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«Victiamantes»

Fuentes: Rebelión

Parece que en los últimos días, mientras se tramitaba la ley de víctimas policiales en la CAV, el ambiente político se ha enrarecido hasta el punto de que una organización policial y otra militar han tramitado una denuncia contra el parlamentario de EH Bildu Julen Arsuaga. Ante esta escalada de discurso fácil y populismo político, […]

Parece que en los últimos días, mientras se tramitaba la ley de víctimas policiales en la CAV, el ambiente político se ha enrarecido hasta el punto de que una organización policial y otra militar han tramitado una denuncia contra el parlamentario de EH Bildu Julen Arsuaga. Ante esta escalada de discurso fácil y populismo político, cabe centrarnos en lo que verdaderamente se estaba trabajando en el parlamento vasco: el reconocimiento a las víctimas de violencia policial.

La propia ley establece los límites para la consideración de víctima por parte de las personas que han sufrido abusos policiales. Unos límites demasiado estrictos para algunos por las enormes dificultades que existen actualmente en los juzgados para poder establecer esta responsabilidad. Además esta dificultad se ha incrementado en los últimos años con la tramitación y no derogación de la llamada ley mordaza. En cualquier caso, el tema en el Parlamento no fue tan jurídico y si más bien de calado político. Mientras las víctimas de violencia policial se convierten en foco mediático o reciben loas por parte de la sociedad por su infinita paciencia, hay quién pretende desviar el objetivo e igualar a víctimas y victimarios. Estamos ante una situación en la que quienes han sido directores de esos cuerpos policiales, por su responsabilidad política, pretender desviar la atención y cubrir con presión mediática la falta de debate en torno a un nuevo modelo policial que prime la información, la democracia y la prevención sobre el ya habitual en el mundo occidental modelo policiaco-represivo. Negar la participación de distintos cuerpos policiales en torturas, represión desproporcionada e incluso en fallecimientos, es simplemente decir no a las pocas sentencias judiciales que en este sentido se han producido, la doctrina que emana del tribunal de la Haya o simplemente negar, y he aquí la cuestión principal, la existencia de un conflicto político. Siendo un número relativamente pequeño y escaso el admitido, las 187 víctimas cuyas demandas llegaron en 2017 al Gobierno vasco, esperan de nuestro sistema político una respuesta más acorde con los tiempos y no fundamentada en el odio o en la venganza.

Así pues, el problema no está en el número, sino en lo que supone políticamente su mera existencia. Si se admite una ley que habla de abusos policiales acaecidos durante la dictadura y el tardo franquismo, se está poniendo en solfa el relato de amor y fuegos artificiales que tienen algunos partidos políticos en torno a la transición. Además, se está dando altavoz a muchas personas que en nombre de sus respectivas luchas (justificadas o no, ese es otro debate), sufrieron la represión desproporcionada de los cuerpos policiales del estado y de la CAV. Además se está dando pie a que estas víctimas, en igualdad de condiciones con otras, soliciten las indemnizaciones que les corresponden por su condición. Es verdad que Julen Arsuaga tenía que haber mantenido el tipo ante las provocaciones de quienes solo han vuelto a Euskadi con la intención de seguir causando dolor y desasosiego político. Ellos es obvio que están lejos de la paz y la reconciliación. Mientras Julen que fue víctima también de estas vulneraciones en el pasado, asume como natural el reconocimiento a todas las víctimas. Ellos sin embargo se han limitado a reivindicar como legítimo el empleo de cualquier tipo de represión del pasado. ¿Pensaran que de cara al futuro deben continuar igual? No lo sé. Por si acaso habrá que estar atentos y poner a vigilar a Piolín (por lo del gatito digo, no confundir con Cataluña, ¿o sí?).

Así pues, toda víctima tiene derecho a la verdad, a justicia y a la reparación. Aquellos políticos que prefieran permanecer fuera de esa definición solo estarán actuando como víctimas de algún tipo de síndrome de Estocolmo ligado a antiguos amantes que, por lo que parece actualmente, viven bastante despechados. Una ley está fundamentada en causas analizadas objetivamente. Parece que se ha tratado de hacer eso con mayor o menor éxito. Sin embargo lo que no puede ser es que para pitar penalti se establezca como lugar de la falta, no donde comienza la acción (los abusos policiales o las provocaciones de la tribuna) sino dentro del área donde aparece la cámara super lenta para repetirnos una y otra vez la misma imagen sin darnos cuenta de la jugada entera tratando de situar nuestra atención en el error de un parlamentario en un debate caliente y con amplias dosis personales en él. Cuando hablamos de violencia, hablamos de derechos humanos y no del generador de la vulneración. Las víctimas son y deben ser los protagonistas, las distintas policías por el contrario, deben analizar si están poniendo todo de su parte para la reconciliación.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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