El descontento crece según la crisis afecta a capas sociales cada vez más amplias. Pero el sindicalismo permanece atrapado entre la negociación institucional y la dificultad para llegar a los sectores más desprotegidos. «Hace falta ya una huelga general». El cántico se vuelve a escuchar en las concentraciones sindicales de estos días contra las políticas […]
El descontento crece según la crisis afecta a capas sociales cada vez más amplias. Pero el sindicalismo permanece atrapado entre la negociación institucional y la dificultad para llegar a los sectores más desprotegidos.
«Hace falta ya una huelga general». El cántico se vuelve a escuchar en las concentraciones sindicales de estos días contra las políticas privatizadoras de Esperanza Aguirre en Madrid o contra la Directiva de las 65 horas. Aún así, la crisis va camino de cumplir su primer año y sólo los bloqueos organizados por los transportistas autónomos en junio han sido capaces de expresar el descontento social.
CC OO celebrará su IX Congreso en diciembre (ver recuadro) entre llamadas a la moderación de sus principales responsables, con José María Fidalgo a la cabeza. El secretario general del sindicato ha respaldado la política de garantías de los depósitos bancarios aplicada por el Gobierno, y ha ofrecido continuar con la moderación salarial a cambio de que no haya nuevos recortes en las indemnizaciones por despido.
Sin movilizaciones de por medio, la crisis no ha afectado al ritmo del llamado diálogo social entre las patronales, el Gobierno, CC OO y UGT, pero sí a su enfoque. Hasta ahora, la concertación se ha centrado en el abaratamiento del despido y las bonificaciones a la contratación indefinida, mientras que en la actualidad los planes de recolocación de parados y la reforma de los servicios públicos de empleo pasan a ser las prioridades.
Las altisonancias de este diálogo, como las declaraciones del presidente de la CEOE sobre la necesidad de una nueva reforma laboral, también están previstas en el guión. No obstante, el Gobierno ha insistido en que esa posibilidad no está, por el momento, sobre la mesa. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado reducen la partida para bonificar la contratación indefinida en un 12%. El Gobierno no maneja en sus previsiones, por tanto, que el pacto social siga la tendencia de las reformas laborales de 1997 y 2006. La cantidad presupuestada para rescatar a empresas en apuros es 20 veces mayor : 23.500 millones de euros, repartidos entre préstamos del Instituto de Crédito Oficial y avales directos del Estado.
En los márgenes del diálogo
«La crisis que ha salido a la luz pública es la punta del iceberg de la crisis del trabajo y de la ciudadanía que vemos desde hace al menos 10 años», afirma Nicolás Sguiglia, de la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes. «En la medida en que el Gobierno, los sindicatos y los medios de comunicación empiezan empiezan a hablar en términos de crisis, lo que se anuncia en realidad es un estado de excepción que afecta a la fuerza de trabajo», continúa, en referencia a las formas de empleo precario que han dado sustento a la economía en los años del milagro. Un ejemplo de esta realidad subterránea: los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en la construcción se incrementaron casi un 400% hasta agosto, pero afectaron tan sólo a 2.300 trabajadores más que en el mismo período de 2007, unas cifras insignificantes comparadas con el peso real de la construcción en el conjunto del empleo.
«Más que responder a una política de tipo neofascista, las nuevas posiciones europeas sobre migración son un dispositivo clarísimo de regulación de la fuerza de trabajo», afirma Sguiglia. Desde esta perspectiva, las auténticas reformas laborales que afectan al empleo migrante y sin papeles se llamarían Directiva de Retorno y Ley de Extranjería.
Incluso en los grandes centros de trabajo industriales, donde los sindicatos conservan su presencia, los ERE se están presentando de forma atípica, «de acuerdo a la política estratégica y decisiones empresariales tomadas en los últimos años, y además sin causa económica», según argumenta CGT en los recursos que está presentando a la oleada de cierres patronales en la automoción.
Ángel Luis García, secretario acción sindical de CGT, se muestra tajante: «Ninguna administración, ni la estatal ni la autonómica, aceptaría estos expedientes si no llevaran la firma de los sindicatos». Para CGT, los ERE han dejado de ser instrumento excepcional que utilizan las empresas en momentos crisis y se han convertido en un mecanismo más de organización y optimización de su fuerza de trabajo.
Desde la firma del último convenio en 2004, en Seat se han presentado cuatro ERE, a uno por año. No se trata de prácticas aisladas. Los dos sindicatos presentes en las mesas del diálogo social, CC OO y UGT, están negociando la mayoría de los ERE presentados en empresas industriales como Santana, Pirelli, Ford o Delphi. En Telefónica, mantienen idéntica posición de diálogo ante la propuesta de la compañía de mantener con un sueldo menor a los trabajadores procedentes de Terra y Data, pese a la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo que ha invalidado el convenio de Repsol por incluir las dobles escalas salariales.
El recrudecimiento de la crisis y la conmemoración, en diciembre, de los 20 años de la huelga general del 14-D alentarán las comparaciones y las llamadas a convocatorias similares. Entre medias, las grandes privatizaciones de los ’90, el crecimiento de la economía financiera y especulativa, la entrada masiva de mujeres y migrantes en el trabajo asalariado o las nuevas tecnologías lo han transformado todo. «Habrá que replantearse cómo recuperar la huelga como instrumento político, el desafío es reinventar esta herramienta con los actores que existen hoy», sentencia Sguiglia.