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Vivienda: la vía escocesa

Fuentes: es.habitants.org

Escocia decidió erradicar las malas condiciones de vivienda antes del 2012 mediante la imposición de una obligación de resultado a los municipios. Primer balance alentador. En Francia, el derecho a la vivienda está garantizado por la ley desde 1990 y por la ley Besson; no obstante sigue siendo algo teórico como lo demuestra el hecho […]

Escocia decidió erradicar las malas condiciones de vivienda antes del 2012 mediante la imposición de una obligación de resultado a los municipios. Primer balance alentador.

En Francia, el derecho a la vivienda está garantizado por la ley desde 1990 y por la ley Besson; no obstante sigue siendo algo teórico como lo demuestra el hecho que 3 millones de personas viven hoy en malas condiciones habitacionales, según la Fundación Abbé Pierre. Por esta razón un número cada vez mayor de asociaciones exige que este derecho sea «oponible», o sea que un ciudadano pueda dirigirse a un tribunal para que se le proporcione una vivienda estable. Para estas organizaciones, Escocia es un ejemplo: en efecto, con la Homelessness Scotland Act (Homeless no debe interpretarse en este caso como sin domicilio fijo sino como en malas condiciones habitacionales) del 2003, ha sido la primera en seguir este enfoque.

La ley somete a los municipios escoceses a una obligación de resultado en materia de vivienda, y no sólo a una obligación de medios. Esta ley entra en vigor progresivamente y no es hasta el 2012 que los municipios deberán proporcionar obligatoriamente una vivienda estable a toda persona que lo solicite. A tres años de su adopción, no podemos aún hacer un balance completo de su puesta en práctica, aunque los primeros resultados son alentadores.

El problema de la vivienda no es un tema nuevo en el Reino Unido. Desde la Revolución Industrial, matizado por un éxodo rural masivo, las ciudades se desarrollaron con gran rapidez, lo que obligó a que la población obrera viviera en condiciones de extrema insalubridad, lo que trajo consigo una elevada mortalidad. Sin embargo, el Estado adoptó una política de no intervensionismo, durante la mayor parte del siglo XIX; el desarrollo progresivo de un parque de viviendas locativas de carácter social dependía de la iniciativa de algunos patrones, de los municipios y de las asociaciones filantrópicas. No obstante, a partir de 1890 algunas directivas nacionales han coordinados sus esfuerzos. Sin embargo, los municipios y las estructuras asociativas han seguido desempeñando un decisivo papel durante todo el siglo XX.

Un parque vendido a sus ocupantes

Con el movimiento liberal de los años 80, una gran parte del parque fue vendida a sus ocupantes, política que ha seguido Tony Blair, con la idea de que los propietarios tendrán mayor interés en invertir y mantener sus viviendas. No obstante, al mismo tiempo, la especulación hipotecaria y el desempleo provocarán las mismas dificultades que en Francia: la primera sobrecalienta los precios y el segundo hace aún más difícil el acceso a la vivienda para una parte de las categorías populares. La oferta no sólo es insuficiente desde el punto de vista cuantitativo, sino sobre todo en lo referente al precio. El estrechamiento del parque social agrava aún más la situación, de ahí que se intensifiquen las malas condiciones habitacionales, en forma de hábitats degradados, convivencias forzadas y locales miserables, como se ha podido constatar igualmente en Francia.

Desde el Housing Act de 1977, todos los municipios del Reino Unido, y por tanto de Escocia, están obligados teóricamente a proporcionar una vivienda permanente a los que poseen viviendas en malas condiciones, si éstos cumplen un cierto número de criterios. Primero que todo el solicitante debe probar que vive en malas condiciones y » de buena fe «, o sea que no ha sido expulsado de su vivienda a causa de su propio comportamiento, por ejemplo un conflicto con los vecinos o porque no pagaba su alquiler teniendo los medios para hacerlo. Seguidamente, las autoridades locales verifican que el interesado mantiene un vínculo estable con el municipio. Finalmente, debe pertenecerse a una categoría prioritaria: mujeres embrazadas, familias con niños, personas vulnerables debido a una minusvalía física o mental. La lista se extendió en 1996, y luego en 2002, e incluye a personas que han perdido su vivienda como consecuencia de una catástrofe natural, las víctimas de la violencia, los menores, los ancianos así como los jóvenes menores de 21 años que habían sido confiados anteriormente a los servicios sociales.

Malas condiciones habitacionales agudizadas

Paralelamente, existe una ayuda social a la vivienda en dependencia de los recursos, el Housing Benefit, que se asemeja a la ayuda a la vivienda de Francia (APL). » El problema es que el proceso resulta extremadamente largo y burocrático. Excluye a todos aquellos que no dominan perfectamente el inglés. Finalmente, este dispositivo se transformó en un complemento de ingreso del que se benefician las familias menos acomodadas», explica Christina Cran, de la asociación Shelter, que lucha por el derecho a la vivienda. El Housing Benefit solubiliza la demanda sin suscitar el verdadero desarrollo de la oferta que hace falta para solucionar el problema de la vivienda.

Además, en un momento en que Escocia reconoce el derecho de elegir su propio Parlamento con la ley de devolución de 1999, la región (dirigida por los laboristas) aprovecha sus nuevas prerrogativas para tomar por la cintura el problema de la vivienda, que afecta particularmente a esta región, víctima de la desindustrialización durante los últimos decenios, sin poder aprovechar, hasta hace poco, el desarrollo de los servicios que han beneficiado al sur.

La situación es la siguiente: los cinco millones de escoceses disponían en el 2003 de un parque habitacional de 2,3 millones de viviendas, 700 000 de ellas en el parque locativo social, localizado en parte en los municipios industrializados del gran Glasgow. Este parque ha experimentado igualmente una regresión por concepto de política de venta de viviendas a sus ocupantes: en 1983, de un parque de 2 millones de viviendas, 1,1 millones correspondía al locativo social. Paralelamente, el número de viviendas sociales de nueva construcción se redujo considerablemente: mientras al comienzo de los años 2000 se construían en Escocia 23 000 nuevas viviendas, en 2003 menos de 5000 eran viviendas sociales. Además si bien el número de viviendas construidas cada año es superior al número de núcleos nuevos, el flujo no permite satisfacer la demanda en aquellos lugares donde se encuentran los nuevos empleos. Así, Edimburgo manifiesta una falta de 3000 viviendas, mientras que Glasgow, antiguo polo industrial, dispone de un superávit de 3500 viviendas, aunque sumamente ruinosas.

Al igual que en el resto del país, un número creciente de hogares son excluidos del mercado locativo sin poder acceder a la propiedad teniendo en cuenta el aumento de los precios : en 2004, el precio medio de la cuarta parte de las viviendas menos costosas -el pabellón adosado básico de escasa superficie- se situaba en 70 000 libras (unos 105 000 euros) en comparación con menos de 50 000 libras (75 000 euros) cinco años antes. Resultado: en el 2003 ascendían a 50 000 las solicitudes de viviendas sociales en curso, mientras que siete años antes eran 40 000.

El Homelessness Scotland Act : una revolución

Es entonces que el Parlamento escocés adopta el Homelessness Scotland Act. Esta ley incrementa considerablemente las obligaciones definidas en el Housing Act. A partir de ahora, los solicitantes ya no tienen que establecer sistemáticamente su buena fe y los municipios están obligados a proporcionarles un albergue temporal así como un acompañante social. Además sólo puede rechazarse una solicitud por falta de vínculo local si el municipio está en condiciones de enviar al solicitante a otro municipio. La mayor innovación radica en la extensión del derecho a la vivienda a la población completa y no sólo a las únicas categorías prioritarias. Finalmente, el carácter oponible del derecho a la vivienda está garantizado concretamente por la posibilidad, para los ciudadanos que se sientan perjudicados, de dirigirse a un tribunal . » Este recurso estará disponible para todos en el 2012. No obstante, nuestro objetivo es evitar una multiplicación de los contenciosos, trabajando todos en conjunto con los municipios», explica Samantha Fiander, del servicio de prensa del gobierno escocés.

Así, el Homelessness Scotland Act ha sido puesto en práctica por etapas; desde el otoño de 2002, aun antes de adoptar la ley, todo solicitante prioritario pudo exigir efectivamente acceder a una vivienda temporal, medida que benefició a 7 500 personas el año pasado, lo que refleja un aumento del 6 % con respecto a 2004. Paralelamente, la gama de prioritarios se incrementará progresivamente hasta el 2012, fecha en que estará cubierta la población completa. En el 2005, el 75 % de los solicitantes se consideraban prioritarios, mientras que en el 2003, sólo el 54 % entraba en esta categoría.

Una verdadera política pública

Además del aumento de la obligación de los municipios, se fomentó una política destinada a disminuir la falta de viviendas sociales y a hacer más fluido el mercado. A partir del 2001, cada municipio tuvo que establecer una «estrategia de lucha contra las malas condiciones de vivienda», que analizara las necesidades locales y fijara objetivos. Posteriormente estos planes locales se consolidaron a nivel de toda Escocia. El gobierno definió una política general, dada a conocer de municipio en municipio, toda vez que velaba por que al menos un 25 % de las nuevas construcciones fueran viviendas abordables.

Del 2003 al 2005, el gobierno escocés invirtió 3 500 millones de libras (5 300 millones de euros) como parte de su política habitacional, o sea 1,5 % del producto interno bruto (PIB) escocés cada año. Esta cantidad se suma a los gastos de las asociaciones y municipios, que desde el 2003 se benefician de facilidades de préstamos. La provincia de Escocia se asocia igualmente a los actores privados de la vivienda para renovar el parque y gestionar de conjunto las solicitudes de vivienda. De esta manera en el 2004 y el 2005 se construyeron 16 500 nuevas viviendas, o sea, casi dos veces más el ritmo anual del período anterior, además de 6 000 casas individuales de precio limitado. En los próximos tres años deben sumarse 21 500 casas nuevas.

Por otra parte, acuerdos con los propietarios privados han permitido poner en manos del mercado inmobiliario 1400 viviendas vacías. Además, 100 000 viviendas se han transferido de municipios sobreendeudados a asociaciones con fines no lucrativos, con el propósito de renovarlas a la vez que se inviertan 2000 millones de libras suplementarias (3 000 millones de euros) en la construcción de nuevas viviendas hasta el 2008.

Acompañar indivudualmente a los solicitantes

Por último, la ley del 2003 no se enfrenta únicamente a la exclusión del parque locativo relacionado con la carencia de oferta, sino que prevé además invertir en el acompañamiento individual de los solicitantes, quienes muchas veces presentan grandes dificultades en el ámbito social. El objetivo de esta política, cuyo presupuesto pasó de 50 millones en el 2001 a 400 millones en el 2004, es reducir a plazos el número de solicitudes. En este sentido, los resultados no son fantasiosos. En el 2005, se presentaron 57 000 personas como solicitantes de una vivienda social, argumentando una situación problemática a diferencia de 50 000 solicitudes en el momento en que se aprueba la ley. La entrada en vigor de la ley dopó las solicitudes, pero la situación hoy parece estabilizarse.

Según Jason McDonald, portavoz de CoSLA, estructure que representa los municipios de Escocia, » será difícil cumplir todos los objetivos trazados para el 2012, aún cuando todos los municipios han aceptado seguir el juego «, de ahí la sugerencia de Christina Cran, de la asociación Shelter, quien considera que es necesario » suspender las ventas de viviendas sociales y dirigir esfuerzos hacia el problema de las 22 300 viviendas vacías desde hace más de seis meses «.

Finalmente, se trata menos de la instauración de un derecho a la vivienda oponible que dopó la voluntad de actuar que de una voluntad que se tradujo en un programa capaz de permitir el reconocimiento de este derecho. «La obligación jurídica no es la clave del sistema, sino el hecho que el gobierno escocés, los municipios y las asociaciones se comprometan a actuar juntos para mejorar radicalmente la situación», concluye Jason McDonald. Una cosa es segura : nos gustaría ver un voluntarismo similar de este lado del canal.

* Laure Meunier, Alternativas económicas, junio de 2006