«El Gobierno considera en sus informes que el 90% del déficit fiscal es estructural y no producto de la crisis económica cíclica. Pero a pesar de tener uno de los índices de presión fiscal más bajo de la eurozona, el 30% -que se ha reducido además en estos años en cuatro puntos-, en ningún momento […]
«El Gobierno considera en sus informes que el 90% del déficit fiscal es estructural y no producto de la crisis económica cíclica. Pero a pesar de tener uno de los índices de presión fiscal más bajo de la eurozona, el 30% -que se ha reducido además en estos años en cuatro puntos-, en ningún momento prevé equilibrar el déficit mediante una subida de los impuestos para los que más ganan, el consumo de lujo o los beneficios del capital, como los más de 4.200 millones del BBVA y los 8.800 del Banco de Santander, incluidas las operaciones especulativas contra la propia deuda pública.»
El debate celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de febrero sobre la crisis económica (1) ha ratificado tanto la naturaleza de la estrategia de Zapatero, un plan de austeridad para sostener la deuda pública en los mercados internacionales, como sus limitaciones políticas. Los ataques especulativos en los mercados internacionales contra los bonos de la deuda pública española y el euro, en paralelo a los movimientos contra las deudas públicas de Grecia y Portugal, en una «semana negra» sin precedentes en la economía española, han roto la resistencia del Gobierno Zapatero. A pesar de gestos como la ampliación de las ayudas de 420 euros a los parados sin prestaciones, el discurso sobre la cohesión social ha dejado paso a la prioridad del ajuste fiscal con la reducción del gasto público, el recorte de las pensiones a medio plazo y la reforma del mercado laboral. El mensaje a los mercados especuladores es que el gobierno está dispuesto a adoptar «medidas impopulares», en contra de su base social y los sindicatos, para mantener la solvencia de la deuda pública.
Las consecuencias políticas del Plan de Austeridad de Zapatero
Esta quiebra de proyecto político y de bloque de alianzas del «zapaterismo» ha dado paso al llamamiento a un «pacto de estado» para aplicar el Plan de Ajuste. Pero el PP no tiene el menor interés de suscribirlo, independientemente de las medidas propuestas. Su objetivo es ganar las elecciones cuanto antes y recuperar el gobierno para la derecha. Para ello, ha centrado sus ataques en la credibilidad del propio Zapatero para aplicar cualquier Plan, en una estrategia de forzar la convocatoria de las legislativas después de la previsible derrota del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas de 2011.
Mientras que el PP prioriza el reforzamiento electoral de la derecha, el PSOE pone en primer plano una política de salida de la crisis que solo puede favorecer también a la derecha. La erosión de la aplicación del Plan de Austeridad recaerá, por lo tanto, en el PSOE. Prisionero de su propia estrategia, para protegerse aunque sea parcialmente, Zapatero necesita alcanzar un acuerdo a cualquier precio con las fuerzas de la derecha nacionalista catalana y vasca, CiU y PNV (a la que se sumaría probablemente Coalición Canaria), que ya se encargarán de endurecer el Plan de Ajuste. La composición de la comisión negociadora del PSOE, que recoge al sector más a la derecha del Gobierno Zapatero, no deja margen para ninguna ilusión.
Los efectos políticos de esta estrategia de huida hacia delante del «zapaterismo» son, a corto plazo, un enfrentamiento con la izquierda social que representan los sindicatos CCOO y UGT -que han llamado a su primera movilización en la calle el próximo 23 de febrero- y con la izquierda política de IU-ICV, ERC, BNG y Nafarroa Bai. La recomposición del Gobierno Zapatero, tras la presidencia rotatoria de la Unión Europea, reflejará la nueva correlación de fuerzas en el interior del PSOE. A medio plazo, tras las elecciones catalanas, supondría la sustitución del Govern de Progrés tripartito en Catalunya por una coalición CiU-PSC. Aunque la alianza con CiU, además de pactos ocasionales con PNV y CC, debe permitir dar estabilidad parlamentaria al Gobierno Zapatero hasta 2012, a largo plazo, la disgregación del bloque social de la izquierda provocará un aumento significativo de la abstención y la derrota del PSOE, abriendo un nuevo ciclo político conservador.
¿Es inevitable este proceso? El principal obstáculo que se interpone en la estrategia de Zapatero es la capacidad de resistencia potencial de los sindicatos. Si su movilización alcanza la amplitud y duración necesaria para contrarrestar las presiones de los especuladores internacionales y de la derecha social y política española; si esa movilización va acompañada de un programa alternativo que ponga en primer lugar la salida de la crisis al plan de ajuste, y aborda el mismo desde la ampliación de los ingresos fiscales en vez del recorte del gasto público; si es capaz de mantener un marco unitario de movilización, arrastrando a los sectores de votantes del PSOE y superando el miedo a una victoria de la derecha en el 2012; si, por último, CCOO y UGT están dispuestas a condicionar la formación del nuevo Gobierno Zapatero y a defender la perspectiva de un gobierno de izquierdas contra la crisis en Catalunya, entonces es posible revertir el proceso conservador.
La naturaleza del Plan de Austeridad
El Plan de Austeridad del Gobierno Zapatero esta formado por:
1) un primer recorte inmediato de 5.000 millones de euros (0,5% del PIB) del presupuesto del 2010, aprobado hace dos meses (y que ya suponía un recorte de 8.000 millones de euros en relación al Presupuesto del 2009) y;
2) una reducción global de 50.000 millones de euros del gasto público en el periodo 2011-2013, equivalente al 4,3% del PIB.
Su objetivo es reducir el déficit presupuestario del estado del 11,2% del PIB actual al 3%, volviendo así a la ortodoxia de los Acuerdos de Maastricht, con una deuda pública acumulada que a finales del 2013 sería del 74,3%, desde el actual 55%. Es decir, seguiría estando 25 puntos por debajo de la media de la eurozona. El pago de esa deuda pública supondría anualmente el 3,1% del PIB.
Con el Plan de Ajuste, el gasto publico se reduciría del 46,1% del 2009 a un 41,3% en el 2013, situando el peso económico del presupuesto en la economía española más de seis puntos por debajo de la media de la zona euro. Esta contracción brutal del Estado supondrá inevitablemente, a pesar de los llamamientos a la cohesión social, aumentar el déficit en gasto social en relación con la eurozona, que hoy es de siete puntos.
Casi dos puntos de los 4,3% del PIB que supone este ajuste están previstos a través de recortes en el Capítulo 1 del Presupuesto, es decir de los salarios y el empleo público, que quedarán congelados hasta el 2014, al mismo tiempo que se prevé una tasa de paro ese año del 15,5% frente al 19% actual.
El Gobierno considera en sus informes que el 90% del déficit fiscal es estructural y no producto de la crisis económica cíclica. Pero a pesar de tener uno de los índices de presión fiscal más bajo de la eurozona, el 30% -que se ha reducido además en estos años en cuatro puntos-, en ningún momento prevé equilibrar el déficit mediante una subida de los impuestos para los que más ganan, el consumo de lujo o los beneficios del capital, como los más de 4.200 millones del BBVA y los 8.800 del Banco de Santander, incluidas las operaciones especulativas contra la propia deuda pública.
El objetivo prioritario de este Plan de Austeridad neoliberal no es por lo tanto la lucha contra el paro. Tampoco la lucha contra la crisis económica de los sectores productivos, porque la capacidad de intervención del estado a través del gasto público se reduce. Desde luego, no es impulsar el «nuevo modelo productivo», porque la reducción en obra pública es total. Su único objetivo real es sostener la cotización de la deuda pública española en los mercados financieros internacionales.
Los ataques especulativos en los mercados internacionales
En las dos últimas semanas, el Gobierno Zapatero ha reaccionado a los movimientos especulativos contra la deuda pública, en la bolsa y contra el euro con una teoría conspirativa de que el verdadero objetivo de todos estos ataques es acabar con los gobiernos socialdemócratas de Europa (2). Por eso se han centrado en Grecia, Portugal y España -a pesar de las diferencias entre unos y otros- y han perdonado a Irlanda o Italia y, fuera de la zona euro, a Gran Bretaña y la libra esterlina.
Los ataques especulativos han sido, efectivamente, brutales. El miércoles 27 de enero, los grandes bancos españoles iniciaron la venta de letras del tesoro, provocando el pánico de los bancos franceses, que vendieron a su vez. Esa misma tarde, los bancos españoles recompraban a precios descontados, realizando una de sus mayores operaciones especulativas.
Pero el peso en sus activos de la deuda pública comprada así provocó el movimiento en las bolsas contra las acciones de los grandes bancos españoles, sobre todo después de que en Davos el jueves 28 se señalase a España como «una economía al borde de la catástrofe». Los fondos de inversión norteamericanos se desprendieron de sus activos españoles y las cotizaciones del BBVA, el Banco de Santander y La Caixa se desplomaron, alcanzando el algunos casos caídas del 9% en un solo día. La bolsa española, en su conjunto, perdió ese día 22.500 millones de euros.
Pero quienes habían comprado certificados de impago (credit defaults swaps-CDS) sobre la deuda pública española vieron como estos se disparaban hasta los 170,9 puntos, un récord histórico, y el diferencial de la deuda española frente a la alemana subía un 0,99. En una bolsa llena de tiburones, los grandes fondos internacionales comenzaron a pedir a los bancos españoles créditos sobre sus paquetes de acciones a altas comisiones y tipos de interés para hacer operaciones especulativas a corto plazo. Y, gracias a esas operaciones, los bancos españoles pudieron frenar sus propias caídas, en un circuito especulativo que se retroalimenta a muy corto plazo.
El tercer ataque especulativo, el 4 de febrero, fue sobre el propio euro. Con las crisis griega, portuguesa y española como escenarios, los fondos de alto riesgo americanos se lanzaron a especular, apostando por una caída del euro, volcando sobre el mercado de divisas 7.600 millones de dólares en el mercado de futuros de Chicago.
La consecuencia política real de estos movimientos especulativos no ha sido la de convencer a los gobiernos de la necesidad imperiosa de regular estos mercados financieros. Por el contrario, estos movimientos especulativos han ganado la partida en la medida en que no sólo han obtenido pingües beneficios, sino que han impuesto la idea de que lejos de ser ellos los culpables de la crisis, son los déficits públicos para luchar contra la crisis y la falta de beneficios en los sectores industriales los responsables. Y los gobiernos socialdemócratas griego, portugués y español se someten a los mercados, presentando sus Planes de Ajuste y sus reformas neoliberales con la esperanza de estabilizar y calmar a los mercados.
Vana esperanza. Su única posibilidad frente a la especulación capitalista del sistema es precisamente la contraria: regular el mercado financiero, aumentar sus ingresos con impuestos sobre las transacciones financieras y los beneficios del capital no productivo, aumentar el consumo interno subiendo los salarios y canalizando las inversiones hacia el sector productivo desde el gasto público. Es decir, romper con la lógica neoliberal y construir una respuesta de izquierdas frente a la crisis, reconstruyendo a la vez un bloque social y electoral basado en la defensa de las necesidades de la mayoría, no de los beneficios de las minorías.
¿Es posible una estrategia alternativa de izquierdas?
La «semana negra» de los ataques especulativos contra la deuda publica española y el euro han quebrado la voluntad del gobierno Zapatero de seguir aplicando una política creíble para salir de la crisis sin mermar los derechos sociales. Todas las encuestas reflejan esta percepción de falta de credibilidad de las medidas económicas del Gobierno, que son incoherente y zigzagueantes.
La naturaleza política del «zapaterismo» ha sido su equilibrismo en el conflicto de intereses sociales y su voluntad de satisfacer a la vez las crecientes necesidades sociales de los trabajadores y el mantenimiento de los beneficios de los grandes bancos y empresarios españoles. La pócima mágica para este equilibrismo, la colocación de deuda pública a bajo interés en los mercados internacionales, ha alcanzado sus primeros límites, aunque el día 16 de febrero el Gobierno fuera capaz de colocar 5.000 millones de euros en bonos a 15 años a sólo 12 puntos básicos de los anteriores y la demanda fue de 12.000 millones de euros.
La propuesta del Gobierno Zapatero no es un Plan para luchar contra la crisis y el desempleo, cuando estamos en la fase más aguda de sus consecuencias, con 4,5 millones de parados. Por el contrario, cediendo a las presiones de los mercados financieros y los especuladores, el Gobierno ha sustituido la lucha contra la crisis económica por un Plan de Austeridad para sostener su deuda pública, que supone una gravísima contracción del gasto público de casi el 5% del PIB y 50.000 millones de euros de recortes. Ese Plan de Ajuste va acompañado de reformas estructurales que reducen las pensiones al elevar la edad media de jubilación hasta los 67 años.
Frente a quienes quieren negociar un pacto de estado para el Plan de Austeridad, la izquierda debe proponer un pacto de izquierdas contra la crisis en el que participen PSOE, IU-ICV, ERC, BNG y sobre todo CCOO y UGT. Ese pacto de izquierdas contra la Crisis debe aprobar en el Congreso un programa de medidas económicas que combine el mantenimiento de los estímulos económicos para salir de la crisis, reducir el paro y mantener el gasto social y los salarios con una reforma fiscal progresista que aumente los ingresos y reequilibre el presupuesto gravando las operaciones financieras especulativas, los salarios más altos, el consumo de lujo y los beneficios del capital. Un programa que condicione la reducción de los estímulos económicos no a las presiones de los mercados financieros sino a la reducción del paro, el crecimiento económico y la reducción del déficit en gasto social con Europa.
Sólo un gobierno de izquierdas, apoyado en un pacto de izquierdas contra la crisis, podría afrontar con posibilidades de éxito las elecciones municipales y autonómicas del 2011, así como las generales del 2012. El actual Gobierno Zapatero esta agotado. Tras la presidencia española de la UE, en julio, será inevitable su remodelación. Y para que no sea un cambio de gobierno a la derecha, en un pacto tácito neoliberal, la izquierda debe exigir a Zapatero un gobierno de izquierdas contra la crisis, cuya composición refleje un nuevo bloque parlamentario y social de las izquierdas y los sindicatos.
Según las encuestas, hoy el PP aventaja al PSOE en cinco puntos (3). Sin un giro de timón a la izquierda, firme y decisivo, la derecha volverá a recuperar el Gobierno del estado y abrirá un ciclo político reaccionario para imponer sus políticas neoliberales, a imagen de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, con recortes reaccionarios profundos en los avances democráticos de estos años. Evitar la victoria de la derecha es la responsabilidad de todas las fuerzas políticas y sociales de la izquierda, pero muy especialmente de Zapatero y el PSOE, que deben recoger las reivindicaciones de su base social que hoy expresan los sindicatos de clase. Para ello hace falta unidad y movilización sin vacilaciones contra la crisis.
Notas:
(1) Las actas del debate se pueden consultar en http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_140.PDF
(2) Ver Vicenç Navarro, «¿Es el gobierno español paranoico?», Rebelión, 18-2-10; y C. Perez, «El CNI investiga las presiones especulativas sobre España» El País, 14-2-10.
(3) Fernando Garea, «El PSOE acelera su caída«, El País, 7-2-10
Gustavo Buster es miembro del consejo editorial de Sin Permiso