La destrucción en pleno vuelo de un avión de Malaysian Airlines y la muerte de casi 300 personas mantiene titulares de primera plana, y es asunto que todos siguen. El hecho, profundamente repudiable, ocurrió en el espacio aéreo de Ucrania, en una zona azotada por un conflicto bélico que ha producido ya muchas víctimas y […]
La destrucción en pleno vuelo de un avión de Malaysian Airlines y la muerte de casi 300 personas mantiene titulares de primera plana, y es asunto que todos siguen. El hecho, profundamente repudiable, ocurrió en el espacio aéreo de Ucrania, en una zona azotada por un conflicto bélico que ha producido ya muchas víctimas y grandes sufrimientos para la población civil.
Los rebeldes que luchan en el este de ese país, recuperaron los restos del avión, incluyendo la llamada «caja negra», y los entregaron a Holanda, punto de partida del vuelo y cuya nacionalidad poseen la mayoría de los que iban a bordo. Ahora, sus autoridades con la participación de especialistas en tales incidentes, deberán esclarecerlo.
¿Qué destruyó el avión? ¿Algún desperfecto mecánico, o la explosión de una bomba dentro de la aeronave, o el disparo de un misil? ¿De dónde provino el ataque? ¿De otro avión o de instalaciones militares terrestres? ¿Quiénes son los responsables?
Las respuestas exigen investigación, análisis riguroso y serio.
Para Washington, sin embargo, nada de eso hace falta. Desde el primer día levantó el índice contra los rebeldes ucranianos y contra la Federación de Rusia, acusados en grandes medios de prensa antes que fuese recuperada la «caja negra».
La reacción norteamericana fue inmediata, instantánea. Nada parecida a la que tuvo, y todavía tiene, ante lo sucedido el 6 de octubre de 1976 cuando un avión civil cubano estalló en pleno vuelo, cerca de Barbados causando la muerte de 73 personas.
Al reclamar justicia por la tragedia más reciente debería alzarse también igual exigencia respecto al crimen de Barbados.
Hay que hacerlo, sobre todo en Estados Unidos, porque Washington es el único responsable de la total impunidad que aun acompaña esa atrocidad.
Hace varios años vive libremente en Miami, disfrutando de hospitalidad y protección oficial, Luis Posada Carriles, prófugo de la justicia venezolana, buscado por la Interpol, reclamado por Caracas desde 1985 -mucho antes de la Revolución bolivariana- donde era juzgado como autor intelectual de la destrucción del avión en Barbados.
La Convención Internacional de Montreal sobre la protección a la aviación civil -obligatoria para todos, incluso Estados Unidos- es muy precisa: El Estado que tenga en su territorio a alguien sospechoso de estar vinculado a un acto terrorista contra la aviación civil deberá extraditarlo para que sea juzgado por quien lo solicita o tendrá que someterlo a juicio en el país donde se encuentra como si el crimen hubiera tenido lugar allí.
Posada era mucho más que un «sospechoso». Era el acusado principal del horrendo acto. Pero Estados Unidos se niega a extraditarlo a Venezuela y tampoco lo somete a sus propios tribunales.
Con esa conducta Washington está en clara violación del Convenio de Montreal pero también respecto a la Resolución que, instigado por él, aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2001 ordenando a todos los países extraditar y juzgar a los terroristas «sin excepción alguna». Esa Resolución que le sirvió para invadir Afganistán y embarcarse en la guerra más larga de la historia estadounidense, es papel mojado cuando se trata de Posada.
Washington ha logrado durante casi cuarenta años, proteger a los asesinos e impedir que la justicia prevalezca. Según documentos desclasificados del FBI, conocía detalles del crimen mucho antes de que ocurriera. Esos documentos detallan el diabólico plan y mencionan, con nombres y apellidos, a los principales culpables: Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila.
Pero Estados Unidos se negó a cooperar con la Comisión investigadora del gobierno de Barbados y tampoco dio información al tribunal venezolano que juzgaba a los terroristas. Ambos dejaron constancia escrita de esa negativa en documentos públicos, emitidos por entidades imparciales, ninguna de ellas cubana.
Aun estaba fresca la sangre de los mártires cuando Venezuela pidió públicamente a las autoridades norteamericanas que pusieran fin al ocultamiento y entregaran las pruebas. Recuerdo perfectamente aquella tarde de octubre del 76 y las palabras pronunciadas en la Sede de las Naciones Unidas por quien ocupaba entonces la jefatura del Estado venezolano.
No era, obviamente, Hugo Chávez, en aquel momento un muchacho desconocido.
Quien emplazó a Washington a revelar lo que escondía fue Carlos Andrés Pérez, que todavía recordaba sus ideales juveniles.
Hace bien la gran prensa norteamericana en ocuparse de un abominable crimen sucedido allende el Atlántico. Pero si quiere ser respetada debería interesarse también por los asesinos que andan sueltos en su propia casa. Algo parecido, en una sala abarrotada, le escuché decir a Carlos Andrés.
Que se investigue a fondo lo ocurrido en Ucrania y que se haga justicia. Pero, ¿Y de Barbados qué?
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.