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Vivienda y ayuda humanitaria

Fuentes: Rebelión

Hace unos días leía un artículo de Eric Holt-Giménez, Director Ejecutivo de Food First y especialista en seguridad alimentaria que bajo el título de «La tormenta perfecta de la ayuda alimentaria» reflexionaba sobre las hambrunas que se prevé afectarán, sobre todo al continente africano, en los próximos tiempos afectaran a miles, a millones de personas. […]


Hace unos días leía un artículo de Eric Holt-Giménez, Director Ejecutivo de Food First y especialista en seguridad alimentaria que bajo el título de «La tormenta perfecta de la ayuda alimentaria» reflexionaba sobre las hambrunas que se prevé afectarán, sobre todo al continente africano, en los próximos tiempos afectaran a miles, a millones de personas. Y sobre el papel que juegan las multinacionales estadounidenses que controlan el complejo agro industrial y de transgénicos, formado por empresas como Cargill (granos), Monsanto (semillas) y Mosaic (fertilizantes), que controlan la «ayuda alimentaria» y los programas de emergencia alimentaria.

Se trata de un artículo demoledor, donde Holt sostiene que aparte de otros fines geopolíticos, la ayuda alimentaria funciona como una esponja para absorber el excedente comercial de cereales en el Norte y sacarlo a precios por debajo de sus costos de producción en los países del Sur. La sobreproducción se mantiene gracias a los exorbitantes subsidios y subvenciones que los Estados Unidos y los países de la Unión Europea otorgan a la producción. De esta manera se permite, y hasta se asegura que el hambre y el subdesarrollo continúen o incluso crezcan en los próximos años. Después, cuando las imágenes con los miles de hambrientos asomen a los hogares del «mundo desarrollado» a través de la televisión, sus gobernantes se podrán lavar la cara, que no la conciencia, con grandes discursos, con bonitas palabras y el ofrecimiento de ayuda humanitaria  1. El sistema pone al «zorro a cuidar a las gallinas» y hace del pirómano responsable del destacamento de bomberos.

Algo similar, aunque hemos de reconocer que mucho menos terrible en términos humanitarios, viene ocurriendo en España con el problema de la vivienda. Para entender mejor esto, previamente hay que explicar que entre los países europeos conviven dos modelos inmobiliarios o dos formas de asegurar el derecho a la vivienda. Uno en el que el alquiler y la vivienda social tiene mayor peso, representado por países como Alemania, Suiza u Holanda, y otro con un predominio absoluto de la vivienda libre y en propiedad, del que España es todo un paradigma. El primer modelo evoluciona a partir de las variaciones demográficas y de las rentas disponibles en los hogares, el segundo queda totalmente en manos de los avatares del mercado quedando la vivienda como mero instrumento de producción de plusvalía.

Pero esto no ha sido siempre así. Si bien en la actualidad la tasa de viviendas de alquiler en el Estado español se sitúa en el 11,4% del total de viviendas  2 , el más bajo de todos los países que forman la Unión Europea, la cifra en los años 50 del pasado siglo XX rondaba el 80%, siendo minoritarias las viviendas en propiedad. El ascenso al gobierno en el año 1957 de un grupo de tecnócratas ligados al Opus Dei que pusieron en marcha un Plan de Estabilización conforme a las directrices marcadas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional supuso el inicio de un periodo, que se ha mantenido hasta nuestros días, en que la vivienda se convierte en un mecanismo de acumulación de capital tan o más importante incluso que la actividad industrial. Desde entonces las políticas de vivienda han sido un instrumento creador de rentas y empleo, de inversión, y no un vehículo destinado a satisfacer una necesidad.

La vivienda, que se presenta fundamentalmente como vivienda en propiedad para reducir los riesgos y maximizar los beneficios de la inversión, requiere de una parte importante del ahorro de las familias y de un largo periodo de carga económica (de entre 10 a 30 años) hasta devolver el préstamo hipotecario, se ha convertido en un elemento fundamental en la reproducción de las relaciones sociales y como centro de todo un universo de consumo.

Las políticas de vivienda desarrolladas desde el franquismo, y posteriormente por los sucesivos gobiernos de UCD primero, PSOE y PP después -con muy leves variaciones entre unas y las otras- no priorizaron como se podría esperar el paliar la demanda de vivienda para las capas mas desfavorecidas de la sociedad y asegurar el acceso a la vivienda para toda la ciudadanía, sino que funcionaron como un mero instrumento socioeconómico y como un mecanismo de corrección anticíclico3 . Las medidas funcionan como un comodín de las políticas económicas. Así mientras dura la fase alcista del ciclo económico la producción de viviendas queda en manos del mercado. Cuando se entra en una etapa de recesión económica como la actual, el estado interviene, para tratar de corregir la situación e incentivar a los responsables, es decir, a las empresas inmobiliarias, a las constructoras y en alguna medida a las entidades financieras. Se estimula la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) por parte de los promotores privados, que hasta ese momento desdeñaron un producto que les limita la tasa de beneficios4 , frente a la vivienda denominada libre cuyo precio, y por tanto tasa de beneficio, es fijado por el promotor en función del mercado.

El tanto por ciento de VPO construidas acostumbra a ser directamente proporcional al momento en que se encuentre el ciclo inmobiliario. Si el ciclo es alcista, se construyen menos viviendas protegidas, aumentando su número en los periodos de recesión. En estos, los promotores privados pasan a interesarse por un sector que les asegura la continuidad de su actividad y de sus beneficios. La situación después de un período de boom inmobiliario como el pasado deja un paisaje cuanto menos contradictorio. Por un lado una gran cantidad de viviendas de nueva construcción sin vender, y por otro un gran número de personas a las que los incrementos de precios dejaron sin posibilidad de acceder a la vivienda libre, la denominada «demanda no solvente», compradores potenciales de las futuras VPO.

Se trata de desarrollar medidas económicas «que ayuden al sector tratando de facilitarle un suave aterrizaje», fomentando la vivienda en propiedad y dejando en manos del mercado, es decir de los promotores, constructores y el capital financiero, la solución al problema habitacional del conjunto de la población.

Se ha ayudado, se está ayudando y todo parece indicar que se seguirá ayudando al sector, es decir, a los empresarios del sector. Ni los ciclos económicos son algo nuevo, ni las ayudas en los momentos de recesión lo son tampoco.

En este sentido se engloban medidas económicas como las aprobadas recientemente por el gobierno central o algunas de mayor calado o alcance como el denominado «Pacte Nacional per l’Habitatge» (Pacto Nacional por la Vivienda) , firmada el pasado año por el gobierno tripartito catalán con los empresarios y entidades financieras, con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios y algunas organizaciones sociales.

Los promotores prometían en octubre del 2007 construir 50.000 viviendas protegidas, tan sólo en Cataluña, si el gobierno de la Generalitat les facilitaba el suelo. Hoy instan a la administración a mejorar la fiscalidad como condición para sacar al mercado en alquiler todas las viviendas que no pueden vender, el banquete está servido.

Y en este punto volvemos a enlazar con el artículo de Holt-Giménez al que nos referíamos al principio, cuando mantiene que: la ayuda alimentaria responde al precio de los granos en el mercado internacional -no a la necesidad alimentaria de los países pobres-. Cuando el precio de los cereales está bajo, los países del Norte y las compañías de granos transnacionales buscan colocar sus granos en los programas de ayuda alimentaria. Cuando el precio está alto, prefieren vender sus granos en el mercado internacional.

Veremos cómo evolucionan las cosas en los próximos tiempos y qué alcance tienen esas medidas en un estado como el español que cuenta con más viviendas y kilómetros de autopista per capita que en el resto de países europeos, y en que el precio de las mismas, a pesar del descenso de los últimos tiempos y los que vendrán, hace del derecho a la vivienda un derecho negado para una buena parte de la población.

Si bien la soberanía alimentaría supone una solución para la amenaza de hambre en el planeta y una alternativa al modelo agrícola-tecnológico de las transnacionales, poco, muy poco hemos avanzado, a pesar del impulso que se le ha dado en los últimos años, en el diseño y la construcción de un modelo alternativo a este sistema que deja en manos del mercado un derecho tan fundamental para el ser humano como es el derecho a una vivienda digna. Pongámonos pues, manos a la obra.

Notas:

1 La promesa de ayuda humanitaria y de «inversiones» en los países africanos, junto al férreo control de las fronteras, las políticas inmigratorias de la Unión Europea como la «Directiva de la vergüenza» y a la criminalización de la figura del inmigrante que deja de ser persona y pasa a denominarse con términos como ilegal o sin papeles , forma parte del discurso de políticos como Rodríguez Zapatero, que forman la cara amable del sistema, para enfrentarse al problema de la inmigración.

2 Fuente: Censos de Población y Vivienda del año 2001. Instituto Nacional de Estadística

3 En los últimos tiempos ha habido tres intensos ciclos inmobiliarios. Un primer ciclo fue el que culminó a principios de los setenta para caer con las crisis petrolíferas del momento. Un segundo ciclo se inició a mediados de los ochenta para morir tras los festejos del año 92, con sucesivas devaluaciones de la peseta y programas de ajuste. El tercero y último ciclo alcista acusó mayor intensidad y alcance que los anteriores. El aterrizaje inmobiliario. El boom inmobiliario en España y sus consecuencias, José Manuel Naredo

4 Se ha de señalar que el precio máximo de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), en cualquiera de sus categorías, está regulado por el estado y viene fijado por módulos, que varían según la población donde esté situada la vivienda y son revisados cada cierto período de tiempo.