Fernando Jiménez es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Murcia. Jiménez, experto en el estudio de la corrupción, forma parte del Grupo GRECO –Grupo de Estados Contra la Corrupción–, perteneciente al Consejo de Europa y activo desde 1999. Jiménez ha sido evaluador de la denominada ‘tercera ronda’, referida a la financiación de los partidos políticos.
¿Cuáles son las limitaciones que detecta en la labor del Tribunal de Cuentas?
Han cambiado muchísimas cosas para bien. Durante mucho tiempo, el Tribunal ni siquiera tenía capacidad de sanción, limitándose a retirar la subvención. A partir de los informes de GRECO, se exige que este se dote de capacidad de sanción, cosa que el propio Tribunal no quería ni loco, al no sentirse cómodo con el hecho de que los partidos no pertenecen a la Administración Pública, sino que más bien constituyen asociaciones privadas que viven cada vez más del dinero público.
¿Influyen los partidos en el propio tribunal?
Al estar dirigido principalmente por políticos que, aunque tengan un determinado currículum, han desarrollado una trayectoria previa–han sido diputados, ministros, etc. –, se acaba generando una inercia.
Por ejemplo, en la segunda mitad de los ochenta, el presidente Pascual Sala –que luego lo sería del Tribunal Supremo y del Constitucional–, hizo unas declaraciones que a mí me llamaron mucho la atención. Sala afirmaba que, dado el papel tan relevante que desempeñaban los partidos políticos, no se les podía tratar como sociedades anónimas, entonces no se les podía hacer el mismo control. Un presidente del Tribunal de Cuentas que hace estas afirmaciones tiene una larga carrera por delante. Declaraciones como esta son el reflejo de una inercia, la que existe en los años ochenta, enormemente comprensible hacia los partidos políticos. Lo que quiero subrayar es que venimos de un contexto en el que no había posibilidad de control ninguno. Se tarda 20 años en cambiar la Ley Orgánica de Financiación de Partidos del 87.
¿Qué problemas más graves han quedado superados?
Había muchos problemas, como los de las condonaciones de deudas; con la reforma de 2015 se ha hecho más estricta la normativa, aunque todavía se detectaban agujeros. El tema del endeudamiento era un desastre. Se producían donaciones encubiertas como una catedral, con tipos de intereses cero, etc. Pero se prohibió todo tipo de condonación, e incluso intereses por debajo del precio de mercado pasaron a considerarse donaciones. Ahora no creo que se estén escapando por ahí. Se endeudaban con las cajas de ahorros, que, además, estaban controladas por los partidos políticos, porque los bancos no tenían un comportamiento tan amable. Queda para el recuerdo el dinero prestado para la campaña del referéndum de la OTAN, en 1986, un gasto que no podías recuperar porque era un referéndum y no obtenías representación. Para algunos, esa deuda que se queda en el PSOE habría sido el gran motor de la financiación irregular del partido, todo para tapar un enorme agujero. Pero todo eso ha cambiado bastante: la deuda se ha venido reduciendo mucho desde 2010.
Hay una serie de proveedores que no declaran al Tribunal haber prestado servicios a los partidos. Algunos de dichos servicios superan el millón de euros. ¿Por qué no lo hacen?
Principalmente por falta de tradición. La obligación de informar al Tribunal de Cuentas nunca estaba correspondida con ningún tipo de sanción. Esto cambia en 2015, pero tarda mucho tiempo en implementarse, falta la costumbre.
Otra de las cosas que han pasado anteriormente, sobre todo con el PP, es que el partido no reflejaba muchos gastos de campaña en su contabilidad, porque venía directamente pagado por determinados empresarios de la construcción de la época del boom, por ejemplo, en Valencia. Los empresarios pagaban, el PP no lo reflejaba y no quedaba constancia en ningún sitio. Pero como el TCU no ha ido nunca más allá de lo que los partidos declaraban, no han podido conocerse estos casos en el momento, salían por otro tipo de investigaciones, de carácter penal.
Una lectura del informe revela, sin embargo, una cierta rigidez en la normativa, con retirada de subvenciones a determinadas actividades, algunas, sorprendentemente. Sin embargo, lo estricto de la norma no parece surtir efecto.
Corrige a veces irregularidades muy tontas que se producen como consecuencia del descontrol interno que se produce en los partidos. El problema es que, paradójicamente, con una normativa tan estricta, el tribunal se queda en cosas nimias y no cogen lo gordo, es decir, que los empresarios de la construcción te paguen un mitin completo, como pasaba antes.
Lo importante es la práctica: cómo actúa el regulador y cómo actúan los partidos. Hay países, como Suecia, con normativas muy poco estrictas, ¿por qué? Pues porque no tenían ningún problema de corrupción asociada a la financiación de los partidos. No hay incentivos a la financiación ilegal porque después, los representantes, cuando llegan al ente representativo, un condado, por ejemplo, establecen unas prioridades de mandato que son puestas en marcha por los empleados públicos, profesionales de la gestión que en muchos casos no son funcionarios, y que tampoco defienden ningún interés determinado. Por eso, en Suecia, esos empresarios que en otros lugares pueden estar incentivados a influir en los gobernantes a través de la financiación ilegal, no lo están. Porque después, cuando una Administración Pública tenga que otorgar un contrato, lo va a hacer de una manera súper profesional, con un control enorme. La Ley de Transparencia original sueca es del siglo XVIII…