivan hortalizas, patatas y plantas medicinales, además de impartirse un taller de uso y mantenimiento de la bicicleta (en su momento, también ensayos de teatro). «Hemos transformado en una pequeña parcela de tierra cultivable algo que antes era cemento; es una experiencia de autoconsumo que pretende vincular a la gente del barrio», destaca Mario Vila, encargado del taller. Hace una semana el solar acogió un concierto con el lema «No a la subestación». Entre el 9 y el 12 de octubre se celebraron las XX Fiestas Populares del barrio de Patraix.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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