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Viviendas de protección buitre (VPB)

Fuentes: El Salto
Foto: De izqda. a dcha., Rosa, Txelo y Mª Pilar, vecinas afectadas por la compra de VPO por parte de Testa Residencial. Mikel Romeo Ruiz

Las socimi y los fondos buitre toman el relevo a los bancos para exprimir el mercado de la vivienda apoyándose en subvenciones públicas.

“Tengo miedo y me voy a tener que ir, no puedo pagar 700 euros al mes. Los alquileres están por las nubes”, cuenta Rosa, al teléfono, con un nudo en la garganta. Esta vecina de los denominados Bloques Rotxa, en el barrio de la Rotxapea en Iruñea, es una de las afectadas por el aumento de alquiler anunciado al inicio del año. En la capital navarra, los edificios de protección oficial que pasaron a ser propiedad del fondo buitre Testa Residencial acogen a unas 400 familias que tendrán que asumir un alquiler de “hasta 800 euros al mes, según la zona y la rentabilidad”. Una noticia de la que se enteró todo el vecindario hace unos meses y que provocó varias concentraciones de los petos verdes.

A través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Navarra, Rosa y las vecinas de estos bloques, repartidos en los barrios pamploneses de Rotxapea, Buztintxuri y Sanduzelai, solicitaron la enésima reunión con el Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, tras la crisis del covid-19, que está dejando profundas secuelas económicas y psicológicas. “Tenemos dos hijos y mi marido gana mil euros. Pagamos 300 euros de alquiler y repartimos el resto entre el gas, la luz, y la comida. No nos da para más”. Su caso es uno entre muchos.

Desde el inicio del confinamiento, millones de hogares en el Estado español tuvieron que hacer frente a una reducción de sus ingresos. A pesar del anuncio del Gobierno de suspender los desahucios por un plazo máximo de seis meses, la situación empeoró para la mayoría y, debido a la precariedad, se encuentran en riesgo de perder sus viviendas. “Con los ERTE, los despidos y las facturas de luz y gas subiendo en los últimos meses, ¡necesitamos vivienda ya!”. La portavoz de la PAH en Navarra, Begoña Alfaro, apunta a lo que llama “el mayor problema en Navarra”: la falta de vivienda a un precio asequible y de políticas orientadas a permitir el acceso a un patrimonio inmobiliario.

Por encima de la emergencia sanitaria, comienzan a hacerse visibles las consecuencias económicas de esta crisis, que van más allá de la congelación de los salarios y la reducción de las pensiones. La ausencia de un parque de viviendas público que atienda a la previsible escalada de desahucios de los próximos meses puede ser clave en este nuevo contexto. Por el momento, las negociaciones con el Gobierno de Navarra y con el Gobierno Vasco están en punto muerto, mientras que las inquilinas, ahora residentes en régimen libre, desconocen las futuras condiciones para acceder a las ayudas o los futuros precios de los alquileres.

Cuando nació la PAH, a raíz de las movilizaciones del 15M y de la crisis inmobiliaria de 2008, se consiguió movilizar a miles de personas en defensa del derecho a una vivienda digna mediante escraches pacíficos y acciones de desobediencia civil. Hoy, en Nafarroa, se teme un “efecto llamada” de fondos buitre que deje fuera a familias con ingresos muy bajos, y que no tienen derecho a subvenciones por ser perceptores de renta garantizada.

Los perfiles de las inquilinas de Viviendas de Protección Oficial (VPO) están compuestos por pensionistas, familias extranjeras o trabajadoras con sueldos precarios. Es decir, personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, que un día reciben una carta en la que se les comunica que su alquiler ya no depende del Gobierno y el precio de la renta va a dispararse, dejándoles en una situación de desprotección absoluta; en muchos casos, directamente en la calle.

Crisis de alquiler

Tras diez años de existencia, a la hora de hacer un balance sobre la situación de la vivienda en todo el Estado, desde la PAH se apunta a una evolución estructural: lo que nació como una crisis del mercado hipotecario ha pasado a ser en los últimos años una crisis del alquiler. Y es que prácticamente la totalidad de casos de desahucios derivan de ello, tanto de pisos privados como del parque de vivienda protegida. “Más del 90% de los casos están relacionados con problemas de alquiler y con el cambio de legislación, a veces se trata de familias que perdieron la vivienda y acumulan deudas hipotecarias con problemas de alquiler”, señala Alfaro.

En Iruñea, como en otras ciudades, la propiedad de estas viviendas fue pasando de mano en mano. En el caso de los Bloques Rotxa, primero se vendieron a promotoras inmobiliarias pertenecientes a bancos (Santander y BBVA), para ser más tarde adquiridas por una socimi (conjunto de sociedades que invierten en activos inmobiliarios). Ahora están en manos de Testa, propietaria de 459 viviendas protegidas en Navarra, que las alquilaba en régimen de protección hasta ahora. Esta entidad está formada por BBVA, Santander, Acciona y Merlin Properties, que aportaron bienes inmobiliarios para constituir la sociedad. Además, Testa actúa con la ayuda del fondo buitre Blackstone desde que compró los Bloques Rotxa, hace cinco años. Su objetivo: acaparar estas viviendas —que compran “de cien en cien”— para reformarlas y alquilarlas posteriormente a un precio muy superior al actual.

Para Manuel Gabarre, autor del libro Tocar fondo: la mano invisible detrás de la subida del alquiler (Traficantes de Sueños, 2019), lo que hacen estas entidades es apostar en un mercado donde hay grandes beneficios inmediatos. Las socimi “no tienen vocación de permanencia, por eso no tienen casi personal. Se dedican a comerciar con dinero, creo que no hay que perder esto de vista para calificar a un fondo de buitre”, señala. “Hablamos aquí de un procedimiento legal, ya que se aprovechan de un vacío legislativo”, dice Gabarre. “Una manera de regularlas sería eliminar los privilegios fiscales de los que disfrutan: las exenciones del impuesto de sociedades y del impuesto de transmisiones”. También propone hacer indefinido el contrato de alquiler, como ya se se ha hecho en Alemania, o crear un parque público de vivienda equiparable al de otros países europeos, cosa que viene reivindicando la PAH desde hace años.

Capital especulativo

Las socimi son una herramienta relativamente nueva que ha servido al capital especulativo para cabalgar la crisis inmobiliaria, encontrando nuevos nichos de negocio y de valorización muy rápida de las inversiones. Sin embargo, y aunque hayan servido para extraer enormes beneficios, no puede responsabilizarse exclusivamente a este instrumento financiero de la subida de los precios del alquiler. Las asociaciones contra los desahucios señalan la ausencia de un parque público de vivienda como el mayor factor a tener en cuenta. Ello explicaría cómo los impagos y desahucios se han trasladado desde las hipotecas hacia los alquileres.

Los fondos buitre, por su parte, introducen una nueva capa de gestión que dificulta su desenmascaramiento. No son tan accesibles como los bancos de toda la vida. Estos fondos buitre, alimentados por entidades financieras, tienen sus sedes en capitales como Madrid o Barcelona, y han adaptado su forma de funcionar como respuesta a la presión del movimiento antidesahucios: carecen de sedes físicas donde las familias puedan negociar una solución financiera y funcionan a base de firmar convenios opacos con promotoras y constructoras quienes, a su vez, negocian los alquileres con los inquilinos.

En la CAV, el panorama no es mucho mejor. El mercado inmobiliario de ciudades como Donostia es de los más caros del Estado español y su precio ha ido al alza junto con el aumento de la presión turística y la gentrificación. Son fenómenos que vienen de lejos en barrios como Gros o la Parte Vieja, pero que ya se han extendido a barrios obreros como Egia.

Según un informe hecho público por el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, el precio medio de la vivienda en alquiler por provincia llega a alcanzar el tercer y cuarto puesto respectivamente para Gipuzkoa (730 euros) y Bizkaia (652), tras Madrid (819) y Barcelona (769).

Por otra parte, en la capital guipuzcoana, viviendas que estaban en manos de grandes constructoras como Sacyr Vallehermoso y Metrovacesa pasaron también a manos de Testa Residencial, después de una compleja sucesión de adquisiciones y fusiones. El abanico de posibilidades para obtener rendimientos con la vivienda es amplio y una de las estrategias de estos consorcios (nacidos en base a constructoras privadas y cajas de ahorro) es la gestión de VPO. Se ha generado así un mercado muy tentador para los grandes fondos, que se enriquecen subiendo los alquileres cuando termina el plazo de alquiler protegido.

Benta Berri

Uno de los casos más llamativos es el barrio donostiarra de Benta Berri, donde cerca de veinte familias que residen en VPO recibieron a inicios de abril un mensaje del fondo buitre Testa-Blackstone exigiendo el pago de la renta. De hecho, ya está previsto el primer desahucio post-covid de una de las inquilinas de los bloques para el nueve de septiembre, si el Ayuntamiento de Donostia y el fondo de inversión no llegan a un acuerdo. El caso de la vecina del barrio, Victoria Noriega, solo es la punta del iceberg de esta violencia inmobiliaria que afecta a más de 1.500 donostiarras en unas 510 viviendas.

En Benta Berri, el 40% de los inquilinos reside en este bloque de viviendas desde los años 90, cuando el Gobierno vasco cedió por 75 años el derecho de superficie de estas viviendas a la UTE Benta Berri, que en 2016 se fusionó con Testa Residencial, socimi con sede en Madrid que gestiona hasta 12.000 viviendas en todo el Estado. En la CAV, todos los colectivos en defensa de la vivienda, como Kaleratzeak Stop en Gasteiz o Alokairu en Donostia, coinciden en la dificultad que se están encontrando las inquilinas en aprietos para abonar la mensualidad y acceder a las ayudas. Los “bloques en lucha”, como son denominados en Madrid y Barcelona, donde surgieron los primeros casos de desahucios vinculados a los fondos buitre, también tienen su derivada en las capitales vascas.

Por su parte, el Gobierno vasco anunció durante el confinamiento que estaba preparando la orden que regulará las ayudas para las vecinas en régimen de alquiler libre, que fija una ayuda de una cuantía máxima de 250 euros y por un plazo máximo de seis meses.

VPO con destino fondo buitre

En Navarra, más de 8.500 familias están registradas en el censo de alquiler protegido. UPN pactó con promotoras locales y estatales la construcción de VPO subvencionadas con el dinero del contribuyente —tanto su construcción como parte del alquiler de quienes vivían en ellas—. Posteriormente, con el paso de los años, dio luz verde para venderlas a fondos buitre en el mercado. Una práctica que ni el llamado Gobierno del Cambio, liderado por Nafarroa Bai, ni el actual ejecutivo de María Chivite han intentado revertir.

“El suelo casi se regalaba”, apunta Alfaro, “ahora, con el fin de régimen de protección, las familias sufren las consecuencias”. Y las previsiones van a peor: temen que el número de hogares afectados por la compra de su vivienda por Testa se duplique para el año que viene, llegando a afectar a unas 900 familias (o más) en el 2021 en Nafarroa.

La PAH de la capital navarra culpa de la situación al actual Gobierno, que tenía conocimiento de que la protección de las viviendas estaba a punto de expirar. No fue hasta el pasado marzo que consiguieron reunirse con el Departamento de Vivienda para encontrar una solución para estas familias, mediante negociaciones con Testa. En febrero, el Parlamento navarro propuso mediante una enmienda el establecimiento de un precio máximo de alquiler. “¿Si es positivo? Sí. ¿Si es la solución? Para nada. Les ofrecerán un paquete de medidas para la ayuda al alquiler, pero en unos meses se sucederán los desahucios. Lo que queremos es no fomentar estos precios dando ayudas, queremos bajarlos”, apunta la portavoz de la PAH en Navarra.

Indefensión

Familias con pocos recursos, pensionistas, personas con discapacidad o familias monoparentales, que se están viendo obligadas a irse de sus casas sin tener ningún otro lugar a donde ir. Así resumen la situación quienes se vieron obligadas a abandonar sus casas tras recibir el anuncio. El boca a boca les ayudó a mantenerse al tanto de las noticias. “El primer vecino a quien le tenían que renovar recibió una carta en febrero notificando que las condiciones de la vivienda se habían modificado, por lo cual nos asustamos y llamamos a Testa”, indica Rosa. La constatación fue evidente: los apartamentos tenían que quedar libres en unos meses y el alquiler subía hasta llegar a 700 euros para algunos de ellos. En caso de que no pudieran asumir tal cuantía, “nos dijeron que teníamos un mes para entregar las llaves”, comenta Rosa, contrariada.

Junto con miembros de la PAH en Iruñea, Rosa, Begoña y las otras vecinas de los Bloques Rotxa continúan reuniéndose, incluso virtualmente, “con los pocos recursos que tenemos”, comentan. Saben que lo más complicado está por llegar, y que las consecuencias económicas se harán sentir en los próximos meses, aunque la inmensa mayoría de las inquilinas está en una situación peor que hace unos meses. “Y les da aún más miedo que las administraciones se olviden del tema”, apunta Begoña Alfaro.

Rosa, que sufre la situación de lleno, también señala el estado de abandono dentro de los bloques. Estos pisos, por los que han pasado muchas personas, son la prueba del paso del tiempo, de la realidad de una vivienda protegida. Parqués deteriorados, baños roídos por la humedad, alguna que otra baldosa rota. “Tengo el telefonillo roto y me dijeron que tenía que comprarlo yo, pero quitarme 30 euros al mes para esto es imposible, y aún más con lo que viene”, comenta. “Otro vecino se tuvo que quedar 20 días sin agua porque no le contestaban”. Sin noticias de Testa. Y de este silencio surgieron muchas preguntas e incertidumbres dentro de las comunidades de inquilinas. La aceleración de la precariedad debido a la covid-19 se hará más patente a largo plazo en estos barrios humildes que rodean el corazón de Iruñea. “Las familias vamos a quedarnos —advierte Rosa—, no tenemos a dónde ir, no hay nada que perder. O eso o irte a la calle sin nada. No pasaremos por ahí”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/desahucios/desahucios-desplazan-mercado-alquiler

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